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miércoles, 15 de enero de 2014

España: La reforma de la Administración.

España: La reforma de la Administración.

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Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.

En el contexto de la crisis económica y social y de un arduo debate sobre los límites entre el sector público y el privado, los derechos de los funcionarios españoles (como los de otros países) de los sectores de sanidad, educación y otros servicios sociales. Son cerca de 2,5 millones.
Hay un acuerdo general en favorecer la estabilidad de los que aplican la autoridad (judicatura, inspección, seguridad, Fuerzas Armadas), pero se discuten el nivel de salarios, los incentivos de productividad, las condiciones laborales y los horarios, el carácter vitalicio de sus puestos de trabajo, el acceso mediante oposición ganada por méritos o mediante contrato libre, el reconocimiento de experiencia y méritos, la evaluación externa de la calidad del servicio, entre otras cuestiones.


Los funcionarios de España en 2010.

Antonio Cabrales, catedrático de Economía del University College de Londres, argumenta en Independencia irrenunciable [“El País” (11-XII-2013)] a favor de garantizar la independencia de los funcionarios respecto a los políticos:
‹‹El sistema funcionarial a la española tiene dos características. La primera es la seguridad laboral, la segunda es una relativa homogeneidad de las condiciones laborales que dependen escasamente de la calidad del servicio prestado. (…) hay muchos países europeos en los que los médicos (o los profesores de universidad) no prestan sus servicios al sector público de esta manera. Los médicos británicos de medicina general (General Practitioners, cuyos servicios son equivalentes a los de nuestros centros de atención primaria) son empresarios que reciben un pago del Servicio Nacional de Salud por una serie de indicadores objetivos del grupo de pacientes al que tratan. Otros países, como Holanda o Canadá tienen sistemas similares. Los profesores de universidad británicos (o los finlandeses) tienen un contrato laboral estándar y cobran de acuerdo a una escala salarial muy flexible basada sobre todo en méritos de investigación o docencia evaluados por sus pares, pero están protegidos por el academic tenure para no ser despedidos por motivos ideológicos.
Hasta donde yo sé no hay un estudio fiable del nivel de eficiencia relativo de distintos sistemas. Pero desde el punto de vista económico lo relevante es encontrar un sistema de indicadores que permita conciliar diversos objetivos. Uno muy importante es eliminar la arbitrariedad administrativa. Dada la triste historia de nuestro país el nivel de confianza en la autoridad es muy limitado, e imagino que los profesionales se temen que la flexibilidad sea una palabra clave para el comisariado político del partido en el poder, sea cual sea este. Si se consiguen indicadores de calidad fiables, otro objetivo importante es impedir que los incentivos sesguen inadecuadamente el desempeño. Un pago capitativo (por paciente) en los centros de atención primaria puede ser muy adecuado para controlar los costes, pero puede inducir a un tratamiento más rápido o descuidado.
[Se muestra a favor de reformas] (…) Con más flexibilidad, sí, pero con rigor para mantener la independencia y calidad del servicio.››

Fuentes.
Martín, Javier. Fijo para siempre, pero ¿inamovible? “El País” (13-II-2010).
Torres, Victoria; Jan, Cecilia. Radiografía de los funcionarios en España. “El País” (28-V-2010).
Aunión, J. A.; Sevillano, E. G. ¿Quién debe ser funcionario? “El País” (11-XII-2013) 30-31. Un debate sobre la condición vitalicia de los funcionarios.
Cabrales, Antonio. Independencia irrenunciable. “El País” (11-XII-2013) 31.
Méndez, Rafael. Abogados contra el Estado. “El País” Domingo (25-V-2014) 6-7. Una gran parte de los abogados del Estado pide la excedencia para trabajar en el sector privado, a menudo contra el Estado.

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