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martes, 1 de julio de 2014

UD 8. La población española. Comentario de textos.

UD 8. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. COMENTARIO DE TEXTOS.
*Esta entrada reúne artículos de teoría para el comentario de textos y posterior debate en el aprendizaje de la UD 8 de Geografía de España.

Petschen, Santiago. Nacionalidades y despoblación interior. “El País” (24-V-2006) 19. Santiago Petschen es catedrático de Relaciones Internacionales en la UCM.
‹‹El debate y las tensiones producidos con motivo de la elaboración de un nuevo Estatuto para Cataluña nos hablan de la existencia en España de una cierta lucha entre nacionalidades. El fenómeno no es nuevo. En ciertas periferias españolas se ha ido formando desde hace tiempo un sentimiento apoyado en la cultura, en la economía, en el ansia de poder que, como no podía ser de otra manera, va cada vez aflorando con más vigor y que contrasta con la forma de sentir tradicional más propia del interior de la península. La cuestión no es que el fenómeno deba o no deba existir ni que guste o no guste. Es un hecho que tiene causas explicables y reglas objetivas. Lo importante es saberlo situar adecuadamente desde los pactos y los compromisos. Dicha cuestión de nacionalidades lleva consigo una dimensión territorial. Dimensión que tiene numerosos aspectos. Veamos uno de ellos relacionado con el desequilibrio demográfico interior de España.
Llamo interior de España al extenso conjunto de regiones que, teniendo a la Comunidad de Madrid en el centro, se extiende por las comunidades de Castilla y León, Castilla—La Mancha, Aragón y Extremadura. Las cinco regiones mencionadas desconocen el mar y abarcan nada menos que 20 provincias. Se trata de una geografía muy extensa que, si sacamos de ella el cogollo demográfico de Madrid, puede muy bien llamarse casi desértica, pues es un conjunto de unos seis millones de habitantes (26 por kilómetro cuadrado). La suma de la extensión de las 19 provincias (excluyendo a Madrid) abarca 243.946 kilómetros cuadrados. Se trata de una relación extensión/población desconocida tanto en Europa occidental (a no ser que nos traslademos al norte de Escandinavia), como central. En dicha extensión cabría Rumania, que alcanza los 23 millones de habitantes. Ni siquiera en los Balcanes hallamos tan desmedida descompensación.
Entre las capitales de las 19 provincias referidas, 12 no llegan a los 90.000 habitantes. Sólo son tres las ciudades no capitales de provincia que superan los 50.000: Talavera de la Reina, Mérida y Puertollano. Las ciudades situadas entre 10.000 y 40.000 habitantes repartidas entre las 19 provincias no alcanzarían a promediar cuatro ciudades de 20.000 vecinos por provincia. Por el contrario, son 3.965 los municipios que no llegan al millar de ciudadanos, no alcanzando a 500 la mayoría de ellos, y con natalidad cero o casi cero. Todo un mar de aldeas formando conjuntos humanos caracterizados por el envejecimiento y la perspectiva de la desaparición. ¿Cómo un país próspero, perteneciente al mundo desarrollado occidental, ha permitido y sigue permitiendo una cosa así?
Toda esa área de debilidad poblacional influye en la invertebración de España. Debido a ello hay que aumentar los esfuerzos a favor de la reconstrucción. Uno de los esfuerzos consistiría en una planificación muy intensa coordinada en toda la zona, superando la dispersión y apoyando los elementos motores. Son elementos motores la expansión de Madrid y los núcleos más grandes que generan desarrollo en su entorno. La expansión madrileña se ha dejado notar en primer lugar en Toledo y en segundo lugar en Guadalajara. La ventaja de Toledo sobre Guadalajara se debe a que Toledo cuenta con numerosos pueblos de más de 3.000 o 4.000 habitantes, lo que les hace capaces de regenerarse a sí mismos aprovechando el poderoso centro de consumo que tienen cerca. Una aldea, en cambio, no se regenera a sí misma.
La cercanía de Valencia y de Alicante se deja sentir en Albacete, y en menor grado, la presencia de catalanes y de vascos en Huesca. El influjo de las zonas vecinas puede poco en Teruel, Cuenca, Burgos, Soria, León, Zamora, Salamanca, Palencia, Cáceres.
Otro elemento de desarrollo es la existencia de núcleos grandes, pues no sólo se desarrollan por sí mismos, sino que tienen un factor difusor. Son los casos de Zaragoza y Valladolid. Cuando se dan los dos factores unidos, el impulso para el desarrollo es mayor. Cuando las que están unidas son las carencias, el atraso se duplica. Es el caso de Burgos o de Soria.
Teniendo en cuenta el segundo factor hay que impulsar la potenciación de núcleos grandes para que se motoricen por sí mismos y alcancen al resto. Engrandecer a Zaragoza repercute en toda la provincia. Otros núcleos de nivel parecido deberían ser Valladolid, Palencia, Medina, Ciudad Real, Albacete, Mérida. En el momento actual, el crecimiento de una capital como Ciudad Real equilibra las pérdidas de su provincia, lo que quiere decir que todavía puede poco.
Debido a las enormes cantidades de dinero llegadas de la Unión Europea y también a otros factores, se han producido ciertos cambios en la región de las 19 provincias que nos ocupa. Las aldeas han ralentizado su pérdida de vecinos, constatándose en ellas la presencia de algunos emigrantes extranjeros y un aumento en la construcción de segundas viviendas. Un repunte modesto. Los inmigrantes de las 19 provincias referidas alcanzan un término medio de unos 13.000 por provincia, mientras que las provincias mediterráneas de Almería a Gerona albergan un promedio más de 10 veces superior.
Esta realidad debe originar una preocupación tan honda que no deje tiempo para tensiones con otros territorios que se encuentran en posiciones más avanzadas. Las relaciones de reequilibrio geográfico son capaces de originar cambios espectaculares como ha acontecido en 30 años en la provincia de Almería o en la ciudad de Guadalajara. En la Unión Europea se pueden ver situaciones parecidas como la de Irlanda. La energía que puede hacernos perder la lucha por la cuestión territorial, tal como ahora se plantea, debe ser sustituida por la puesta de soluciones eficaces para cambiar la gran despoblación del interior de España por un conjunto de polos muy dispuestos al crecimiento demográfico, apoyados por la consideración del despoblamiento como factor de solidaridad. Porque si todo sigue como en las últimas décadas, el censo del año 2041 nos indicará que una pequeña provincia como Alicante (5.863 kilómetros cuadrados) alcanza en población a todo el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (94.209 kilómetros cuadrados). Lo grave es que no existe una política estatal global y permanente para afrontar eficazmente el problema. Los fondos de la Unión Europa no han sido suficientemente bien dirigidos. A ello se une la existencia de sólo unos retazos de política de Estado caracterizados por la dispersión y la debilidad.››

Granell, Francesc. La necesaria e inevitable inmigración. “El País” (15-IX-2006) 17. Francesc Granell es catedrático de la Universidad de Barcelona y miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
‹‹Ante la avalancha de cayucos y pateras que arriban llenos de inmigrantes muchas alarmas sociales se han disparado. España, que había sido un país de emigración, no ha estado acostumbrada a este tipo de situaciones.
Los Consejos de Ministros de España y de la Unión Europea y la Comisión Europea tienen la cuestión sobre la mesa, mientras que algunas autonomías han protestado por la falta de medios de acogida con que cuentan y algunos partidos políticos han empezado a cavilar sobre la necesidad de una nueva ley de Extranjería o sobre las consecuencias que tendría dar el voto a los inmigrantes extracomunitarios.
España ha impulsado, además, que el Consejo Europeo, bajo presidencia semestral finlandesa, aborde el tema para ver las posibilidades de implicación diplomática y económica europea en la cuestión a las pocas semanas, por cierto, de que haya empezado a funcionar la “Frontex” que es el nombre de batalla con el que se conoce la nueva “Agencia Europea para la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE”.
Entre nosotros se ha instaurado el “vértigo” de la masa de inmigrantes cuando deberíamos concienciarnos de que la inmigración es necesaria e inevitable. Deberíamos, además, estar satisfechos de que España atraiga inmigrantes pues ello demuestra que nuestra economía ha venido creciendo más que la de otros países de nuestro entorno y ejerce un poderoso “efecto llamada”.
Los subsaharianos, los marroquíes, los sudamericanos o los asiáticos no emigran a países en donde no van a encontrar trabajo. Van, precisamente, hacia donde sus amigos y familiares —que ya emigraron y se instalaron— les dicen que van a poder ganarse el sustento y van a poder remitir algunos ahorros a su familia. Este es el “verdadero efecto llamada” y no la simple posibilidad de “legalización”.
Entre 1990 y 2005 Estados Unidos, con más de 15 millones, y Alemania y España con más de cuatro millones cada uno, fueron los países que más inmigrantes registraron, y el flujo seguirá si mantenemos las tasas de crecimiento. Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países han sabido hacerlo y se sitúan —gracias en parte a ello— en los primeros lugares del ranking mundial de desarrollo.
Dadas las previsiones demográficas para los próximos años, hay que asumir la “inevitabilidad” de las migraciones masivas. Éstas van a producirse ante la realidad de unos países ricos con maltrechas tasas de natalidad y nuevas necesidades de mano de obra ante su progresivo envejecimiento, y de unos países del “Sur” con natalidad pujante y escasa creación de puestos de trabajo. El 98% del aumento esperado de la población mundial entre hoy y el 2050 tendrá lugar en los países del Sur y las llamadas a la emigración ante los desequilibrios Norte/Sur seguirán siendo enormes.
En los próximos años las migraciones masivas serán necesarias e inevitables y un ingrediente importante de la “globalización”, contribuyendo a la lucha contra la pobreza en el Sur. Pues no en vano las remesas de los casi 200 millones de emigrantes que hoy existen en el mundo duplican el flujo de ayuda oficial al desarrollo (160.000 millones de dólares contra 79.000 millones). Esta cifra es superior, por ejemplo, al beneficio que supondría la liberalización comercial que se derivaría de la ahora embarrancada Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Recordemos, además, que España recibe más remesas de emigrantes de las que manda al exterior pues hemos heredado una situación emigratoria que solo recientemente ha cambiado de signo.
Ante la “inevitabilidad” de que siga el flujo migratorio hacia España, como ocurre y ha ocurrido en otros “países del Norte”, no hay que tratar de poner medidas policiales en contra de los inmigrantes, sino establecer políticas para minimizar los efectos negativos que genera la migración (gestión multiétnica, guetos, mafias, costes en sanidad y educación, desajustes salariales en relación a la productividad...) y para maximizar los efectos positivos de ella derivados.
Hay, pues, que evitar el “alarmismo” valorando los efectos positivos que comporta la “inmigración” (mejora de la fertilidad frenando el envejecimiento de nuestra población, rellenado de “huecos” en nuestro mercado laboral, aportación de nuevos productos y negocios, ingresos fiscales y para la seguridad social, activación del consumo y, a su través, la inversión...). ¿No se habría frenado ya la construcción si los millones de inmigrantes que han llegado a España en los últimos años no estuvieran comprando pisos?
Lo que debe preocuparnos no es que sigan viniendo más inmigrantes sino que la economía española pierda posibilidades de seguir atrayéndolos, pues ello querría decir que España ha dejado de ofrecer puestos de trabajo estables y productivos tanto para los “nacionales” como para los inmigrantes.
En otras palabras: lo que hay que conseguir es que el modelo económico español —inmigración incluida— se adapte lo mejor posible a la globalización de la que las migraciones son —también— un factor integrante.››

Cembrero, Ignacio. España sextuplica su mano de obra extranjera. Un estudio de la OCDE subraya que el 42% de los inmigrantes ocupan empleos que no son acordes con su formación. “El País” Negocios (18-VI-2006) 12.
Hay más jóvenes españoles en paro que extranjeros. Los inmigrantes retrasan más la edad de jubilación.
‹‹España ostenta varios récords mundiales en materia de inmigración. El más llamativo es que en una década (1994—2004) ha aumentado un 541% el empleo desempeñado por extranjeros. Este y otros datos sobre la magnitud de la inmigración en España, comparada con los demás países desarrollados, quedan puestos de relieve en el estudio Perspectivas de las migraciones internacionales que la OCDE acaba de publicar en París.
El informe compara en varias tablas estadísticas el fenómeno migratorio en los países de la OCDE. Saca así a la luz algunos datos llamativos sobre España. De los 30 países miembros de la organización fue, en 2004, el que más inmigrantes recibió (645.000) después de Estados Unidos casi siete veces más poblado que España.
Ese año fue también el segundo país desarrollado, después de Eslovaquia, en el que, con relación a 2003, en mayor proporción (50%) aumentó el número de inmigrantes. En Eslovaquia, sin embargo, la población extranjera sigue siendo muy reducida. Más llamativo aún: España ostenta el récord mundial de incremento del empleo desempeñado por extranjeros. Entre 1994 y 2004 creció un 541,6% o se sextuplicó. Italia ocupa un segundo lugar (322%), lejos del primero.
Otro dato sorprendente, compartido con algunos países del sur de Europa y con Austria, es que la tasa de actividad de los inmigrantes rebasa en España a la de los autóctonos. Inversamente hay más jóvenes españoles (de 15 a 24 años) en paro que extranjeros. El paro de larga duración afecta menos a los inmigrantes que a los españoles. Hay, por último, más extranjeros que españoles que han rebasado los 55 años y que continúan trabajando.
Llegadas recientes.
Pese a todo, en 2004 España sólo figuraba en el décimo puesto de la OCDE por porcentaje de extranjeros (11,2%) sobre el total de la población activa porque, a diferencia de Francia o de Alemania, la inmigración ha sido masiva pero muy reciente. Aun así España ya supera al Reino Unido y a los Países Bajos. La inmigración en España tiene también un lado negativo. Es el país en el que hay más extranjeros desclasificados. Un 42% no ocupan empleos acordes con su nivel de educación. Aunque en menor medida (25%), también los españoles son subvalorados a la hora de ser contratados.
“Los inmigrantes del Cono Sur y los centroeuropeos suelen tener formación pero por varios motivos —uno de ellos la barrera de la lengua para los europeos— no se les saca todo el partido”, señala Jean—Christophe Dumont, uno de los tres autores del informe.
Otro triste récord español en la OCDE es el de la precariedad del empleo. Casi el 45% de los inmigrantes desempeñan trabajos eventuales, un porcentaje que también es elevado, pero menos, entre la población autóctona.
El reparto de la inmigración por sectores de actividad en España es bastante distinto del resto de la OCDE. La construcción absorbe nada menos que el 16,3% de la mano de obra extranjera, seguida por la industria manufacturera (13,6%) y el servicio doméstico (12,2%). En este área, y en la agricultura, España y Grecia se sitúan a la cabeza por la proporción de extranjeros que emplean.
“La aparición de un servicio doméstico relativamente barato está permitiendo a las mujeres formadas incorporarse al mercado de trabajo”, resalta Dumont. “Este y otros ejemplos ponen de relieve la complementaridad entre la mano de obra extranjera y la autóctona”.
“Los trabajadores extranjeros”, señala el informe, “muestran [en España] una fuerte especialización sectorial en función de sus orígenes: los africanos se dedican a la agricultura, los europeos a la industria y los latinoamericanos a la construcción y a los servicios”. La hostelería requiere un cierto conocimiento del idioma del país, de ahí la presencia de los latinos.
Aunque no se atreve a hacer una estimación, Dumont no tiene dudas de que, especialmente en el caso de España, la inmigración ha impulsado el PIB. “Es un país con una fecundidad de las más bajas en el que el desembarco de extranjeros ha sido un dinamizador económico”, asegura.
Otro tanto sucede en varios países desarrollados y algunos, como el Reino Unido, lo han medido mediante estudios: el 16% del crecimiento es achacable a la inmigración. El impacto sobre la renta per cápita es más discutible, pero en ese país lo evalúan en un 0,15%.
Dumont rechaza tajantemente que los extranjeros compitan con los autóctonos en el mercado de trabajo —insiste en que son complementarios— y resalta que la inmigración flexibiliza el mercado laboral e incrementa la movilidad de la mano de obra en países como España donde es reacia a trasladarse de ciudad.
¿Todo son ventajas? No. A corto plazo puede reducir el sueldo medio, pero de forma casi despreciable y la tendencia se invierte a medio y largo plazo.››

Farreres, Ignasi. Economía de la inmigración. “El País” (13-VII-2006) 40. Ignasi Farreres es presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES).
‹‹La inmigración es fundamentalmente un fenómeno de causas económicas. Nadie abandona su tierra si ésta le ofrece perspectivas dignas. La emigración supone un desgarro sentimental y elevados costes de traslado. Pero la esperanza de un mayor bienestar material supera aquellos inconvenientes. Los ingresos del inmigrante le permitirán proveer a su propio mantenimiento, y además subvenir ampliamente el mantenimiento de la lejana familia. Es más; esas transferencias suponen para el país de origen un importante flujo de divisas. En unos cuantos países, las remesas de los emigrantes son el primer renglón de ingresos de su balanza de pagos. Así pues, para los países pobres, la emigración es un alivio social y una ayuda para su proceso de desarrollo.
Veamos ahora el impacto sobre la economía del país receptor. España, y dentro de ella Cataluña, es el país de la OCDE en el que más ha crecido la inmigración en los últimos años —en 2004 cerca de 650.000 entradas, el 50% más sobre 2003—. Afirmamos que el balance económico de la inmigración es claramente positivo. Veámoslo.
Los inmigrantes se integran ocupando los puestos que los nativos dejan vacantes por su dureza o menor cualificación. Con ello aumentan el empleo, la producción, las cotizaciones sociales y hay mayor recaudación fiscal. A su vez, aumenta la demanda, tanto de bienes de consumo como de viviendas. La economía se activa, aumentan el PIB y el bienestar material.
Hay un importante efecto cualitativo. No es propio de timoratos dejar tierra y familia para trasladarse a otra con costumbres y lenguas distintas. Por ello, los inmigrantes, en general, son gente con afán de superación. De entre ellos surgirán gentes con ganas de ascender en la escala social. La primera generación ocupó los lugares más duros. Ellos o sus descendientes ocupan hoy, u ocuparán mañana, puestos preeminentes en la sociedad que les acogió y de la que son parte sustantiva.
Ahora bien, los procesos económicos y sociales no son lineales. Hay impactos dobles: positivos y negativos. Por ejemplo, la inmigración tiende a concentrarse en determinadas casas y barrios de las ciudades, de menor calidad constructiva y urbanística, y por ello, más asequibles económicamente. Su contratación supone unos ingresos para los propietarios y a la vez un descenso del valor de los inmuebles restantes, pues los nativos tienden a huir de ellos.
Una de las principales objeciones, es la de que los inmigrantes y sus familias son notables consumidores de servicios públicos: sanidad, educación y servicios sociales especialmente, y por ello requieren gasto corriente e inversiones para la dotación de infraestructuras. El argumento es cierto; requieren gasto público. Pero no es menos cierto que si esos puestos de trabajo los ocupara gente nativa, ellos y sus familias también requerirían escuelas, ambulatorios o viviendas. Son, por tanto, necesidades de las personas, sean o no inmigrantes. Puede objetarse que con el reagrupamiento familiar acceden familias que tienen muchos hijos y por tanto con muchas necesidades. Pero se da la circunstancia de que tenemos un gravísimo problema de falta de niños, ya que nuestra tasa de natalidad de 1,34 hijos por mujer —un poco recuperada gracias a la inmigración— es de las más bajas del mundo. Con ello, y de momento, esos aportes infantiles nos ayudan a aliviar —que no a resolver definitivamente— el problema.
Veamos una afirmación muy debatida; las cotizaciones de los inmigrantes son la salvación del sistema público de pensiones. Hay dos posiciones: las que niegan cualquier efecto benéfico sobre el sistema y las que aducen que es la solución definitiva. Creo que ni una ni otra cosa. Con nuestro sistema de financiación de las pensiones, llamado de reparto, los nuevos trabajadores inmigrantes, —en general jóvenes—, con sus nuevas cotizaciones refuerzan los ingresos de la Seguridad Social a la vez que mejoran la ratio cotizantes / pasivos. A ello cabe atribuir en parte, la sobrerrecaudación de la Seguridad Social en los últimos años. Por tanto, incorporar esos nuevos cotizantes ayuda a aplazar, quizá durante unos cuantos años, el temido momento en que la ratio descendería tanto que las aportaciones ya no podrían garantizar el pago completo de las pensiones.
Ello no es óbice para que no se exija a los responsables de los sistemas públicos de pensiones que de forma sistemática elaboren rigurosos cálculos previsionales que den a conocer, con suficiente antelación, el balance de equilibrios o desequilibrios futuros, a fin de tomar con tiempo las medidas correctoras que permitan garantizar su viabilidad. Entre otras, atrasar la edad de jubilación, eliminar jubilaciones anticipadas o aumentar el mínimo de años cotizados para devengar derecho a pensión.
Algunos aducen que como los inmigrantes van a los empleos menos cualificados, con menor productividad y salarios, ello implica una disminución de la renta y el PIB por habitante. Pero aun siendo así, ni empobrecen al país —al contrario—, ni los nativos sufren una detracción en sus ingresos per cápita.
Para terminar, un argumento a nuestro parecer contundente. Históricamente, los países receptores de inmigración han sido países protagonistas de importantes procesos de crecimiento económico. Ello redundó en un incremento notable de su desarrollo y bienestar material del que se beneficiaron nativos e inmigrantes. Es el caso de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Chile y ahora España.››

Josefina Cruz Villalón, catedrática de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla, afirma en Política de Estado para rejuvenecer la población [“El País” (24-VII-2013)] que España está en una situación demográfica crítica que exige estimular la natalidad, con datos tan preocupantes como que por primera vez disminuye la población femenina en edad de procrear, una prueba de que avanzamos hacia una sociedad con mayor calidad de vida, pero que languidece en términos biológicos, mientras que, por el contrario, la población mundial ha pasado de 2.000 millones en 1930 a 7.000 en el año 2011, y con tendencia a aumentar:
‹‹Recientemente el INE ha facilitado información sobre el Estado de la Población española, donde por vez primera se ha registrado un crecimiento negativo (-113.902 personas entre 2012 y 2013) y se confirma la persistencia en el descenso de la natalidad, lo que inmediatamente se ha relacionado con la prolongación de la crisis económica. Ciertamente la crisis no ayuda, pero la reducción de la natalidad tiene bastante más que ver con una tendencia estructural de las poblaciones más evolucionadas, como es el caso de España, que con el impacto que la crisis pueda tener sobre nuestra demografía.
Los demógrafos han prestado particular atención a la teoría de la transición demográfica. En síntesis, esta teoría mantiene que las poblaciones humanas han de experimentar un tránsito desde un estadio, denominado primitivo, durante el cual las poblaciones crecen poco, no crecen o incluso experimentan fases regresivas como consecuencia de una elevada natalidad (o natalidad natural) y una mortalidad también elevada debido a las pésimas condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias, a otro estadio de crecimiento igualmente bajo, pero en este caso por el balance de una natalidad y una mortalidad bajas (control extendido de la natalidad y de las enfermedades).
Entre estos estadios, se experimenta un elevado crecimiento, por el desajuste entre ambos parámetros: la mortalidad baja, pero aún no lo ha hecho la natalidad. Este desajuste es responsable, nada menos, de que la población mundial haya pasado de 2.000 millones de habitantes en 1930 a 7.000 millones en el año 2011. Y con tendencia a aumentar a escala planetaria.
La transición por esta fase de crecimiento ha disparado todas las alarmas: de la FAO al Banco Mundial, de las Naciones Unidas a toda ONG que trabaje en países menos desarrollados: ¿Es sostenible este crecimiento? ¿Hasta cuándo se prolongará? ¿Tiene el Planeta Tierra capacidad para soportarlo en términos de recursos alimenticios, agua, etcétera?
Pero mientras el grueso de los países emergentes y menos desarrollados se encuentra inmerso en esta explosión demográfica, cuyo principal reto es atender a la demanda creciente de su población en alimentación, vivienda, infraestructuras, etcétera, los países más evolucionados han alcanzado ya la “tercera fase”. Con ello se han conseguido grandes logros sociales: reducción de la mortalidad en general y de la mortalidad infantil en particular, prolongación de la esperanza de vida, plena capacidad de las mujeres para decidir sobre cuándo y cuántos hijos concebir...
Pero unido a ello, la población se ha envejecido no solo porque los mayores vivan más años, sino porque hay menos jóvenes. De esta forma avanzamos hacia una sociedad con mayor calidad de vida, pero que languidece en términos biológicos y puede incluso poner en peligro su propia supervivencia.
Hace tiempo que la población española no está garantizando el reemplazo de sus generaciones: desde que en 1981 el número medio de hijos por mujer descendió de 2,1. Y esa cifra ha continuado bajando hasta situarse en 1,32 en 2012, sin que se aprecien signos de haber tocado fondo.
La inmigración ha tenido el efecto de mejorar las tasas de fecundidad y natalidad, pero por breve tiempo, ya que la crisis económica está provocando bien la emigración de los inmigrantes (emigrantes de retorno en sus tierras de origen), bien que las inmigrantes que permanecen opten también por tener un menor número de hijos.
Hasta ahora ese descenso de la fecundidad, consciente y querido, no se había traducido en una reducción directa de la población porque las generaciones de mujeres que se han ido incorporando a la edad fecunda eran más numerosas que sus inmediatas antecesoras. Es decir, contábamos con más mujeres de entre 20 y 30 años, por ejemplo, que de entre 30 y 40 años. Por tanto, aunque la tasa, la proporción de nacimientos, se estuviera reduciendo, el número absoluto de mujeres en edad fecunda era mayor y el número de nacidos no descendía tanto.
En estos momentos España se encuentra en un momento crítico por lo que a la renovación de su población hace referencia. El descenso de los nacimientos se explica no solo por el control generalizado de la natalidad (registrando uno de los valores más bajos de nuestro entorno europeo), sino que lo novedoso, y también lo preocupante, es que por vez primera ha descendido el número absoluto de mujeres en edad de procrear en relación a las generaciones anteriores. Este es un dato de una gran trascendencia, pero cuya repercusión en la dinámica de la población española no está siendo suficientemente valorado.
El baby boom español se situó entre 1970-1975. A partir de entonces año tras años han descendido los nacidos en España. Hoy, las niñas nacidas en esas fechas están cumpliendo los cuarenta años y pronto completarán su ciclo reproductor. Y entonces... Entonces, si no se corrige la tendencia a la baja de la fecundidad, el número de defunciones superará al de nacimientos y entraremos en una fase de crecimiento vegetativo negativo, a la vez que crece la proporción de persona de más edad.
Sin entrar a valorar aquí la relación que el Gobierno y sus expertos están haciendo de esta realidad para acometer una nueva reforma del sistema de pensiones, que merecería un comentario más extenso, de lo que no cabe ninguna duda es de que en España se debería acometer ya de forma decidida, como una política de Estado, la del rejuvenecimiento de su estructura demográfica, que sería abordar el problema del envejecimiento de la población en su raíz y no únicamente en sus síntomas. Esto tiene dos vías: la recuperación de la fecundidad y el fomento de la inmigración. Sin obviar el papel de la segunda, pero que solo podría ser efectiva en un contexto económico de crecimiento continuado, en el caso de la primera se hace preciso implementar políticas estables y efectivas (no efectistas) para modificar la tendencia de reducción de natalidad, en cuyo origen se encuentran una multitud de factores (de la vivienda al paro juvenil, de la no penalización de la mujer en el trabajo a la conciliación real, de la dotación de un sistema eficaz de guarderías a…). No son políticas de árbol, sino de bosque. No son políticas cuyos resultados vayan a ser percibidos en el corto plazo, pero imprescindibles para modificar el rumbo de la dinámica de nuestra población en el medio plazo.››