martes, 27 de diciembre de 2022

España. Dosier: La Fiscalía General del Estado.

            HMA 3. España. Dosier: La Fiscalía General del Estado.


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En 2013 trascendió que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, mantenía discrepancias con el ministerio de Justicia, en especial sobre las reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal, y se consideraba ninguneado por el Gobierno. Algunos expertos consideraban que el Gobierno no estaba contento con la excesiva independencia del fiscal en casos como la investigación del 14-M o el caso Faisán.
Finalmente, en diciembre de 2014 Torres-Dulce abandonó alegando “razones personales”, tras varios desencuentros con el Gobierno durante sus tres años de mandato. Respetó la independencia de sus fiscales, por ejemplo cuando pidieron la prisión para Bárcenas, pese a las presiones del Gobierno.
Le sucedió Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Segovia, 1956), conservadora, antiabortista, con prestigio profesional y experiencia como fiscal coordinadora de menores.
En 2017 fue sustituida por el conservador José Manuel Maza, más dispuesto a obedecer las órdenes del Gobierno del PP en el nombramiento de fiscales encargados de casos de corrupción, lo que pronto llevó a un grave escándalo y su reprobación en mayo por el Congreso. Falleció al poco tiempo, en noviembre de 2017, durante un viaje a Buenos Aires, y fue sustituido por Consuelo Madrigal.
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nombró en el verano de 2018 una nueva Fiscal General, María José Segarra (Madrid, 1963). Ejerció primero en Barcelona y después fue jefa de la fiscalía de Sevilla (2004-2018). Ha sido miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y del Consejo Fiscal.

La situación en 2020.
En enero de 2020 Sánchez propuso como fiscal general del estado a la exministra Dolores Delgado, una decisión denigrada por la derecha, y en septiembre de 2022 la ha sustituido su segundo, Álvaro García Ortiz, también rechazado por la derecha.

El editorial Error político [“El País” (15-I-2020)] veía con preocupación el nombramiento de Delgado como fiscal general y pedía que el Gobierno lo explicase:
‹‹El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto la designación de la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Delgado sucederá a María José Segarra, también nombrada a propuesta de un Gobierno de Sánchez y cuyo paso por la jefatura de la Fiscalía estuvo marcado por el juicio contra los dirigentes independentistas que, entre septiembre y octubre de 2017, atentaron contra la Constitución y el Estatut, y declararon la independencia unilateral de Cataluña. Los cuatro fiscales encargados de esta causa durante el periodo de Segarra se alinearon con la tesis de que los hechos juzgados por el Tribunal Supremo constituían un delito de rebelión, algo que no suscribió la Abogacía del Estado y que, finalmente, tampoco fue avalado por la sentencia.
Ninguna norma impide que un antiguo miembro del Ejecutivo sea designado para el cargo de fiscal general, y es por esta razón por lo que una transición semejante pudo producirse en un caso anterior, el de Javier Moscoso, en 1986. El paralelismo con el nombramiento de Eligio Hernández es más limitado, puesto que, aunque procedía de un puesto dependiente del Ejecutivo, no ocupaba una posición tan señalada como una cartera ministerial. Lo que, no obstante, diferencia los nombramientos de Javier Moscoso y Eligio Hernández, y el de Dolores Delgado, es el radical cambio de circunstancias políticas en las que se producen.
La necesidad de obtener la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya para lograr la investidura de Pedro Sánchez hizo que el Partido Socialista situara el foco de la negociación en un ambiguo documento sobre la crisis territorial en Cataluña, y en una idea de perfiles igualmente equívocos como la “desjudicialización” de la política. Es esta indefinición de los caminos por los que discurrirá la relación del Gobierno central con ERC y la Generalitat lo que ha abierto el mayor flanco de crítica al nombramiento de Delgado. Y lo ha abierto, precisamente, porque no se ha dado una explicación política por parte del Gobierno, ni el presidente ha puesto en evidencia que las críticas se basan en meros juicios de intenciones. El hecho de que corresponda al Gobierno la propuesta es compatible con que, una vez nombrado, el fiscal general actúe con criterios rigurosamente obtenidos de la ley y no de la oportunidad política. Limitarse a señalar que el fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo y que depende de él, como hizo Pedro Sánchez en una entrevista radiofónica, roza la temeridad política. Es imprescindible conocer las razones que han impulsado al Gobierno a hacer esta elección porque es necesario saber por qué resultaba preferible la candidatura de la antigua ministra de Justicia sobre cualquier otra.
Con su explicación autosuficiente, Sánchez ha dado pábulo a especulaciones sobre la futura actuación de Delgado. La reacción de la oposición, así como la de la asociación mayoritaria de fiscales, de signo conservador, amenazan con dificultar la labor de la nueva fiscal general. Y todo ello en un momento en que es urgente que la justicia recupere tanto la serenidad como el prestigio.››

La situación en 2024.
En 2024, el fiscal general Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno de Sánchez, afronta una ofensiva implacable del PP y de los jueces cercanos a este, que pretenden inhabilitarle y boicotear todas sus decisiones, en especial las que entorpecen el uso partidista de la justicia. El PP y Vox incluso acusaron al fiscal general García Ortiz por órdenes que no dio y por hechos que nunca sucedieron, pero que fueron publicados por medios denunciados por difundir reiteradamente falsedades.
La fiscalía, en su informe de 2024, advierte que la creciente polarización política alienta los delitos contra minorías e inmigrantes, en especial los menores no acompañados. Aumentan los accidentes de circulación bajo efectos de las drogas, faltan medios para luchar contras las narcolanchas y los ciberdelitos, crece la captación ‘online’ de menores para el terrorismo yihadista, hay escasa formación de alumnos, profesores y padres para prevenir los ciberdelitos en las redes y suben los delitos contra las mujeres.

Opinión propia

Los demócratas deben defender a las instituciones democráticas y a sus representantes cuando son atacados injustamente, como ahora al fiscal general Álvaro García Ortiz, un funcionario honesto de la justicia que defendió la verdad cuando Núñez Feijóo mintió a los gallegos diciéndoles que los incendios forestales, que asolaban su región y mataban gente, los causaba una trama terrorista y que por lo tanto no había una falta crónica de personal y medios, que él había reducido (”son unos chiringuitos innecesarios”). García Ortiz demostró la falsedad de la teoría de la trama terrorista y desde entonces la extrema derecha del PP le tiene una particular inquina, como se ve en los insultos en los medios y en las patrañas legales ante el Tribunal Supremo. Estamos ante una oleada iliberal que desmonta los servicios públicos (pensiones, educación, sanidad, protección civil y emergencias) y que ataca a los mejores valores de Occidente, desde los EE UU donde Trump triunfa con bulos y soflamas de odio, hasta esta España donde la extrema derecha usa sus palancas de poder para destruir al adversario, aunque sea con acusaciones disparatadas, siguiendo la consigna de "el que pueda hacer, que haga". 


FUENTES.
Internet.

Documentales / Vídeos.



Iñaki Gabilondo. Dolores Delgado: la primera decisión, un órdago. “El País (14-I-2020). 3 minutos. [https://www.youtube.com/watch?v=kpOCGVcFHGg]


Álvaro García Ortiz toma posesión como nuevo fiscal general del Estado. EuropaPress (5-IX-2022). 1:34. [https://www.youtube.com/watch?v=INkJcvM10f8]

Noticias.
Yoldi, José. Manual para cargarse en propio prestigio. “El País” (13-III-2012) 12. El desventurado comienzo del nuevo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce.
Garea, Fernando. El fiscal del Estado se enfrenta a Justicia. “El País” (21-X-2013) 18.
Garea, F. Propuesto por Gallardón. “El País” (21-X-2013) .
Garea, F. El fiscal general dimite ante la falta constante de sintonía con el Gobierno. “El País” (19-XII-2014) 12-13. Eduardo Torres-Dulce abandona alegando “razones personales”, tras varios desencuentros con el Gobierno durante sus tres años de mandato.
Romero, José Manuel. Una renuncia a empujones. “El País” (19-XII-2014) 13. Torres-Dulce respetó la independencia de sus fiscales, por ejemplo cuando pidieron la prisión para Bárcenas, pese a las presiones del Gobierno.
Garea, F. El Gobierno elige a una mujer con perfil técnico para fiscal del Estado. “El País” (20-XII-2014) 12. Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Segovia, 1956), conservadora, antiabortista, con prestigio profesional y actual fiscal coordinadora de menores.
Garea, F; Rincón, Reyes. Rajoy encarga a un magistrado del Supremo la renovación de la Fiscalía. “El País” (12-XI-2016). José Manuel Maza es un destacado conservador.
Rincón, R. Maza pidió investigar a Dívar y condenar a Garzón. “El País” (12-XI-2016).
Rincón, R. El fiscal general elige una cúpula menos incómoda para el Gobierno. “El País” (23-II-2017).
Casqueiro, J. La estrategia del Gobierno para cambiar las fiscalías. “El País” (13-V-2017). El plan de Rajoy, Santamaría y Catalá para controlar el Ministerio Público.
Centenera, Mar; Pérez, F. J. Muere en Argentina el fiscal general del Estado tras una infección renal. “El País” (19-XI-2017). José Manuel Maza enfermó súbitamente.
Pérez, F. J. El frente judicial más duro ante el independentismo. “El País” (19-XI-2017). Maza era un duro conservador y fue muy criticado.
Rincón, R.; Martín-Arroyo, J. Progresista radicalmente neutral en su tarea fiscal. “El País” (8-VII-2018). Perfil de la nueva fiscal general, María José Segarra (Madrid, 1963). Ejerció primero en Barcelona y después fue jefa de la fiscalía de Sevilla (2004-2018). Ha sido miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y del Consejo Fiscal.
Rincón, R.; Pérez, F. J. La Fiscalía constata el auge de las violaciones de grupo. “El País” (10-IX-2019). La memoria sobre la criminalidad en España en 2018.
Cué, C. E. Ola de críticas a Sánchez por elegir a Delgado para dirigir la Fiscalía. “El País” (14-I-2020).
Brunet, José María. La asociación mayoritaria de fiscales muestra su malestar. “El País” (14-I-2020).
Redacción. El PP recurrirá la designación ante el Tribunal Supremo. “El País” (14-I-2020).
Ordaz, Pablo. Dolores Delgado. ‘La que me va a caer’. “El País” (14-I-2020).
Cué, C. E. Sánchez e Iglesias cierran filas sobre el nombramiento de Delgado. “El País” (15-I-2020).
Rincón, R. Un Poder Judicial fracturado respalda a Dolores Delgado como fiscal general. “El País” (17-I-2020). 12 votos a favor y 7 en contra, aunque sin mencionar la ‘idoneidad’.
Brunet, José María. La Fiscalía anuncia una instrucción para actuar contra las okupaciones de casas. “El País” (8-IX-2020). Un informe sobre los delitos y los retos de la Fiscalía.

Rincón, R. El Supremo ratifica la designación de Delgado como fiscal general. “El País” (20-X-2021).

Rincón, R. Dolores Delgado renuncia como fiscal general por motivos de salud. “El País” (20-VII-2022).

Gálvez, J. J.; Rincón, R. El escudero que investigó el ‘Prestige’. “El País” (20-VII-2022). Perfil del nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Hermida, X. Fuego a discreción contra el nuevo fiscal general. “El País” (26-VII-2022). La derecha judicial, política y mediática carga con bulos y acusaciones contra García Ortiz.

Hermida, X. El fiscal del Estado arremete contra los conservadores del Poder Judicial. “El País” (29-VII-2022).

Rincón, R. El fiscal general designa a Delgado al frente de Memoria Democrática. “El País” (9-VI-2023). La mayoría conservadora del Consejo Fiscal se niega a participar en la votación.

Rincón, R. El pecado original de haber sido ministra de Justicia. “El País” (9-VI-2023). El sector conservador tiene a Delgado en su diana.

Rincón, R. El CGPJ rechaza por primera vez avalar el nombramiento del fiscal general del Estado. “El País” (1-XII-2023). El sector conservador del CGPJ, con el mandato caducado desde hace cinco años, considera no idóneo a Álvaro García Ortiz.

Rincón, R. El Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala. “El País” (22-XI-2023). La sentencia sostiene que el fiscal general Álvaro García Ortiz incurrió en “desviación de poder” para ascender a Delgado.

Rincón, R. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática. “El País” (8-V-2024). Alegan que no es idónea por ser pareja del exjuez Baltasar Garzón.

Casqueiro, J. El Senado reprueba al fiscal general y el PP pide el cese de todo el Gobierno. “El País” (9-V-2024).

Rincón, R. García Ortiz recusa a cuatro de los jueces que deben decidir sobre su continuidad. “El País” (9-V-2024).

Romero, J. M. Una cacería apoyada en seis mentiras y dos nombramientos anulados por el Supremo. “El País” (9-V-2024). El PP y Vox acusan al fiscal general por órdenes que no dio y por hechos que nunca sucedieron, pero que fueron publicados por medios denunciados por difundir falsedades.

Romero, J. M. La fiscal de Madrid, tras el bulo del gabinete de Ayuso: “Hay que desmentirlo”. “El País” (21-VI-2024). Lastra, sin embargo, critica el contenido de la nota.

Rincón, R.; Viúdez, J. La Fiscalía advierte de la polarización como “caldo de cultivo” para los delitos de odio. “El País” (6-IX-2024). La polarización política alienta los delitos contra minorías e inmigrantes, en especial los menores no acompañados. Aumentan los accidentes de circulación bajo efectos de las drogas, faltan medios para luchar contras las narcolanchas y los ciberdelitos, y crece la captación ‘online’ de menores para el terrorismo yihadista.

Giovio, E. El informe ve “casi imposible” defender a los niños y adolescentes frente a los depredadores en las redes. “El País” (6-IX-2024). Critica la falta de formación de alumnos, profesores y padres para prevenir los ciberdelitos en las redes. Alerta del aumento de los delitos contra las mujeres.

Rincón, R. El Supremo encausa por primera vez en democracia a un fiscal general. “El País” (17-X-2024). Le investiga por revelación de secretos en el caso del novio de Díaz Ayuso, cuyo entorno había difundido bulos contra la Fiscalía.

Cué, C. E. El Gobierno cierra filas con García Ortiz y la derecha le exige que dimita. “El País” (17-X-2024). Indignación en el Gobierno porque una parte de la judicatura actúa por motivos políticos contra el fiscal general y el Gobierno.

Gálvez, J. J. Una causa judicial que comenzó tras un bulo del PP y un correo filtrado. “El País” (17-X-2024).

Rincón, R. García Ortiz salva la Junta de Fiscales de Sala sin una contestación mayoritaria. “El País” (18-X-2024).

Gómez, M. V.; Mateo, J. J. Sánchez respalda al fiscal general y reclama a Feijóo que exija “a su jefa Ayuso’ responsabilidades. “El País” (18-X-2024).

Hermida, X. Dos años, tres meses y ni un minuto de tregua para el fiscal del Estado. “El País” (20-X-2024). Desde el principio la derecha política y judicial ha lanzado contra García Ortiz una campaña de bulos, insultos y acusaciones de todo tipo, con la finalidad de eliminarlo del modo que sea.

Rincón, R. El Supremo ordena registrar el despacho del fiscal general del Estado. “El País” (31-X-2024). Busca pruebas de que el fiscal general y/o la fiscal jefe de Madrid filtraron un correo del abogado de la pareja de Díaz Ayuso.

Rincón, R. ; López-Fonseca, Ó. 11 horas de registro y un abogado para el fiscal general. “El País” (1-XI-2024).

Gálvez, J. J. La Abogacía del Estado pide anular el registro al fiscal general y borrar los archivos incautados. “El País” (14-XI-2024). Se alega una “manifiesta y notoria desproporción” en la intervención, repleta de “defectos”, que se vulneraron “derechos fundamentales” y que es una “investigación prospectiva”.


Análisis y opiniones.
Abellán, L.; Rincón, R. La fina línea entre dependencia y autonomía. “El País” (19-I-2020). Tres antiguos fiscales generales (Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres Dulce y Julián Sánchez Melgar) niegan presiones, pero insisten en la necesidad de reforzar la independencia judicial. Desde 2007 el fiscal general solo ejerce cuatro años y no puede ser cesado por el Gobierno.

Ayuso, Javier. La tormenta perfecta. “El País” (13-V-2017). 

Editorial. Error político. “El País” (15-I-2020). El nombramiento de Dolores Delgado para fiscal general.
Editorial. Feijóo y los fiscales. “El País” (5-V-2023). Un grave incumplimiento de algunos miembros de la conservadora Asociación de Fiscales que se han reunido con Núñez Feijóo en un acto partidista.

Romero, J. M. Álvaro García Ortiz / Fiscal general del Estado. “La justicia no pertenece a los jueces, emana del pueblo”. “El País” (2-X-2022).

Romero, J. M. Álvaro García Ortiz / Fiscal General del Estado. “Si pidiéramos rectificación por cada noticia falsa, no haríamos otra cosa”. “El País” (12-V-2024). No dimitirá pese a los varapalos del PP y el TS a sus nombramientos.


Jiménez Villarejo, Carlos. La Fiscalía, al servicio de la derecha. “El País” (4-V-2023). Critica la utilización del PP de los fiscales conservadores, como la reunión de Núñez Feijóo con ellos y su abierto posicionamiento político.

León Gross, Teodoro. La Moncloa y el desarme unilateral. “El País” (18-I-2020). Sánchez sabe que el nombramiento de Delgado es controvertido pero asume el riesgo porque no puede desarmarse unilateralmente ante la ofensiva judicial de la derecha.

Mena, José María. Fiscales. “El País” (22-I-2020). No hay motivos legales para rechazar que Delgado sea fiscal general, que cree que será independiente y con un sesgo progresista muy necesario, que es lo que lo que preocupa a sus contrarios.

Redacción. Un modelo muy marcado por la política. “El País” (19-I-2020). Los modelos de fiscalía general de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y EE UU.

Romero, José Manuel. Una cacería apoyada en seis mentiras y dos nombramientos anulados por el Supremo. “El País” (9-V-2024). El PP y Vox acusan al fiscal general García Ortiz por órdenes que no dio y por hechos que nunca sucedieron, pero que fueron publicados por medios denunciados por difundir falsedades.


Tajadura, Javier. El ministerio fiscal en la Constitución. “El País” (18-I-2020). Debe ser una institución neutral que defienda la legalidad.

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