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jueves, 31 de octubre de 2013

HE UD 18. España: La Segunda República (1931-1936).

HE UD 18. ESPAÑA: LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936).

INTRODUCCIÓN.

1. LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1930-1931).
El fin de la Dictadura de Primo de Rivera.
Los gobiernos de transición.
Las elecciones municipales de abril de 1931 y la crisis.

2. EL INICIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
2.1. EL GOBIERNO PROVISIONAL.
La composición del Gobierno.
La posición militar.
Las elecciones generales.
2.2. CONSTITUCIÓN DE 1931.

3. LOS PARTIDOS, GRUPOS Y SECTORES POLÍTICOS (1931-1939).
3.1. LOS PRORREPUBLICANOS.
Los socialistas.
Los comunistas.
Los anarquistas.
Los republicanos.
Los radicales.
Los autonomistas.
3.2. LOS ANTIRREPUBLICANOS.
Los militares.
Los eclesiásticos.
Los monárquicos alfonsinos.
Los monárquicos carlistas (tradicionalistas).
La CEDA.
La Falange.

4. LOS PROBLEMAS Y LAS REFORMAS DE LA REPÚBLICA.
LA CRISIS ECONÓMICO-SOCIAL.
El impacto de la Gran Depresión.
Los sectores económicos.
La situación social en las ciudades.
EL PROBLEMA AGRARIO.
La situación agraria.
La ley de reforma agraria (1932).
El fracaso de la reforma.
La conflictividad agraria.
El fracaso de la reforma moderada de Giménez Fernández.
EL PROBLEMA DEL NACIONALISMO/REGIONALISM0.
Cataluña.
El País Vasco.
Galicia.
EL PROBLEMA RELIGIOSO.
EL PROBLEMA MILITAR.
EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN.

5. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
5.1. BIENIO SOCIAL-AZAÑISTA (1931-1933).
5.2. BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936).
Revolución de Octubre (1934).
La reacción conservadora.
5.3. FRENTE POPULAR (1936).
La victoria del Frente Popular.
El gobierno de izquierdas.
La creciente tensión política.


APÉNDICE: TEXTO DE COMENTARIO SOBRE LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA.

INTRODUCCIÓN.
En esta Unidad Didáctica (UD) se debería partir de un conocimiento suficiente del largo periodo (1874-1931) que comprende la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, para resaltar la profunda continuidad de su problemática con respecto a la del periodo 1931-1939.
Las implicaciones políticas de la UD suponen un factor de subjetividad en el historiador que el alumno debe valorar. Esto afecta a muchos puntos, sobre todo a la consideración de las causas históricas y a la legitimación de los bandos en lucha. También a los conceptos. Por ejemplo, es problemático el término referente a las fuerzas de Franco, autodenominadas “nacionales” mientras que los republicanos las llamaban “rebeldes”, y aunque ambos términos son válidos si aquí usamos ‘nacional’ es por ser el más difundido en la historiografía y no por preferencia personal.
Resumen.
La época de la II República y la Guerra Civil, comprende los años 1931 a 1939, y es una coyuntura fundamental en la historia contemporánea española, pues cierra un largo y conflictivo periodo básicamente democrático a pesar de sus graves carencias, con la salvedad de la Dictadura de Primo de Rivera, e inicia la larga dictadura del franquismo. Será uno de los grandes procesos históricos del siglo XX, que alcanzó categoría de mito universal, porque en la Guerra Civil comenzó realmente el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial entre las fuerzas del fascismo y de la democracia.
La causa lejana del fracaso de la República y del estallido de la Guerra Civil era la debilidad del Estado liberal español y del proyecto nacional español, que se manifestó en la inestabilidad de la Restauración y en especial en la dictadura de Primo de Rivera, que Raymond Carr considera el hecho más determinante de todo el siglo XX español, porque sin ella no se hubiera producido la República y sin esta la Guerra Civil. [Fusi, Juan Pablo; Palafox, Jordi. España: el desafío de la modernidad. “El País” (14-XI-1997) 15.]
El desprestigio de la monarquía borbónica por su colaboración con la dictadura abocó a su caída cuando las fuerzas republicanas vencieron en las elecciones municipales. El rey, perdido el apoyo militar, se exilió mientras se proclamaba la República el 14 de abril de 1931, que nació en medio de un gran entusiasmo popular aunque pronto se desvaneció.
Las causas más cercanas de la inestabilidad política y social de la II República fueron: la incapacidad de los partidos y grupos para pactar un programa asumible por una mayoría del país, estando además divididos internamente entre moderados y extremistas (que dominaron finalmente); la crisis económica de los años 30, que impidió la necesaria estabilidad de la vida económica y social; la presencia como gran factor político de un ejército soliviantado por las amenazas a su ideología nacionalista y conservadora y por las reformas que afectaban a su estatus social.
La Guerra Civil fue una consecuencia del fracaso de las fuerzas políticas españolas durante la República para consensuar las reformas que el país necesitaba. Al ser impuestas o anuladas las reformas con cada cambio electoral la solución bélica se abrió paso como la solución definitiva al enfrentamiento político y social.
El proceso histórico de la II República se define por tres etapas: el Bienio social-azañista (1931-1933), con grandes reformas; el Bienio radical-cedista (1933-1936), de reacción conservadora y que sufre la revolución de octubre de 1934; y el gobierno del Frente Popular (primera mitad de 1936), que enlaza con la Guerra Civil.
Después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 el nuevo gobierno progresista aceleró su programa de reformas, ganándose muchos enemigos en la derecha. Se sucedieron los enfrentamientos en la calle, con bajas y asesinatos por ambos lados, como el asesinato del diputado conservador Calvo Sotelo, y estos desmanes fueron aprovechados por los golpistas para legitimar el alzamiento del 18 de julio de 1936.

1. LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1930-1931).
El fin de la Dictadura de Primo de Rivera.
La Dictadura de Primo de Rivera había fracasado en resolver los graves problemas de la Restauración, de orden político, militar, regionalista, religioso y social, salvo el de la guerra de Marruecos, al tiempo que comenzaba a llegar la crisis económica de la Gran Depresión mundial. En esta situación el dictador perdió uno tras otro sus apoyos, y la monarquía, demasiado comprometida con él, cayó poco después.
Los gobiernos de transición.
La caída de Primo de Rivera en enero de 1930, al perder la confianza de los militares y del rey, fue seguida por los cortos gobiernos del general Berenguer (enero 1930-febrero 1931) y del almirante Aznar (19 febrero-14 abril 1931). Su misión era la restauración del sistema parlamentario, que se pensó hacer por fases, comenzando por el nivel municipal, pero se fracasó porque el rechazo popular al régimen era ya irresistible. La economía entraba en una crisis galopante, con una devaluación de la peseta y un creciente paro obrero, mientras que el ejército perdía su cohesión, como demostró la sublevación republicana de Jaca.
Las fuerzas de la oposición, nutrida por republicanos, socialistas, catalanistas de izquierda, sindicatos, etc., firmaron el Pacto de San Sebastián (VIII-1930) para pedir el cambio de régimen, porque se pensaba que la monarquía estaba deslegitimada por su apoyo a la dictadura. El primer movimiento revolucionario (XII-1930) fracasó y los dos capitanes, Galán y García Hernández, sublevados en Jaca fueron fusilados, mientras sus dirigentes políticos fueron encarcelados, y constituyeron en la cárcel un auténtico “gobierno en la sombra”. Pero la represión popularizó aun más su causa y se extendieron las huelgas obreras y las manifestaciones de estudiantes (III-1931). Las inmediatas elecciones municipales se convirtieron así en un involuntario plebiscito sobre la monarquía.
Las elecciones municipales de abril de 1931 y la crisis.
Las elecciones municipales (12 de abril de 1931) dieron el triunfo en las ciudades a la coalición republicano-socialista, que de inmediato proclamó la República (14 de abril) en Madrid y Barcelona, donde Macià proclamó la República catalana, y se lanzó un ultimátum al rey para que abdicara. Entonces, los políticos monárquicos Romanones y Marañón, y los militares, aconsejaron a Alfonso XIII que abandonase el país para evitar un conflicto civil, y el rey se exilió, sin abdicar, rumbo a Marsella.
La Segunda República nacía de un modo muy distinto al de la Primera en 1874. Ahora venía sostenida por un amplio movimiento de la opinión pública y un gran consenso de la mayoría de los dirigentes políticos.

2. EL INICIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
2.1. EL GOBIERNO PROVISIONAL.
La composición del Gobierno.
El primer gobierno republicano fue presidido por Niceto Alcalá Zamora e integraba representantes de casi todas las tendencias: derecha, centro, izquierda republicana y socialistas. Destacaban el republicano Manuel Azaña en el ministerio de la Guerra, el socialista Fernando de los Ríos en Educación y el conservador Miguel Maura en Gobernación.
La República pronto se hizo con el poder efectivo en las provincias, impuso su mando sobre el ejército y la Guardia Civil, convocó elecciones y enfrentó los primeros problemas de orden público e intranquilidad social: amenazas de la derecha, carta del Cardenal Segura (7-V), quemas de conventos (10-V), huelga de la CNT en Telefónica apoyada por una huelga general en Sevilla (4-VII). Viendo que los extremistas de derecha e izquierda comenzaban muy pronto a actuar se promulgó la Ley de defensa de la República.
La posición militar.
El general Sanjurjo, director de la Guardia Civil y prestigioso líder para muchos militares, se puso de lado de la República el mismo 14 de abril. El general Franco, en cambio, publicó una carta en el “ABC” (21-IV-1931) declarando su lealtad “a quienes hasta ayer encarnaron la representación de la nación en el régimen monárquico”. Mola fue detenido y enjuiciado por sus servicios a la monarquía (absuelto, fue separado del ejército hasta 1934).
Las elecciones generales.
El principal cometido del Gobierno fue la convocatoria de elecciones para constituir un Parlamento y preparar una Constitución. Las elecciones (28-VI y 5-VII-1931) dieron el triunfo a una coalición de izquierdas formada por republicanos y socialistas. Los republicanos de diversas tendencias tenían 191 diputados, los socialistas 117, los agrarios 21, la Lliga 3 y los monárquicos 1 (Romanones).
2.2. CONSTITUCIÓN DE 1931.
En la discusión parlamentaria de la Constitución hubo desde el principio dos grandes cuestiones polémicas: las relaciones Iglesia-Estado y la autonomía de las regiones. Triunfaron las tesis anticlericales a pesar de la oposición de los moderados, por lo que dimitieron Alcalá-Zamora (que pasó el 9-XII a ser Presidente de la República) y Miguel Maura. Azaña pasó a ser jefe del gobierno provisional (14-X-1931, continuando hasta 12-IX-1933).


Retrato de Manuel Azaña.

El 9 de diciembre se proclamaba la Constitución, que defendía una democracia progresista: “España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”.
- Los derechos de los ciudadanos eran ampliamente defendidos: expresión (“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones”), reunión, asociación, petición, libre residencia y circulación, profesión, inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Se suprimía la nobleza como título jurídico. Se extendió el voto a la mujer, antes que en Francia y muchos países europeos.
- El Presidente de la República, con poder moderador, era elegido, para un mandato de seis años, por dos grupos iguales de compromisarios, uno elegido por las Cortes y otro por sufragio universal.
- Las Cortes quedaban constituidas como un único Congreso de diputados, elegidos para cuatro años por sufragio universal.
- El gobierno era responsable ante el Parlamento.

3. LOS PARTIDOS, GRUPOS Y SECTORES POLÍTICOS (1931-1939).
En los partidos y grupos sociales enfrentados a lo largo de la República y más tarde en la Guerra Civil podemos distinguir dos grandes bloques, los prorrepublicanos y los antirrepublicanos, que no coinciden exactamente con la izquierda y la derecha, porque varios cambiaron de posición o fueron de centro, como los radicales.
3.1. LOS PRORREPUBLICANOS.
Los socialistas.
Los socialistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fueron siempre la fuerza mayoritaria en la izquierda, gracias a su buena organización y su fuerza sindical (UGT). Estaba dividido en facciones, sobre todo los moderados y los radicales, además de integrar a los radical-socialistas y a otros grupos más minoritarios. Su progresivo extremismo fue uno de los factores del fracaso republicano.
Sus máximos dirigentes fueron:
- Del sector moderado: Indalecio Prieto y Julián Besteiro.
- Del sector marxista radical (hegemónico desde febrero de 1936): Francisco Largo Caballero, el secretario general de la UGT, llamado el “Lenin español”, que fue primer ministro a principios de la Guerra Civil; y Juan Negrín, primer ministro hasta el final de la guerra.
 
Retrato de Juan Negrín.

Los comunistas.
Los comunistas del Partido Comunista de España (PCE), dirigido por José Díaz y Dolores Ibarruri la “Pasionaria”, representaban al sector obrero de ideología marxista-leninista. Fueron muy minoritarios durante la República y al principio de la Guerra Civil, aunque aumentaron mucho en militancia y poder durante esta, gracias a su excelente organización y el apoyo de la URSS.
Los anarquistas.
Los anarquistas eran el sector más radicalizado, violento y apolítico. Encuadrados en dos organizaciones, el sindicato Central Nacional de Trabajadores (CNT) y su brazo político la Federación Anarquista Ibérica (FAI), así como en el pequeño Partido Sindicalista de Ángel Pestaña (1933), fueron un soporte básico de la izquierda en las elecciones de 1931 y 1936, aunque entre medias su abstención en 1933 contribuyó a la derrota progresista. En la Guerra Civil su fuerza fue mayoritaria en Cataluña y Aragón, donde emprendieron una revolución social y realizaron una durísima represión contra los burgueses.
Los republicanos.
Los republicanos se organizaron en varios partidos, grupos reducidos de notables mal organizados y a menudo simples alianzas de personalidades unidas por fines electorales. Destacaron:
La izquierdista Acción Republicana era el partido de los intelectuales y profesionales liberales. Fue dirigido por Manuel Azaña, abogado e intelectual de prestigio, reformista sincero, ministro de Defensa, primer ministro en dos ocasiones (1931-1933 y 1936) y finalmente presidente de la República (1936-1939). Se fusionó con el partido radical-socialista de Marcelino Domingo y la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) de Casares Quiroga, formando el partido de Izquierda Republicana (IV-1934), dirigido por Azaña.
El Partido Progresista era un partido republicano de centro, fundado por Niceto Alcalá-Zamora, un rico terrateniente y abogado católico andaluz, primer presidente de la República, a pesar de que su partido consiguió sólo 6 diputados en 1931.
El centrista Partido Republicano Conservador estaba dirigido por otro republicano moderado, Miquel Maura.
Otros pequeños partidos republicanos o que al menos aceptaban sinceramente la República por entonces fueron el Partido Agrario, formado por agricultores de Castilla y León, y el Partido Liberal-Demócrata de Melquiades Álvarez, con representantes del sector financiero. Ambos partidos se alinearán después con el bando ‘nacional’.
Los radicales.
El Partido Radical lo formaban republicanos de centro-derecha y era dirigido por Alejandro Lerroux, muy populista, anticlerical y demagogo, tres veces primer ministro en 1933-1935 con el apoyo de la CEDA de Gil Robles. Este partido minoritario representaba los intereses del sector republicano de la pequeña burguesía. Se desmoronó entre 1934, cuando se produjo la escisión izquierdista de Martínez Barrio, y 1935, cuando estallaron los escándalos financieros de los casos Nonbela y del estraperlo, y entonces la mayoría de sus miembros pasaron a otros partidos, en especial de la derecha, y después apoyaron a Franco.
Los autonomistas.
Tenemos aquí a los representantes de los partidos políticos nacionalistas y regionalistas de la periferia, que iban desde la derecha a la izquierda, aunque todos ellos coincidían en pedir un Estado federal.
- En Cataluña la Lliga Regionalista, dirigida por Cambó, era un histórico partido de centro-derecha que acabó por unirse al bando nacional. Más pequeño era el Partido Catalanista Republicano, y el mayoritario era la reciente Esquerra Republicana, dirigida por los sucesivos presidentes de la Generalitat, Francesc Macià y Lluís Companys.
- En el País Vasco y Navarra dominaba el Partido Nacionalista Vasco, que evolucionó desde la derecha afín al carlismo hasta el pacto con la izquierda para conseguir la autonomía para sus dos regiones.
- En Galicia surgía la Organización Regional Gallega Autónoma (ORGA), de Casares Quiroga, que se unió a Azaña en Izquierda Republicana.
- En Andalucía destacaba el grupo regionalista de Blas Infante.
- En Valencia había varios partidos regionalistas.
3.2. LOS ANTIRREPUBLICANOS.
Los militares, los partidos más conservadores y las organizaciones de carácter fascista que aparecen en el lustro siguiente a 1931 se movilizan en estos años contra la República en defensa de los privilegios del Ejército, la monarquía, la unidad territorial del país, la propiedad de la tierra, la religión católica y la familia.
Los militares.
Los militares eran un grupo heterogéneo: aproximadamente dividido en dos mitades, una a favor de la República, pero sin una pasión desbordante (el general Sanjurjo), otra a favor de la monarquía (el general Franco fue el más significado al principio). A lo largo del tiempo creció el bando antirrepublicano, pero sin unanimidad: al inicio de la Guerra Civil muchos generales de división mantuvieron su fidelidad a la República, mientras que la mayoría de los generales de brigada y de los jefes se sublevaron.
Los eclesiásticos.
El clero era abrumadoramente contrario a la República, cuyo carácter laico se manifestó en las leyes de divorcio y de la enseñanza. Fue uno de los grupos sociales más atacados por la izquierda.
Los monárquicos alfonsinos.
Los monárquicos estaban divididos en dos bandos, alfonsinos y carlistas. Los alfonsinos estaban divididos a su vez en dos grupos:
- Acción Española, dirigido por Ramiro de Maeztu.
- Renovación Española, el más importante. Creado el 3 de mayo de 1934, lo encabezó José Calvo Sotelo, ministro de la dictadura de Primo de Rivera, conservador y antidemócrata, líder de la coalición de derechas Bloque Nacional Monárquico en 1936, que en su programa apelaba al ejército como “columna vertebral de España” y propugnaba que “el poder debe ser conquistado por cualquier medio”, aunque no es seguro que conspirara para un golpe de estado. Su asesinato (13-VII-1936) legitimó el Alzamiento ante muchos conservadores.
La importancia social del monarquismo se evidenciará en que la mayoría de los altos militares y de las clases propietarias luchó en el bando nacional pensando que lo hacía para la restauración de la monarquía. Alfonso XIII mantuvo cordiales relaciones con Franco; el príncipe Juan incluso se presentó voluntario, aunque Franco no lo aceptó en sus filas.
Los monárquicos carlistas (tradicionalistas).
El partido carlista se denominaba Comunión tradicionalista. De ideología clerical y foralista, defendía una monarquía conservadora. Tenía una amplia presencia en todo el país y era hegemónico en Navarra, donde se formaron los batallones de requetés que tanto apoyaron a Mola en la guerra.
La CEDA.
La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), organizada en 1933 por José María Gil Robles, fue la mayor fuerza política parlamentaria de las derechas, con una amplia base agraria, clerical y militar (Franco la votó), formada a partir de la unión de Acción Popular (el partido cristiano de Gil Robles, con un programa de política social católica inspirado por el cardenal Herrera Oria), la Derecha Regional Valenciana (que defendía intereses agrarios conservadores) y otros partidos conservadores de ámbito local. Por ello, no era un partido homogéneo (su ala más moderada, de ideología social cristiana, con Manuel Giménez Fernández y Luis Lucia, era favorable a ciertas reformas). La estrategia de Gil Robles en el Bienio radical-cedista parece apuntar a que procuraba el desprestigio de las instituciones republicanas y el des­gaste de sus aliados radicales para preparar un golpe de estado fascista, según un plan muy semejante al que había utilizado Hitler. En los actos se proclamaba “Queremos todo el poder para el jefe y una constitución que abra los cauces de un Estado nuevo”, mientras que las Juventudes de Acción Popular (JAP), adoptaron la organización y los lemas del fascismo y organizaron actos en lugares de significación histórica en los que aclamaban a Gil-Robles al grito de (jefe!
Pero la CEDA no cumplió sus propósitos y ella misma quedó desprestigiada junto a los radicales y derrotada en las elecciones de 1936, acabó por unirse se unió al bando nacional, por orden de Gil Robles, quien no consiguió empero que Franco le diera poder alguno. En cambio, algunos cedistas como Serrano Suñer, cuñado de Franco, sí alcanzaron cargos importantes.
La Falange.
La Falange Española, fundada el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Este publicó su primer artículo en la revista “El Fascio” (16-III-1932). En los años siguientes fue englobando a diferentes movimientos fascistas. El 13-15 de febrero de 1934 se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista en FE de las JONS, con un triunvirato hasta septiembre formado por Primo de Rivera (en octubre de 1934 jefe único, según el modelo fascista), Ledesma Ramos y Ruiz de Alda. Sus “27 puntos de las FE de las JONS”, redactados por Ledesma en noviembre de 1935 tenían un carácter izquierdista en algunos puntos y provocaron una seria crisis interna, al alejarse los más conservadores y los financieros de derechas, por lo que expulsado Ledesma y su grupo (16-I-1936). El partido no ganó ningún escaño en 1936, pero de inmediato engrosó sus filas, de las que salieron cientos de miles de voluntarios en la guerra.

4. LOS PROBLEMAS Y LAS REFORMAS DE LA REPÚBLICA.
LA CRISIS ECONÓMICO-SOCIAL.
El impacto de la Gran Depresión.
La crisis económica de la Gran Depresión tardó más en llegar a España que al resto de Europa y no tuvo la profundidad que alcanzó en las economías más industrializadas, pero también tuvo graves efectos por la caída de los mercados exteriores. Las exportaciones (fundamentalmente agrarias y mineras) en 1931 se redujeron al 40% de las de 1930; en 1935 sólo eran el 25%. Los precios se hundieron (el precio del hectólitro de vino bajó de 61 a 16 pesetas).
  
Un niño recoge colillas de cigarros en una calle de Madrid, 1934.

Los sectores económicos.
Las cosechas de cereales de 1932 y 1934 fueron excedentarias y el campo soportó bastante bien la crisis, pese a un aumento de los jornaleros desocupados y a la reducción de los precios y de las exportaciones.
 
Una familia campesina durante una huelga, 1932.

La producción industrial cayó en 1933 al 81% de la de 1929. Los sectores más afectados fueron la minería y la industria textil y siderúrgica. La industria textil catalana incluso aumentó su producción al principio por el aumento de la demanda rural, pero desde 1933 sufrió al estancarse ésta.
La crisis financiera y bursátil fue abrupta desde 1930 en las plazas financieras: el índice de la Bolsa bajó desde un nivel 100 en 1929 hasta un nivel 63 en 1935. La inversión en obras públicas se estancó (en Cataluña se redujo a la mitad respecto a los años 20), con lo que aumentó el desempleo en la construcción.
La situación social en las ciudades.
Los sindicatos reforzaron su implantación y presión, consiguiendo que los salarios subieran mientras que los precios se mantuvieron o bajaron, lo que aumentó el poder adquisitivo de los trabajadores, pero afectó negativamente a muchas empresas. Las reformas laborales fueron progresistas: en los años 1931-1933 el ministro de Trabajo fue el socialista Largo Caballero, que bajó la semana laboral de 48 a 40 horas y reguló el derecho de huelga, la contratación laboral, los jurados mixtos, los accidentes en la agricultura.
Por contra, el paro aumentó año tras año en las ciudades, pese al buen programa de obras públicas que el ministro de Fomento, Prieto, hizo en 1932-1933. Creció especialmente con la generalización de la crisis entre 1933 y 1936. El problema era particularmente grave porque no había seguro de desempleo.
Los empresarios, por su parte, vieron como reducían sus beneficios y muchas empresas quebraban, por lo que se organizaron en patronales muy agresivas.
Todo ello repercutió en una continua y grave conflictividad social, promovida sobre todo por la CNT y en menor medida por la UGT, con huelgas, y las patronales, con lock-outs. En la primera mitad de 1936 se agravó la situación, preparando la terrible pugna de la segunda mitad del año, cuando miles de empresarios y dirigentes obreros fueron ejecutados en cada bando.
EL PROBLEMA AGRARIO.
La situación agraria.
La mitad de la población vivía del campo, donde en 1930 el problema del latifundismo era muy grave. 10.000 familias poseían la mitad de la tierra cultivable, tanta como los dos millones de pequeños y medianos propietarios. Dos millones de braceros no tenían ninguna propiedad y sus salarios eran un tercio del salario medio nacional.
 
Mapa de la propiedad agraria en España, 1931.
  
Fincas de más de 250 hectáreas en España, 1931.

Desde la primavera de 1931 comenzaron las ocupaciones de latifundios por los jornaleros, sobre todo los anarquistas. El gobierno intentó varias vías, al principio la conciliación y luego la represión, lo que provocó la desafección de los anarquistas al Gobierno tras los disturbios en Castillblanco (Badajoz) (31-XII-1931 y 2-I-1932), Arnedo (5-I) y el Alto Llobregat (enero), por cuya represión violenta se destituyó (5-II) al general Sanjurjo como director de la Guardia Civil.
La ley de reforma agraria (1932).
El Gobierno republicano pretendió solucionar el problema con la Ley de Reforma Agraria (15-IX-1932), que establecía el reparto entre los braceros de tierras que se expropiarían (pagadas con una compensación) en los latifundios abandonados y las tierras desaprovechadas. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), para organizar el cambio.
El fracaso de la reforma.
Pero faltó la financiación, la información catastral, así como la voluntad política ante la resistencia de los terratenientes. La aplicación de la reforma fue muy lenta: se pensaba asentar 60.000 familias campesinas cada año pero dos años después, en 1934, cuando la CEDA paralizó la reforma, sólo estaban asentadas 12.260 familias sobre 117.000 hectáreas.
La conflictividad agraria.
Volvió la conflictividad desde enero. Fue la sangrienta represión del pequeño levantamiento campesino anarquista de Casas Viejas (12-I-1933), lo que hundió al gobierno Azaña, al perder el apoyo de la CNT en las elecciones municipales de abril de 1933 y las generales de noviembre de 1933.
Ya en el Bienio radical-cedista, los sindicatos UGT y CNT promovieron una huelga general (5-VI-1934) de los campesinos, que fracasó por la dura represión del gobierno Samper, resuelta con la deportación de campesinos y la detención de varios diputados.
El fracaso de la reforma moderada de Giménez Fernández.
Manuel Giménez Fernández era miembro del ala más avanzada de la CEDA y fue nombrado ministro de agricultura (X-1934 a V-1935) en el gobierno Lerroux. Trató de aplicar los principios sociales católicos, con tres leyes que fomentasen la transformar de los latifundios en fincas más pequeñas, sobre todo en Andalucía y Extremadura, y la mejora de las condiciones de vida de los arrendatarios. Fueron la Ley de Arrendamientos Rústicos, que obligaba a una renta justa revisable, la prohibición del subarriendo y la compensación por las mejoras en las fincas; una ley que daba a los arrendatarios la oportunidad de comprar las tierras arrendadas; y una ley que obligaba a los terratenientes de Extremadura a arrendar sus tierras no cultivadas al año siguiente. Pero la misma derecha boicoteó estas reformas y no le renovó en su cargo en el nuevo gobierno (V-1935). Le sustituyó el conservador Nicasio Velayos, que desmontó casi todas las reformas anteriores e hizo aprobar una verdadera ley de contrarreforma agraria a finales de 1935.
EL PROBLEMA DEL NACIONALISMO/REGIONALISM0.
La monarquía había sido un Estado centralista. En cambio, la República defendía en su Constitución el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
El surgimiento de los nacionalismos periféricos exacerbó su contrario, el nacionalis­mo español unitario, profesado por el Ejército y amplios grupos sociales de la burguesía, la Iglesia y el campesinado.
Las únicas regiones que institucionalizaron su autonomía fueron Cataluña, País Vasco y Galicia (esta sin efectos prácticos), mientras que otras (Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla la Vieja-León y Baleares) comenzaron los estudios y discusiones.
Cataluña.
- Consiguió su estatuto de autonomía (IX-1932), siendo Francesc Macià el presidente de la Generalitat, del partido dominante Esquerra Republicana. Se regulaba la cooficialidad del catalán y del castellano.
- En octubre de 1934, Lluís Companys, el sucesor de Macià, proclamó la República Catalana, pero fue detenido y la Generalitat fue suspendida hasta marzo de 1936.
El País Vasco.
Los nacionalistas vascos del PNV eran conservadores, pero se unieron a la izquierda para conseguir un estatuto de autonomía, que alcanzaron (7-X-1936) durante la Guerra Civil y se puso en práctica parcialmente durante unos pocos meses.
Galicia.
Los galleguistas, dirigidos por la ORGA, consiguieron su estatuto de autonomía muy tarde (28-VI-1936), por lo que no entró en vigor debido al pronto golpe de estado.
EL PROBLEMA RELIGIOSO.
Desde el principio el anticlericalismo de los republicanos se enfrentó al monarquismo de la Iglesia. Había una pugna insoluble entre los católicos integristas, que achacaban los problemas del país a la masonería (o sea, la izquierda), y los republicanos laicos que culpabilizaban a la Iglesia de los problemas históricos del país.
La lucha duró todo el periodo. Ya desde el principio, con la oposición del cardenal Segura, que (7-V-1931) alertaba en su carta pastoral contra la anarquía, los peligros del comunis­mo y las graves conmociones a las que España se veía expuesta: “Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo”. El Gobierno reaccionó expulsándole de España (13-VI) y las masas se adelantaron con los incendios de iglesias (10 y 11-V-1931. Desde ese momento, y hasta el final de la Guerra Civil, los sacerdotes, sobre todo los más jóvenes, se enfrentaron a la República.
La legislación anticlerical fue muy intensa y fue entendida por la opinión pública conservadora no como una separación entre la Iglesia y el Estado sino como una agresión de éste a aquélla:
- La Constitución de 1931 declaraba la no confesionalidad del Estado.
- La disolución de la Compañía de Jesús (23-I-1932) y la confiscación de los bienes de los jesuitas.
- Las Leyes de matrimonio civil, divorcio (26-II-1932) y secularización de cementerios.
- La Ley de Congregaciones Religiosas (VI-1933).
- La Ley de enseñanza (VI-1933), que apartaba del sector educativo a las órdenes religiosas.
EL PROBLEMA MILITAR.
El ejército tenía demasiados oficiales (20.000 para sólo 100.000 soldados), que estaban mal pagados, tenían pocas expectativas de ascenso, cuna formación escasa y un armamento anticuado. Además, los mandos eran en su mayoría monárquicos.
En el primer bienio, Azaña, como ministro de la Guerra, desarrolló una política de desmilitarización: redujo el número de oficiales con la “ley Azaña” (25-IV-1931), que establecía el retiro con sueldo íntegro de los mandos que no prestasen juramento de fidelidad a la República (casi la mitad de los generales y oficiales se acogió a la ley), pero no consiguió depurar a los generales y jefes más reaccionarios.
Asimismo, mejoró la instrucción, desmilitarizó la administración del Protectorado, reguló los ascensos, redujo el número de las capitanías generales, reorganizó el Estado Mayor Central, suprimió el Consejo Superior de Justicia Militar (2-VI-1931) y cerró la Academia Militar de Zaragoza (29-VI-1931), dirigida por Franco, que criticó esta decisión pero la acató.
El general Sanjurjo, cesado como director de la Guardia Civil en enero de 1932 como castigo a su dura represión de los trabajadores en Arnedo, ya intentó un fracasado levantamiento, la “sanjurjada”, en agosto de 1932.
En el segundo bienio radical-cedista se anularon varias de las reformas y se nombraron a generales africanistas para cargos importantes, con lo que asentaron los fundamentos del Alzamiento. Desde diciembre de 1934, con el nacimiento de la clandestina Unión Militar Española (UME), monárquica y contraria a la República, se fue gestando el golpe de estado, sobre todo a partir de febrero de 1935, encabezado por Sanjurjo y Mola, que se realizó en julio de 1936.
EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN.
En la España de 1931 era muy grave el analfabetismo (más del 30%) y la falta de escolaridad de la población infantil (más del 40%). Para ello había que extender la escuela por todo el país y reducir el poder de la Iglesia, que había dominado históricamente el sistema educativo.
La reforma educativa, definida legalmente con la Ley de Enseñanza (VI-1933), pero realizada de hecho en 1931-1933, fue promovida por el ministro republicano catalán Marcelino Domingo, que redujo el problema pero se equivocó al suprimir la enseñanza de los centros religiosos antes de contar con suficientes maestros y aulas para la enseñanza pública. En general, fue uno de los grandes logros de la República: una escuela única y laica, extendida por los pueblos y ciudades con 10.000 nuevas escuelas y las Misiones Pedagógicas, con Institutos de Enseñanza Media para la renovación pedagógica, bibliotecas ambulantes... Muchas mujeres comenzaron entonces su educación primaria. 
 
Una maestra da clase a sus alumnas en una escuela de Madrid, 1936.

5. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
5.1. BIENIO SOCIAL-AZAÑISTA (1931-1933).
A partir del 15-X-1931 y con Alcalá Zamora instalado en la presidencia de la República (desde 9-XII-1931), se suceden tres gabinetes encabezados por Azaña; sus ministros son republicanos de izquierda y socialistas (Prieto y Largo Caballero). Va superando poco a poco los problemas de orden público en el campo y las ciudades. Resuelve con eficacia el primer golpe de estado de la derecha, que el general Sanjurjo (apoyado por los generales Varela y Goded) lanza en Sevilla (10-VIII-1932), y le encarcela. Desde el verano de 1932 el Gobierno acelera las reformas: estatuto catalán y reformas agraria (IX-1932) y de enseñanza...
Pero fracasan las fuerzas de centro izquierda debido a la crisis económica, la diversidad de intereses de sus partidos, la lentitud de las reformas, el desprestigio por la represión de los campesinos anarquistas en Casas Viejas y el subsiguiente rechazo de la CNT a colaborar en la República. El gobierno sufre el desgaste de dos pequeñas derrotas ante la derecha en unas elecciones municipales parciales (IV-1933) y la elecciones para el Tribunal de Garantía Constitucional (IX-1933), por lo que Azaña presenta su dimisión (12-IX-1933), formándose dos breves gobiernos radicales de Lerroux (septiembre-octubre) y Martínez Barrio, que prepara las elecciones por encargo del presidente Alcalá-Zamora.

5.2. BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936).
En las elecciones (19-XI-1933) los partidos de derechas y centro son los más votados, sobre todo la CEDA (115 diputados) y el Partido Radical (102), debido al sistema electoral que premia las coaliciones, a la división de la izquierda en socialistas (bajaron a 58) y republicanos (Azaña sólo obtuvo 5), a la abstención anarquista y al cansancio y reacción de una mayoría “neutral” del país ante los errores de los dos años de la “República de izquierdas”. Ahora se dará una oportunidad, que también durará sólo dos años, a la “República de derechas”.
 
Candidaturas más votadas en 1933.

El principal problema político del nuevo periodo es la cuestión de la entrada en el gobierno de la CEDA, el nuevo partido mayoritario. Como Alcalá Zamora no confía en la fidelidad del cedista Gil Robles a la República, encarga la formación de gobierno al radical Lerroux (XII-1933 a IV-1934), quien gobernará con el apoyo parlamentario de la CEDA, que no entrará al principio en el gobierno.
Las reformas del bienio anterior son paralizadas de hecho en 1934, por falta de voluntad y de eficacia política. Aunque Lerroux sigue siendo contrario a la Iglesia católica, tiene que moderar su radicalismo porque depende parlamentariamente de la CEDA y por ello se suspenden las leyes de Congregaciones Religiosas y Reforma Agraria.
Desde esta contrarreforma crece la ira de la izquierda contra la CEDA, fundamentada también en sus ideas antirrepublicanas y promonárquicas y en su política de claro desprestigio del régimen: Gil Robles se presentaba como un enemigo “interior” de la República y parecía preparar un golpe de estado similar al de los fascismos europeos de los años 30 (mitin de El Escorial el 23-IV-1934, donde proclama que la CEDA se hará con el poder a su tiempo). Además, los generales “africanistas” y los de la UME son impul­sados en su carrera militar (Franco asciende a general de división en III-1934) y los militares rebeldes de 1932 (Sanjurjo) y los políticos de la dictadura (Calvo Sotelo) son amnistiados (25-IV-1934).
El apoyo parlamentario de la CEDA, la contrarreforma legislativa y la amnistía a los enemigos de la República provocan pronto la escisión de la izquierda del partido radical, dirigida por Martínez Barrio, que sale del gobierno (3-III-1934) y funda la Unión Republicana (V-1934) lo que precipita una crisis de gobierno y Lerroux es sustituido por otro radical más conciliador, Samper (IV-1934 a X-1934), con los mismos apoyos parlamentarios, quien afronta el problema catalán de los rabassaires, convertidos en propietarios por una ley de la Generalitat de 12-IV, declarada anticonstitucional por el Tribunal de Garantía Constitucional el 9-VI-1934. Samper reprime la huelga general campesina (VI-1934), pero reunidas de nuevo las Cortes (1-X) la CEDA retira el apoyo a Samper porque cree que es demasiado moderado con la izquierda y exige que Lerroux presida el gobierno.
Así, se forma un nuevo gobierno Lerroux (4-X-1934) que incluye por primera vez tres ministros de la CEDA. De inmediato, la UGT declara la huelga general, prontamente fracasada, en protesta contra el nuevo gobierno.
Revolución de Octubre (1934).
La huelga general se radicaliza empero en la llamada revolución de Octubre en Asturias (6 a 19-X-1934), cuando los obreros socialistas (UGT) y anarquistas (CNT) se alzan en armas en los valles mineros.
Al mismo tiempo, en Cataluña el presidente Companys proclama la “República de Cataluña dentro de la Federación Española”. El levantamiento catalanista es inmediatamente reprimido y el Gobierno de la Generalitat encarcelado.
Franco dirige la represión en Asturias. Las izquierdas son aplastadas: 1.335 muertos, 3.000 heridos, 13.000 detenidos. Franco se convierte en el general favorito de la derecha española, y es recompensado por el Gobierno con el nombramiento de comandante en jefe de Marruecos (15-II-1935).
La reacción.
El gobierno Lerroux-CEDA aprovecha la derrota de la revolución para reiniciar la contrarreforma. Se suspende el Estatuto de Autonomía de Cataluña (2-I-1935) y se boicotean las moderadas reformas del ministro de agricultura, Giménez Fernández, pese a que es un cedista.
La división del gobierno ante la represión de los revolucionarios de octubre y la suspensión de la Generalitat provocó una nueva crisis. Lerroux quería ser flexible para evitar nuevas escisiones en su partido y propuso la con­mutación de algunas penas, y entonces los partidos de Gil Robles y Melquiades Álvarez (Liberal-demócrata) le quitaron su apoyo. Lerroux y Alcalá Zamora intentaron durante varios días dividir a la CEDA, conscientes de que la radicalización de las posturas podía hundir a la República, pero al fracasar, tuvieron que transigir.
Al fin se formó el tercer consecutivo gobierno de Lerroux, el último (6-V a 25-IX-1935), con cinco ministros cedistas (sin el reformista Giménez Fernández). Entre ellos estaba por primera vez Gil Robles, como ministro de la Guerra, que reorganizó el Ejército, reabrió la Academia Militar de Zaragoza y nombró (17-V) a Franco como Jefe del Estado Mayor Central, donde coincidió con los generales conspiradores Goded, Mola y Fanjul. Aumentaba la crisis econó­mico-social pero la represión anuló la conflictividad, a cambio de un aumento de la radicalización de las derechas y las izquierdas.
Chapaprieta, un ministro independiente y reformista eficaz de la Hacienda en los anteriores gobiernos de Lerroux, encabezó dos nuevos y breves gobiernos (25-IX a 29-X y 29-X a 14-XII-1935) en los que se descompone rápidamente la alianza de partidos de derechas y del centro. La CEDA se niega implacablemente a toda reforma que asiente la República (sea de derechas o de izquierdas) y rechaza las propuestas de Chapaprieta de impuestos sobre la propiedad rústica para equilibrar el presupuesto. Además, Lerroux tuvo que dimitir de su ministerio de Estado por los escándalos financieros de los casos Nombela y del estraperlo, en los que estaban implicados varios dirigentes radicales. Se abre una crisis exacerbada por la división de radicales y cedistas, y ante la negativa de la CEDA a aprobar los presupuestos, Alcalá-Zamora propone a Chapaprieta encabezar otro gobierno para disolver las Cortes y, al negarse éste, nombra finalmente el brevísimo gobierno de Portela Valladares (14-31 XII), que ante el nuevo rechazo de la CEDA dimite. El presidente le renueva para otro gobierno (31-XII a 19-II-1936) con el solo encargo de preparar las elecciones, que convoca (7-I-1936) para febrero.

5.3. El FRENTE POPULAR (1936).
La victoria del Frente Popular.
Las derechas aspiraban a revalidar su mayoría, pensando que la oposición estaría desunida otra vez, pero a las elecciones (16-II-1936) acudieron las fuerzas de izquierda unidas (acuerdo de 16-XII-1935, revalidado en enero), con el propósito de evitar una derrota como la de 1933 y realizar un programa reformista común: amnistía para delitos político-sociales (para que salieran sus miembros encarcelados), restablecimiento total de la Constitución, autonomía para las regiones, revisión de la ley de orden público, reforma fiscal, inversiones en enseñanza y la reforma agraria. Pero, por imposición de los republicanos moderados, no había reivindicaciones revolucionarias (no nacionalización de las tierras ni de las industrias).
 
Niños con un puño en alto en febrero de 1936, una imagen expresiva de la intensa politización en la sociedad española.

La victoria del Frente Popular fue general en todo el país, alcanzando una abrumadora mayoría parlamentaria, magnificada por la ley electoral, resultado de un grave error de cálculo de la derecha, que había previsto su propio triunfo y desdeñó aliarse con el centro. La izquierda, con un 34,3% de los votos, alcanzó 278 diputados; la derecha, con un 33,2% sólo obtuvo 124 diputados; el centro, con un 5,5% consiguió 51 diputados. Con una diferencia de sólo un 1,1% de los votos la izquierda más que dobló a la derecha en diputados.
 
Candidaturas más votadas en 1936.

La derecha, por el desperdigamiento de sus votos en muchas circunscripciones en las que perdió, se hundió: la CEDA sólo consiguió 87 diputados, el Partido Radical se desmoronó hasta sólo 9, la Falange a ninguno. El centro, formado por la Lliga Catalana, PNV y el centro republicano de Alcalá-Zamora, se benefició de su concentración en pocos distritos electorales.
Desde entonces la derecha consideró que sólo un golpe de estado le permitiría recuperar el poder y comenzaron los contactos de sus dirigentes con los militares y la ultraderecha para prepararlo.
El gobierno de izquierdas.
Azaña formó gobierno (18-II) con apoyo de los republicanos y socialistas. Azaña y Prieto eran partidarios de un gobierno moderado, que asentase una situación de normalidad y el nuevo gobierno de izquierdas reactivó las reformas del primer bienio.  En especial, se dictó una amnistía general de presos políticos, entonces unos 30.000; se acordó el alejamiento de los generales más peligrosos; se devolvió la autonomía a Cataluña y se preparó la de otras regiones, en especial País Vasco y Galicia; se impulsó la reforma educativa con un programa de construcción de escuelas del ministro Domingo, así como la reforma agraria para calmar al campo, donde se reinició con fuerza el reparto de tierras y se asentaron más de 70.000 campesinos en más de 200.000 hectáreas.
Pero estas medidas, que a los anarquistas y socialistas más extremistas les parecían insuficientes, no podían ser aceptadas por la derecha, con lo que la radicalización de los bandos creció y desbordó a Azaña y Prieto.
Entonces llegó la destitución parlamentaria del presidente Alcalá-Zamora, por sus responsabilidades en la segunda disolución de las Cortes. Azaña fue elegido (8-V) como presidente de la República, pese a que lo hizo con vacilaciones, pues comprendía que era un error, pero finalmente lo aceptó porque quería huir del conflictivo cargo de primer ministro. Azaña propuso al socialista Indalecio Prieto para el cargo de primer ministro con la intención de separar a éste del bando de Caballero, pero Prieto, sin apoyo suficiente dentro de su partido, rechazó el cargo y entonces Azaña nombró para el gobierno a un compañero de su propio partido, el galleguista Casares Quiroga (10-V a 18-VII-1936), que carecía de un sólido apoyo político.
La creciente tensión política.
Desde entonces semanas de continuos conflictos anunciaron la Guerra Civil. Barcelona y el Norte vivieron una paz notable pero en Madrid y el Sur del país se padecía “la primavera trágica”: se sucedían las ocupaciones de fincas en Andalucía, las huelgas de la construcción en las ciudades, y muchos atentados, contra Largo Caballero, Jiménez de Asúa, Prieto y otros, realizados tanto por la derecha (Falange) como por la izquierda (CNT). Desde las elecciones de febrero hasta julio murieron unas 200 personas por motivos políticos.
Los republicanos y socialistas moderados querían evitar la anunciada guerra civil e incluso algunos militares implicados, como el mismo Franco, dudaban del éxito del inminente golpe de estado, pero los extremos de ambos bandos empujaban hacia el choque. Largo Caballero, que dirigía el sector socialista marxista, mayoritario en el PSOE y la UGT, era partidario de la doble fusión PSOE-PCE y UGT-CNT y lanzaba discursos contra la burguesía republicana. Parecía preparar la toma del poder por la clase obrera, previa destrucción de la República y de sus aliados burgueses, según un plan similar al de la revolución rusa de 1917. Verdad o apariencia, su actitud fue un grave error.
El aldabonazo tal vez fue el asesinato de Calvo Sotelo por unos guardias de asalto el 13 de julio, en represalia por el asesinato de un teniente de los guardias de asalto. El efecto fue terrible en la opinión pública conservadora, que temió una in­minente masacre general en una nueva “revolución roja”.

BIBLIOGRAFÍA.
Películas.
Documentales.
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Exposiciones.

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Artículos. Orden cronológico.

APÉNDICE: TEXTO DE COMENTARIO SOBRE LA DEPRESIÓN ECONÓMICA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA.
Comín, Francisco. La Gran Depresión y la Segunda República. “El País” Negocios 1.369 (29-I-2012) 24-25. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’. “El País” Negocios (2012). Es un estudio excelente de un catedrático de historia económica de la Universidad de Alcalá sobre la recesión de los años 30 del siglo XX y su devastador impacto sobre la II República. Desde una perspectiva de contenidos procedimentales es además un texto muy útil para un comentario en clase sobre la relación economía-política, y como apoyo documental para un trabajo de investigación de los alumnos.
‹‹La Gran Depresión se inició en Estados Unidos en 1929. Se difundió al resto del mundo mediante la disminución del comercio y los flujos internacionales de capital y la inversión de las corrientes migratorias. España no fue una excepción y fue golpeada, aunque con menor intensidad que otras economías europeas más desarrolladas. La adversa coyuntura internacional intensificó la desaceleración de la actividad económica española, ya visible en 1928, y agravó los desequilibrios estructurales.
La crisis económica desencadenó cambios políticos e inestabilidad social. Los problemas económicos contribuyeron a la caída de la dictadura de Primo de Rivera, que arrastró consigo a la monarquía. Ello despejó el camino al establecimiento pacífico de la Segunda República. La inestabilidad política y social fue general en Europa. Ni siquiera la guerra civil española fue una excepción, pues el rearme de los fascismos en Alemania e Italia estaba ya incubando otra guerra europea. La Guerra Civil fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial.
Sin negar la importancia de los factores internos, el contagio internacional tuvo más relevancia en la gestación de la recesión económica en España, como sucedió en el resto de Europa. La economía de la Segunda República siguió las pautas internacionales, con las particularidades propias de los países atrasados y los problemas peculiares de una democracia recién establecida.
Esta interpretación actual contrasta con la tradicional, inspirada en los escritos de los economistas contemporáneos. Estos negaron el contagio de la crisis internacional para responsabilizar de la depresión a factores internos: los errores de los políticos republicanos. Para aquellos economistas, España fue “diferente” en la década de 1930. Los estudios actuales de historia económica muestran lo contrario.
El atraso, escudo frente al contagio internacional.
La crisis coyuntural fue breve y liviana, como señaló José María Zumalacárregui (1934). Esta moderación de la Gran Depresión en España tiene su explicación en que se trataba de un país atrasado, cuya agricultura ocupaba más del 40% de la población activa. Según Antonio Flores de Lemus (1929), la tendencia y los ciclos anuales del PIB venían marcados por la producción agraria. Ambas variables alcanzaron el máximo en 1929. La mala cosecha de 1930 arrastró al PIB. La crisis industrial y de la construcción empezó al año siguiente. El sector servicios no sufrió la recesión, pero su crecimiento se ralentizó. El PIB solamente disminuyó un 6,4% durante 1930 y 1931, según las estimaciones de Leandro Prados (2010). Sectorialmente, la agricultura y los servicios atemperaron las crisis sufridas por algunas industrias y la construcción. La recesión no afectó a las industrias de consumo (textil), cuya producción aumentó gracias al crecimiento de los salarios reales.
La salida de la crisis española fue rápida porque la excelente cosecha de 1932 elevó el PIB. Tras una recaída en 1933, su recuperación se consolidó en 1934 por otra gran producción agraria. Al año siguiente volvió a alcanzarse el nivel del PIB previo a la crisis gracias al buen comportamiento de la agricultura y a la mejoría de la industria y la construcción. Técnicamente, la crisis coyuntural había acabado en 1935.
En el sector financiero, las cotizaciones de la Bolsa de Madrid cayeron en 1929 y se desplomaron en 1931 y 1932, por influjo de la crisis industrial y de la proclamación de la República. No obstante, la Bolsa madrileña se había recuperado ya en 1935. En Europa y Estados Unidos, los pánicos bancarios de 1931 convirtieron una simple recesión en la Gran Depresión. Pues bien, el atraso bancario evitó este desastre en España, donde solo quebró un banco (el de Barcelona). La escasa internacionalización de sus operaciones y el reducido peso de sus inversiones industriales explican la resistencia de los bancos españoles al contagio de la crisis financiera internacional, según Pablo Martín Aceña (2004).
La insuficiente protección del comercio exterior.
Olegario Fernández Baños (1934) señaló que la crisis española se desarrolló al margen e independientemente de la mundial, debido a su aislamiento, creado por los altos aranceles y el aumento del tipo de cambio de la peseta. Las cifras históricas muestran lo contrario: la crisis internacional afectó seriamente a los sectores exportadores e importadores, redujo la inversión extranjera y provocó el retorno de los emigrantes. La explicación radica en que la protección exterior (aranceles y depreciación de la divisa) existente en 1929 fue insuficiente para evitar el contagio de la crisis internacional.
Es más, la protección relativa empeoró en los años 1930, pues España no practicó las políticas de empobrecer al vecino. Estas funcionaron para Reino Unido porque otros países no las adoptaron. España se protegió menos y tardíamente, como muestra la evolución de la protección aparente (recaudación en aduanas / importaciones). La República no aumentó la protección arancelaria hasta 1933. Ni siquiera entonces recurrió con convicción a los contingentes a la importación. En 1929, el grado de apertura (porcentaje del comercio exterior en el PIB) era inferior en España que la media europea, según Antonio Tena (2005). Pero la caída de la apertura exterior fue menor en España. A pesar de lo cual, esta disminuyó a la mitad entre 1930 y 1935. Esto revela que las repercusiones de la crisis internacional sobre el comercio exterior fueron apreciables.
La crisis internacional también empeoró el saldo de la balanza comercial: tras 1931, el déficit creció hasta el 23,8% en 1935. Las importaciones cayeron menos que las exportaciones, porque España sufrió las consecuencias de las políticas de empobrecer al vecino practicadas por otros países. Además, aquel déficit comercial no pudo compensarse con los ingresos en divisas por fletes, remesas de emigrantes e importaciones de capital, que prácticamente desaparecieron debido a la crisis internacional.
España tampoco se protegió con devaluaciones competitivas. Aunque nunca entró en el patrón oro, lo intentó en dos ocasiones y sus Gobiernos actuaron como si pertenecieran al club. Desde 1928, la peseta se depreció por la presión de los mercados de divisas. Por el contrario, los Gobiernos trataron de mantener la paridad de la peseta a través del control de cambios. Sin esta intervención en el mercado de divisas, la peseta se habría depreciado más, lo que hubiese resultado más protector para la economía española.
Hasta 1931, esta política de mantener la cotización de la divisa fue la ortodoxa internacionalmente y agravó la crisis internacional. Todo cambió aquel año, cuando Reino Unido y los países del bloque de la libra abandonaron el patrón oro, lo que facilitó su recuperación económica. Otros países, como Francia, permanecieron en el patrón oro, agravando su depresión. Pues bien, los Gobiernos españoles engancharon la peseta al franco francés, actuando como si pertenecieran al patrón oro. La República descartó las devaluaciones competitivas practicadas por los países que abandonaron el patrón oro. En suma, la fortaleza de la peseta entre 1931 y 1935 perjudicó a las exportaciones españolas y favoreció las importaciones, agravando las repercusiones de la crisis internacional.
Los factores políticos coadyuvaron a la crisis.
Para Luis Olariaga (1933), la recesión en España tuvo su origen en el descenso de la inversión privada, originado por el empeoramiento de las expectativas empresariales, tras el establecimiento de la República, por los conflictos sociales, las políticas socializantes, el acoso a la propiedad por los Gobiernos, la desconfianza en el régimen y la paralización de las obras públicas. El hundimiento de la inversión privada fue clave en la depresión coyuntural de la economía española, pero la explicación de Olariaga requiere algunas matizaciones.
Primera, el ciclo inversor se había desacelerado ya en 1928. La inestabilidad social, la incertidumbre política y el empeoramiento de las expectativas empresariales habían comenzado con la crisis de la dictadura de Primo de Rivera. Las huelgas generalizadas se iniciaron en 1930, en cuanto desapareció la represión de la dictadura. Luego, las expectativas empresariales se agravaron por la crisis internacional y la transición hacia el régimen republicano. Además, esta inestabilidad social acompañó a la depresión económica en toda Europa.
Segunda, las cifras macroeconómicas muestran que la Segunda República no causó la crisis económica, que ya venía de antes. Al contrario, la recesión económica y el colapso de la monarquía, que había apoyado la dictadura, trajeron la República.
Tercera, las políticas reformadoras del primer bienio republicano no fueron socializantes, sino socialdemócratas. Aplicaron en España reformas estructurales y sociales que ya se habían implantado en Europa desde 1883 para corregir la desigual distribución de la renta. La legislación laboral de Largo Caballero contribuyó al crecimiento de los salarios reales entre 1931 y 1933, tras haberse estancado durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero, como en Europa, el crecimiento de los salarios reales también se debió a la deflación. En el segundo bienio, los salarios reales permanecieron estables. Por otro lado, los costes salariales no aumentaron por la legislación sobre seguros sociales, porque los empresarios apenas la aplicaron. En cualquier caso, los Gobiernos republicanos fueron escrupulosos en la aplicación de la ley, como sucedió con la reforma agraria, según Ricardo Robledo (2008). Eso sí, estas reformas provocaron una reacción antirrepublicana en los empresarios más conservadores (los agrarios), cuyas acciones agudizaron los conflictos sociales y la inestabilidad política.
Cuarta, la Segunda República no paralizó las obras públicas, sino que las reactivó para compensar la caída de la inversión privada. En España, la inversión agregada alcanzó un máximo en 1929. Tras disminuir ligeramente en 1930, se desplomó en 1931 y 1932, para recuperarse desde 1933. Por el contrario, la inversión pública solo cayó en 1930, para aumentar desde 1931. Las obras públicas, paralizadas en 1930, fueron reemprendidas en 1931 y se intensificaron en 1932. La obra pública de Indalecio Prieto y los pedidos de material de transporte contribuyeron a paliar los efectos de la crisis.
Una política fiscal moderadamente expansiva.
La política fiscal republicana no causó la recesión, sino que alivió sus secuelas. A pesar de sus declaraciones de ortodoxia presupuestaria, los ministros de Hacienda de la República realizaron una política fiscal anticíclica. La política expansiva de la dictadura fue clausurada por su ministro de Hacienda José Calvo Sotelo en 1929, cerrando el presupuesto extraordinario de 1926. Esta política restrictiva fue asumida por el ministro de Hacienda de la dictablanda, Manuel Argüelles, en 1930. Pero fue revertida por la Segunda República, cuyos ministros aplicaron una política presupuestaria expansiva.
Entre 1931 y 1934, los ministros de Hacienda incrementaron el gasto público en un 25% para combatir el desempleo e invertir en infraestructuras y educación. La presión fiscal también aumentó gracias a la reforma tributaria de Jaume Carner de 1932. Esto revela que aquellos ministros no eran keynesianos, como tampoco lo eran en el resto de Europa. Como los gastos crecieron más, del equilibrio en 1930 se llegó a un déficit presupuestario del 1,6% del PIB en 1934. Era un porcentaje respetable para los cánones de la época, lo que permite hablar de un cierto estímulo fiscal. No obstante, una parte del déficit era coyuntural, porque la recesión lastró el crecimiento de los ingresos. Solo en 1935 hubo una intención clara de reducir el déficit presupuestario por parte del ministro Joaquín Chapaprieta.
En cualquier caso, la política fiscal apenas tuvo repercusiones sobre la producción y el empleo, porque el gasto público nunca superó el 13,5% del PIB. Como en otras democracias europeas, los moderados planes de obras públicas no pusieron en peligro las finanzas del Estado. Por ello, en España no hubo una crisis de la deuda pública, cuyas cargas financieras fueron sostenibles durante la República.
La tardía política monetaria expansiva.
Antes de 1931, la política monetaria ortodoxa fue restrictiva, para mantener la paridad con el oro. Esto difundió la crisis internacionalmente. Tras las crisis bancarias europeas de 1931, la política monetaria de los países que abandonaron el patrón oro fue expansiva, con devaluaciones y reducciones del tipo de interés, lo que favoreció su recuperación. Otros países, como Francia y España, mantuvieron más tiempo las políticas monetarias deflacionistas, agravando su depresión.
En 1931, la oferta monetaria cayó en España porque aumentó la demanda de efectivo por el público, reduciendo sus depósitos bancarios, ante la incertidumbre generada por la crisis económica y la proclamación de la Segunda República, según Pablo Martín Aceña. Desde 1932, por el contrario, la oferta monetaria creció porque los bancos recurrieron a la pignoración de deuda pública en el Banco de España y porque descendió el coeficiente de efectivo mantenido por el público. Es decir, porque aumentó el dinero intensivo en contratos (depósitos bancarios), que es un indicador de la confianza de la población en la estabilidad del sistema financiero y del régimen político.
El Banco de España solo controlaba el tipo de interés. La utilización de este instrumento fue tardía e insuficiente. Los tipos de descuento comercial se redujeron en medio punto porcentual en 1932, 1934 y 1935. Los tipos aplicados a la pignoración de la deuda se redujeron en medio punto en 1934 y 1935. Esta política monetaria expansiva del segundo bienio republicano contribuyó a la recuperación económica.
En los años treinta, España no fue diferente; en los cuarenta, sí.
La recesión económica de la Segunda República fue menos profunda, pero fue similar a la sufrida por las democracias europeas. Desde el punto de vista coyuntural, no puede hablarse de Gran Depresión en la España de la década de 1930. Los problemas más graves de la economía española eran estructurales y seguían vigentes en 1936, de ahí la insistencia en las políticas de reformas. Los Gobiernos republicanos recurrieron a los instrumentos de política económica coyuntural convencionales de su tiempo, aunque aplicaron con retraso y escasa convicción las políticas de empobrecer al vecino, lo que agravó las repercusiones de la crisis internacional. En España, como en el resto de Europa, no se aplicaron políticas keynesianas. La política económica republicana no causó la depresión económica ni esta desencadenó la Guerra Civil, que es el corolario que sacan algunos historiadores económicos. El origen de la Guerra Civil no fue económico, sino que estuvo, según Santos Juliá (2008), en un doble fracaso militar: el golpe de Estado de los generales rebeldes no triunfó, en julio de 1936, y el Gobierno no logró aplastar la insurrección. La inclinación del ejército español a los pronunciamientos no era una novedad. Lo que había cambiado era el contexto internacional. En efecto, la ayuda financiera y militar de las potencias fascistas al general Franco y el abandono de las democracias al Gobierno de la República permitieron el triunfo de los generales sublevados, pero después de una costosa y sangrienta Guerra Civil. La supervivencia de la dictadura de Franco tras 1945 convirtió a la España de la posguerra en un régimen, político y económico, diferente del vigente en las democracias europeas. La dictadura franquista siguió aplicando las políticas económicas de guerra que habían implementado las potencias fascistas derrotadas. En aquella política autárquica está el origen de la profunda crisis económica de la posguerra. Esta fue la auténtica Gran Depresión española del siglo XX.››