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miércoles, 15 de enero de 2014

España: La reforma de la función pública y la Administración.

España: La reforma de la Administración y la función pública.
En el contexto de la crisis económica y social y de un arduo debate sobre los límites entre el sector público y el privado, los derechos de los funcionarios españoles (como los de otros países) de los sectores de sanidad, educación y otros servicios sociales. Son cerca de 2,5 millones.
Hay un acuerdo general en favorecer la estabilidad de los que aplican la autoridad (judicatura, inspección, seguridad, Fuerzas Armadas), pero se discuten el nivel de salarios, los incentivos de productividad, las condiciones laborales y los horarios, el carácter vitalicio de sus puestos de trabajo, el acceso mediante oposición ganada por méritos o mediante contrato libre, el reconocimiento de experiencia y méritos, la evaluación externa de la calidad del servicio, entre otras cuestiones.


Los funcionarios de España en 2010.

Antonio Cabrales, catedrático de Economía del University College de Londres, argumenta en Independencia irrenunciable [“El País” (11-XII-2013)] a favor de garantizar la independencia de los funcionarios respecto a los políticos:
‹‹El sistema funcionarial a la española tiene dos características. La primera es la seguridad laboral, la segunda es una relativa homogeneidad de las condiciones laborales que dependen escasamente de la calidad del servicio prestado. (…) hay muchos países europeos en los que los médicos (o los profesores de universidad) no prestan sus servicios al sector público de esta manera. Los médicos británicos de medicina general (General Practitioners, cuyos servicios son equivalentes a los de nuestros centros de atención primaria) son empresarios que reciben un pago del Servicio Nacional de Salud por una serie de indicadores objetivos del grupo de pacientes al que tratan. Otros países, como Holanda o Canadá tienen sistemas similares. Los profesores de universidad británicos (o los finlandeses) tienen un contrato laboral estándar y cobran de acuerdo a una escala salarial muy flexible basada sobre todo en méritos de investigación o docencia evaluados por sus pares, pero están protegidos por el academic tenure para no ser despedidos por motivos ideológicos.
Hasta donde yo sé no hay un estudio fiable del nivel de eficiencia relativo de distintos sistemas. Pero desde el punto de vista económico lo relevante es encontrar un sistema de indicadores que permita conciliar diversos objetivos. Uno muy importante es eliminar la arbitrariedad administrativa. Dada la triste historia de nuestro país el nivel de confianza en la autoridad es muy limitado, e imagino que los profesionales se temen que la flexibilidad sea una palabra clave para el comisariado político del partido en el poder, sea cual sea este. Si se consiguen indicadores de calidad fiables, otro objetivo importante es impedir que los incentivos sesguen inadecuadamente el desempeño. Un pago capitativo (por paciente) en los centros de atención primaria puede ser muy adecuado para controlar los costes, pero puede inducir a un tratamiento más rápido o descuidado.
[Se muestra a favor de reformas] (…) Con más flexibilidad, sí, pero con rigor para mantener la independencia y calidad del servicio.››

Los funcionarios de España
Los funcionarios de España en enero de 2009. Fuente: "El País".

Dosier: La transparencia.
Hay un consenso generalizado entre los expertos acerca de que la transparencia informativa sobre las decisiones administrativas, tanto en su proceso como en su resultado final, es uno de los mayores factores en beneficio de la eficacia y de una menor corrupción. En España ha tardado demasiado la aplicación de la Ley de Transparencia, pero a finales de 2014 el Gobierno del PP ha dado un primer paso, muy loable, aunque solo sea inicial.
El editorial Transparencia, pero poca [“El País” (11-XII-2014)] celebra la mayor apertura informativa sobre la Administración del Gobierno del PP, pero exige un grado mayor:
‹‹Si el propósito de la ley de Transparencia es contribuir a que los ciudadanos estén informados sobre cómo se toman las decisiones o cómo se manejan los fondos públicos, los más de 500.000 datos de la Administración del Estado publicados ayer electrónicamente ofrecen solo una primera y vaga respuesta a tales objetivos. Aun así, es positivo empezar a consolidar la idea de que las Administraciones Públicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habrán de responder a los requerimientos de información de los ciudadanos.
España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea sin una legislación de este tipo. Ningún Gobierno anterior consideró necesario facilitarlo —Zapatero aprobó un proyecto cuando estaba a punto de disolver el Parlamento— y por lo tanto corresponde al Ejecutivo del PP el mérito de haber promovido la primera ley en la materia que entra en vigor, y que comienza a ser aplicada de manera efectiva.
Es verdad que los primeros resultados ofrecidos resultan decepcionantes. Haber colocado en el portal de la Transparencia unas tablas con las retribuciones de altos cargos permite ejercicios más bien anecdóticos, como el de comparar los bajos sueldos del jefe del Gobierno y de los ministros con los más elevados de sus subordinados directos. Pero no se dispone de los registros de entrada y salida de los ministerios, ni de las deliberaciones previas a las decisiones.
Además de las zonas de sombra informativa previstas por la ley (seguridad y defensa, intereses económicos o comerciales, política económica, relaciones exteriores), se excluye durante un año la transparencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El portal electrónico tampoco colma la necesidad de que los viajes de altos cargos y parlamentarios pagados por el erario estén a disposición del público. Y está a medio preparar el Consejo de la Transparencia, encargado de administrar el sistema y que, como se sabe desde la aprobación de la ley, no es un órgano independiente: está vinculado al Ministerio de Hacienda.
Pero se puede (y se debe) exigir información no publicada. Son los ciudadanos los que tienen que abrir camino al nuevo procedimiento establecido por la ley, demandando los datos que precisen. Con una normativa que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las diversas Administraciones —o si estas hubieran estado obligadas a colgar en Internet las recalificaciones de terrenos—, se hubieran podido evitar o dificultar algunos de los hechos graves que han disparado la inquietud ciudadana por los abusos de dinero público a los que hemos asistido.

Por eso hay que saludar el comienzo de la aplicación de la Ley de Transparencia. Ser exigentes con ella es el mejor modo de poner fecha de caducidad al secretismo que ha actuado como partero de la corrupción.››

Fuentes.
Martín, Javier. Fijo para siempre, pero ¿inamovible? “El País” (13-II-2010).
Torres, Victoria; Jan, Cecilia. Radiografía de los funcionarios en España. “El País” (28-V-2010).
Aunión, J. A.; Sevillano, E. G. ¿Quién debe ser funcionario? “El País” (11-XII-2013) 30-31. Un debate sobre la condición vitalicia de los funcionarios.
Cabrales, Antonio. Independencia irrenunciable. “El País” (11-XII-2013) 31.
Méndez, Rafael. Abogados contra el Estado. “El País” Domingo (25-V-2014) 6-7. Una gran parte de los abogados del Estado pide la excedencia para trabajar en el sector privado, a menudo contra el Estado.
Dosier: La transparencia.
Cué, C. E. El portal de transparencia arranca con 500.000 datos. “El País” (10-XII-2014) 14-15. Se aplica la Ley de transparencia.

Editorial. Transparencia, pero poca. “El País” (11-XII-2014) 30.