España. Dosier: La reforma del sistema autonómico. El federalismo.

Dosier: La reforma del sistema autonómico. El federalismo.

Mapas de las Comunidades Autónomas y Diputaciones (no hay en las autonomías uniprovinciales y los dos archipiélagos).

El Estado autonómico español ha funcionado con éxito desde 1978, siendo un modelo de organización político-territorial eficiente en general, sobre todo en la gestión de los servicios públicos, aunque haya sufrido en varias autonomías graves problemas políticos y económicos, en especial casos de corrupción o ineficiencia en la gestión con inversiones absurdas, pero no son más graves que los problemas que generaba el sistema centralista anterior.

La cuestión de su reforma vuela permanentemente sobre la vida política española, con varias propuestas de difícil encaje: una recentralización de parte de los servicios, una profundización federal o incluso confederal, y en el extremo se llega a la independencia en los casos del País Vasco y Cataluña.

La más estimada en las encuestas es la federal, defendida por el PSOE, Unió Democràtica de Catalunya y otros partidos moderados, que pretenden mantener la convivencia de las naciones y regiones de España en un proyecto común. Es también la solución preferida por los técnicos en politología. Pero su racionalidad no significa que se abra paso sin más.

Las propuestas de reforma más evidentes confluyen en:

- Reformar el Senado para convertirlo en una eficaz Cámara de representación territorial de nacionalidades y regiones.

- Reformar el Poder Judicial para adecuarlo a la estructura descentralizada del Estado federal y mejorar el servicio público de la Administración de justicia.

- Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación para reforzar las instituciones de reunión del Gobierno central y los presidentes y consejeros de las CCAA, que aborden de manera compartida y eficiente los problemas comunes.

- Clarificar y consolidar el sistema de distribución competencial para conseguir el equilibrio entre un autogobierno autonómico eficaz y un Gobierno central en el que comparta el interés general de España.

- Afirmar en la Constitución una autonomía local como comunidad política democrática más cercana al ciudadano.

- Reformar el sistema de financiación, estableciendo en la Constitución los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad, equidad, ordinalidad y estabilidad.

- Negociar las cuestiones del sistema de concierto vasco, del convenio navarro y el régimen especial canario, singularidades que no deben fracturar la sostenibilidad del sistema general.

El federalismo.

Nicolás Sartorius explica ¿Por qué una solución federal? [“El País” (27-XI-2014):

‹‹Se podrá sostener que hay cuestiones más urgentes que la reforma territorial de nuestro Estado: el paro, la pobreza infantil, la desigualdad creciente, la corrupción, etcétera. Tampoco se trata de la única reforma de la Constitución que debemos abordar. Sin embargo, es bastante evidente el agotamiento del modelo territorial que aprobamos en 1978. La crisis catalana es su manifestación más aguda y grave, pero no es la única. El descontento, por diferentes motivos, es general y, en cualquier caso, es un problema de España y como tal lo debemos encarar.

Además, el inmovilismo del Gobierno y el independentismo de los nacionalistas nos puede llevar al desastre. Han transcurrido 36 años desde 1978 y es hora de poner al día nuestro sistema democrático con esta y otras reformas. No se trataría de un proceso constituyente ni de buscar un apaño al tema catalán. Necesitamos una reforma seria y consensuada de la actual Constitución, en la que también la mayoría de los catalanes se encontrasen potenciados.

—En mi opinión, la estructura federal es la culminación natural y lógica del Estado de las autonomías. Es el modelo que mejor garantiza un destino común, basado en la solidaridad y la lealtad, por medio de la cooperación y el respeto a las diferentes particularidades de nuestra sociedad. El reciente referendo escocés y todas las encuestas propias demuestran que la mayoría de la ciudadanía no está ni por el inmovilismo ni por la ruptura, sino por una tercera vía que en España se llama federalismo.

—Se sostiene que el Estado de las autonomías es, en la práctica, una federación. No es mi opinión. No hay un reconocimiento acabado de las plurales identidades; el reparto de las competencias es confuso, no está claro “quién hace qué”, lo que conduce a múltiples conflictos; no tenemos un sistema constitucional de reparto del poder preciso y sólido; el actual Senado es inoperante, mientras que una Cámara de las Comunidades políticas tendría capacidad legislativa plena en ciertas materias y sería instrumento de participación en los asuntos europeos. La financiación no está prácticamente expresada en la Constitución: se deja al albur de los compromisos electorales y es motivo de insatisfacción general.

—Se objeta que una España federal no contentaría a los independentistas y, entonces, ¿para qué cambiar? No se debe hacer la reforma para dar ventajas a nadie o para calmar descontentos particulares. El nacionalista encastillado nunca se contentará, pero sí podemos ampliar mucho la base de apoyo de los que quieren una solución razonable a un problema real y hoy no ven una propuesta alternativa que dé respuesta a sus aspiraciones. En este sentido, habría que abordar dos procesos de decisión. La reforma de la Constitución sería votada por el conjunto de los ciudadanos y la subsiguiente reforma de los Estatutos refrendada en cada una de las comunidades.

—El presidente del Gobierno ha solicitado que se detalle la reforma, pues sostiene que no hay consenso en este momento. Es menester conocer que el consenso es un punto de llegada y no un punto de partida. En el pasado, alcanzamos acuerdos en temas más difíciles. Las propuestas de cada uno deben ser el objeto del diálogo, la negociación, la transacción y el pacto. Y el resultado dependerá de muchas cosas, las principales serán la relación de fuerzas y la fuerza de las razones. No partimos de cero. Se trata de desarrollar, completar, ordenar y transformar el actual sistema territorial en uno de naturaleza federal.

—El Estado federal no es ningún artificio u ocurrencia, sino que su concepción está imbricada en nuestra tradición democrática. Hoy la situación está madura para una estructura federal, que no obedece a ningún principio ideológico, de izquierda o de derecha, al tratarse de un instrumento útil de organización y distribución del poder que garantice la unidad en la diversidad de nuestra convivencia futura.

Estoy convencido de que seguir caminando juntos no solo es lo más conveniente sino también lo más solidario y, en consecuencia, lo más democrático. Porque entre la inmensa mayoría de los ciudadanos anida un sentimiento de estima mutua, de pertenencia común y porque esta democracia que tenemos —necesitada de renovación— es el resultado de una lucha en común, de haber sido perseguidos juntos, de haberla conquistado hermanados; y nadie debería conseguir dividirnos.

Así que en algún momento, más pronto que tarde, deberían sentarse las fuerzas políticas a practicar las cinco fases de la sabiduría política: dialogar entre ellas, debatir con los ciudadanos, negociar, transar, pactar y someter al conjunto de la ciudadanía una reforma de la Constitución que dé un nuevo impulso y abra un nuevo tiempo en el devenir de España. Entre estas reformas, la solución federal debe encontrar su asiento.››

Rafa De Miguel, en ¿Nación federal o federación de naciones? [“El País” (30-XI-2016)] resume el proceso autonómico hasta hoy así como los retos del futuro:

‹‹(…) Los constituyentes de 1978 quisieron dar respuesta a las demandas frustradas de un mayor autogobierno en territorios históricos como Cataluña, el País Vasco, y en menor medida Navarra y Galicia. Diseñaron un sistema abierto que diferenciaba “regiones y nacionalidades”—el eufemismo más cercano al término tabú: nación— , con la intención en primer término de que fueran estas comunidades las que recuperaran el régimen estatutario desarrollado durante la Segunda República y que frustró de raíz la Guerra Civil y los siguientes cuarenta años de franquismo.

No iba a ser posible mantener esa diferencia. Encabezado por los partidos de izquierda —el PSOE en primer término—, un fuerte movimiento popular impulsó el acceso de Andalucía a la autonomía plena, por la vía rápida y a través de un referéndum (1980) que los partidos de derecha intentaron sin éxito despreciar y combatir.

(…) comenzó un proceso de armonización de competencias por arriba de todas las comunidades. Pactos posteriores y reformas sucesivas de los estatutos han creado 17 comunidades autónomas con competencias muy similares a las de los miembros de un Estado federal: sanidad, educación e impuestos, fundamentalmente.

Dos son los problemas a los que hace hoy frente el diseño territorial de España, y el nudo gordiano solo se deshará si se consigue dar con una solución común a aspiraciones que, en un principio, parecen irreconciliables. Por un lado, son cada vez más las voces académicas y políticas que reclaman cerrar ya una estructura que, por su naturaleza, ha sido permanentemente expansiva.

El PSOE ha sido el partido que ha llegado más lejos en su propuesta. En la Declaración de Granada, de julio de 2013, desarrollada más adelante en una propuesta de reforma constitucional, propone “avanzar hacia el federalismo con todas sus consecuencias”. En ningún momento, en una omisión consciente, se habla de Estado federal. Las palabras las carga el diablo, y el recuerdo del desastre federal que trajo la Primera República sigue muy presente. Se persigue así el esquema pero se evita el término. La propuesta aborda los asuntos pendientes del Estado de las autonomías: poner nombre en el texto constitucional a cada comunidad autónoma, “desarrollar los mecanismos de cooperación institucional” entre el Gobierno central y las distintas autonomías (el reclamado principio de lealtad federal), convertir el Senado en la verdadera Cámara territorial que no ha sido, lograr una financiación autonómica suficiente, justa y solidaria, y “respetar las identidades diferenciadas dentro de España”.

Y junto a todo eso, el rechazo al resurgido “derecho a decidir” reclamado en Cataluña y latente en el País Vasco. Un término que, desde el lado opuesto, se identifica como un derecho de autodeterminación camuflado que solo correspondería, en derecho internacional, a las antiguas colonias, y que desde el soberanismo catalán se defiende como la expresión última de un principio que, afirman, prevalece sobre la propia ley: el principio democrático. “Autodeterminación interna, sí; autodeterminación externa, no”, afirma Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Granada, diputado socialista y uno de los redactores de la propuesta de reforma constitucional del PSOE.

“Las comunidades autónomas deben ser capaces de adoptar decisiones internas, pero por los cauces legales. En el llamado derecho a decidir está en juego la soberanía, que según establece la Constitución reside únicamente en el pueblo español”, sostiene Cámara.

El problema reside en que la solución federalista, con su carga igualitaria, no gusta a nacionalistas ni independentistas, que en el caso de Cataluña han renunciado a la vía estatutaria y persiguen la secesión. El Tribunal Constitucional, que sistemáticamente ha tumbado sus intentos, ha marcado también el camino para que se pudiera llevar a cabo una consulta popular sobre la independencia: la reforma constitucional a través del camino diseñado por la propia Ley Fundamental, que permite la defensa de cualquier opción, “incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional”.

Algunos constitucionalistas, como Miguel Herrero de Miñón, rechazan la solución federal. “No contentaría a nadie ni solucionaría el problema”, afirma. Defiende más bien que se dé finalmente a Cataluña, a través de una Disposición Adicional en el texto constitucional, el reconocimiento especial que reclama. El guardián de las esencias, el Tribunal Constitucional, puso el dedo en la llaga en una de sus primeras sentencias contrarias al proceso soberanista: corresponde a este órgano asegurar que se respeta el orden constitucional, pero son “los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”.

Y diálogo, coinciden todos los protagonistas de este debate, es lo único que ha faltado.››

Fuentes.

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