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domingo, 27 de mayo de 2018

Dosier: La transparencia política en España.


Dosier: La transparencia.

Resultado de imagen de ley de archivos oficiales ESPAÑA

Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.


Hay un consenso generalizado entre los expertos acerca de que la transparencia informativa sobre las decisiones administrativas, tanto en su proceso como en su resultado final, es uno de los mayores factores en beneficio de la eficacia y de una menor corrupción. 
En España ha tardado demasiado la aplicación de la Ley de Transparencia, pero a finales de 2014 el Gobierno del PP dio un primer paso.
El editorial Transparencia, pero poca [“El País” (11-XII-2014)] celebraba la mayor apertura informativa sobre la Administración del Gobierno del PP, pero exige un grado mayor:
‹‹Si el propósito de la ley de Transparencia es contribuir a que los ciudadanos estén informados sobre cómo se toman las decisiones o cómo se manejan los fondos públicos, los más de 500.000 datos de la Administración del Estado publicados ayer electrónicamente ofrecen solo una primera y vaga respuesta a tales objetivos. Aun así, es positivo empezar a consolidar la idea de que las Administraciones Públicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habrán de responder a los requerimientos de información de los ciudadanos.
España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea sin una legislación de este tipo. Ningún Gobierno anterior consideró necesario facilitarlo —Zapatero aprobó un proyecto cuando estaba a punto de disolver el Parlamento— y por lo tanto corresponde al Ejecutivo del PP el mérito de haber promovido la primera ley en la materia que entra en vigor, y que comienza a ser aplicada de manera efectiva.
Es verdad que los primeros resultados ofrecidos resultan decepcionantes. Haber colocado en el portal de la Transparencia unas tablas con las retribuciones de altos cargos permite ejercicios más bien anecdóticos, como el de comparar los bajos sueldos del jefe del Gobierno y de los ministros con los más elevados de sus subordinados directos. Pero no se dispone de los registros de entrada y salida de los ministerios, ni de las deliberaciones previas a las decisiones.
Además de las zonas de sombra informativa previstas por la ley (seguridad y defensa, intereses económicos o comerciales, política económica, relaciones exteriores), se excluye durante un año la transparencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El portal electrónico tampoco colma la necesidad de que los viajes de altos cargos y parlamentarios pagados por el erario estén a disposición del público. Y está a medio preparar el Consejo de la Transparencia, encargado de administrar el sistema y que, como se sabe desde la aprobación de la ley, no es un órgano independiente: está vinculado al Ministerio de Hacienda.
Pero se puede (y se debe) exigir información no publicada. Son los ciudadanos los que tienen que abrir camino al nuevo procedimiento establecido por la ley, demandando los datos que precisen. Con una normativa que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las diversas Administraciones —o si estas hubieran estado obligadas a colgar en Internet las recalificaciones de terrenos—, se hubieran podido evitar o dificultar algunos de los hechos graves que han disparado la inquietud ciudadana por los abusos de dinero público a los que hemos asistido.
Por eso hay que saludar el comienzo de la aplicación de la Ley de Transparencia. Ser exigentes con ella es el mejor modo de poner fecha de caducidad al secretismo que ha actuado como partero de la corrupción.››

El editorial Abrir los archivos oficiales [“El País” (22-III-2018)] señala que la ley actual que regula la desclasificación de documentos públicos es incompatible con las prácticas democráticas, y debe hacerse por mor de la historia (y añado) pero también de la transparencia en la gestión pública:
‹‹Los secretos oficiales son en España inaccesibles y perennes. Con algunos retoques preconstitucionales, la ley que los protege data de 1968. Para la dictadura franquista, mantener cerrada la puerta de la historia a los investigadores formaba parte de su propia supervivencia, pero ese oscurantismo resulta incompatible con las prácticas democráticas. Con 40 años de retraso, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado una iniciativa presentada por el PNV hace 18 meses para comenzar la tramitación de una nueva ley que ponga fin a una normativa obsoleta, anómala e injustificable.
España no tiene establecido un procedimiento automático que permita la desclasificación de documentos e informes públicos. El texto que ahora empieza a andar en el Congreso prevé un plazo máximo de 25 años, con la posibilidad de que en casos determinados los secretos oficiales se puedan prorrogar otros 10 años siempre y cuando cuente con una decisión “excepcional y motivada” del Consejo de Ministros. Salvaguardar la información delicada o que afecte a la seguridad del Estado es una cuestión indiscutible. Pero no todos los documentos requieren el mismo grado de protección.
La ley que permitirá abrir los archivos que albergan documentos secretos, reservados, confidenciales o de difusión limitada no solo es una exigencia de transparencia y acceso a la información de todos los ciudadanos. Es también la justa respuesta a una vieja reclamación de la comunidad académica. Los historiadores han visto demasiadas veces obstaculizadas sus investigaciones por la inexistencia de una ley que establezca el momento preciso en el que puedan indagar en los archivos custodiados.
La reforma beneficiará de manera especial a los historiadores españoles que a menudo se han visto obligados a bucear en registros y ficheros extranjeros para saber lo que pasó en su propio país.››

FUENTES.
Internet.




Noticias. Orden cronológico. 
Cué, C. E. El portal de transparencia arranca con 500.000 datos. “El País” (10-XII-2014) 14-15. Se aplica la Ley de transparencia.
Sevillano, E. G.; Martín-Arroyo, J. Una transparencia distinta según el que la pida. “El País” (20-III-2018). Las distintas normas de transparencia de las CCAA.
González, M. PP y PSOE pactan que los documentos secretos sean públicos a los 25 años. “El País” (21-III-2018).
Carretero, Nacho. Una docena de ‘lobbies’ acapara el poder en España. “El País” (28-IV-2018).

Opiniones. Orden alfabético.
Editorial. Transparencia, pero poca. “El País” (11-XII-2014) 30.
Editorial. Abrir los archivos oficiales. “El País” (22-III-2018).

El control del correo de cargos públicos.
Noticias. Orden cronológico. 
López-Fonseca, Ó. Pérez, F. J. La Comunidad de Madrid borró los correos de Granados que pide el juez del ‘caso Púnica’. “El País” (1-III-2018).
López-Fonseca, Ó.; Pérez, F. J. El ‘caso Púnica’ revela la falta de control del correo de los altos cargos. “El País” (2-III-2018). La Comunidad de Madrid borró los correos de Granados que exigió el juez.
Marcos, José. La oposición pide a Rajoy una legislación común del borrado del correo de altos cargos. “El País” (3-III-2018).

Opiniones. Orden alfabético.
Martín-Arroyo, J. Estrella Gutiérrez / Experta en custodia de datos. ‘Debe haber una norma clara para conservar documentos públicos’. “El País” (3-III-2018).


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