HMA 3. España. Dosier: el Tribunal Constitucional.
Índice
Introducción.
La problemática interna del TC.
La propuesta de reforma del TC en 2015.
La no renovación del TC en 2018-2022.
La interpretación de la Constitución y las leyes.
¿Ante la pandemia, estado de alarma o estado de excepción?
Introduccción.
La función del Tribunal Constitucional (TC) de
España es la de ser el intérprete supremo y velar por el cumplimiento de la
Constitución; es independiente de los demás órganos constitucionales y está
sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.
Le corresponde la última interpretación de los
preceptos constitucionales: cuando una ley es aprobada por el Parlamento es el
Tribunal Constitucional quien, ante un recurso, fija la validez (la adecuación
a la Constitución) o no de esa ley, si se declara
inconstitucional esa ley pierde todo su valor. Le corresponde también el fijar
la extensión y límites de los derechos ciudadanos como la libertad, igualdad,
justicia y pluralismo político.
La problemática interna del TC.
La paralización durante largos años de la renovación del Tribunal Constitucional (TC) demostró la lamentable politización de este organismo esencial para la consolidación de la democracia. El atraso disminuyó la confianza de los ciudadanos en la neutralidad de las instituciones y en la adecuación de las leyes y las decisiones administrativas a los principios generales de nuestra Constitución democrática, perfectible sin duda, pero homologable a las mejores constituciones europeas.
Desde 2013 urge un gran acuerdo entre los partidos para recuperar el primer espíritu de la Transición, cuando los nombramientos se hacían mayoritariamente en base al prestigio de los jueces y no a la conveniencia ideológica de los dirigentes de los principales partidos. El PP tiene aquí una especial responsabilidad, puesto que los juristas independientes concuerdan en que este partido ha sido el principal protagonista de esta degradación, como demostró su insistencia en el nombramiento del juez Enrique López, reiteradamente rechazado por la oposición debido a su partidismo extremo y su falta de suficiente competencia jurídica.
Un editorial, Blindaje político [“El País” (8-VI-2013)] ya hacía hincapié en estos peligros:
‹‹Los nombramientos realizados ayer para renovar a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no solo vuelcan hacia los conservadores la mayoría de este órgano, sino que acentúan la dependencia política de algunos de sus componentes. La particularidad del caso es que el Tribunal tiene que decidir sobre recursos de gran calado, desde la ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno socialista hasta el plan soberanista de la Generalitat de Cataluña. También, sobre los recortes del gasto social llevados a cabo por el Gobierno, la amnistía fiscal, el euro por receta, el plan de privatización de la sanidad madrileña y la libertad de Arnaldo Otegi, el secretario general de Sortu. Asuntos todos ellos merecedores de un Tribunal respetado, más que un órgano del que cabe presumir serias carencias en lo que se refiere a la autonomía de sus magistrados.
Destaca sobre todo uno de ellos, Enrique López, jurista clara e inequívocamente alineado con las posiciones ideológicas más duras. El PP llevaba años tratando de situarlo en el Constitucional a través de los cupos que corresponde nombrar al Congreso y al Senado, y al no conseguirlo —principalmente por el veto del PSOE—, el Consejo de Ministros lo ha impuesto utilizando su propio cupo, completado con Pedro González-Trevijano, un profesional con menos aristas partidarias. A su vez, el Consejo del Poder Judicial ha nombrado a otras dos personas, el conservador Santiago Martínez Vares y el progresista Juan Antonio Xiol, con los que se completa esta renovación.
El giro conservador sucede a otros anteriores en sentido contrario. Está claro que la batalla para evitar que el Constitucional sea la continuación de la política por otras vías se perdió hace tiempo, y se constata la distancia entre este resultado y las pretensiones de los constituyentes. La cultura del consenso y de la lealtad institucional han caído bajo el peso de la instrumentalización partidista.
Súmese a ello los plazos inusitadamente largos para decidir: a título de ejemplo, basta comparar los siete años empleados por el Tribunal español para fallar sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual, con el mes escaso que su homólogo francés tardó en decidir respecto a la normativa francesa en esa materia. Sin olvidar los casi cuatro años utilizados para pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, con la secuela de frustraciones que provocó una decisión tardía cuando ya se había consolidado el statu quo del nuevo marco legal.
A falta de voluntad política de rectificación, los componentes del Constitucional deben hacer un esfuerzo de responsabilidad. Los temas que tienen entre manos son demasiado sensibles como para validar o rechazar secamente los recursos de unos y otros. Deben dar una oportunidad a la tarea constructiva para establecer, si la hay, la lectura correcta entre las posibles, tratando de orillar las disciplinas políticas.››
Al poco tiempo se evidenciaron los graves peligros del error en la confección política del TC, al estallar un escándalo mayúsculo. Su recién elegido presidente, Francisco Pérez de los Cobos, un jurista de reconocido prestigio en su especialidad de derecho laboral, pero muy escorado hacia el PP durante su carrera jurídica, resultó que había escondido al Senado, durante la tramitación de su nombramiento, su condición de afiliado a dicho partido, lo que vulnera las normas del TC y de la Constitución según muchos de los especialistas en Derecho Constitucional. Concretamente se han sobrepasado las normas del artículo 127 de la Constitución que prohíbe la afiliación política a los jueces y les exige ‘total independencia’, refrendado en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin duda todas las personas tienen derecho a tener ideas políticas y a votar por ellas, y nada habría que objetar a que quienquiera fuera simpatizante de un partido, pero en este caso la militancia es inadmisible, porque es fundamental para la democracia la independencia del poder judicial e incluso es más esencial esta independencia en el caso de los miembros del TC, un organismo superior al poder judicial porque tiene como transcendental competencia garantizar la armonía de todos los poderes del Estado, incluido el mismo poder judicial.
Francisco Pérez de los Cobos, presidente del TC en 2013. Fue sustituido por el también conservador Pedro González Trevijano. Foto tomada de "El País".
El editorial No vale [“El País” (19-VII-2013)] refleja el malestar de gran parte de la opinión pública ante este nuevo escándalo :
‹‹El descubrimiento de que el Partido Popular colocó a uno de sus militantes, Francisco Pérez de los Cobos, como magistrado del Constitucional en diciembre de 2010 —y presidente del tribunal desde el 19 de junio pasado— agrava la crisis de credibilidad de las instituciones. Varias de ellas se encuentran afectadas por problemas partidistas, pero la sociedad tiene que fiarse, al menos, de la imparcialidad e independencia del intérprete máximo de la Constitución, encargado de resolver asuntos tan controvertidos como el proceso soberanista de Cataluña, la reforma laboral o la legislación del aborto, además de la garantía de los derechos y libertades. Por eso, esta vez se ha llegado demasiado lejos.
La militancia de Pérez de los Cobos fue mantenida en secreto durante dos años y medio: hasta ayer, en que fue revelada por este periódico tras aparecer en un listado del caso Bárcenas. El hoy presidente del Constitucional ocultó su afiliación al PP durante la sesión del Senado dedicada a escuchar a los candidatos al alto tribunal, previa al nombramiento. Presentarse ante los representantes de los ciudadanos como “un modesto profesor universitario”, y omitir su pertenencia a un partido político, suena a laguna mental inexplicable, si no a burla. Los senadores que le examinaron tampoco se ganaron el sueldo: pero el jurista, por serlo, conocía mejor que sus auditores que ese dato no era menor.
Pérez de los Cobos pagó la cuota de afiliado por lo menos hasta 2011. El interesado y sus pares quitan trascendencia a ese hecho, alegando que no está prohibido ser magistrado del Constitucional y militante político. El texto de la Constitución no es tan evidente: el artículo 159,4 dice que la condición de miembro del alto tribunal es incompatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos”, y agrega: “En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial”. Que, según el 127 de la Constitución, tienen prohibida la pertenencia a partidos y sindicatos “mientras se hallen en activo”. En apoyo de la tesis de la compatibilidad, el alto tribunal recuerda la existencia de un auto de 1988 en el que —a propósito de rechazar una recusación—, se mencionaba que la ley del Tribunal Constitucional “no impide que los magistrados de este tribunal puedan pertenecer a partidos políticos”.
Dejemos a los juristas que discutan cómo debe interpretarse el juego de las normas. Lo que necesitan los ciudadanos es confiar, precisamente, en la independencia e imparcialidad de los intérpretes. Eso es lo que ha quedado cuestionado. No se trata de despojar a los magistrados de toda afinidad ideológica, sino de extremar el rigor y ofrecer, en caso de duda, la interpretación más favorable a la imparcialidad. La disciplina partidista está reñida con la magistratura constitucional, mucho más si la duda recae en quien ha obtenido la presidencia del tribunal.
Otras personas con vinculaciones políticas son o han sido magistrados del Constitucional. Por ejemplo, Andrés Ollero, actual magistrado, fue diputado del PP durante 17 años y abandonó el partido antes de ser elegido miembro del Constitucional. Su colega Pérez de los Cobos, por el contrario, ocultó la condición de afiliado. Nadie discute sus méritos profesionales, sino la falta de rigor —para no hablar de la falta de sentido común— manifestada por la omisión de la militancia. Su autoridad para mantenerse al frente del Constitucional queda cuestionada. Él mismo debería ser el primero en extraer las debidas consecuencias.››
El analista Jan Martínez Ahrens, en Usted engañó, señor presidente [“El País” (19-VII-2013)] da un contundente varapalo al presidente del TC y concluye que debe dimitir porque ¿cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?:
‹‹El presidente del Tribunal Constitucional ha dejado de ser una persona fiable. Cuando accedió a la más alta magistratura que pueda ocupar un jurista ocultó que era un militante del Partido Popular que pagaba religiosamente las cuotas. De poco vale argumentar que la ley permite la afiliación de los componentes de este tribunal. Nadie con sentido común puede aceptar que quien está destinado a decidir sobre las más graves cuestiones de un país, esconda a la ciudadanía a la que sirve y a los partidos que le tienen que votar (excepto uno, claro está) que ha cerrado un contrato de militancia con la formación que le ha promocionado. A diferencia del voto o la afinidad ideológica, perfectamente defendibles, la afiliación a un partido entraña la aceptación de unas normas, jerarquías y directrices cosificadas en sus estatutos. Y estos, en el caso del Partido Popular, son meridianos. Cito textualmente el punto 1b, aquel que trata sobre los deberes del militante: “Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas internas del partido, las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales, y ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular”.
Pueden, quienes quieran, defender que la Constitución admite, a través de alambicadas remisiones, que un magistrado sea militante. Incluso cabe alegar que un magistrado del Constitucional no es juez y que, por lo tanto, está liberado de la prohibición de pertenecer a un partido. Pero difícilmente podrán sostener que los padres de la Carta Magna estarían de acuerdo con que el máximo árbitro de los derechos fundamentales de los españoles, milite a escondidas en un partido. La situación creada por Pérez de los Cobos es demencial y amenaza con contaminar el trabajo del tribunal que preside. ¿Cuántos recursos presentados por el PP y sus terminales gubernamentales han pasado por sus manos y le han tenido como ponente o votante sin que nadie en la sala supiese que era un militante de ese mismo partido? ¿Cómo se puede admitir que se aferre al puesto quien ha traicionado la confianza de sus propios compañeros? ¿Cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?
Nunca hasta ahora, la práctica del Partido Popular (y de otras formaciones) de ocupar los puestos de responsabilidad de organismos arbitrales y teóricamente independientes había llegado tan lejos. Pérez de los Cobos, cuyos méritos técnicos nadie pone en duda, se presentó a sí mismo en el Senado, en el fallido examen para su aprobación como magistrado del Constitucional, como un “modesto profesor universitario”. Ahora se ha descubierto cuál era el secreto de su meteórica carrera. Y también ha quedado al descubierto la hipocresía de sus jefes de partido, que le enviaron como un experto independiente, cuando era su militante. Posiblemente a este espectáculo le acompañe otro peor: el de su permanencia en el puesto, ajeno a la confianza traicionada, a la farsa creada en torno a su figura, al simulacro de una justicia a la que no le quedan ya máscaras con las que ocultar su deterioro ético.››
Javier Pérez Royo, en Contra el sentido común [“El País” (20-VII-2013)] afirma que la situación es insostenible políticamente, porque al ocultar información al Senado, Cobos vició el proceso de formación de la voluntad del órgano que lo designó:
‹‹Estamos en 2013 y no en 1978. Literalmente, la Constitución es la misma salvo en sus artículos 13 y 135, que han sido objeto de reforma. Pero materialmente no es la misma. Los casi 35 años transcurridos desde su entrada en vigor no han pasado en vano. Cosas que eran admisibles constitucionalmente en el momento de la inicial puesta en marcha de la Constitución, no pueden serlo consideradas hoy. (…) La diferencia está en la práctica constitucional democrática, de la que España había carecido antes del proceso constituyente de 1978 y de la que, afortunadamente, hoy disponemos.
Viene a cuento esta introducción del debate que se ha abierto al haberse tenido noticia de que el presidente del Tribunal Constitucional accedió a la condición de magistrado siendo militante del PP. La reacción inicial en la opinión pública ha sido una mezcla de sorpresa e indignación, ya que nadie podía imaginarse esa coincidencia de militancia partidaria y ejercicio de la jurisdicción constitucional.
La presidencia del Constitucional ha convocado inmediatamente a los magistrados, que han dado publicidad a una nota institucional en la que, con base en una interpretación literal de la Constitución, han informado a la ciudadanía de que no existe incompatibilidad, ya que la Constitución únicamente hace incompatible la condición de magistrado constitucional con la de una “función directiva” de un partido.
Que la Constitución dice eso no es discutible. Más aún: la redacción del inciso en que se establece esa incompatibilidad figura en el primer anteproyecto de Constitución (5 de enero de 1978) y se mantuvo incólume a lo largo de todo el iter constituyente. Hay pocas dudas de que es lo que el constituyente dijo.
Pero esa interpretación literal no es la única posible. Con una interpretación sistemática y con una interpretación teleológica de la Constitución se llega al resultado opuesto. No tiene sentido que la Constitución sea menos exigente en la incompatibilidad de magistrados del Tribunal Constitucional que en la de los miembros del Poder Judicial, cuando a los segundos se les somete al imperio de la ley, mientras que a los primeros se les hace jueces de la misma. Los magistrados constitucionales pueden anular la voluntad del legislador exteriorizada en la ley. Los jueces ordinarios, no. La independencia de los partidos es mucho más necesaria en los magistrados constitucionales que en los jueces ordinarios, pues los primeros controlan la interpretación de la Constitución que hacen los distintos partidos al aprobar la ley, mientras que a los segundos les está prohibida.
Entre la voluntad del partido en la aprobación de la ley y el juez ordinario en el ejercicio de la función jurisdiccional no hay ninguna conexión. Entre la voluntad del partido en la aprobación de la ley y el juez constitucional la conexión es inmediata. Piénsese en el aborto o en los decretos leyes de recortes sociales o en el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre desahucios. La más mínima conexión del juez constitucional con un partido afecta de manera esencial a su imparcialidad, que es la razón de ser de su independencia. Pues la independencia no es más que la garantía orgánica del ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Mucho más exigible, por razones obvias, en la jurisdicción constitucional que en la ordinaria.
Tras 35 años de vigencia de la Constitución, esto no lo discute nadie. No hay manera de defender con base en la Constitución de 1978, interpretada en su integridad, la compatibilidad de la militancia partidaria con el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Un inciso de un artículo no puede vaciar de contenido la Constitución.
No se puede justificar de ninguna manera la conducta del presidente del Constitucional. Y menos tras haber ocultado información al Senado y haber viciado con ello el proceso de formación de la voluntad del órgano que lo designó. En 1978-80 tal vez hubiera podido darse por bueno el resultado de esta interpretación literal. En 2013, de ninguna de las maneras.››
La propuesta de reforma del TC en 2015.
La propuesta de reforma del TC presentada por el PP en septiembre de 2015, dándole poderes para castigar directamente a los que no cumplan sus mandatos, ha desencadenado enconadas protestas de la mayoría de los otros partidos y de muchos juristas, porque incumple la separación de poderes y desprestigia a una institución que debería quedar fuera de la controversia política.
La no renovación del TC en 2018-2022.
Las evidencias desde 2004 apuntan a que el PP pretende controlar de manera permanente y con los medios que hagan falta, legales o no, la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial a fin de imponer e instrumentalizar de manera partidista sus decisiones, unas veces para tapar los casos de corrupción y en otras ocasiones para desmontar en los tribunales las leyes y decisiones del Parlamento y el Ejecutivo cuando no tenga la mayoría en estos poderes.
Esta política judicial del PP rompe con el principio fundamental de la separación de poderes, esencial en las democracias parlamentarias, erosiona la confianza de los ciudadanos en el sistema y alimenta el extremismo populista de la derecha y la izquierda más radicales.
De resultas, los problemas han continuado en los años siguientes, con la negativa contumaz del PP a renovar el TC cuando está en la oposición, alegando en cada ocasión diversos pretextos. Parte de las organizaciones judiciales y de los medios de comunicación más afines al conservadurismo y a la extrema derecha pretenden ocultar la responsabilidad principal del PP extendiendo la culpa a los otros partidos, en especial al PSOE.
El 28 de noviembre de 2022 el Gobierno ha postulado como miembros a Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso, sin esperar al CGPJ, bloqueado por los conservadores, y ha promovido una reforma legal para conseguir que el TC acepte desbloquearse. La reacción del sector conservador, fielmente alineado con el PP, ha sido intentar bloquear también esta reforma, aunque sea bloqueando a su vez al poder legislativo.
FUENTES.
Internet.
La problemática interna del TC.
Noticias. Orden
cronológico.
Garea, Fernando. Giro conservador en el Constitucional. “El País” (7-VI-2013) 12-13.
Cué, C. E.; Fernández, J. A. El PP consolida el control político del Constitucional con magistrados fieles. “El País” (8-VI-2013) 10-11.
Fabra, María. Cobos, presidente del Constitucional por unanimidad. “El País” (20-VI-2013) 13.
Fabra, M.; Mercado, F. Un laboralista afín a la patronal. “El País” (20-VI-2013) 14. Perfil de Cobos.
Fabra, M. El presidente del Constitucional figura en la lista de afiliados del PP. “El País” (18-VII-2013) 10-11.
Fabra, M. Aupado a la cúspide por los populares. “El País” (18-VII-2013) 10.
Fabra, M. El presidente del Constitucional defiende su militancia en el PP. “El País” (19-VII-2013) 12-13.
Ceberio Belaza, Mónica. ‘Pérez de los Cobos dimitiría si pensara en el prestigio del tribunal’. “El País” (19-VII-2013) 13.
Díez, Anabel. Rubalcaba exige la comparecencia de Cobos por ocultar su militancia. “El País” (19-VII-2013) 14.
Cué, Carlos E. Pons defiende la militancia de Cobos. ‘Acabará siendo punible votar al PP’. “El País” (19-VII-2013) 15.
Garea, F. El PP ocupa con sus militantes la dirección de instituciones del Estado. “El País” (19-VII-2013) 16.
Martínez Ahrens, Jan. Usted engañó, señor presidente. “El País” (19-VII-2013) 16. Varapalo al presidente del TC.
Cué, C. E. El Gobierno apoya la militancia en el PP de Cobos y cree que no le inhabilita. “El País” (20-VII-2013) 10.
Fabra, M. La afiliación de Pérez de los Cobos desata una ola de impugnaciones. “El País” (20-VII-2013) 11.
Garea, F. El Constitucional admite la ‘apariencia de parcialidad’ para recusar a sus miembros. “El País” (22-VII-2013) 14.
Fabra, M. Dudas en el Constitucional sobre la idoneidad de Cobos como presidente. “El País” (23-VII-2013) 14.
Redacción. Rajoy defiende el nombramiento: ‘La renovación del tribunal se hizo bien, en tiempo y forma’. “El País” (23-VII-2013) 14.
Noguer, Miquel. La Generalitat da el paso para recusar al presidente del Constitucional. “El País” (24-VII-2013) 10-11.
Garea, F. El PP bloqueará la comparecencia de Pérez de los Cobos en el Congreso. “El País” (24-VII-2013) 11.
Fabra, M. Cobos asesoró al PP desde 1992. “El País” (29-VII-2013) 22-23.
Díez, A. La oposición se revuelve contra el rechazo del PP a que Cobos se explique. “El País” (30-VII-2013) 16.
Noguer, M. La Generalitat pedirá la recusación de Pérez de los Cobos en 24 litigios. “El País” (31-VII-2013) 18.
Fabra, M. Cobos deja el puesto en la OIT que compatibilizaba con el Constitucional. “El País” (29-VIII-2013) 12.
Fabra, M. La independencia de Cobos divide el pleno del Tribunal Constitucional. “El País” (18-IX-2013) 12-13. El TC rechaza las recusaciones de la Generalitat (que tiene pendientes 26 recursos ante el TC) y cambia radicalmente su interpretación de la imparcialidad, muy estricta cuando la aplicó a Pérez Tremps para apartarlo del recurso del Estatuto de Cataluña solo porque había redactado un informe, y muy flexible ahora para favorecer al nuevo presidente, el militante del PP y conservador Pérez de los Cobos. Los expertos constitucionales critican este cambio, que prueba la excesiva politización derechista de los magistrados, incluso de algunos considerados ‘progresistas’.
Fabra, M. Una ‘duda’ sobre su imparcialidad bastó para recusar a Pérez Tremps. “El País” (18-IX-2013) 12-13.
Fabra, M. El Constitucional avala a Cobos pese a su ‘posición ideológica’ sobre Cataluña. “El País” (24-IX-2013) 12.
Fabra, M. Los votos particulares critican el ‘modelo de independencia’ y la falta de transparencia. “El País” (24-IX-2013) 12.
Fabra, M. El Tribunal de Estrasburgo analizará la objetividad del presidente del Constitucional. “El País” (26-IX-2013) 12.
Rincón, R.; Pérez, F. J. El
Constitucional afronta su renovación en pleno debate sobre el plan
independentista. “El País” (30-XII-2016).
Garea, F. El PSOE impone su veto a
Ollero en el pacto con el PP para el Constitucional. “El País” (25-I-2017).
Se renovarán cuatro puestos, dos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV.
Rincón, R. González Rivas gana
fuerza para presidir el Constitucional. “El País” (26-I-2017).
Rincón, Reyes. El conservador
González Rivas presidirá el Constitucional. “El País” (23-III-2017).
Gálvez, J. J. Los conflictos que
más ‘duermen’ en el Constitucional. “El País” (10-III-2019). El tema más
antiguo pendiente de resolver: 9 años.
Brunet, J. M. El Constitucional da por hecho que seguirá interino un largo plazo.
“El País” (10-V-2020). Los partidos no negocian la renovación y hay dos
recursos muy importantes, de los condenados por el ‘procés’ y el del estado de
alarma, que retrasan la conveniencia del relevo.
Brunet, J. M. La pandemia tensa al Tribunal Constitucional. “El País” (29-V-2020). Crece la tensión entre los sectores conservador y progresista sobre el estado de alarma y otros asuntos a decidir.
Brunet, J. M. La tensión política aviva la disputa interna en el Tribunal Constitucional. “El País” (12-VI-2020).
Brunet, J. M. La fractura interna bloquea el Tribunal Constitucional. “El País” (21-VI-2020).
Brunet, J. M. El juez del Constitucional procesado por malos tratos renuncia al cargo. “El País” (15-X-2020). El TC pierde al magistrado progresista Fernando Valdés.
Brunet, J. M. El Constitucional se fractura ante sentencias clave de sesgo conservador. “El País” (9-XII-2020).
Brunet, J. M. Un tribunal fatigado en plena batalla política. “El País” (19-VII-2021).
Cué, C. E.; García de Blas, E. El PSOE acepta perfiles duros del PP para renovar el Constitucional. “El País” (22-X-2021).
Brunet, J. M. La sombra de la recusación. “El País” (23-X-2021). El historial de los cuatro nuevos magistrados del TC, todos de marcado perfil político, les expone a ser recusados en determinados procesos. Los conservadores Concepción Espejel y Enrique Arnaldo y los progresistas Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán.
Brunet, J. M. El Constitucional admite a los aspirantes por nueve votos a uno. “El País” (12-XI-2021).
Casqueiro, J.; Hermida, X. El Congreso lleva a Arnaldo al Constitucional pese al escándalo. “El País” (12-XI-2021). Solo seis diputados se rebelan al pacto entre PSOE, PP y Podemos.
Casqueiro, J. Enrique Arnaldo, un muñidor en la sombra ligado al PP. “El País” (14-XI-2021).
Brunet, J. M. El Constitucional más próximo al PP revisará las leyes clave del Gobierno. “El País” (20-XI-2021). El presidente será el conservador González-Trevijano durante siete meses.
Brunet, J. M. El nuevo Constitucional se conjura para evitar la bronca. “El País” (23-XI-2021). Se establece un sistema de consultas que facilite los acuerdos previos pr consenso antes de que un asunto sea llevado a pleno para su deliberación formal.
Brunet, J. M. El Constitucional cambia su doctrina para blindarse ante las recusaciones. “El País” (17-XII-2021). Sostiene que ningún juez puede ser “descalificado en razón de sus ideas”.
Brunet, J. M. El presidente del Constitucional se reserva el control de los proyectos de sentencia. “El País” (5-I-2022).
Romero, J. M. El Gobierno forzará el desbloqueo de la renovación del Constitucional. “El País” (18-VII-2022).
Rincón, R. Los conservadores del CGPJ revientan la negociación del Constitucional. “El País” (6-X-2022). Los conservadores alegan no tener candidatos. Los progresistas piden a Lesmes “vías alternativas”.
Brunet, J. M. El PP urge al Constitucional a resolver ahora asuntos clave. “El País” (1-XI-2022). Quiere aprovechar la hegemonía actual de los miembros conservadores para ganar sus recursos contra leyes progresistas.
Rincón, R. Los conservadores del CGPJ vuelven a retrasar la renovación del Constitucional. “El País” (17-XI-2022). Rechazan designar a los magistrados del TC antes de que el Supremo decida sobre la suspensión de Mozo como presidente suplente del CGPJ.
Cué, C. E.; Rincón, R. El Gobierno se dispone a nombrar a sus dos magistrados del Constitucional. “El País” (23-XI-2022). El Gobierno está harto de los retrasos que impone el sector conservador del CGPJ.
Brunet, J. M. El Constitucional aparca desde junio fallos clave por el bloqueo del PP en el CGPJ. “El País” (28-XI-2022).
Cué, C. E. Sánchez renueva el Constitucional con el exministro de Justicia. “El País” (29-XI-2022). El Gobierno nombra a Juan Carlos Campo y Laura Díaz Bueso, sin esperar al CGPJ, bloqueado por los conservadores.
Rincón, R. Otro viaje de ida y vuelta de la política a los tribunales. “El País” (29-XI-2022). El Gobierno nombra a un magistrado que fue ministro y a una magistrada que fue alto cargo en La Moncloa y asesoró a la Generalitat.
Brunet, J. M. La nueva controversia puede llevar al choque de instituciones. “El País” (29-XI-2022). El TC decidirá si admite o veta los nombramientos del Gobierno.
Brunet, J. M. El Constitucional apremiará al Poder Judicial para que nombre a sus dos magistrados. “El País” (30-XI-2022).
Cué, C. E. El Gobierno se defiende de la tormenta por la renovación del TC. “El País” (30-XI-2022).
Brunet, J. M. El Constitucional rechaza celebrar ya un pleno para examinar a Campo y Díez. “El País” (1-XII-2022).
García de Blas, E.; Ayuso, S. Reynders recuerda que otros países ya tienen a exministros en sus tribunales. “El País” (1-XII-2022).
Rincón, R. Los conservadores del CGPJ rechazan al candidato progresista al Constitucional. “El País” (2-XII-2022).
Ayuso, S. El PP denuncia en la UE el nombramiento del exministro Campo. “El País” (3-XII-2022).
Ayuso, S. De la política al Constitucional, un paso extendido en Europa. “El País” (3-XII-2022). Una práctica común en Francia, Alemania o Italia. En Bélgica incluso se exige que al menos tres jueces sean parlamentarios.
Rincón, R. Los vocales llegarán al próximo pleno sin pacto sobre los candidatos. “El País” (3-XII-2022). Los conservadores rompen las negociaciones porque los progresistas no aceptan que los primeros decidan (o impongan) el candidato progresista.
Cué, C. E. El sector progresista tema un bloqueo indefinido en el Tribunal Constitucional. “El País” (6-XII-2022). Los conservadores del TC pueden paralizar su renovación para que no cambie a una mayoría progresista.
Brunet, J. M. El órgano de garantías queda a expensas del pleno del Poder Judicial del día 22. “El País” (6-XII-2022).
Brunet, J. M. El Constitucional cree que la reforma lo aleja de presiones. “El País” (10-XII-2022).
Hermida, X. El Congreso aprueba la reforma penal en una sesión tumultuosa. “El País” (16-XII-2022). Incluye la reforma para desbloquear el TC.
Brunet, J. M. “La doctrina del Constitucional es no conceder la suspensión cautelar”. “El País” (17-XII-2022). El informe del secretario general adjunto del TC descarta la medida que reclama el PP.
Brunet, J. M. “La enmienda no sirve para dar vida a una realidad nueva”. “El País” (17-XII-2022). El informe de Herminio Losado, el letrado asignado al consejero Arnaldo, propuesto por el PP, apoya paralizar la tramitación de la ley.
Cué, C. E.; Vázquez, C. Bolaños pide al PP que retire su recurso: “Ha ido demasiado lejos”. “El País” (17-XII-2022).
Brunet, J. M.; Moreno, J. M. Operación tumbar el pleno. “El País” (18-XII-2022). Las maniobras del sector conservador del TC que amenazaron con paralizar el Congreso.
Romero, J. M. La Fiscalía del Constitucional rechaza
suspender la reforma legal. “El País” (19-XII-2022).
Brunet, J. M. El pleno dirime si vota antes la suspensión
o las recusaciones. “El País” (19-XII-2022). El dilema fractura al TC y
será clave para el pleno del Senado.
Brunet, J. M. El bloque conservador del Constitucional
suspende la reforma sobre su renovación. “El País” (20-XII-2022).
Hermida, X.; et al. Las Cortes acatarán la decisión del tribunal.
“El País” (20-XII-2022).
Rincón, R. El fallo deja en el aire el nombramiento de los dos magistrados que
elige el Poder Judicial. “El País” (20-XII-2022).
Casqueiro, J.; Hermida, X. El Gobierno impulsa otra reforma exprés para
sortear al Constitucional. “El País” (21-XII-2022).
Cué, C. E. Sánchez: “Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los
parlamentarios su labor”. “El País” (21-XII-2022).
Rincón, R. Una decisión insólita en democracia. “El País” (21-XII-2022). La
mayoría conservadora del TC basa la suspensión de las enmiendas en su “repercusión
social”.
Brunet, J. M. Un pleno “plagado de irregularidades”. “El
País” (21-XII-2022). Los progresistas denuncian varios aspectos de la deliberación
sobre el recurso del PP: la fallida recusación de Trevijano y Narváez, el PP no
había agotado la vía parlamentaria y la situación no era de extraordinaria y urgente
necesidad.
Brunet, J. M. El Constitucional rechaza el recurso del
Senado al veto a la reforma legal. “El País” (22-XII-2022).
Casqueiro, J.; Marcos, J. El Gobierno y sus socios debaten registrar
la reforma del Constitucional. “El País” (22-XII-2022).
Rincón, R. Los vocales conservadores insisten en vetar al aspirante progresista al
Constitucional. “El País” (23-XII-2022). Proponen dos candidatos, para
evitar que los progresistas nombren a Bandrés.
Brunet,
J. M.; Silió, E. González-Trevijano, el
pacificador que fracasó. “El País” (24-XII-2022).
Rincón, R. El CGPJ elige por unanimidad a los magistrados para el Constitucional.
“El País” (28-XII-2022). Los vocales progresistas del CGPJ votan “por sentido
institucional” al conservador César Tolosa y la progresista María Luisa
Segoviano para la renovación del TC, aceptando empero el chantaje de los conservadores
que han impuesto su propuesta de dos candidatos y vetado al preferido por los
progresistas, Bandrés.
Brunet, J. M. El desbloqueo asegura una mayoría
progresista hasta 2031. “El País” (28-XII-2022). El CGPJ elige los dos
magistrados del TC.
Brunet, J. M. César Tolosa. Un juez discreto y
multidisciplinar. “El País” (28-XII-2022). El nuevo magistrado César Tolosa
(Santa María la Real de Nieva, Segovia, 1957), conservador, del TC, a propuesta
del CGPJ.
Rincón, R. María Luisa Segoviano. La primera presidenta de una sala del Supremo.
“El País” (28-XII-2022). La nueva magistrada María Luisa Segoviano (Zaragoza,
1950), progresista, del TC, a propuesta del CGPJ.
Casqueiro,
C. S.; et al. El PP intenta torpedear la
elección de la presidencia del Constitucional. “El País” (29-XII-2022).
Vetan a Conde-Pumpido para que sea elegida Balaguer.
Marcos,
J.; García de Blas, E. El PSOE no se
prestará a cubrir la vacante del Constitucional que depende del Senado. “El
País” (29-XII-2022). Los socialistas vinculan el acuerdo en el Senado a un
acuerdo global de renovación del CGPJ.
Hermida, X.; Marcos, J. El Gobierno congela las reformas legales
sobre el Constitucional y el Poder Judicial. “El País” (29-XII-2022).
Brunet, J. M. El Constitucional defiende que puede “limitar
la capacidad del legislador”. “El País” (29-XII-2022). El auto del TC
califica de “abusivo” el intento de recusar a los magistrados Trevijano y
Narváez.
Brunet, J. M. La elección de su presidente abre el primer
pulso en el nuevo Constitucional. “El País” (8-I-2023). Los magistrados
progresistas Conde-Pumpido y Balaguer se postulan como candidatos.
Brunet, J. M. Conde-Pumpido afronta el riesgo de devolver
el prestigio al Constitucional. “El País” (12-I-2023).
Brunet, J. M. Un progresista de perfil combativo. “El
País” (12-I-2023). Perfil de Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949).
Cué, C. E. Un largo camino para acabar con el dominio conservador. “El País” (12-I-2023).
Brunet, J. M. Una votación amarrada en el Constitucional.
“El País” (13-I-2023). Cómo se produjo la votación para la presidencia y la
vicepresidencia.
Brunet, J. M. El Constitucional resolverá los recursos de
más calado antes de las generales. “El País” (15-I-2023).
Análisis y opinión. Orden
alfabético.
Piñol, Àngels. Xavier Arbós / Catedrático de Derecho Constitucional. ‘La sospecha de parcialidad de Pérez de los Cobos no se la quita nadie’. “El País” (23-VII-2013) 15.
Azpitarte, Miguel. El CGPJ y la renovación del Constitucional.
“El País” (5-XI-2022). El catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Granada opina que el Gobierno debe poder nombrar a los dos
magistrados que le corresponden sin esperar al CGPJ, porque de lo contrario la
incapacidad de este para cumplir su obligación se convierte en un derecho de
veto sobre el Ejecutivo.
Romero, J. M. María Luisa Balaguer / Magistrada del TC. “Es
una barbaridad dictar medidas para el Senado por unas lesiones en el Congreso”.
“El País” (21-XII-2022). Considera que el TC no puede condicionar la soberanía
nacional, sino que es un instrumento de control a posteriori.
Bandrés, José Manuel. La ética de los intérpretes de la Constitución. “El País” (4-I-2022). Los magistrados del Supremo y del Constitucional deben actuar de modo que sus resoluciones se perciban como justas, no como fruto de convicciones partidistas o del ciego voluntarismo doctrinal.
Bandrés, J. M. El reloj constitucional no se puede retrasar.
“El País” (10-I-2023). Exhorta a cumplir los plazos de renovación de las
instituciones que exigen la Constitución y las leyes.
Brunet, José María; Moreno, J. M. Operación tumbar el pleno. “El País” (18-XII-2022). Las maniobras del sector conservador del TC que amenazaron con paralizar el Congreso.
Carmona, Ana. Cuando el fin no justifica los medios. “El País” (13-XII-2022). Critica la premura en las reformas de la sedición, la malversación y la renovación del TC.
Company, Enric. Se atreven porque otras veces les salió bien.
“El País” (20-XII-2022). El PP desde hace decenios ha intentado tener bajo su
control el poder judicial y constitucional y ahora lo tiene, por lo que está
dispuesto a todo para mantenerlo. Le interesa para ganar batallas que ha
perdido en los Parlamentos nacional y autonómicos, como pasó con el Estatuto de
Cataluña de 2006, que tumbó en 2010 gracias a su control tramposo del TC,
rompiendo así el pacto constitucional de 1978 como aseveró alguien tan moderado
como Miquel Roca. El PP originó la crisis del ‘procés’ que estalló en 2017 por
un error de Puigdemont y Junqueras y se aplicó a echarles la culpa a los
catalanistas, un discurso que muchos han asumido en España. “Les salió bien.
¿Por qué no iban a hacerlo otra vez?
Company, E. El Partido Popular y la desvirtuación del
Constitucional. “El País” (4-I-2023). El PP ha pretendido dominar el CGPJ y
el TC de manera torticera, dañando gravemente su prestigio, para usar el TC
como una tercera cámara legislativa de cariz conservador cuando el PP no
tuviera mayoría parlamentaria. De este modo consiguió frenar la reforma
autonómica de Cataluña y otras reformas legales de todo tipo.
Cruz Villalón, Pedro. Destripando al Tribunal Constitucional. “El País” (23-VII-2021). La divergencia de opiniones tras la sentencia del estado de alarma evidencia la necesidad de una renovación del TC y de que se reconsidere su función.
Cruz Villalón, P. El Constitucional, ante el riesgo de la irrelevancia. “El País” (10-XI-2021). Malos nombramientos para el TC lo dañan.
Cruz Villalón, P. Por qué necesitamos un Tribunal Constitucional. “El País” (31-VIII-2022).
Cruz Villalón, P. Jueves negro. “El País” (20-XII-2022).
Hay que interrumpir la alarmante escalada de violencia verbal y cambiar los
hábitos de los dos grandes partidos, acostumbrados a repartirse el CGPJ.
Cué, Carlos E. Vuelta al traje de las primarias. “El
País” (22-XII-2022). Sánchez puede convertir la derrota en el TC en una victoria
ante la opinión pública.
De la Quadra, Tomás. El origen de buena parte de nuestros actuales males. “El País” (18-XII-2022). El origen del mal es que el PP secuestra las instituciones desde hace cuatro años, pero el Gobierno se equivoca al pretender superar su bloqueo con una apresurada enmienda a una ley (una reforma del Código Penal) que no tiene nada que ver con la cuestión. El Gobierno ha de ser exquisito en las formas y los medios. Pero el PP ha de cejar en su obstrucción ilegal.
Editorial. Blindaje político. “El País” (8-VI-2013) 30. El PP se asegura un tribunal conservador antes de fallar recursos judiciales muy importantes.
Editorial. No vale. “El País” (19-VII-2013) 30.
Editorial. Tribunal hipotecado. “El País” (18-IX-2013) 26.
Editorial. Buscar
el consenso. “El País” (19-II-2017). Hay que buscar un presidente
del TC que, además de competente, sea y parezca neutral, lo que no es el
exdiputado (17 años en el Congreso) popular Andrés Ollero, el candidato del PP.
Editorial. Un Constitucional paritario. “El País” (15-X-2021). El desbloqueo de la renovación puede servir para acabar con la escasa presencia de mujeres en el TC.
Editorial. Renovación, ¿qué renovación? “El País” (24-X-2021). Algunos candidatos tienen un bajo perfil técnico y están contaminados políticamente.
Editorial. Incongruencia constitucional. “El País” (12-XI-2021). El grave error de nominar a Arnaldo.
Editorial. Proteger al Constitucional. “El País” (1-XII-2022).
Editorial. Desbloqueo judicial. “El País” (11-XII-2022). La reforma legislativa para renovar el TC quiere terminar con la usurpación del Poder Judicial por el PP.
Editorial. En el límite del sabotaje. “El País” (16-XII-2022). El PP intenta impedir el desbloqueo judicial.
Editorial. El pleno del sabotaje. “El País” (20-XII-2022). La
mayoría conservadora del TC se entromete en el poder legislativo.
Editorial. Enquistamiento judicial. “El País” (23-XII-2022). El Senado acató
la orden del TC, sin haber recibido el auto con los argumentos de la
suspensión. El sector conservador del CGPJ prosigue su boicot a la obligación legal
de renovar el TC.
Editorial. Alivio institucional. “El País” (28-XII-2022). El sentido de la
responsabilidad de los vocales progresistas del CGPJ permite la renovación del
TC, aceptando empero el chantaje de los conservadores que han impuesto su
propuesta de dos candidatos y apartado al preferido por los progresistas,
Bandrés.
Editorial. Nueva etapa. “El País” (12-I-2023). Renovado el TC, urge ahora que
se solucione la caducidad del CGPJ.
Gallego-Díaz, Soledad. Lo dijo García-Pelayo. “El País” Ideas 338 (31-X-2021). Los miembros del TC deben ser independientes y de reconocido prestigio, no como los recién nombrados por el PP y PSOE.
Gallego-Díaz, S. A solas con su conciencia. “El País” Ideas 390 (30-X-2022). Los consejeros del TC deben elegir a su presidente con plena independencia, sin recibir órdenes de los partidos que les propongan.
Gallego-Díaz, Soledad. Demasiados jueces en este tribunal. “El
País” Ideas 401 (15-I-2023). El TC está tomado cada vez por más jueces y ex miembros
del Tribunal Supremo, ocho de once; los otros tres son catedráticos de Derecho.
En sus inicios en 1980 era al revés, con solo dos jueces y nueve catedráticos,
lo que representaba mejor a la sociedad que un poder judicial de sólida mayoría conservadora que se
había forjado en el franquismo. El cumplimiento y la interpretación de la
Constitución exigen muchos más conocimientos que el entendimiento estricto de
las leyes.
García de Blas, Elsa. Una victoria escondida. “El País” (22-XII-2022).
El PP es consciente de que su victoria en el TC se puede volver en su contra
ante la opinión pública.
García Fernández, Javier. La desestabilización constitucional de
España. “El País” (19-XII-2022). Ha habido tres grandes crisis
constitucionales: la primera fue el 23-F, la segunda el ‘procés’ con su
referendo separatista ilegal, la tercera esta operación del PP que pondría al
TC por encima del Parlamento. Repugna que el TC decida sin escuchar a la parte
demandada.
Gil-Calvo, Enrique. Sin control. “El País” (16-XI-2021). Aboga por mantener el sistema actual, para no dejar sin control al poder corporativo judicial, que ya ha dado muestras de actuar contra los poderes ejecutivo (el caso de los estados de alarma por la pandemia) y legislativo (el caso del exdiputado Rodríguez).
Grijelmo, Álex. El significado de las palabras. “El País” (22-VII-2013) 15.
Lapuente, Víctor. Señorías, cálmense. “El País” (20-XII-2022).
Lassalle, José María. ‘Lawfare’ y empate catastrófico. “El
País” (19-XII-2022). Critica que el TC planteee una crisis de Estado al impedir
la función del Parlamento.
León Gross, Teodoro. No es Arnaldo… ¡eres tú! “El País” (12-XI-2021). Critica la elección de Arnaldo, el bajo nivel de los otros tres candidatos y que PSOE y UP acepten la imposición del PP.
López Garrido, Diego. Salvar al Tribunal Constitucional. “El
País” (31-XII-2022).
Martín Pallín, José Antonio. Entre el Derecho y el no Derecho. “El País” (4-VII-2022). Critica al presidente del TC, Pedro González Trevijano y sus aliados para boicotear que el Gobierno pueda nombrar dos miembros del TC a la espera sine die de que el GGPJ nombre a otros dos. González Trevijano está colaborando en una maniobra partidista que erosiona la democracia española.
Martín Pallín, J. A. El Constitucional: la ley y las matemáticas. “El País” (16-XII-2022). Argumenta contra el ilegal boicot conservador a la renovación del TC. El Gobierno debe publicar los nombramientos de sus dos magistrados y el TC cumplir la ley.
Brunet, José María; Moreno, José Manuel. Operación tumbar el pleno. “El País” (18-XII-2022). Las maniobras del sector conservador del TC que amenazaron con paralizar el Congreso.
Brunet, J. M. Andrés Ollero / Exmagistrado del TC. “La ley de aborto divide al tribunal. El consenso no parecía posible”. “El País” (30-XI-2021). Explica su visión de los problemas del TC.
Fabra, María. Luis Ortega Álvarez / Magistrado del Tribunal Constitucional. `La tendencia en el Constitucional es mayor a la unidad que a la autonomía’. “El País” (17-III-2014) 20-21.
Pérez Royo, Javier. Contra el sentido común. “El País” (20-VII-2013) 12.
Ramoneda, Josep. Propietarios. “El País” Domingo (22-IX-2013) 13. Pérez de los Cobos demuestra la preocupante deriva partidista del TC y en general del sistema político español, en el que el PP se apodera del TC para ponerlo a su servicio, vulnerando la esencia de la democracia.
Ridao, Joan. El Constitucional y su parva renovación. “El País” (4-XI-2021).
Romero, José Manuel. Nueve años de conservadurismo constitucional. “El País” (6-XII-2022). La mayoría conservadora del TC ha avalado leyes del PP y anulado algunas del PSOE.
Romero, J. M. Seis meses de conspiración para una victoria
amarga. “El País” (28-XII-2022). Al fin el CGPJ elige los dos magistrados
del TC, tras un largo boicot de los conservadores.
Ruiz Robledo, Agustín. El complejo de Clausewitz. “El País” (25-VII-2013) 27. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada advierte contra la manipulación partidista del TC.
Sánchez-Cuenca, Ignacio. Las reglas y la práctica. “El País” (16-XI-2021). El actual sistema de elección del TC ha sido degradado por PP y PSOE. La izquierda debe promover su reforma.
Fabra, María. Carmela Silva / Ex senadora socialista. ‘Nunca se pregunta por la militancia porque damos por hecho que no la hay’. “El País” (22-VII-2013) 14.
Vidal-Folch, Xavier. Asedio al Parlamento. “El País” (16-XII-2022). Un razonamiento jurídico de porqué el TC no puede prohibir que el Parlamento delibere y vote las leyes, pues el TC, de hacerlo, usurparía el poder legislativo para sí.
Vidal-Folch, X. Los chapapotes de González-Trevijano. “El
País” (19-XII-2022). Anteriores
ocasiones en que el presidente del TC se ha enrocado en el poder desafiando la
legalidad.
La propuesta de reforma del TC en 2015.
Noticias. Orden cronológico.
Fabra, María. El PP reforma el Constitucional para poder inhabilitar a Mas. “El País” (2-IX-2015) 15. Le facultaría para inhabilitar a las autoridades que no cumplan las sentencias del TC.
Alberola, Miquel. La proposición de reforma del Tribunal Constitucional divide a expertos y jueces. “El País” (2-IX-2015) 16.
Mateo, Juan José. El PSOE impulsa un frente común contra la reforma del Constitucional del PP. “El País” (3-IX-2015) 13.
Garea, F.; Rincón, R. La reforma del Constitucional le permitiría destituir al jefe del Gobierno. “El País” (23-IX-2015) 21.
Análisis y opiniones. Orden alfabético.
De Carreras, Francesc. Tarde pero bien. “El País” (2-IX-2015) 17. Defiende la propuesta.
De la Quadra-Salcedo, T. Una decisión insólita. “El País” (23-XII-2022).
Critica la intromisión del TC en las competencias del Parlamento, “un borrón
insubsanable”. El TC se arroga de modo anticonstitucional ser una tercera
cámara legislativa. Además, dos de sus miembros conservadores han votado pese a
que “Nadie puede ser juez de su propia causa” en toda acción judicial desde
Justiniano.
Editorial. Un grave error. “El País” (2-IX-2015) 10.
García Fernández, Javier. Una proposición inaplicable. “El País” (28-IX-2015) 14.
Guzmán, J. Pascual Sala / Expresidente del TC. ‘El tribunal no puede ser un ejecutor al servicio del Gobierno’. “El País” (3-IX-2015) 13.
La interpretación de la Constitución y las leyes.
Noticias.
Orden cronológico.
Fabra, María; Garea, Fernando. La ley del aborto deja en el aire un
pronunciamiento del Constitucional. “El País” (2-I-2014) 12-13.
Fabra, María. La oposición recurre a los tribunales para soslayar el rodillo del PP.
“El País” (2-I-2014) 13. El TC tiene pendientes varios recursos del PSOE en
temas cruciales en política interior, economía o sociedad.
Fabra, María. El Constitucional recuerda que ya evitó otras propuestas
independentistas. “El País” (24-I-2014) 10.
Pérez, F. J. El Constitucional
avala la ley que le permite suspender a cargos públicos. “El País”
(4-XI-2016). La norma le permitirá frenar el secesionismo y otros desplantes a
la legalidad.
Gálvez, J. J. Los conflictos que más ‘duermen’ en el Constitucional. “El País” (10-III-2019). El tema más antiguo pendiente de resolver: 9 años.
Brunet, José María. El Constitucional dicta que el derecho de
participación no es ilimitado. “El País” (23-I-2020). Dicta doctrina en
atención a dos recursos del político catalán Jordi Sánchez.
Brunet, J. M. El Constitucional renueva su compromiso europeo. “El País”
(2-III-2020).
Brunet, J. M. El Constitucional anula el organismo de política exterior de la Generalitat. “El País” (7-X-2020). El Diplocat invade las competencias de política exterior del Estado.
Brunet, J. M. El Constitucional planea reactivar la sentencia del aborto 11 años después. “El País” (26-VII-2021).
Brunet, J. M. La Fiscalía no ve delito en el retraso del Constitucional sobre la ley del aborto. “El País” (11-X-2021). Hay una demora de 11 años, pero entiende que no hay una “finalidad ilegítima”.
Brunet, J. M. El Constitucional afirma que la prisión permanente no es inhumana ni degradante. “El País” (27-X-2021).
Brunet, J. M. El Constitucional mantiene viva la amenaza de suspender la norma en el Senado. “El País” (16-XII-2022). El TC aplaza su pleno hasta el lunes para estudiar los recursos presentados.
Hermida, X. El Congreso aprueba la reforma penal en una sesión tumultuosa. “El País” (16-XII-2022). Incluye la reforma para desbloquear el TC.
Cué, C. E. Sánchez: “Es un hecho grave. Por primera vez se impide a los
parlamentarios su labor”. “El País” (21-XII-2022).
Rincón, R. Una decisión insólita en democracia. “El País” (21-XII-2022). La
mayoría conservadora del TC basa la suspensión de las enmiendas en su “repercusión
social”.
Chouza, Paula. La cautelarísima fue esquiva con los
diputados de izquierda. “El País” (21-XII-2022). El TC denegó la suspensión
en los casos de Teresa Rodríguez y Alberto Rodríguez.
García de Blas, E.; Brunet,
J. M. El PP pone bajo sospecha el nuevo
Constitucional por su “perfil partidista”. “El País” (30-XII-2022).
Rincón, R. El deber de abstención de Campo y Díez mermará la mayoría progresista.
“El País” (30-XII-2022).
Brunet, J. M. Diez sentencias en el cajón del
Constitucional.
“El País” (30-XII-2022). En los últimos meses o años el TC ha aparcado recursos
de gran relevancia social y política por falta de consenso interno.
Brunet,
J. M. El Constitucional resolverá los
recursos de más calado antes de las generales. “El País” (15-I-2023).
Brunet, J. M. El Constitucional avala negar subvenciones a
los centros que segreguen por sexo. “El País” (19-IV-2023). Los seis votos
del sector progresista deciden contra los cuatro del conservador.
Brunet, J. M. El Constitucional inadmite un recurso de
Puigdemont sin pasar por el pleno. “El País” (10-VIII-2023). Dos jueces
conservadores rechazan plantearse si el ‘expresident’ goza de inmunidad. Una
jueza y la Fiscalía consideran que la Sala de Vacaciones ha rebasado sus
competencias.
Brunet, J. M. El Constitucional rechaza el recurso del PP
contra la ley de eutanasia. “El País” (14-IX-2023). El TC limita la
objeción de conciencia a los profesionales de la sanidad.
Brunet, J. M. El
Constitucional falla que Alberto Rodríguez no debió perder el acta de diputado.
“El País” (17-I-2024). Concluye que el exparlamentario de Podemos no
tenía que ser condenado a prisión por la patada a un policía, por ser una pena
desproporcionada. Los siete progresistas ganaron otra vez a los cuatro
conservadores.
Brunet, J. M. El Constitucional anula la subida de Montoro
del Impuesto de Sociedades. “El País” (19-I-2024). El TC dictamina
que los cambios en la legislación tributaria deben hacerse mediante proyectos
de ley.
Marcos,
J. El Gobierno advierte a ERC y Junts de
que actuará contra iniciativas “divisivas”. “El País” (27-III-2024).
Recurre al TC la iniciativa legislativa del Parlament para promover la independencia.
Brunet,
J. M. La vida política catalana queda en
manos del Tribunal Constitucional. “El País” (27-III-2024). El TC
decidirá sobre la iniciativa legislativa del Parlament para promover la
independencia y sobre la amnistía.
Análisis y opinión. Orden alfabético.
Romero, J. M. María Luisa Balaguer / Magistrada del TC. ‘Es necesaria una ley de la Monarquía parlamentaria’. “El País” (22-IX-2021).
Bandrés, José Manuel. La ética de los intérpretes de la Constitución. “El País” (4-I-2022). Los magistrados del Supremo y del Constitucional deben actuar de modo que sus resoluciones se perciban como justas, no como fruto de convicciones partidistas o del ciego voluntarismo doctrinal.
Carmona Contreras, Ana. No usar la Constitución en vano. “El País” (22-IX-2021). Critica el uso espúrio de la Constitución por quienes en realidad la están incumpliendo con fines partidistas, en referencia al PP.
Editorial. Las urgencias del Constitucional. “El País” (10-VIII-2023). Critica
que la Sala de Vacaciones cambie la costumbre del TC y haya inadmitido con
urgencia un recurso de Puigdemont, que debería ver el pleno del TC.
Editorial. Precedente necesario. “El País” (15-IX-2023). El TC desestima el
recurso del PSOE para el recuento de los votos nulos en Madrid porque no
plantea indicios de irregularidad.
García Fontanet, Ángel. Tarjeta roja al Tribunal Constitucional.
“El País” (13-I-2020). Critica al TC por su interpretación favorable a que los
trabajadores sean despedidos por tener una enfermedad.
Martín Pallín, José Antonio. El Constitucional: la ley y las matemáticas. “El País” (16-XII-2022). Argumenta contra el ilegal boicot conservador a la renovación del TC. El Gobierno debe publicar los nombramientos de sus dos magistrados y el TC cumplir la ley.
Romero, José Manuel. Nueve años de conservadurismo constitucional. “El País” (6-XII-2022). La mayoría conservadora del TC ha avalado leyes del PP y anulado algunas del PSOE.
Romero, J. M. De la merma del Estado autonómico a la
defensa de la unidad de España. “El País” (31-XII-2022). Un resumen de las
sentencias del TC durante la mayoría conservadora de los últimos nueve años.
Romero, J. M. Las sentencias que marcan los límites al
‘plan Urkullu’. “El País” (2-IX-2023). El TC ha reiterado que la soberanía
es todo el pueblo español.
Vidal-Folch, X. Asedio al Parlamento. “El País” (16-XII-2022). Un razonamiento jurídico de porqué el TC no puede prohibir que el Parlamento delibere y vote las leyes, pues el TC, de hacerlo, usurparía el poder legislativo para sí.
¿Ante la pandemia, estado de alarma o estado de excepción?
Noticias.
Brunet, J. M. Debate crucial en el Constitucional sobre libertades frente a la pandemia. “El País” (14-VII-2021).
Brunet, J. M. El tribunal más dividido declara inconstitucional el confinamiento. “El País” (15-VII-2021). Seis magistrados frente a cinco anulan un artículo del decreto vigente en 2020, y avala las medidas solo si hubiera un estado de excepción.
Brunet, J. M. Voto particular de Conde-Pumpido contra el fallo del Constitucional. ‘La sentencia desarma al Estado contra las pandemias’. “El País” (17-VII-2021).
Marcos, J.; Rincón, R. El Consejo de Estado vio ‘necesaria’ la segunda alarma. “El País” (30-IX-2021). Lo aprobó por unanimidad.
Brunet, J. M. El Constitucional anula también el segundo estado de alarma contra la pandemia. “El País” (28-X-2021).
Análisis y opinión.
Aragón, Manuel. ¿Alarma o excepción? “El País” (6-VII-2021). A favor del estado de excepción para controlar la pandemia porque se suspendieron derechos.
Aragón, M. El Tribunal Constitucional cumplió. “El País” (4-VIII-2021). Asegura que el TC protege los derechos fundamentales de los españoles porque el confinamiento eliminó el derecho de circulación.
Romero, J. M. María Luisa Balaguer / Magistrada del TC. ‘Es necesaria una ley de la Monarquía parlamentaria’. “El País” (22-IX-2021).
Cruz Villalón, Pedro. Destripando al Tribunal Constitucional. “El País” (23-VII-2021). La divergencia de opiniones tras la sentencia del estado de alarma evidencia la necesidad de una renovación del TC y de que se reconsidere su función.
De la Quadra-Salcedo, Tomás. Rompiendo el consenso constitucional. “El País” (22-VII-2021). La sentencia del TC recupera la letra y el espíritu del estado de excepción de la Ley de Orden Público de 1959.
Editorial. Estado da alarma institucional. “El País” (18-VII-2021). Una sentencia problemática del TC.
García Roca, Javier. La constitucionalidad de la alarma. “El País” (12-VII-2021). A favor del estado a alarma.
García Roca, Javier. Una controvertida decisión. “El País” (27-VII-2021). El Derecho excepcional debe acomodarse a la nueva realidad con la necesaria flexibilidad. Tras la sentencia del TC deberían completarse las leyes sanitarias y subsanar omisiones. Sugiere que en el trasfondo de la sentencia hay una voluntad de hacer oposición al Gobierno.
López Garrido, Diego. El Constitucional se olvidó del derecho a la vida. “El País” (30-VIII-2021). La sentencia del TC ha olvidado la cuestión de fondo: la integridad física de millones de personas. Debería revisarlo en el futuro.
Ramoneda, Josep. El denso tránsito entre política y justicia. “El País” (17-VII-2021). Sorprende la sentencia del TC sobre el estado de alarma, porque evidencia que la legislación es mejorable para evitar dudas doctrinales y que el bando conservador usa su mayoría en el TC para hacer política contra el Gobierno aunque sea empeorando el control de la pandemia.
Ridao, Joan. El Constitucional siembra incertidumbre. “El País” (9-VIII-2021).
Vallespín, Fernando. Estado de alarma y sentido común. “El País” (18-VII-2021). Critica la sentencia del TC.
Vidal-Folch, X. El Constitucional se autolesiona. “El País” (19-VII-2021). La sentencia del TC es un grave error.
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