México: la cuestión agraria.

        México: la cuestión agraria.

PROPIEDAD AGRARIA Y MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN MÉXICO, HASTA EL SIGLO XXI.

La agricultura en la época precolonial.

En la época precolonial del área central de México había dos sistemas de tenencia de tierras: privativa y colectiva. El soberano azteca tenía la potestad de conceder la propiedad a un colectivo o una persona.

Las tierras privativas se dividían en Tlatocalalli o tierras del rey, Pillali o tierras de los nobles y Tecpillali o tierras de los guerreros.

Las tierras comunales se llamaban Altepemili y podían ser de tres tipos: Teopantlalli o tierras de los dioses, con las rentas para financiar las actividades religiosas; Mitlchimalli o tierras de la guerra, para financiar la actividad bèlica, y Calpullali o tierra de las familias. Las fincas comunales se llamaban calpulli.

Los derechos de herencia impedían la venta. Además las tierras se otorgaban en en usufructo, lo que impedía que se abandonase la actividad agrícola dos años seguidos, bajo pena de perder la tierra. Los excedentes agrarios servían para pagar un tributo al rey, quien era el que tenía realmente los derechos de propiedad.

La calpulli estaba organitzada en cuatro secciones orientadas a los cuatro puntos cardinales. Cada una de las calpulli tenía un jefe de grupo que recibía el nombre de calpuleque, asesorado por un consejo de ancianos que decidía el reparto de las distintas parcelas entre los miembros de la comunidad.

Había otro grupo de tierras comunales, estas indivisas, que servían para producir para todo el pueblo y pagar sus gastos comunitarios.

La época colonial en el campo.

La Corona española quiso preservar los derechos de la propiedad comunal, tomando el puesto del Estado azteca, aunque reorganizó el sistema de tenencia de la tierra. Ordenó el territorio para controlar a la población indígena, agrupándola en asentamientos y lo dividió en:

Fundo real, con casas y corrales.

Ejido, con las tierras más cercanas al pueblo, de uso comunal, destinadas a pastos y bosques.

Propios: tierras cultivadas colectivamente, cuya producción estaba destinada al pueblo en general.

Tierras repartidas, que se daban a título individual en forma de una parcela de uso exclusivo de la familia, con derechos de tenencia, pero que no podía ser vendida libremente.

A lo largo de la época colonial avanzó muy lentamente un gradual proceso de consolidación de los grandes latifundios a costa de las tierras comunales, y aquellos fueron otorgados a los grandes propietarios y sobre todo a la Iglesia católica.

La época decimonónica del México independiente y la cuestión agraria.

En el siglo XIX comenzó el proceso de reformas, después de la independencia en 1821.

Los conservadores, sobre todo la Iglesia y la aristocracia criolla, protegían la propiedad comunal para mantener inmóvil el sistema social ancestral de la colonia, lo que explica que el efímero emperador Maximiliano protegiera los ejidos.

Los gobiernos liberales del siglo XIX, encarnados sobre todo por Benito Juárez y Porfirio Díaz, fueron contrarios a la propiedad comunal de la tierra, baza fundamental del modo de vida indígena. Los liberales pensaban que la extinción de la propiedad comunal era un paso necesario para el progreso económico del país, pese a que tuviera que pagarse un alto precio social a corto plazo.

Benito Juárez. 
El presidente Benito Juárez llegó a abolir la propiedad comunal en la Ley de 1856, para consolidar las grandes haciendas, en detrimento de la Iglesia y de las tierras comunales, aunque no consiguió la plena aplicación de tal medida.

Porfirio Díaz.

La reforma se consolidó durante el “porfiriato”, como es conocida la larga dictadura de Porfirio Díaz en 1876-1910.

La venta de les tierras eclesiásticas y de muchas tierras comunales movilizó el mercado de la tierra en favor de la tenencia o propiedad individual, con el objetivo de formar una clase social de pequeños y medianos propietarios rurales, los llamados “rancheros”, dueños de ranchos de 300-400 hectáreas de media concedidos por Díaz.

Más impactante fue la Ley de Baldíos de 15 de diciembre de 1883, por la cual las tierras vírgenes o que habían pertenecido a comunidades y que estaban sin dueño fueron ocupadas, directamente un tercio y con opciones al resto hasta 2.500 hectáreas, por especuladores absentistas, mexicanos o extranjeros, estos agrupados en compañías deslindadoras de capital extranjero, que se hicieron con inmensos latifundios, generalmente en el Norte, sobre todo en Chihuahua, Coahuila y Sonora. Para solventar el límite legal de las 2.500 hectáreas se formaron múltiples compañías con los mismos propietarios.

Las comunidades campesinas carecían de títulos y se vieron obligadas a declarar sus tierras de labor como vírgenes para mantener un tercio pero como no tenían dinero en metálico para pagar las opciones de los otros dos tercios se vieron constreñidas a perder sus tierras.

En 1893 una nueva reforma levantó el límite de las 2.500 hectáreas y se declararon vírgenes todas las tierras sin título privado, lo que permitió expulsar nuevamente a numerosas comunidades indígenas. Se formaron propiedades inmensas: el magnate de la prensa norteamericana, Hearst. poseía gran parte del Estado de Chihuahua. El historiador Vera Estanol comenta que las propiedades no se medían en hectáreas sino que se delimitaban por paralelos y meridianos.

La mayoritaria población rural se polarizó entre propietarios rurales y campesinos asalariados, que perdieron les tierras ancestrales de las comunidades indígenas, que a menudo carecían  de títulos de propiedad.

También se produjo una modernización económica en los pueblos y las ciudades gracias a la industrialización y al crecimiento de la red de ferrocarriles, que pasó de 700 kilómetros en 1877 a 20.000 en 1910, mientras que la minería y la industria prosperaban. La maquinización mediante  máquinas de vapor aumentó la producción: por ejemplo, en la moltura del azúcar permitió que la producción pasase de 10.000 toneladas en 1870 a 52.000 toneladas en 1908. En las haciendas había un régimen económico de autosuficiencia, con tiendas, escuela, hospital..., pero el campesino se endeudaba a fiado para comprar ropa, comida y utensilios, pasando la deuda de padres a hijos.

Hacia 1910, al final del porfiriato, México tenía 15,2 millones de habitantes, de los que 470.000 eran propietarios agrarios y 14 millones eran campesinos sin propiedades. .con un porcentaje de tierras comunales de solo el 1%, de pequeñas propiedades cerca del 2% (con 410.000 agricultores) y extensas haciendas sobre el 97 %, con 830 grandes propietarios y más de 3 millones de peones trabajando en latifundios entre 2.000 y 500.000 hectáreas. Las estadísticas no son uniformes y a veces son contradictorias. Hay consenso en que en 1810 había 5.000 haciendas, pero las cifras bailan respecto a 1910, justo al final del porfiriato. Una estadística oficial contaba que había 8.250 haciendas, de las cuales 1.200 tenían más de 5.000 hectáreas y 200 más de 25.000 hectáreas, mientras que el resto tenían entre 800 y 5.000 hectáreas. Otra estadística (discutible) de McBride cuenta que en 1910 había 11 haciendas con más de 100.000 hectáreas, 300 haciendas con más de 10.000 hectáreas y 8.000 haciendas con más de 1.000 hectáreas.

El analfabetismo era casi universal, la enfermedad y el hambre diezmaban la población e impedían el crecimiento demográfico, la Iglesia (repleta de curas sin instrucción, viviendo mucho en concubinato y generalmente de la explotación de los campesinos) sostenía la trama inmovilista. Se producía poco maíz, el alimento básico de la población porque se destinaban las mejores tierras para los cultivos industriales y la ganadería extensiva. En las haciendas los peones eran explotados a base de venderles a crédito y cobrar perpetuamente con trabajo las deudas del peón, que eran heredables.

Ante esta situación, los indígenas se rebelaron a menudo (los yaquis en el Norte, los mayas al Sur) pero el ejército sofocó implacablemente las revueltas.

La gran desigualdad social y el freno al crecimiento económico de la burguesía urbana provocó un imparable malestar político al final del porfiriato y la aparición de alternativas de cambio.

El Plan de San Luis propuesto por los liberales (1906), entre otras medidas, incluía el reparto de las tierras ociosas y que se obligara a los dueños a hacerlas producir en su totalidad. No se quería alterar el reparto pero sí estimular la producción. También se prometía un salario mínimo y una jornada máxima de trabajo. Los obreros mineros y textiles comenzaron las huelgas en 1906-1907, reprimidas brutalmente por el ejército.

En 1908 Díaz anunció que no se presentaría a la reelección y comenzó un proceso de formación de partidos políticos, al tiempo que los intelectuales teorizaban sobre las soluciones al problema agrario. Andrés Molina Enríquez publicó en 1909 Los grandes problemas nacionales, señalando como puntos esenciales la pésima distribución de la tierra y la miseria de las clases y los grupos raciales indígenas del país.

Pero en las elecciones de 1910 Díaz incumplió su promesa de no presentarse y venció con un fraude electoral masivo a su oponente, el liberal Madero, que se le opuso con un programa que prometía cumplir el Plan de San Luis de corregir los abusos de la ley de baldíos, mediante la prohibición de los latifundios y la recuperación de las tierras perdidas por las comunidades indígenas.

La Revolución Mexicana y el problema agrario.

Inmediatamente estallaron pequeñas sublevaciones populares, que se juntaron en la famosa Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. En el Norte lucharon Orozco y Villa y en el Sur lo hicieron Zapata y Torres.

El grito de rebeldía era «Tierra y Libertad» y otras veces se exclamaba «Tierra y Escuelas» o en los años 20 «Tierra y Caminos», pero siempre se pedía tierra, como señala el historiador Maddox. En mayo de 1910 la revolución ya dominaba gran parte del país y Díaz dimitió y partió al exilio en París. El gobierno provisional dio paso a unas elecciones en las que triunfó Madero, con un programa demasiado moderado en lo social.

El presidente Madero era un burgués moderadamente reformista, que una vez en el poder temió que la reforma del Plan de San Luis se le fuera de las manos y no la respetó.

Emiliano Zapata.

Como respuesta Zapata lanzó el Plan de Ayala, que rechazaba la autoridad del presidente Madero y exigía un avanzado reparto agrario. La revuelta zapatista fue en realidad una revolución agrarista, que reivindicaba en su propio plan solo pequeñas modificaciones del Plan de San Luis. Por su parte, los “renovadores”, dirigidos por Cabrera y espoleados por la prensa más progresista, pedían también una reforma agraria profunda, pero antes de que llegaran a un pacto de estos grupos con Madero, los generales Huerta y Félix Díaz, espoleados por el embajador estadounidense tramaron un golpe de Estado (enero de 1913) y asesinaron a Madero y numerosos parlamentarios.

Volvió la lucha entre los bandos, con Carranza, Zapata, Villa, González, Obregón... En 1914 Huerta tuvo que abandonar el país y el moderado Carranza ocupó la capital, hasta que tuvo que retirase a Veracruz ante el avance de los más radicales Villa y Zapata. La convención revolucionaria de México, liderada por Antonio Díaz Soto y Gama, se radicalizó en el tema agrario. Mientras, Carranza, con el apoyo de EE UU y de Cabrera dictó la ley de 6 de enero de 1915, que anunciaba la recuperación de las tierras ejidales y la destrucción del latifundio. El decreto que lo desarrollaba, emitido por el Consejo Ejecutivo presidido por Carranza, en Cuernavaca (28 de octubre de 1915), hizo suyos en el artículo 34 gran parte de los puntos del plan de Ayala, lo que separó pronto de los radicales a una gran parte de las masas campesinas, muy cansadas del conflicto, que iba a costar al final un millón de muertos. Así, Obregón venció finalmente a Villa (1916), restando sólo el radical Zapata en el Sur.
El Congreso constituyente reunido en Querétaro (1916) estaba controlado por dos grandes bloques: el urbano integrado por abogados y miembros de las clases medias, con un programa liberal; y el rural, más revolucionario en lo social, partidario de la intervención del Estado, que venció en la mayoría de los debates, de modo que la Constitución de 1916 aceptó en el artículo 27 que la tierra pertenecía originariamente a la nación, cediendo a una propiedad privada limitada y a las comunidades de tierras ejidales, de explotación colectiva.

Un campesino armado trabajando en el ejidal.

El ejidal será la nueva unidad de propiedad agraria, formada por un conjunto de tierras dotadas de un núcleo de población y divididas en tierras de uso común y tierras parceladas. El ejidatario no puede vender la tierra, de la que tiene derecho de usufructo, pero la puede traspasar de padres a hijos; a cambio, no la puede dejar dos años sin cultivar, bajo sanción de perder su derecho de usufructo. Las tierras de uso común son los pastos y los bosques. Se crea una pequeña propiedad individual, entre 5 y 200 hectáreas, según el clima sea húmedo o árido.

Carranza fue así el primer presidente de la nueva República, que estabilizó pronto la situación política, y así en 1919 el general González venció a Zapata, pero el intento de Carranza en 1920 de imponer su propio candidato para el siguiente mandato originó una nueva lucha y fue asesinado en mayo. El general Obregón le sustituyó y promovió una reforma agraria bajo la influencia de la reforma agraria de la URSS, manifestada en la presión sobre los ejidatarios para asociarlos en cooperativas, pero estas medidas fracasaron debido al individualismo de muchos campesinos. Su sucesor Calles volvió a congelar la reforma, mientras estallaba la rebelión católica de los cristeros en 1926. Obregón, reelegido presidente, fue asesinado en 1928 por un fanático religioso, pero antes, en 1926, se fundó el Banco de Crédito Ejidatario, para dar préstamos a los agricultores con el fin de modernizar sus explotaciones, pero no podían hacerse hipotecas para financiar los préstamos, por lo que su importe era muy escaso.

El periodo 1929-1934 cuenta con tres presidentes sometidos a la influencia dominante de Calles, que vuelve a moderar el ritmo de la reforma agraria. El primero, Portes, es declaradamente reformista, mientras que Ortiz y Rodríguez son conservadores (entendidos estos términos siempre referidos a la reforma agraria). El balance empero era significativo: hasta 1934 se habían repartido 10 millones de hectáreas, la mayoría ejidales.

Lázaro Cárdenas.

Finalmente, el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) nacionalizó los pozos petrolíferos y uso los nuevos recursos para profundizar en la reforma agraria, al tiempo que transformaba el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM, desde 1946 PRI, por Institucional), en el que reunió a los principales partidos y organizaciones de los campesinos como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de los obreros (CTM). El ritmo fue tan rápido que sólo en 1937 se repartieron 5 millones de hectáreas, de un total repartido en su mandato de 18 millones, pero aun así en 1938-1940 el anuncio de un parón relativo del reparto agrario provocó en 1938 una revuelta campesina dirigida por Saturnino Cedillo en San Luis de Potosí, pronto sofocada.

Los 28 millones de hectáreas repartidas hasta 1940 sumaban el 49% del total cultivado del país, pero los resultados económicos distaban mucho de los esperados. Hacía falta capital para hacer rentables las explotaciones, más los intereses del sector conservador y burgués del PRI exigían que los capitales se dedicaran a las comunicaciones y la industria. Era una cuestión de prioridades que se resolvió a favor de la burguesía.

El período 1940-1958 no tuvo impulsos significativos, y algunos autores apuntan a que de hecho hubo una contrarreforma agraria bajo los presidentes Ávila (1940-1946), Alemán (1946-1952) y Ruiz (1952-1958), destacando que Alemán elevó a 100 hectáreas de regadío el límite de la propiedad privada e incrementó el nivel no expropiable de las fincas hasta las 300 hectáreas, lo que consolidó un grupo de grandes propietarios. En 1950 los ejidos ocupaban el 26,7% de la tierra y los pequeños propietarios solo el 0,97% (con el 72,6% del número total de las explotaciones) y los terratenientes continuaban ocupando el 72,33% con el 26,8 % de las explotaciones.

El presidente López (1958-1964) siguió una política tan conservadora que propició la aparición de una guerrilla castrista desde 1960 y motivó importantes revueltas campesinas (1961-1962), lo que le obligó a dar más ayudas a los ejidos y a reducir las ayudas a los propietarios, volviendo a bajar el límite de las 300 hectáreas para la expropiación. Hacia 1965 los ejidos se extendían por 10 millones de hectáreas, con un 57% del total de las explotaciones, mientras en el extremo contrario las grandes propiedades sumaban 5.000 haciendas de 1.000 hectáreas de media, sumando un 0,20% de las explotaciones. El conservador Díaz Ordaz (1964-1970) exacerbó los ánimos en el campo y las ciudades hasta que estalló la situación en grandes disturbios y la gran matanza de la plaza de las Tres Culturas (3 de octubre de 1968). En ese mismo año 1968 se crearon las Empresas Agropecuarias Ejidales, para reducir la gran desigualdad social y racionalizar el proceso de producción, convirtiendo el ejido en una empresa capitalista regida per la ley de la oferta y la demanda. El procedimiento fue la cesión de las parcelas a un fondo común de modo de modo que el ejidatario se convierte en un asalariado de la empresa agropecuaria.

El presidente Echevarría (1970-1976), representante del ala progresista, no pudo impedir que prosiguiera la lucha guerrillera, con numerosos atentados y secuestros, pero calmó la situación con una amnistía y reformas democráticas, y el nuevo reparto de tierras de 1971 permitió soltar parte de la presión acumulada y conseguir tiempo.

Las presidencias de López Portillo (1976-1982) y Miguel de Lamadrid (1982-1988) estuvieron marcadas por la corrupción, el fraude electoral y la derrota de la guerrilla, mientras una gran masa de mexicanos emigraba clandestinamente a EE UU.

Hubo que esperar a la presidencia del reformista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para ver nuevos cambios en el sistema político y económico, mediante el Tratado de Libre Comercio con EE UU y Canadá, y el apoyo a a las inversiones extranjeras, un acuerdo sobre la deuda externa, y la expulsión de las instituciones y el encarcelamiento de los principales corruptos. Entre las medidas neoliberales tomadas en 1992 destacó la reforma del artículo 27, para reconocer el derecho a la propiedad privada para así cumplir el Tratado de Libre Comercio con EE UU y para superar la falta de eficacia de los ejidos. De acuerdo con esto, por fin los bancos podían quedarse las tierras si no se pagaban las deudas hipotecarias.

Pero el resultado fue un nuevo proceso de empobrecimiento de los campesinos, de concentración de tierras en pocas manos y de emigración a los EE UU. Algunas estimaciones recientes apuntan a que cada semana se suicidaban en esos tiempos de zozobra hasta 115 campesinos.

La gran asignatura pendiente seguía siendo la condición miserable de gran parte de la población, tanto en el campo (el sureño en especial) como en las ciudades masificadas, con la inmensa urbe de México capital y sus barrios de chabolas. Todo esto explica la revuelta de marzo de 1990 en Michoacán y Guerrero, con 7 muertos y numerosos heridos, y la más grave revuelta de Chiapas, que estalló en los primeros días de enero de 1994, siguiendo la tradición mexicana de revueltas campesinas con base indígena. Afortunadamente el Gobierno siguió la vía de la negociación y de las reformas en lugar de la simple y dura represión y las revueltas se fueron apagando paulatinamente con poco derramamiento de sangre.
Los gobiernos posteriores han continuado la política agraria anterior sin grandes cambios: Ernesto Zedillo (1994-2000), seguido por dos presidentes del PAN, Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), hasta el retorno del PRI al poder con el presidente actual Enrique Peña Nieto (2012-2018), en cuyo programa de grandes reformas no figura empero un cambio significativo en la política agraria.

Los partidos políticos y las organizaciones campesinas ante el problema agrario.

El PRI, el partido históricamente mayoritario, cuenta con el apoyo de la mayoría de las masas campesinas y del subproletariado urbano, así como con multitud de funcionarios e importantes grupos de la burguesía relacionados con el poder.

El Partido de Acción Nacional (PAN), que ha gobernado el país durante dos mandatos, cuenta con poderosas bases burguesas y urbanas y es muy fuerte en el Norte. Su programa es de cariz netamente conservador, con una política agraria muy liberal y considera que el gasto social es una trampa a largo plazo para el progreso del país.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado históricamente por Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del progresista Lázaro Cárdenas), ha aglutinado el apoyo de importantes bases sociales de la izquierda y plantea una reforma muy radical en la distribución de la propiedad, así como el fomento las actividades económicas pequeña industria y servicios en las zonas rurales.

Las principales organizaciones campesinas son la CNM y la CCI. La Confederación Nacional Campesina (CNM), está integrada en el PRI, y se formó con elementos de las Ligas de Comunidades Agrarias y el Partido Nacional Agrarista, durante el cardenismo, bajo el liderazgo de Graciano Sánchez y el apoyo casi total de los ejidatarios. La Confederación Campesina Independiente (CCI) se organizó en 1960, sobre una base social de medianos propietarios agrarios, desafectos al régimen por la inestabilidad de las constantes mini-reformas que no permitían asentar la propiedad ni expansionar sus tierras con la compra de ejidos y pequeñas propiedades. En el Sur, sobre todo en Chiapas, muchos ejidatarios se han organizado de modo autónomo para oponerse a la corrupción de las autoridades estatales del PRI.

La Iglesia católica mexicana ha evolucionado en gran parte hacia posiciones ideológicas cercanas a la Teología de la Liberación y proclives a los intereses campesinos.

Una conclusión.
*Para un análisis de la situación actual ver la entrada del epígrafe Actual México en este mismo blog.

Ya entrado el siglo XXI, las propiedades tienen un límite de 150 hectáreas si son de regadío, 500 si son de secano y 5.000 si son pastos naturales.  

Ejidal en México.

Los resultados han sido poco alentadores, porque las pequeñas propiedades y el sistema ejidal no han resultado económicamente eficientes, al estar demasiado basados en el autoconsumo y sin posibilidad por tanto de realizar inversiones productivas, con una escasa capitalización y mecanización, lo que se une a la dureza del clima en la mayor parte de México para colocar al sector de agricultura de subsistencia en el límite físico de la supervivencia, por lo que está siempre necesitado de subvenciones estatales y de un control de precios de los productos alimentarios básicos, mientras al contrario los escasos medianos y grandes propietarios gozan de un nivel de vida muy superior.


Mapa de la pobreza en México.

El debate teórico actual sigue centrándose, después de decenios, en dos posiciones antagónicas: A) La defensa de la creación de grandes empresas agropecuarias capitalistas, pues se razona que los ejidos tienen demasiados problemas debido al minifundismo, que es escasamente rentable. B) El mantenimiento del ejido para dar una salida eficaz a las tensiones sociales.

Fuentes.

Internet.

Wikipedia.

[http://cindyjuarezo.blogspot.com.es/2011/04/reformas-agrarias-en-mexico.html]

Libros.

Bartra, Roger. Estructura agraria y clases sociales en México. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. 1974. 182 pp.

Bartra, Roger. El poder despótico burgués: Las raíces campesinas de las estructuras políticas de mediación. Península. Barcelona. 1977. 150 pp.

Bartra, Roger. Campesinado y poder político. Era. Ciudad de México. 1982. 127 pp.

Bartra, Roger. Agrarian Structure and Political Power in Mexico. Johns Hopkins University Press. Baltimore. 1993. 17  más 221 pp. Traducción de la mayor parte de los textos de los tres libros anteriores.

Rueda Hurtado, Rocío. Cambio de usos del suelo en la unión de ejidos. Editorial Plan de Ayala. Morelos. 1995. 142 pp.