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viernes, 17 de enero de 2014

España: el derecho social a la vivienda. Los desahucios. Los escraches.

ESPAÑA: EL DERECHO SOCIAL A LA VIVIENDA. 
La regulación de los desahucios.
El principal problema de decenas de miles de familias españolas que sufren la crisis económica iniciada en 2007, es la figura jurídica del desahucio, que priva a los propietarios morosos de su vivienda para devolverla a los prestatarios, casi todos ellos bancos. Una amenaza que pende sobre cientos de miles de familias más. Los suicidios se cuentan por decenas, personas a las que han quebrantado su capacidad de soportar la miseria o el miedo a caer en ella.
La presión popular, encauzada en su mayor parte en la asociación PAH, ha sido muy intensa en 2012-2013 a favor de cambiar la actual ley, muy desfavorable para los deudores. Una iniciativa legislativa popular respaldada por un millón y medio de firmas ha llegado a las Cortes, con el apoyo tardío, pero apoyo al fin, de los partidos de izquierda, desde el PSOE a IU. Sin embargo, todo hace temer que el Gobierno del PP se apreste a consentir sólo algunas mejoras menores, insuficientes para resolver el atenazante problema.


Gráfico de la evolución de los desahucios en España en 2008-2011.

El comentarista político y económico XavierVidal-Folch, en Impedir o evitar los desahucios [“El País” (4-IV-2013)] presenta los peligros de unas medidas poco meditadas y propone una soluciones ponderadas que afronten el meollo del problema sin causar otros a la larga peores:
‹‹Hay dos maneras de acabar con la tragedia de los desahucios. Una es impedirlos. La otra, evitarlos. Y quizá puedan combinarse.
La tragedia humana es hiriente. Los suicidios de deudores al filo del desalojo se han parado momentáneamente, gracias a la alarma social, a la movilización cívica y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los jueces detener los procesos si median acusaciones de cláusulas abusivas. Pero ahí están, para vergüenza de todos nosotros. De todos.
Las cifras, aunque fueron invisibles, son espeluznantes: 391.032 desahucios en el quinquenio 2008-2012 (a tercer trimestre). Los que están en trámite son 198.000. Claro que suman todo tipo de evicciones, desde viviendas a despachos o garajes. En todo caso, muchas son de hogares familiares: el 88% de los créditos hipotecarios a la vivienda se concentra en las primeras residencias.
La manera de impedir por la brava los desahucios es la dación en pago que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)  que tiene como portavoz a Ada Colau. No pretende la posibilidad de entrega del hogar como pago de la hipoteca con carácter universal, contra lo que se dice, sino en el caso de primera residencia.
La propuesta tiene una ventaja: es clara, radical, y suministraría un alivio inmediato a muchos ciudadanos. Y en cierto sentido, es proporcionada, pues el error del excesivo endeudamiento cometido por la familia es el envés del error de la entidad de crédito que se lo concedió, a veces con fórceps. No ha habido en la historia un boom inmobiliario sin la complicidad de un sistema bancario que lo financiase. Ningún Poncio puede lavarse las manos, todos los Pilatos deberán aportar algo a la solución.
El impacto negativo de esta fórmula, que con demasiada rapidez descarta el Gobierno, es triple. Toda medida retroactiva provoca inseguridad jurídica, aunque pueda alegarse fuerza mayor y la legislación vecina.
Además, encarecería las hipotecas futuras, pues los bancos las concederían a cambio de muchas más garantías y a tipos más altos que cubrieran el susto de que les devolviesen el ladrillo: eso dificultaría el acceso a la vivienda de los menos instalados, lo que quizá conviene desde el punto de vista de la responsabilidad individual y colectiva, —así como fomentar el alquiler—, pero no sería un logro social del que enorgullecerse.
Y estropearía las cuentas de la banca, lo que interesa poco a la ciudadanía, si acaba pagando sus platos rotos. ¿Cuánto las estropearía? Hasta ahora la banca ha estimado el roto en unos 4.000 millones de euros. Si sólo es eso, no debería haber problema para encontrarlos, incluso queda un amplio remanente del rescate bancario que, negociando con la UE, quizá podría usarse. Juega en favor de un perjuicio limitado la tendencia de las familias a sacrificarlo todo, antes que impagar la hipoteca. Y en consecuencia, la muy modesta morosidad de la vivienda: el 3,49 del total de los créditos, apenas un tercio de la mora total.
Pero la cifra de pérdidas podría aumentar: el paro dispara la mora, y a ésta hay que añadirle los pisos ya adjudicados a la banca. En un escenario adverso, la auditoría de Oliver Wyman del 28 de septiembre preveía un 5,5% de pérdidas. Y se deteriorarían las cédulas hipotecarias que empaquetan esos créditos, que totalizan 425.000 millones.
 Por eso, una dación en pago con carácter muy amplio para todos los casos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que impida buena parte de los desahucios, podría completarse con otra fórmula, que los evite. Y que permita que las familias sigan viviendo en sus casas y los bancos no se hundan.
La aplicó Franklin Delano Roosevelt el 13 de junio de 1933, a los dos meses de estrenar presidencia, y a los cuatro años de la Gran Depresión. Montó la HOLC (Home Owner's Loan Corporation), organismo público que compró a los bancos posiciones acreedoras en las hipotecas, a cambio de bonos. Y desde esas posiciones reestructuró la deuda de las familias caídas en el desempleo y asfixiadas por la crisis: dio quitas; amplió plazos desde los habituales cinco años hasta 20; y bajó tipos de interés, una operación que salvó a 25 millones de familias, por 4.750 millones de euros, el 8,4% del PIB de EE UU. Redujo “sustancialmente” el número de desahucios, el de suspensiones de pagos individuales, y el esfuerzo del pago de la hipoteca. La historia de esta iniciativa la encontrarán en Dealing with household debt, el capítulo 3 del World Economic Outlook publicado por el FMI el pasado abril. ¿La copiamos?››


Los escraches como acción contra los desahucios.

Ante el grave problema de los desahucios y la cerrazón del Gobierno a negociar una reforma que resuelva la situación, la respuesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y de otros grupos sociales ha sido apelar a los escraches, una forma de presión popular directa, nacida en Argentina durante crisis anteriores, que afecta a los políticos en su entorno privado, sean sus domicilios, sus lugares de trabajo (incluido el Parlamento) o en sus viajes. El escrache ha sido mayormente aceptado por la mayoría de la sociedad  pero es cierto que vulnera en ocasiones el derecho a la privacidad de los políticos, de sus familiares y de sus vecinos, y debe ser rechazado con carácter general si no se ciñe a límites estrictos.
La protesta legal y proporcionada de los ciudadanos en este caso de los desahucios (y en multitud de otros supuestos) es necesaria e incluso deseable porque muestra el compromiso con la justicia social y con los derechos de los desfavorecidos, pero sobrepasar los niveles legales e incurrir, aunque sea ocasionalmente, en prácticas antidemocráticas sólo puede traer consecuencia negativas a largo plazo, dando una excusa a los políticos conservadores o que no atienden los problemas ciudadanos para desestimar las imprescindibles reformas.
Y poniéndonos en lo peor, un escrache ilegítimo puede dar un barniz de legitimidad a que esa misma presión se ejerza mañana sobre otros colectivos. ¿O es que nadie recuerda la presión de los grupos de ultraderecha sobre el anterior Gobierno del PSOE, al que acusaban de connivencia con ETA? ¿O la presión que se ejerce en muchos países sobre los médicos que practican abortos o sobre los gitanos y otros colectivos a los que se acusa de delincuentes?
En suma, no debemos caer en la trampa retórica de confundir a los escrachadores con los fanáticos nazis, como desearían algunos interesados en que todo se quede igual, pero tampoco debemos caer en la trampa de legitimar la violencia física o psicológica en las protestas, porque el fin no justifica los medios.
El editorial En las casas, no [“El País” (10-IV-2013)] presenta una razonable visión sobre el problema:
‹‹Los escraches amenazan con instalarse en España como un instrumento político más: es hora de decir que ese método es inaceptable. La protesta en ningún caso debe llevarse al ámbito privado, porque los electores no eligen a los familiares ni a los vecinos de los políticos y no se puede implicar a terceros en formas de presión que conlleven gritos, abucheos, escarnios o un afán de señalamiento público. No se trata, naturalmente, de cercenar la libertad de expresión de los ciudadanos en el espacio público. Los ciudadanos tienen todo el derecho a presionar al Gobierno y a los diputados para que se pronuncien de determinado modo o cambien una intención de voto. En espacios públicos, sin violencia y cumpliendo la normativa que rige para estos efectos.
El desprestigio de la clase política alcanza cotas inquietantes para la propia democracia, pero eso no justifica degradar la convivencia hasta el punto de destruir todo respeto a las personas. La Constitución y las leyes garantizan los derechos de reunión y manifestación, lo mismo que el de huelga, y precisamente los reventadores suelen ser uno de los riesgos de esos actos de protesta; no pretendamos ahora reventarlo todo a base de actos de repudio que hoy se dirigen contra los políticos en sus casas, como se ha hecho antes contra clínicas abortistas y mañana, quizá, contra profesores que suspenden a los alumnos. Lo mismo que un conflicto laboral se desarrolla en la empresa o en forma de manifestaciones, y no se lleva a la casa del empresario.
Es verdad que la defensa de los afectados por los desahucios es una causa popular, que goza de gran apoyo ciudadano. Las ejecuciones hipotecarias han crecido enormemente en este país y lanzar a la calle a moradores de viviendas, sin ayuda social, provoca rechazo público. Pero no conviene olvidar lo ocurrido en Cuba con las llamadas “acciones de repudio”, o en Argentina, donde los escraches —palabra utilizada en la jerga de los bajos fondos bonaerenses— comenzaron señalando a los militares de la dictadura y se extendieron a políticos o periodistas. España no es una dictadura ni una democracia de baja intensidad; está necesitada de fuertes e importantes reformas. Banalizar el acoso colectivo no ayudará en esta urgente tarea.
El Gobierno y el PP tampoco pueden dejarse llevar por los nervios, aunque se hayan producido situaciones indeseables. No hay que tratar de criminalizar los escraches como si fueran formas de kale borroka. El problema no se resuelve solo lanzando a la fiscalía y a la policía contra los escrachadores, sino abriendo cauces entre representantes y representados para que las aspiraciones de estos puedan ser defendidas en los lugares de trabajo de los políticos. No se pueden aceptar derivas autoritarias: pedir a los diputados que rompan la disciplina de voto no es ningún crimen, ni tiene sentido pretender la equiparación de esa disciplina a la militar. Cuidado que en aras de la defensa de la libertad del diputado se cercene la libertad de expresión de la ciudadanía.
La facilidad con que el Parlamento rechaza las iniciativas legislativas populares, sin explicaciones, es otro elemento de tensión. El diputado no tiene que cambiar su voto por miedo a los escrachadores ni por temor al acoso que puedan sufrir sus familias, sino, en el caso de que sea así, porque ha escuchado previamente los argumentos de los ciudadanos. A escucharles, precisamente, debe dedicar gran parte de su tiempo. Una de las razones para justificar tantos escaños vacíos es que sus titulares inviertan tiempo en atender a sus representados. Y los ciudadanos, si no les hacen caso, tienen todo el derecho a protestar: pacíficamente, ante los lugares de trabajo de los políticos. No en sus casas ni delante de sus hijos.››
Josep Ramoneda, en El victimismo del PP [“El País” Cataluña (16-IV-2013)] lanza una puya contra los excesos verbales de Cospedal respecto a los escrachadores.
‹‹Las noticias judiciales sobre el alcalde de Badalona han coincidido con la ofensiva del PP contra los escraches. Sin duda la libertad de manifestación tiene un límite en la violencia y siempre hay espacio para la discusión sobre lo que se puede permitir y lo que no. Pero el PP se equivoca si quiere aparecer como víctima frente a las personas que han sido expulsadas de sus casas por desahucio. Por incómodo que sea que un puñado de personas grite a la puerta de tu casa, ¿qué es esto al lado de quedarte sin ella? Buscando para sí el papel de víctima, el PP solo gana en arrogancia y alejamiento de la ciudadanía. Y prueba de ello es la facilidad con la que llegan los excesos verbales. El PP está nervioso. Y se nota. Dolores de Cospedal, la jefa del partido por delegación de Rajoy, ha dicho algo que no se puede dejar pasar impunemente: que los escraches son “nazismo puro”. Es sencillamente una ofensa a la memoria de las víctimas del genocidio nazi. Cospedal debería saber —y seguro que lo sabe— que las personas señaladas por las turbas nazis se las iba a buscar a su casa, se las cargaba en un tren y se las mandaba a un campo de exterminio. ¿A esta tragedia compara la suerte de sus compañeros diputados?
Se entiende la desesperación del PP que se hunde en las encuestas y que ve cómo la conflictividad social aumenta sin ser capaz de hacer nada para mejorar la situación de los ciudadanos. Pero la gravedad de la circunstancia requiere mesura y comprensión. Y no admite la construcción de parapetos increíbles sobre los que ocultar la falta de coraje para explicar lo que realmente se está haciendo. Que el PP pretenda convertirse en víctima es la más ridícula de las defensas, sencillamente porque no es creíble. Y además es humillante para los perdedores de verdad.››
El escritor Javier Marías, implacable y pertinaz látigo del Gobierno del PP, se opone empero al escrache en el artículo Denigradores que se denigran [“El País” Semanal 1.909 (28-IV-2013)]. Es una dura crítica moral de esta presión a la que llamaría mejor vituperación o execración:
‹‹Siempre hay algo de despreciable y vil en la delación y el señalamiento, así sea indignante la conducta de los “expuestos”.›› Y se extiende: ‹‹Es cierto: los actuales gobernantes del PP no son sólo mediocres, ineptos, embusteros, destructores, injustos y desfachatados. Son también los más irritantes de las últimas décadas, (…) [pero] Teniendo la opinión que tengo de nuestros políticos, no puedo estar más en desacuerdo con esta práctica. Ya se han señalado los riesgos que implica: hoy se los presiona para que pongan remedio a la grave situación de los desahucios y a muchos les parece bien, por lo justo de la causa; pero mañana serán las asociaciones “provida” las que cercarán las casas de quienes quieran una ley del aborto en España y los llamarán asesinos y los instarán a votar una que los penalice, en todos los casos; al día siguiente se presentará una muchedumbre ante la vivienda de un periodista cuyas opiniones no le gustan y tratará de que las cambie por las suyas; al otro, una multitud de beatos execrará a los diputados y jueces que han legalizado el matrimonio homosexual, etc.  (…) En esas vituperaciones a domicilio no sólo se presiona, sino que se señala, es decir, se delata. Una masa individualiza a una persona y la somete a escarnio, no en su lugar de trabajo y en el ejercicio de sus funciones, sino en su casa, ante sus hijos y vecinos, que también se ven afectados sin tener arte ni parte. El espectáculo no es distinto del que ofrecería una turba llamando “pederasta” a quien tal vez lo fuera, y que aun así sólo habría de responder ante un tribunal por sus actos, no ante esa turba improvisada o más bien artificial y convocada; tampoco se diferencia del que dan esos “justicieros” o “virtuosos” que se apostan a la puerta de los juzgados para insultar a gusto a los detenidos famosos o acusados de crímenes llamativos. Siempre hay algo de repugnante y cobarde en la comandita de muchos contra uno, más aún si esos muchos se aprovechan de su número para envalentonarse y preservar su anonimato; siempre hay algo de despreciable y vil en la delación y el señalamiento, así sea indignante la conducta de los “expuestos”; siempre hay algo de rastrero en la intimidación y la vituperación masivas, independientemente del repudio que causen los intimidados y vituperados. (…)››

FUENTES.
General.
Narváez, Diego; Díez, Anabel. Andalucía expropiará porque su parque de vivienda social está ocupado. “El País” (13-IV-2013) 13.
Villagómez, Alfonso. Una medida legal y constitucional. “El País” (13-IV-2013) 13.
Pérez Royo, Javier. Objetivo y razonable. “El País” (13-IV-2013) 16. Aplaude la iniciativa andaluza.
Pellicer, Lluís. Guerra al piso vacío. “El País” (15-IV-2013) 28-29. El debate sobre la expropiación de viviendas, una figura legal existente en Francia y Reino Unido.
Martínez, Juan Carlos. 3,4 millones de viviendas vacías. “El País” (19-IV-2013) 16.
De Barrón, Íñigo. Adiós a las ‘cláusulas suelo’ de las hipotecas. “El País” (13-VI-2013) 29. El Tribunal Supremo invalida las cláusulas abusivas de tipo de interés mínimo.
Betim, Felipe. Bandas organizadas revientan pisos vacíos en Madrid para ‘venderlos’. “El País” (23-I-2014) 21. Ponen a ‘la venta’ casas desahuciadas con agua y luz por unos 1.000 euros de entrada o por unos 200 de alquiler mensual. Hasta que los expulsen pueden pasar meses o incluso años. En Madrid hay 306.000 casas vacías.
De Barrón, Íñigo. La banca deja de recurrir las ‘cláusulas suelo’ de hipotecas y acepta negociar. “El País” (17-XI-2014) 21.
López Letón, Sandra. El arrendador transige con el inquilino. “El País” Negocios 1.516 (23-XI-2014) 28.
Rincón, Reyes. El Supremo pone límites al lucro de la banca en la venta de pisos embargados. “El País” (21-II-2015) 24.
Rincón, Reyes. El comprador puede renunciar a la casa si se retrasa la entrega. “El País” (21-II-2015) 24. De resultas, no quedaría obligado a mantener la hipoteca.
Pellicer, Lluís. Más de 13.500 pisos sociales vacíos en un país con 330.000 demandantes. “El País” (11-V-2015) 29.
Fabra, M. Andalucía no podrá expropiar el uso de casas vacías. “El País” (27-V-2015) 22. El Tribunal Constitucional sentencia que las CC AA no tienen competencias para expropiar el uso de las viviendas, sino solo el Estado.

Dosier: Las ejecuciones hipotecarias.
Romero, Álvaro. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas subieron el 7,4% en 2014. “El País” (6-III-2015) 31.
Gómez, Luis. Las ejecuciones hipotecarias subieron un 500%. “El País” (3-V-2015) 30-31.
Méndez, Ricardo. El inmobiliario en los juzgados. “El País” (3-V-2015) 31.

Dosier: Los desahucios. 
Cañas, Gabriela. Terminen con una ley injusta. “El País” (12-XI-2012) 38. Exige una revisión de la ley de desahucios.
Redacción (editorial). La fuerza de la razón. “El País” (13-XI-2012) 30. Exige una revisión de la ley de desahucios.
Cué, C. E.; Noceda, M.Á. El PSOE presiona al Gobierno para cambiar la legislación hipotecaria. “El País” (14-XI-2012) 8-9. Y artículos de AA.VV. sobre el derecho comparado en Europa sobre los desahucios.
Cué, Carlos E. Freno muy limitado a los desahucios. “El País” (16-XI-2012) 10-11.
García de Blas, Elsa. Los jueces destapan la ‘arbitrariedad’ del decreto de Rajoy sobre desahucios. “El País” (17-XI-2012) 12.
Blanchar, C.; Morán, C. Los afectados critican que el decreto excluye a la mayoría de las familias. “El País” (17-XI-2012) 13.
Elorza, Antonio. Desahucios. “El País” (17-XI-2012) 13.
Irujo, José María. Batalla contra los abusos de una ley. “El País” Domingo (18-XI-2012) 2-4. La lucha popular contra la ley hipotecaria que regula los desahucios.
Morán, Carmen; Nogueira, Charo. La vida entre tabiques de cartón. “El País” (22-XII-2012) 34-35.
Elola, Joseba. El sistema de desahucios encara una recta final. “El País” (10-II-2013) 24. El martes se vota en el Congreso una iniciativa legislativa popular respaldada por 1.400.000 firmas.
Blanchar, Clara. Ada Colau / Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). ‘Si el PP desoye un millón de firmas, en España no hay democracia’. “El País” (11-II-2013) 21.
Díez, Anabel. El PP da marcha atrás y accede a debatir la iniciativa popular sobre desahucios. “El País” (13-II-2013) 14.
Doncel, Luis; Ceberio, Mónica. Varapalo de la UE a la ley hipotecaria. “El País” (15-III-2013) 20-21.
Editorial. Desahucios bajo tutela. “El País” (15-III-2013) 42.
Sosa, María; Pareja, Pol; Tejedor, Esther. La ley que hipoteca el pasado. “El País” (28-III-2013) 18.
Díez, Anabel. El PP no cederá en la dación en pago ni ‘ahora ni en el trámite de la ley’. “El País” (28-III-2013) 18.
Vidal-Folch, Xavier. Impedir o evitar los desahucios. “El País” (4-IV-2013) 23. Un interesante artículo con propuestas eficaces y prudentes para aliviar el problema.
Lucio, Lourdes. Andalucía expropiará pisos a los bancos para impedir desahucios. “El País” (10-IV-2013) 14.
De Barrón, Iñigo. Un desahucio cada 15 minutos. “El País” (12-IV-2013) 10-11.
Cué, Carlos E.; Lucio, Lourdes. Los desahucios desatan una batalla política entre el Gobierno y el PSOE. “El País” (13-IV-2013) 12.
Elola, Joseba. Los jueces se coordinan ante el desahucio. “El País” (14-IV-2013) 13.
Blanchar, Clara. La dación tampoco es un chollo. “El País” (15-IV-2013) 14.
Díez, Anabel. El PP aprueba solo la ley de desahucios tras intentar atraer a otros grupos. “El País” (19-IV-2013) 14-15.
Editorial. Una ley contestada. “El País” (19-IV-2013) 36.
Andreu, Jerónimo. Mucho ruido y pocas casas. “El País” (21-IV-2013) 17.
Elola, Joseba. Anatomía de un decreto limitado. “El País” (28-IV-2013) 20-21.
Álvarez, Pilar. El problema de la vivienda persiste pese al freno a los nuevos desahucios. “El País” (20-X-2013) 24.
Blanchar, Clara. Mil y once dramas menos. “El País” Domingo (23-II-2014) 2-4. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que ha logrado parar más de un millar de desahucios.
Hernández, J. A. 184 desahucios al día en 2013. “El País” (29-III-2014) 19. Un total de 67.189 desalojos.
Romero, Álvaro. Más desahucios pese a la nueva ley. “El País” (20-V-2014) 23. En 2013 hubo más de 50.000 desahucios de vivienda, un 11% más que en 2012. La ley reduce los acuerdos y las daciones en pago.
Jiménez, Miguel; Sérvulo González, Jesús. Hacienda suprime el castigo fiscal a los afectados por la dación en pago. “El País” (23-VI-2014) 21.
Pérez-Lanzac, Carmen. El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria. “El País” (18-VII-2014) 16.

Delgado, Cristina. La banca acepta 2.124 daciones en pago por el ‘código antidesahucios’. “El País” (29-VII-2014) 23. Un 9% de las familias cancela con su casa la deuda y un 27% la reestructura.
Sartorius, Nicolás. Desahucios. “El País” (29-VI-2015) 12. Los desahucios injustos vulneran los derechos constitucionales.
Morán, Carmen. Cero desahucios: tres modelos que funcionan. “El País” (15-VII-2015) 17. Los casos de Castilla y León, Terrassa y Fuenlabrada.
Vallespín, Ivanna. Terrassa gana la primera sentencia contra un banco por un piso vacío. “El País” (22-VII-2015) 22.
García, Jesús. Los jueces deniegan desahucios a bancos que vendieron las hipotecas a fondos de inversión. “El País” (8-II-2016) 33.
López Letón, S. Desahucios exprés que no funcionan. “El País” Negocios 1.587 (3-IV-2016). Los procesos se retrasan durante meses y los arrendadores pierden dinero.

Vidal-Folch, X. Banqueros y desahuciados. “El País” (6-II-2017). Crítica a los excesos de la banca española en el asunto de los desahucios y las garantías hipotecarias.

Dosier: Los escraches.
Ramoneda, Josep. Sobre el respeto a los demás. “El País” (28-III-2013) 20. Sobre la airada y excesiva reacción del PP ante el escrache (la presión popular a los políticos).
Editorial. En las casas, no. “El País” (10-IV-2013) 26. Señala que es antidemocrático presionar a los políticos en sus domicilios.
Manetto, F.; Fernández, M. Cospedal advierte sobre los escraches: ‘La violencia genera violencia’. “El País” (16-IV-2013) 14. Cospedal tilda de nazis a los escrachadores.
Gil Calvo, Enrique. Escraches. “El País” (15-IV-2013) 13. Defiende el derecho al escrache si es proporcionado.
Ramoneda, Josep. El victimismo del PP. “El País” Cataluña (16-IV-2013) 2. Una puya contra los excesos verbales de Cospedal respecto a los escrachadores.
Grujielmo, Álex. Escrache de ida y vuelta. “El País” (16-IV-2013) 31-32.
Unzueta, Patxo. Escraches: un problema de democracia. “El País” (18-IV-2013) 33. Rechaza esta forma de protesta por antidemocrática.
Álvarez, Pilar; Reventós, Laia. ‘¡Volveremos a las calles!’. “El País” (19-IV-2013) 15. Los antidesahucios protestan.
Álvarez, Pilar. ‘Los escraches no tienen el mismo sentido después de la votación’. “El País” (20-IV-2013) 13. La PAH sopesa aparcar las protestas en casas y seguir la ‘desobediencia civil’.
Molina Foix, Vicente. El sueño de sus señorías. “El País” (21-IV-2013) 31-32. Analiza las grandes semejanzas del escrache con el outing que utilizaban los militantes gay hace pocos decenios.
Marías, Javier. Denigradores que se denigran. “El País” Semanal 1.909 (28-IV-2013) 106.
Pérez, Fernando J. La Audiencia de Madrid archiva la causa contra el escrache a la vicepresidenta. “El País” (5-II-2014) 12. Considera que la protesta ante la casa de Soraya Sáenz de Santamaría fue un medio de “participación democrática” y que no hubo coacciones.
Fabra, María. La legalidad de la ‘doctrina escrache’. “El País” (7-II-2014) 14.