Blogs de Antonio Boix

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Televisión, Fotografía y Cómic), Heródoto (Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).

martes, 31 de diciembre de 2013

La corrupción en España.

La corrupción política, uno de los principales problemas de la democracia en España.
*Algunos casos especialmente importantes y densos en información se tratan en entradas separadas, mientras que la corrupción de ámbito regional se trata en las entradas de las CCAA correspondientes.

Índice.
Introducción.
Las instituciones anticorrupción.
La transparencia es imprescindible para evitar la corrupción.

Viñeta sobre la corrupción urbanística, de Forges (http://www.forges.com/]

Introducción.
La corrupción política es una gravísima lacra del sistema político español. El filósofo San Agustín escribió en el siglo V que ‹‹cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?››
Los problemas a escala municipal y autonómica, y ocasionalmente a nivel estatal, se extienden en el primer decenio del siglo XXI, relacionados sobre todo con la especulación urbanística, afectando a derecha e izquierda, más numéricamente a las administraciones gobernadas por el PP, aunque no hay conclusiones acerca de si es por causa de un problema de control interno o porque gobierna en mayor número de lugares, y parece que no es castigado electoralmente por ello, pero también hay demasiados casos en las instituciones a cargo de otros partidos, como el PSOE.
Los asuntos actuales más conocidos son la 'trama Gürtel/Bárcenas' en varias comunidades autónomas, la extendida corrupción en la Comunidad Valenciana; los casos del Palma Arena, Jaume Matas y el partido UM en Baleares; el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía, los casos urbanísticos de la isla de Lanzarote en Canarias, y el caso Urdangarin que afecta a la Casa Real.
Crece el peligro de la deslegitimación de la democracia para una gran parte de la población, que llega a relativizar y entender como normal la falta de honestidad de los políticos e incluso puede recompensarles con un voto mayor. Los partidos responden con la exigencia de responsabilidades a nivel judicial.
Además, según informa Miguel Ángel García Vega en El alto coste del lado oscuro [“El País” (11-VIII-2013).] la corrupción cuesta cerca del 1% del PIB (unos 10.500 millones de euros al año, según el austriaco Johannes Kepler, profesor de Economía en la Universidad de Linz), y crea inestabilidad política, desvía capital a una minoría bien conectada con el poder, reduce el Estado del bienestar, frena la salida de la crisis, genera ineficiencias en la economía, y daña la imagen de la marca España entre los nacionales y en el extranjero por la inseguridad jurídica, pues disuade las inversiones extranjeras e incluso fomenta la emigración de los jóvenes desencantados. Si se le añaden los 74.000 millones anuales del fraude fiscal estamos ante un inmenso agujero negro de la economía española.


Mapa de casos de corrupción municipal entre 2000 y 2010, y encuesta en 2011 sobre la corrupción en España. Fuente: Gómez, Luis. La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos. “El País” (17-VI-2013) 12-13.

Las instituciones anticorrupción.
Las principales instituciones en la lucha anticorrupción son: el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces (desde los juzgados de instrucción hasta la Audiencia Nacional), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude Fiscal (ONIF) de la Agencia Tributaria y el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Tesoro.

La transparencia es imprescindible para evitar la corrupción.
La transparencia en la información de las actividades públicas es un medio fundamental en la lucha contra la corrupción, así como para mejorar la participación ciudadana, pero se ha atrasado en los últimos años la aprobación de una Ley de Transparencia de la Administración Pública a nivel estatal. El Gobierno del PP pretendía aprobarla en el primer semestre del 2012, pero se ha ido retrasando sine die.
Tres expertos han propuesto en el Congreso en abril de 2014 un conjunto de medidas:
Eduardo Torres-Dulce, Fiscal general del Estado, propone.
-Nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca un nuevo proceso acorde con los tiempos en el que la instrucción la asuman los fiscales y que sea mucho más ágil y eficaz, con criterio de oportunidad. Si por plazo ya no es posible, que se hagan reformas parciales urgentes.
-Que la instrucción no sea el fin, sino el medio para llegar a la vista oral.
-Evitar los macrojuicios, al no ligar la suerte de un cúmulo de hechos al último y pormenorizado detalle de un proceso.
-Más medios materiales y personales.
-Acceso de la fiscalía a bancos de datos de registros de propiedad y mercantiles, de Seguridad Social y Hacienda, entre otros. Mejor colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad.
-Restringir las conformidades en casos de corrupción.
-Delimitar las imputaciones solo para cuando haya indicios claros.
Evitar los indultos a corruptos.

Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, apunta:
-Extender a diputados, senadores y Administraciones autonómicas la ley de altos cargos.
-Mejorar las retribuciones de cargos políticos, al tiempo que se refuerzan sus incompatibilidades y se regula mejor la “puerta giratoria” entre las actividades públicas y privadas.
-Mayor control sobre las fundaciones ligadas a los partidos y prohibición absoluta de condonación de créditos a partidos.
-Mejor financiación pública de los partidos, para compensar la restricción de la privada.
-Cambios en las leyes de urbanismo para garantizar el control.

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, aconseja:
-Apoyo al proyecto de ley del Gobierno que aumenta las atribuciones del Tribunal de Cuentas y la capacidad para actuar contra los partidos por incumplimientos legales.
-Mayor capacidad para actuar contra quien no colabore con la institución en la fiscalización de cuentas.
-Aumento de la plantilla del personal que está congelada desde hace años.
-Crear una unidad específica para partidos políticos con más personal para evitar los retrasos en la emisión de los informes, que ahora tienen un plazo de decalaje de siete años para los partidos.


Opiniones.
Antón Costas
El economista Antón Costas en el artículo La ecuación de la corrupción [“El País” Negocios 1.447 (28-VII-2013)] aporta una interesante perspectiva crítica sobre el fenómeno de la corrupción en España:
‹‹Los casos de corrupción están a la orden del día y producen gran alarma social. Pero ¿podemos decir que España es un país corrupto?
Veamos, ¿cuándo un país es corrupto? Cuando existe lo que los anglosajones llaman petty corruption. Es decir, corrupción generalizada a pequeña escala, consistente en tener que pagar gratificaciones para el desarrollo de las actividades cotidianas, como hacer un trámite administrativo, acceder a un servicio público, como elegir escuela o ser atendido por los servicios de salud.
En este sentido, España no es un país corrupto. No sale mal parada en los rankings que miden este tipo de corrupción. Más bien se acerca a los países nórdicos.
¿No tenemos, entonces, que preocuparnos por la corrupción? Sí, porque aunque no haya una “cultura de corrupción”, como a veces se dice, que afecte al conjunto de la sociedad, si existe una grand corruption que se ha enquistado en algunas actividades públicas. Las causas de la corrupción tienen mucho que ver con el funcionamiento de esas actividades. Si las identificamos, seremos más capaces de erradicar la corrupción.
Son de tres tipos. La primera tiene que ver con el urbanismo y afecta especialmente a alcaldes y responsables de planes urbanísticos. La segunda se relaciona con la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. La tercera, con el uso de subvenciones y ayudas públicas a ciertas actividades, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) o las “primas” a las energías renovables.
¿Qué es lo que ha permitido conocer esa corrupción sistémica? No ha sido la actividad preventiva de los organismos encargados de auditar y controlar esos procesos. Esto ha fallado. Han sido, por un lado, los medios de comunicación; y, por otro, la actividad investigadora de los tribunales de justicia y otras instituciones como la Agencia Tributaria.
El conocimiento de las actividades que generan esa grand corruption y de las instituciones más efectivas en identificarlas, nos permite formular lo que podríamos llamar la ecuación de la corrupción española: C = DA + S + Cc - (T + D).
En primer lugar, la ecuación nos dice que cuanta más discrecionalidad administrativa (DA) en la aprobación de planes y licencias urbanísticas, mayor será la corrupción.
En segundo lugar, cuanto mayor sea el volumen de subvenciones públicas a actividades privadas (S), mayor será la corrupción. La “prima” es una garantía pública de rentabilidad privada que pesa durante años y años sobre el presupuesto público. Además, incentiva actividades que están más próximas al negocio financiero que al proyecto industrial. En el caso de los ERE, la subvención da lugar a la aparición de buscadores de rentas, y a que las empresas destruyan empleo en lugar de desarrollar fórmulas para conservarlo.
El tercer factor es la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de servicios públicos. Lo podemos llamar capitalismo concesional (Cc). Si analizamos los nombres de las grandes donaciones a los partidos veremos que están relacionados con estas actividades. La corrupción en este caso no solo consiste en donaciones o pago de comisiones, sino en contratos que hacen que el beneficio vaya al operador privado, mientras que el riesgo de pérdidas se lo queda el sector público. Los ejemplos son numerosos.
La primera conclusión de nuestra ecuación podría formularse diciendo que en España se ha desarrollado un tipo de capitalismo concesional y subvencionado que es proclive a la corrupción. Si queremos disminuir la corrupción hay que acabar con este tipo de capitalismo rentista y depredador.
La segunda conclusión surge del análisis de los dos factores de la ecuación que disminuyen la corrupción. El primero es la transparencia (T), entendida como el derecho ciudadano a conocer, y la obligación de las Administraciones a responder, con responsabilidad penal si no lo hacen. Este es un elemento poderoso de higiene pública. El segundo es la democracia (D).
Hay tres elementos de la democracia que son esenciales para erradicar la corrupción. El primero es que en las elecciones los ciudadanos penalicen a los políticos y partidos corruptos. El segundo es una prensa libre, capaz de denunciar la corrupción. El tercero, unas instituciones judiciales independientes que investiguen y penalicen la corrupción. Nos podemos sentir relativamente satisfechos, porque esos tres elementos están funcionando.
Pero no hay que bajar la guardia en los dos focos principales de la corrupción: el planeamiento urbanístico y el capitalismo concesional y subvencionado.
La ausencia de incompatibilidad entre ser alcalde o concejal de urbanismo y la dedicación a estas actividades es como poner al zorro al cuidado de las gallinas. Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los Ayuntamientos. Alguna restricción hay que introducir en este terreno.
El capitalismo concesional y subvencionado ha operado hasta ahora en la obra pública, los servicios domiciliarios y algunas actividades como las renovables. Pero está comenzando a penetrar en un nuevo campo: la sanidad. Hay que ir con cuidado, porque es susceptible de generar la misma corrupción.
No trato de demonizar la colaboración público-privada en la gestión de servicios de la sanidad pública. Pero las empresas que quieran operar en esas actividades han de funcionar con el mismo criterio de transparencia, riesgo y ventura con el que lo hacen los empresarios que arriesgan su patrimonio en las actividades de mercado. Ese es el buen capitalismo.››

Enrique Gil Calvo.
Enrique Gil Calvo analiza en Epidemiología de la corrupción [“El País” (27-XI-2014)] el fenómeno y su preocupante y reciente extensión entre el funcionariado, que se había mantenido relativamente inmune hasta hace poco tiempo:
‹‹El régimen de la Transición está herido de muerte. Y el agente patógeno que está acabando con su vida no es tanto el deterioro de sus instituciones (Corona, Constitución, sistema electoral, partidos políticos, Estado autonómico) o las amenazas de secesión territorial, sino el contagio virulento de una epidemia incurable de corrupción política: el ébola de la democracia. La tipología de la epidemia es multiforme, afectando a sectores muy diversos. Existe una corrupción de derechas, concentrada en los múltiples cohechos y el tráfico de influencias coprotagonizados por la banca, las grandes empresas y el sector de la construcción y las infraestructuras, siendo su emblema la privatización de los servicios públicos y las puertas giratorias entre la política y el Ibex. Hay otra corrupción de izquierdas, manifestada por la redistribución de fondos públicos entre las redes clientelares de los movimientos sociales afines, por el estilo de los ERE andaluces. Es esta la clase de corrupción en la que también está cayendo el secesionismo nacionalista y en la que podría caer Podemos si algún día llegase al poder.
Y luego está la corrupción centrada o transversal, que afecta por igual a derecha e izquierda, con tres campos de acción. Ante todo, la financiación irregular de los partidos, ese magma ignoto que surge del subsuelo para realimentar el ansia insaciable de una clase política adicta a la mercadotecnia electoral. Después, el suelo inagotable de la política local, donde los eternos caciques de toda la vida se lucran con ese pozo sin fondo del que mana sin tasa el dinero negro procedente del ordenamiento urbanístico y la recalificación de terrenos. Y por último, la corrupción corporativista de los incentivos a la concertación social, como, por ejemplo, los fondos de formación para el empleo (la antigua Forcem), en gran parte procedentes de Bruselas y también de los presupuestos públicos, pero que son clandestinamente desviados fifty fifty hacia las arcas privadas de las patronales y los sindicatos al alimón.
Pero lo más grave de todo es que la infección ha empezado a invadir un tejido que hasta ahora parecía libre del mal. Me refiero a las Administraciones públicas, que acaban de ser señaladas por el dedo acusador de la justicia en el caso Enredadera. Lo cual representa una preocupante novedad, pues revela que el funcionariado está empezando a contagiarse de un mal contra el que se mantenía inmune hasta ahora. En efecto, los datos de Transparency International demuestran dos hechos. Primero, que la creciente corrupción española es de las más altas de Europa. Y segundo, que la práctica del soborno funcionarial es en cambio muy inferior al resto de países europeos. De donde se deduce que hasta ahora esta gangrena democrática se restringía a los partidos, los Ayuntamientos, los empresarios y los sindicatos. Pero que en cambio la ciudadanía y el funcionariado se mantenían a salvo. Por eso el inicio del contagio a los servicios públicos es un anuncio demoledor, pues si la epidemia se propaga a los funcionarios, el sistema entrará en colapso.
No hay duda de que estamos ante una crisis existencial, pues está en juego el ser o no ser de nuestro sistema. O erradicamos la corrupción, o su efecto degenerativo acabará con nuestra democracia. Por tanto, para poder superar la epidemia, hay que identificar antes sus causas, que son dos relacionadas entre sí. Ante todo, su primera causa es la falta de control y suficiente accountability. Como demuestran los ERE y la corrupción local, la intervención preventiva del Estado no funciona en España, puesto que es incapaz de evitar la excesiva autonomía de la política, que por basarse en la soberanía popular se cree con derecho a infringir la ley con aforada impunidad. La autorregulación no sirve de nada (según revela el caso Monago), pues como hacen demasiados obispos con la pederastia sacerdotal, los partidos prefieren encubrir a sus conmilitones antes que depurarlos. El control a posteriori tampoco funciona, pues el Tribunal de Cuentas es un pasteleo nepotista que ni juzga ni contabiliza. Y sólo queda la Fiscalía Anticorrupción: heroicos bomberos que intentan sofocar incendios con las manos atadas por la escasez de medios.
Por tanto, al saberse libres del suficiente control, los poderes públicos se sienten tentados de violar la legalidad. De ahí que la corrupción se dispare, al ser directamente proporcional a su grado de arbitrariedad discrecional (tal como predice la ecuación de Klitgaard). Y esta falta de control se agravaría si el partido en el poder aprobase su anunciada reforma electoral, primando las mayorías reforzadas.
Pero la causa última de este descontrol es la excesiva politización de nuestras instituciones, como la justicia, las Administraciones públicas o la cultura misma. La justicia está supeditada desde su misma cúspide jerárquica al poder político, que se la reparte en cuotas de lealtad y obediencia debida con obligación de prestar asistencia judicial y devolver favores: de ahí la lentitud, la lenidad y los sobreseimientos, por no hablar del aforamiento, los indultos y la reducción penitenciaria. Y tan grave, pero más decisivo, es que las Administraciones públicas estén secuestradas e intervenidas por los partidos que obtienen el poder, nombrando a sus cargos directivos con el único criterio de su lealtad política. De ahí que, tras aplicar este arcaico spoil system, las Administraciones resulten patrimonializadas por los partidos políticos, que desvían su funcionamiento a su antojo en su propio beneficio político. Esto explica que los funcionarios encargados de controlar la corrupción no se atrevan a hacerlo por temor a ser desplazados o descartados. Y en consecuencia, la necesaria separación entre Gobierno y Estado desaparece, quedando éste okupado y controlado por aquél. Así se produce una perversa inversión de funciones que hace de los cuerpos de altos cargos (como los abogados del Estado) una correa de transmisión de las órdenes dictadas por el partido en el poder para su captura del Estado.
Finalmente, también la cultura está politizada, alineándose a un lado u otro de las trincheras partidistas. Y no me refiero sólo a los actores, artistas, escritores o músicos que toman partido, sino también a las instituciones culturales que resultan patrimonializadas por el partido en el poder. E igual ocurre con la enseñanza, cuya excesiva politización le impide impartir una auténtica formación cívica al estar intervenida de hecho por el poder. Por no hablar de nuestro sistema mediático, igualmente atrincherado tras su tendenciosa alineación partidista. La consecuencia es que la opinión ciudadana también queda sesgada por su politización partidista, tolerando la corrupción de sus representantes electos con la excusa de que se trata de “uno de los nuestros” (good fellas).
¿Qué hacer? La solución pasa ante todo por la estricta separación entre Gobierno y Estado, prohibiendo las puertas giratorias entre el poder político y la función pública para lograr que ésta sea imparcial e independiente, evitando su politización partidista. Y después, estrictos controles de la corrupción, tanto preventivos ex ante (por la Intervención General del Estado, que debería supervisar también a partidos, sindicatos y demás instituciones públicas) como sancionadores ex post (potenciando la Inspección de Hacienda y la Fiscalía Anticorrupción y refundando otro Tribunal de Cuentas). Pero con ser necesarias, esas medidas no son suficientes, pues además la ciudadanía deberá exigir a sus representantes que arranquen la corrupción de sus filas. Que nunca más los ciudadanos vuelvan a encubrir con sus votos a unos políticos que infectan a los demás su propia corrupción.››

Juan José Millás
El escritor Juan José Millás en El mal [“El País” (12-VII-2013)] golpea sobre la endémica corrupción y el hundimiento de la ética pública en España:
‹‹La semana pasada, en este mismo espacio, decíamos que la corrupción llegaba hasta el tuétano. Nos equivocamos: la corrupción viene del tuétano. Lo que vemos son las manifestaciones externas de ese jugo seminal que recorre las arterias del sistema, o lo que sea esto a lo que llamamos sistema.
A la podredura del tuétano se debe, por ejemplo, el hecho de que alguien pueda vender durante la campaña un programa que no está en su ánimo cumplir. Esa descomposición explica que la ciudadanía, ni por sí misma ni a través de sus representantes, haya logrado evitar el atropello. De ahí viene también la facilidad con la que se ha llevado a cabo una reforma laboral que deja sin derechos a la población trabajadora. De ahí las prácticas empresariales que fomentan el miedo creciente y la insolidaridad galopante en el puesto de trabajo. De ahí el ataque impune a los colectivos tradicionalmente más débiles de la sociedad: los pobres, los ancianos, las mujeres, los niños, los enfermos… De ahí la privatización de lo que era propiedad de todos, el aumento de las personas millonarias y el crecimiento atroz de las desigualdades. Todo esto, que parece suceder fuera e ir hacia adentro, viene de dentro y se manifiesta afuera. Ese viaje desde la médula a la piel, ahora lo entendemos, ha tenido varios momentos decisivos, uno de ellos protagonizado por Zapatero, cuando, aún en el Gobierno, pactó el traspaso de poderes con Rajoy y comenzó a manosear las pensiones como un pederasta manosearía a un niño. El niño está servido y el manoseo continúa, ahora sin escándalo apenas. No nos enfanguemos en los síntomas (sobresueldos, comisiones, cuentas suizas…). Todo ello sucede porque hemos alumbrado un monstruo. La justicia está de paso (Bárcenas acabará, como Mario Conde, siendo una estrella de la tele). El mal, en cambio, ha venido para quedarse.››
FUENTES.
General y opiniones.
Libros.
Pradera, Javier. Corrupción y política. Los costes de la democracia. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2014. 221 pp. Ensayo. Reseña de Juliá, Santos. La lección más dura estaba escrita. “El País” Babelia 1.195 (18-X-2014) 8.
Sebastián, Carlos. España estancada. Galaxia Gutenberg. Barcelona. 2016. 216 pp. Un libro sobre la falta de competitividad de la economía española, con un factor decisivo como es la corrupción. Reseña de Muñoz Molina, Antonio. Ir y quedarse. “El País” Babelia 1.268 (12-III-2016) 8. / Rojo, José Andrés. Carlos Sebastián. ‘El clientelismo mata el talento’.  “El País” Ideas (13-III-2016).

Artículos. Orden cronológico.
Sérvulo  González, Jesús. No malgastarás dinero público. “El País” (9-II-2012) 30-31. Los pros y contras de una legislación penal contra los malos gestores públicos.
Ceberio Belaza, Mónica. Interior. Hasta las estadísticas son secretas. “El País” Domingo (18-III-2012) 5.
Rodríguez, Jorge A.; Duva, Jesús. Los escándalos convulsionan la policía. “El País” (12-VIII-2012) 12-13.
Mercado, Francisco. El Tribunal de Cuentas destapa el germen de la corrupción en las autonomías. “El País” (19-XI-2012) 14.
Fabra, María. Más de 200 cargos imputados y protegidos. “El País” (10-I-2013) 12-13. La mayoría de los casos de corrupción se concentran en cinco autonomías, pero solo hay cuatro políticos en la cárcel.
Prats, Jaime. No solo falta estética, sino transparencia. “El País” (17-I-2013) 30-31. Los casos de conflicto de intereses entre lo público y lo privado.
Garea, Fernando. Los escándalos acorralan la política. “El País” (20-I-2013) 14-15.
Pérez, Claudi. Alerta sobre la corrupción en España. “El País” (8-II-2013) 4. La UE se preocupa por el riesgo para la clase política provocado por los escándalos.
Ceberio Belaza, Mónica. Sin medios suficientes contra la corrupción. “El País” (10-II-2013) 19. Jueces y fiscales se quejan de la falta de medios. Resume las principales instituciones en la lucha anticorrupción.
Redacción. La corrupción fuera de España. La transparencia como solución. “El País” (10-II-2013) 20-21.
Redacción. ¿Dimitir? Solo en inglés y alemán. “El País” (10-II-2013) 21. Los cargos públicos de Reino Unido y Alemania dimiten, y casi todos los demás se aferran al poder.
Larrauri, Eva. Rubalcaba propone una brigada antifraude. “El País” (11-II-2013) 10. El plan del PSOE contra la corrupción incluye que se prohíban las donaciones de empresas a partidos.
Gómez, Luis. La corrupción suma en una década 800 casos y casi 2.000 detenidos. “El País” (17-VI-2013) 12-13.
Garea, Fernando. La comisión de Rajoy contra la corrupción solo se ha reunido una vez. “El País” (31-VII-2013) 16.
Fabra, María. El Gobierno desoye en clamor de los jueces contra los indultos a corruptos. “El País” (30-XII-2013) 14. La ley permite retrasar el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto.
Garea, Fernando. El fiscal general denuncia la falta de medios y de leyes contra la corrupción. “El País” (24-IV-2014) 11. Los expertos piden más medidas contra la corrupción.
Gutiérrez Calvo, V. Política contra la corrupción política. “El País” (30-VIII-2014) 10-11. Las propuestas de los partidos.
Díez, Anabel. Un trienio malgastado. “El País” Domingo (26-X-2014) 3.
Muñoz, Ramón. Lo que une a sindicatos y patronal. “El País” Domingo (26-X-2014) 4.
Cué, C. E. Rajoy pide formación en un intento de atajar el impacto de la corrupción. “El País” (29-X-2014) 14.
Garea, F. El Gobierno dilata la aprobación de medidas. “El País” (29-X-2014) 14.
Garea, F. Rajoy contraataca al asedio por la corrupción con reproches al PSOE. “El País” (30-X-2014) 10.
Cué, C. E. El PP presiona a Rajoy para que inicie una purga y frene el desgaste electoral. “El País” (31-X-2014) 10.
Garea. F. Los populares vetan un pleno de corrupción para proteger a su líder. “El País” (31-X-2014) 11.
Garea, F. PP y PSOE pactan el autocontrol de los viajes de diputados. “El País” (19-XI-2014) 18.
Garea, F. Ninguna de las medidas anunciadas por Rajoy contra la corrupción está en vigor. “El País” (25-XI-2014) 13. En los últimos 21 meses el PP ha paralizado, entre otras normas, la ley de partidos políticos y la ley de ejercicio de altos cargos.
Garea, F. Rajoy exculpa a Ana Mato y niega que haya corrupción generalizada. “El País” (28-XI-2014) 10-11.
Díez, A. Sánchez niega la posibilidad de firmar un pacto anticorrupción con el PP. “El País” (28-XI-2014) 11.
Pérez, F. J. Los jueces alertan de que limitar el plazo para investigar beneficia a los corruptos. “El País” (15-XII-2014) 10. La reforma judicial que pretende el Gobierno traería impunidad a los implicados en macroprocesos de corrupción.
Junquera, N.; Mateo, J. J. La corrupción del PP dificulta las negociaciones entre Rajoy y Rivera. “El País” (27-I-2016) 13. Cuatro escándalos en un mes, con detenciones en Valencia y Madrid.
Casqueiro, Javier. Los portavoces del PP piden a Rajoy que rompa a fondo con la corrupción. “El País” (15-II-2016) 18.
Redacción. Inquietud y desánimo en las autonomías clave para el PP por los casos de corrupción. “El País” (16-II-2016) 22.
Maqueda, Antonio. El Gobierno acabará con los contratos públicos sin publicidad. “El País” (31-X-2016). La Comisión Europea urge a terminar con una de las peores lacras de España, la falta de transparencia en los contratos públicos, que favorece la corrupción.
Fernández, María. La asignatura pendiente de regular los ‘lobbies’. “El País” Negocios 1.615 (6-XI-2016).
Mateo, J. J: La preocupación por la corrupción se multiplica con Rajoy. “El País” (20-XI-2016). La corrupción preocupa a un mayor número de ciudadanos que en mandatos anteriores, pero los votantes del PP son los que menos se molestan por ella.
Mateo, Juan José. España cae hasta su peor puesto en percepción de la corrupción. “El País” (26-I-2017). Cae desde el puesto 36 al 41.
Ayuso, Javier. Lobistas en precario. “El País” (31-I-2017). Se prepara una regulación de los grupos de interés.
Mateo, J. J.; Junquera, N. El caso del presidente de Murcia deja en evidencia el pacto Rajoy-Rivera. “El País” (22-II-2017).
Mateo, J. J.; Casqueiro, J. El PP, en la cuerda floja por la corrupción. “El País” (26-IV-2017).
Martín-Arroyo, Javier. Lección primera: ¿qué es y qué no es corrupción? “El País” (1-V-2017). Las grandes empresas asimilan la prevención para evitar delinquir.



General: Opiniones. Orden alfabético.

Álvarez Junco, José. Parábola de la corrupción. “El País” (15-VII-2015) 13. Una visión de la corrupción española desde los años 1990, con una metáfora del Dante.

Amón, Rubén. El eterno retorno. “El País” Semanal 2.051 (17-I-2016) 39. España convive con la corrupción desde tiempos inmemoriales.

Argullol, Rafael. Corruptores y corruptos. “El País” (22-I-2012) 27-28. Plantea la necesidad de que la sociedad luche más activamente contra la corrupción, aislando tanto a los corruptores como a los corruptos.

Azúa, Félix de. Un origen secular y castizo. “El País” Domingo (26-X-2014) 5.

Banco, Patricia R. España registra su peor dato de percepción de la corrupción. “El País” (28-I-2016) 28.

Barbería, José Luis. Tras la credibilidad perdida. “El País” Domingo (26-X-2014) 2-3.
Barbería, J. L. Las huellas de la corrupción. “El País” Semanal 2.051 (17-I-2016) 28-35. Un resumen descarnado del problema.
Barbería, J. L. Alcaldes de mucho poder y manos libres. “El País” Semanal 2.051 (17-I-2016) 36. La corrupción municipal.

Burns, William J.; Mullen, Mike. ¿Por qué la corrupción importa? “El País” Negocios 1.591 (15-V-2016).

Ceberio, Jesús. Evitar el envilecimiento. “El País” (19-II-2014) 27. Excelente crítica de la extendida corrupción en los partidos políticos.
Ceberio, J. El reino de la corrupción. “El País” (4-XII-2014) 33.

Cebrián, Juan Luis. Las corrupciones. “El País” (8-XI-2014) 39.

Colomer, Josep M. La política del escándalo. “El País” (21-X-2014) 31-32. La esencia de la corrupción es hacer favores privados con recursos públicos.

Company, Enric. Y así hasta la crisis final. “El País” Cataluña (28-X-2014) 2. La raíz de la corrupción es la idea de que la Administración es patrimonio de quienes la administran.

Costas, Antón. La ecuación de la corrupción. “El País” Negocios 1.447 (28-VII-2013) 13.

Cózar, Álvaro de. Nos lo ocultan, ¿por qué? “El País” Domingo (18-III-2012) 2-3. La administración española es poco transparente.
Cózar, Álvaro de. 30 años de estafa continuada. “El País” (16-VI-2014) 14-15. La masiva corrupción en los cursos de formación.

Helen Darbyshire.
Gómez, R. G. Entrevista. Helen Darbyshire / Directora de Access Info. ‘Los ciudadanos tienen derecho a saber’. “El País” (21-I-2012) 32. Fomenta las leyes de transparencia, como medio de profundizar la democracia con una mayor participación de los ciudadanos y de reducir la corrupción.

De la Dehesa, Guillermo. La corrupción privada en España. “El País” Negocios 1.507 (21-IX-2014) 14.

Editorial. Un tufo del viejo régimen. “El País” (5-I-2013) 24.
Editorial. Antes y después. “El País” (20-I-2013) 30. Exige que el Gobierno actúe contra la corrupción política en su partido.
Editorial. Amenaza al sistema. “El País” (28-X-2014) 32.
Editorial. Transparencia, ya. “El País” (15-XI-2014) 32. Urge información fiable sobre los gastos de viajes de los parlamentarios.
Editorial. Una cuestión de Estado. “El País” Negocios 1.520 (21-XII-2014) 3.
Editorial. La normativa olvidada. “El País” Negocios 1.615 (6-XI-2016).
Editorial. Pulso Ciudadanos-PP. “El País” (22-II-2017). El PP se resiste a cumplir las medidas anticorrupción del pacto de investidura.

Editorial. Contratos corruptos. “El País” (6-VI-2017). Hay que atajar la connivencia de empresas corruptas y políticos sobornados.

Elola, Joseba. Historias de mundos transparentes. “El País” Domingo (15-IX-2013) 6-7. La legislación de transparencia en España está muy lejos de la de otros países más abiertos.
Elola, J. Jueces desbordados por la corrupción. “El País” (22-XII-2013) 18. Los jueces reclaman equipos de apoyo y peritos independientes y se quejan de que los partidos ningunean la carrera judicial.

Elorza, Antonio. La nave de los locos. “El País” (28-I-2012) 13. Critica la ineficacia judicial contra la corrupción.

Fernández, David. Cuando el Gobierno es una agencia de colocación. “El País” (5-IV-2012) 26-27.
Fernández, D.; Fernández, M. Corrupción SA. “El País” Negocios 1.520 (21-XII-2014) 4-6. Un análisis de la gran tolerancia de la sociedad española frente a la corrupción.
Fernández, D.; Fernández, M. Cortafuegos contra los abusos. “El País” Negocios 1.520 (21-XII-2014) 6.

Galindo, Cristina. Absueltos en las urnas. “El País” Domingo (26-X-2014) 5.

Gallego-Díaz, Soledad. La opacidad corrompe. “El País” Domingo (18-III-2012) 2-3.
Gallego-Díaz, S. Auténticos hombre de partido. “El País” Domingo (30-XI-2014) 13. Muchos políticos han considerado que cierto nivel de corrupción es natural y necesario en la actividad política.

Ganuza, Juan José. Un problema de incentivos. “El País” (18-IV-2015) 33. Los imprescindibles sistemas de control y la necesidad de incentivar la eficacia del sector público; el ejemplo de la universidad.

García Vega, Miguel Ángel. El alto coste del lado oscuro. “El País” Negocios 1.449 (11-VIII-2013) 4-5.

Garicano, Luis. ¿Cómo cambiamos una cultura de corrupción? “El País” Negocios 1.589 (1-V-2016).

Garrigues, Antonio. La Ley de Transparencia, solo el primer paso. “El País” (5-IV-2012) 23-24.

Garzón, Baltasar. Impunes y corruptos. “El País” (9-XII-2014) 33-34.

Gil Calvo, Enrique. Epidemiología de la corrupción. “El País” (27-XI-2014) 37-38.

Gómez, Luis. Sanidad. Sin noticias de muertes, infecciones y listas de espera. “El País” Domingo (18-III-2012) 4-5.
Gómez, Luis. La delgada línea entre el regalo y el soborno. “El País” (17-IV-2014) 30-31.

Gómez Yáñez, José Antonio; Molinas, César. Qué hacer con la corrupción. “El País” (22-I-2013) 27. Hay que regular los partidos desde fuera.
Gómez Yáñez, J. A. Lo más urgente es la ley de partidos. “El País” (13-II-2013) 29.
GómezYáñez, J. A. Aquí no dimite nadie. ¿Por qué? “El País” (14-X-2013) 31. En España los políticos no denuncian la corrupción o los errores porque pondrían en peligro sus puestos en las listas.
Gómez Yáñez, J. A. Origen y remedio (parcial de la corrupción). “El País” (28-X-2014) 12-13.

González-Herrero, Joaquín. Un compromiso contra la corrupción. “El País” (4-III-2016) 11.

Jiménez, Fernando. ¿Qué hacemos con la corrupción? “El País” (27-VI-2016). Hay que reforzar la imparcialidad de los funcionarios dificultando los nombramientos políticos, promover las alarmas tempranas mediante la transparencia y reducir la percepción de impunidad.

Juliá, Santos. Corrupción como quiebra del Estado. “El País” (14-IX-2014) 39. El problema se agrava porque el Estado ha fallado en representar a los ciudadanos (sirve más a los partidos) y la Administración ha fallado en controlar la corrupción.

Víctor Lapuente.
Lapuente, Víctor. Círculo vicioso, círculo virtuoso. “El País” (28-X-2014) 33.
Aizpeoloa, Luis R. Víctor Lapuente / Profesor de Calidad del Gobierno en Gotemburgo. ‘Las alarmas ante la corrupción deben saltar antes de que prescriba el delito’. “El País” (19-II-2013) 16.

Lizcano, Jesús. Veinte medidas contra la corrupción. “El País” (22-VII-2013) 29.
Lizcano, J. Partidos y corrupción: la hora del cambio. “El País” (7-II-2014) 31. Propuestas para luchar contra el problema.
Lizcano, J. La hora del compromiso. “El País” (10-VII-2014) 31. Toda la sociedad debe implicarse.

López Peña, Francisco. Las bases institucionales de la corrupción. “El País” (28-VIII-2013) 23.

Maté, Reyes. La sabiduría de los payasos. “El País” (13-X-2013) 35. Critica la sociedad española, que acepta al corrupto y al mentiroso.

Méndez, Rafael. Medio ambiente. Ley burlada. “El País” Domingo (18-III-2012) 5.

Morán, Carmen. ‘Se portaba bien, no faltaba a un funeral’. “El País” (28-XI-2014) 14. Muchos ciudadanos siguen votando a los corruptos.

Moreno Luzón, Javier. La caída de los viejos caciques. “El País” (29-VIII-2014) 27. Una mirada histórica sobre el caciquismo español del siglo XIX y el actual de Carlos Fabra y José Luis Baltar.
Moreno Luzón, J. Un buen escándalo. “El País” (20-VI-2016). Hay que reformar, pero no se necesita una revolución para combatir mejor la corrupción.

Muñoz Molina, Antonio. La corrupción y el mérito. “El País” (9-XI-2014) 41.

Navarro, Joan; Cremades, Javier; Ontiveros, Emilio; Sevilla; Jordi; Solchaga, Carlos. Para gobernar, luz y taquígrafos. “El País” (14-II-2013) 33. Por una Ley de Transparencia ambiciosa.

Nieto, Alejandro. Corrupción: delitos y faltas. “El País” Ideas (5-VI-2016). Contra la aceptación negligente de la corrupción.

Pérez Colomé, Jordi. La corrupción sale gratis en España. “El País” (29-VI-2016). El voto no es el mejor método de castigo para los políticos imputados, ni en España ni en el extranjero.

Quintero, Gonzalo. La prevaricación vulgarizada. “El País” (12-VII-2016). El catedrático de Derecho Penal cuestiona la vulgarización de dos conceptos penales asociados a la corrupción: la prevaricación y la malversación.

Ridao, Joan. La corrupción banal. “El País” (19-VII-2013) 31-32.
Ridao, Joan. Justicia y corrupción. “El País” (18-I-2014) 20-21. Porqué fracasa tanto la Justicia española ante la corrupción.

Ridao, José María. Quien puede no siempre debe. “El País” (24-V-2012) 34-35. El caso Dívar es paradigmático de los excesos del poder.

Romero, José Manuel. Una justicia con las alas cortadas. “El País” Domingo (26-X-2014) 4.
Romero, J. M. Viejas medidas de regeneración. “El País” (28-XI-2014) 13. El plan anticorrupción de Rajoy reúne propuestas antiguas con leves retoques.

Sanchís i Marco, Manuel. La corrupción de las élites. “El País” (2-XII-2014) 33-34.

Seoane Rayo, Ricardo. Enchufismo, ahí empieza todo. “El País” Negocios 1.520 (21-XII-2014) 4-5.

Trías Sagnier, Jorge. ¿Sombras o certezas? “El País” (21-I-2013) 10-11.

Trueba, David. ¿Por qué? “El País” (3-XI-2014) 53.

Unzueta, Patxo. Política golfa. “El País” (12-XII-2012) 25. Una crítica de la corrupción en España.

Urdánoz, Jorge. No son las manzanas, es el cesto. “El País” (10-XII-2014) 33. El profesor de Filosofía del Derecho solicita que se reformen las instituciones para que puedan controlar más la corrupción.

Urdánoz, Jorge. El silencio de los partidos. “El País” (13-IV-2017). Los partidos políticos españoles atacan la corrupción de los otros pero no la propia.

Vallespín, Fernando. La prueba del escandinavo. “El País” (28-IV-2017). La erosión de las instituciones cuando amparan la corrupción.
Vallespín, F. El PP emula a Fillon. “El País” (9-VI-2017). El PP incurre en populismo al pretender que las elecciones absuelven los delitos de corrupción.

Villoria, Manuel. Redes criminales. “El País” (28-IV-2017). Las élites corruptas, las ‘elite cartels’ de España, desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas y los municipios, aunque todavía ha socavado poco al funcionariado y al poder judicial.

Viúdez, Juana. Todo menos la demolición. “El País” (22-IX-2013) 38-39. Enormes dificultades para derribar las obras ilegales, a menudo con la colaboración corrupta de las administraciones.
Viúdez, J. Tretas contra la piqueta. “El País” (22-IX-2013) 39.


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