HMA 3. España. Dosier: La libertad de expresión. La desinformación. Los delitos de odio.
Índice:
La libertad de expresión.
La desinformación
La ley
de secretos oficiales.
La transparencia informativa.
El control del correo de los cargos públicos.
La ley del secreto profesional de los periodistas.
La difusión de imágenes sin consentimiento.
Los delitos de odio.
Casos de delitos de odio.
La libertad de expresión.
¿Qué es la Libertad de expresión? 3:39. [https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA]
Josep Ramoneda resume en Defender la libertad de expresión [“El País” (14-IV-2018)]:
‹‹(…) hablamos de libertad de expresión. Las libertades nunca están garantizadas. En Europa las habíamos dado por adquiridas y las sensibilidades se habían adormecido en los años previos a la crisis de 2008, en que arraigó una peligrosa cultura de la indiferencia. La crisis de gobernanza de las democracias liberales está haciendo emerger las peores caras de la pax europea.
Derechos fundamentales como la libertad de expresión están amenazados en un momento en que las aceleraciones del proceso de globalización han provocado un repliegue sobre los espacios nacionales. Último episodio: la victoria del autoritarismo ultranacionalista de Orbán en Hungría. Las instituciones europeas han venido tolerando la violación permanente de los principios de la Unión por parte de las autoridades húngaras y la derecha europea (el grupo popular del parlamento en el que se encuadra el PP) ha acogido el triunfo de su colega con entusiasmo.
El desconcierto de las clases medias, sumidas en el pánico después del descalabro sufrido con la gran recesión, está siendo territorio fértil para un giro autoritario. Y unos gobiernos en manifiesta pérdida de poder (y de confianza) por su incapacidad para poner límites a unos mercados globalizados, han encontrado en la emigración (convertida en chivo expiatorio) y en el terrorismo argumentos para exhibir músculo, especulando con el miedo, un arma política extraordinaria por su capacidad de propagarse y de paralizar a la ciudadanía. Y así hemos asistido a increíbles endurecimientos de las legislaciones penales, tarea en la que España ocupa un lugar destacado especialmente desde que gobierna el PP y su icónica ley mordaza. Una ley con aplicación de perímetro variable en función de cuál es el enemigo oficial del momento.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que tiene que ser protegido por las leyes, pero es una ciudadanía activa, capaz de aceptar el conflicto como algo natural y la palabra como forma de afrontarlo, la que más puede hacer para defenderla. En este contexto, un incidente parlamentario menor adquiere relevancia. Tras una interpelación del diputado Carles Campuzano, el ministro Rafael Catalá le espetó: “Tiene usted mucha suerte porque puede venir a esta Cámara con ese ofensivo lazo amarillo que quiere decir que en España hay presos políticos”. Que en España hay presos políticos es una opinión tan susceptible de ser defendida y criticada como la contraria. El derecho fundamental a la libertad de expresión que legitima a cualquier ciudadano a llevar un lazo amarillo es presentado por el ministro de Justicia como una generosa concesión: un gesto de tolerancia con los equivocados. Y lo acompaña con el signo de la amenaza: tiene usted mucha suerte. La suerte siempre puede torcerse. Catalá debería saber que la libertad de expresión es un derecho, no una concesión.
En estos tiempos en que los cuerpos de la seguridad del Estado van a la caza de delitos de odio en las redes y algunas instituciones y creencias pretenden situarse por encima del bien y del mal, protegidas penalmente de la crítica, uno siente cierta nostalgia de la tradición americana. La Primera Enmienda constitucional de los Estados Unidos establece sin ambages que el Congreso no podrá hacer ninguna ley que limite la libertad de expresión, la de prensa, y el derecho a la asamblea pacífica de las personas.
Todo tiene sus límites, la libertad de expresión también: la libertad del otro. Y es verdad que un sistema como el americano puede dejar desprotegidos a aquellos sectores más vulnerables que tienen poco acceso a los espacios de comunicación y creación de opinión. Pero es por la acción política, por la vitalidad democrática de una sociedad, que hay que defender a estas personas y no con las prohibiciones, que además, por lo general, buscan la protección de quienes no tienen nada de vulnerables: desde las altas instituciones hasta los aparatos represivos del Estado.
No hay democracia sin palabra libre. Negar la palabra al otro no suma, enfrenta. Y esto vale para toda forma de coacción, ya sea desde la legalidad o fuera de ella. Pero en este país la libertad de expresión sigue siendo entendida como una generosa concesión susceptible de ser retirada. Y la proliferación de tipos penales basados en la subjetividad y en la presunción y no en hechos, la cercena y agranda las fracturas. Por eso hay que defenderla.››
La desinformación y las noticias falsas.
Los teóricos de la libertad de expresión concuerdan casi todos en protegerla, incluso en respetar el derecho al abuso de los contrarios a que haya libertad. Como decía el filósofo Richard Rorty, "cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma".
Los delitos de odio.
En España en los últimos años han crecido los delitos de odio, en especial los relacionados con la orientación sexual.
El editorial Delitos de odio [“El País” (6-X-2022)] opina que el incremento de los crímenes de odio en España, sobre todo por homofobia o transfobia, seguidos por el racismo y, más abajo, el móvil ideológico, exige movilizar a la sociedad contra la intolerancia:
‹‹(…) Las dos principales categorías de este tipo de crímenes, los motivados por racismo y por la orientación sexual o de género de la víctima, registraron aumentos significativos que obligan a reflexionar sobre la gestión de los poderes públicos y la dirección del discurso social en España. Las causas de semejante aumento son sin duda múltiples pero la responsabilidad del ruido de redes y mediático es una de ellas. El año pasado se investigaron 1.724 delitos con posible motivación de odio. (…) Tanto la mayoría de víctimas como de agresores tienen entre 26 y 40 años, y un altísimo porcentaje de los agresores detenidos o investigados (81%) son hombres. Una de cada 10 víctimas de delitos de odio era menor de edad.
Las cifras no han dejado de aumentar desde 2014. Aunque en parte se debe a una mayor iniciativa para denunciar, las fuerzas de seguridad creen que todavía ocho de cada 10 de los casos se queda sin denunciar. España tiene una fiscalía especializada y un plan específico de Interior para delitos de odio que está introduciendo esa sensibilidad en las instituciones. Pero desgraciadamente, la mayor concienciación social tiene mucho que ver con tragedias que acaban sirviendo de ejemplo (…). No debería ser necesario que muriese alguien para identificar el peligro.
No se nace siendo racista, ni homófobo, ni xenófobo. El odio se enseña, se inculca y se legitima. La culpa de la violencia es exclusiva del violento, pero cuando la motivación es el odio al diferente, el desprecio a su derecho mismo a existir, esa violencia nos interpela a actuar como sociedad. La violencia al grito de “negro” o “maricón” nos humilla al negar el derecho elemental de todas las personas a vivir en libertad e igualdad. Por eso es importante que la alerta necesaria ante expresiones vejatorias y deshumanizadoras se materialice en una condena explícita y con consecuencias efectivas para quien repudia la diferencia de sexo o raza. Es una lucha interminable (…) El discurso de odio envenena la convivencia y es la antesala de la violencia, en particular cuando demasiadas veces las redes sociales acogen su difusión instantánea en burbujas cerradas y a menudo delictivas.››
La transparencia informativa.
Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.
Hay un consenso generalizado entre los expertos acerca de que la transparencia informativa sobre las decisiones administrativas, tanto en su proceso como en su resultado final, es uno de los mayores factores en beneficio de la eficacia y de una menor corrupción.
En España ha tardado demasiado la aplicación de la Ley de Transparencia y a finales de 2014 el Gobierno del PP dio un primer paso al publicar medio millón de datos antes reservados.
El editorial Transparencia, pero poca [“El País” (11-XII-2014)] celebraba la mayor apertura informativa sobre la Administración del Gobierno del PP, pero exige un grado mayor:
‹‹Si el propósito de la ley de Transparencia es contribuir a que los ciudadanos estén informados sobre cómo se toman las decisiones o cómo se manejan los fondos públicos, los más de 500.000 datos de la Administración del Estado publicados ayer electrónicamente ofrecen solo una primera y vaga respuesta a tales objetivos. Aun así, es positivo empezar a consolidar la idea de que las Administraciones Públicas carecen de un derecho general a la opacidad y que, en lo sucesivo, habrán de responder a los requerimientos de información de los ciudadanos.
España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea sin una legislación de este tipo. Ningún Gobierno anterior consideró necesario facilitarlo —Zapatero aprobó un proyecto cuando estaba a punto de disolver el Parlamento— y por lo tanto corresponde al Ejecutivo del PP el mérito de haber promovido la primera ley en la materia que entra en vigor, y que comienza a ser aplicada de manera efectiva.
Es verdad que los primeros resultados ofrecidos resultan decepcionantes. Haber colocado en el portal de la Transparencia unas tablas con las retribuciones de altos cargos permite ejercicios más bien anecdóticos, como el de comparar los bajos sueldos del jefe del Gobierno y de los ministros con los más elevados de sus subordinados directos. Pero no se dispone de los registros de entrada y salida de los ministerios, ni de las deliberaciones previas a las decisiones.
Además de las zonas de sombra informativa previstas por la ley (seguridad y defensa, intereses económicos o comerciales, política económica, relaciones exteriores), se excluye durante un año la transparencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. El portal electrónico tampoco colma la necesidad de que los viajes de altos cargos y parlamentarios pagados por el erario estén a disposición del público. Y está a medio preparar el Consejo de la Transparencia, encargado de administrar el sistema y que, como se sabe desde la aprobación de la ley, no es un órgano independiente: está vinculado al Ministerio de Hacienda.
Pero se puede (y se debe) exigir información no publicada. Son los ciudadanos los que tienen que abrir camino al nuevo procedimiento establecido por la ley, demandando los datos que precisen. Con una normativa que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por las diversas Administraciones —o si estas hubieran estado obligadas a colgar en Internet las recalificaciones de terrenos—, se hubieran podido evitar o dificultar algunos de los hechos graves que han disparado la inquietud ciudadana por los abusos de dinero público a los que hemos asistido.
Por eso hay que saludar el comienzo de la aplicación de la Ley de Transparencia. Ser exigentes con ella es el mejor modo de poner fecha de caducidad al secretismo que ha actuado como partero de la corrupción.››
El editorial Abrir los archivos oficiales [“El País” (22-III-2018)] señala que la ley actual que regula la desclasificación de documentos públicos es incompatible con las prácticas democráticas, y debe hacerse por mor de la historia (y añado) pero también de la transparencia en la gestión pública:
‹‹Los secretos oficiales son en España inaccesibles y perennes. Con algunos retoques preconstitucionales, la ley que los protege data de 1968. Para la dictadura franquista, mantener cerrada la puerta de la historia a los investigadores formaba parte de su propia supervivencia, pero ese oscurantismo resulta incompatible con las prácticas democráticas. Con 40 años de retraso, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado una iniciativa presentada por el PNV hace 18 meses para comenzar la tramitación de una nueva ley que ponga fin a una normativa obsoleta, anómala e injustificable.
España no tiene establecido un procedimiento automático que permita la desclasificación de documentos e informes públicos. El texto que ahora empieza a andar en el Congreso prevé un plazo máximo de 25 años, con la posibilidad de que en casos determinados los secretos oficiales se puedan prorrogar otros 10 años siempre y cuando cuente con una decisión “excepcional y motivada” del Consejo de Ministros. Salvaguardar la información delicada o que afecte a la seguridad del Estado es una cuestión indiscutible. Pero no todos los documentos requieren el mismo grado de protección.
La ley que permitirá abrir los archivos que albergan documentos secretos, reservados, confidenciales o de difusión limitada no solo es una exigencia de transparencia y acceso a la información de todos los ciudadanos. Es también la justa respuesta a una vieja reclamación de la comunidad académica. Los historiadores han visto demasiadas veces obstaculizadas sus investigaciones por la inexistencia de una ley que establezca el momento preciso en el que puedan indagar en los archivos custodiados.
La reforma beneficiará de manera especial a los historiadores españoles que a menudo se han visto obligados a bucear en registros y ficheros extranjeros para saber lo que pasó en su propio país.››
El control del correo de los cargos públicos.
En el siglo XXI ha crecido la necesidad de regular el control de los correos postales y electrónicos de los cargos públicos, para separar los de índole privada de los de trascendencia pública, a fin de mejorar la transparencia informativa sobre la gestión de los fondos públicos y atajar la corrupción.
FUENTES.
La libertad de expresión.
Noticias.
Vizoso, Sonia. Un Código Penal con pecado de blasfemia. “El País” (20-II-2018). Perdura una norma heredada del franquismo.
Pérez, F. J. El Supremo absuelve a la tuitera que hizo chistes sobre el asesinato de Carrero. “El País” (2-III-2018).
Pérez, F. J. ‘El derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia’. “El País” (2-III-2018). Hay unos límites amplios para la libertad de expresión.
Pérez, F. J. Nueva condena por enaltecimiento al rapero Pablo Hasel. “El País” (3-III-2018). Insultó, injurió y calumnió a la Corona, la Guardia Civil…
Ayuso, Silvia. Estrasburgo sentencia que quemar retratos del Rey es una forma de libertad de expresión. “El País” (14-III-2018). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (incluido un juez español) condena a España.
Gálvez, J. J. Amnistía acusa al Gobierno de reprimir las opiniones en Internet. “El País” (14-III-2018).
Gálvez, J. J. Willy Toledo, procesado por insultar a Dios y a la Virgen. “El País” (27-IX-2018).
Lopez-Fonseca, Ó. Interior reunirá a condenados por delitos de odio con víctimas para reinsertarlos. “El País” (27-IX-2018).
Diez, A. El Congreso acuerda eliminar el delito de injurias a la Corona. “El País” (24-X-2018).
Gálvez, J. J. Dani Mateo, imputado por sonarse con una bandera de España. “El País” (24-XI-2018).
Gálvez, J. J. ¿Dónde empieza el “ultraje”? “El País” (27-XI-2018). Unidos Podemos propone derogar el artículo del Código Penal que castiga con multas las ofensas a la bandera.
Gálvez, J. J. Willy Toledo defiende que la libertad de opinión ampara incluso vitorear a Franco. “El País” (18-II-2020). Se le enjuicia por ofender a Dios y la Virgen.
Brunet, J. M. El Constitucional se inclina por anular la condena al cantante Strawberry por enaltecimiento. “El País” (24-II-2020). Sus tuits enaltecían el terrorismo contra personajes de la derecha.
Brunet, J. M. El Constitucional eleva el techo de la libertad de expresión. “El País” (26-II-2020). El caso Strawberry.
Gálvez, J. J. Willy Toledo absuelto del delito de ofensa religiosa. “El País” (1-III-2020).
Redacción. 30 juristas defienden que Iglesias pueda criticar sentencias. “El País” (25-IV-2020).
Rincón, R. Llamar ‘violadoras’ a las Trece Rosas no es delito, según el Tribunal Supremo. “El País” (27-XI-2020). Ortega, el líder de Vox, afirmó que las chicas fusiladas torturaron y asesinaron.
Brunet, J. M. El Constitucional concluye que incitar a quemas la bandera es delito. “El País” (16-XII-2020).
Congostrina, A. L. Pablo Hasél ingresa en prisión. “El País” (17-II-2021). El rapero fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Ha tenido otras condenas por hechos similares y unas agresiones.
Casqueiro, J.; Hermida, X. El apoyo de Podemos a las protestas por Hasél fractura más al Gobierno. “El País” (19-II-2021).
Rincón, R. ‘No me da pena tu tiro en la nuca’. “El País” (19-II-2021). El controvertido historial de Hasél: amenazas a un testigo en un juicio, agresiones físicas a un periodista, canciones que alaban a ETA y los GRAPO y pedir que vuelvan a atentar contra políticos...
Congostrina, A. L.; et al. La amalgama violenta tras las manifestaciones. “El País” (19-II-2021). Protestas violentas en Cataluña y Madrid.
Congostrina, A. L. Graves disturbios en la novena protesta por Hasél en Barcelona. “El País” (28-II-2021).
Ayuso, S. El Consejo de Europa pide menos límites a la libertad de expresión. “El País” (23-III-2021).
Hermida, X. El Congreso da el primer paso para despenalizar las injurias a la Corona. “El País” (30-IX-2022). Se eliminaría también el ultraje a la bandera y otros símbolos. Se oponen Vox, PP y Cs.
Gálvez, J. J. Un delito cuestionado en Europa. “El País” (30-IX-2022). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclama a España más libertad de expresión
Análisis y opiniones.
AA.VV. Redacción. El debate de penar la apología de los totalitarismos. “El País” (18-II-2020). Cinco expertos analizan las ventajas y los inconvenientes de tipificar como delito la exaltación del franquismo. Robert Gargarella (Universidad de Buenos Aires), Paz Lloria (Universidad de Valencia), Rosana Pinheiro (Universidad de Bath, Reino Unido), Miguel Presno Llinera (Universidad de Oviedo), Guillem Vidal (investigador del WZB).
Blanco, Patricia R. Manual de la ultraderecha para desinformar. “El País” (28-IV-2020). El ultranacionalismo español se sirve de distintas tácticas, más allá de la difusión de bulos, para promover su agenda política.
De la Quadra-Salcedo, Tomás. La tentación libertaria en la sociedad digital. “El País” (1-III-2021). Opina que debe haber límites en la libertad de expresión, que no debe transgredir otros derechos humanos, como el de la vida o la dignidad. Esos límites no puede definirlos una ley, pues son infinitos en número, sino los tribunales.
Editorial. Delitos y delitos. “El País” (25-X-2018). A favor de suavizar la legislación penal en delitos relacionados con la libertad de expresión.
Editorial. Defensa de los payasos. “El País” (27-XI-2018). A favor de la libertad de expresión, aunque moleste (el caso Dani Mateo).
Editorial. Propaganda penal. “El País” (17-II-2020). Convertir en delito la apología del franquismo no resuelve el problema y el Gobierno debería evitar caer en este error.
Editorial. El error de no condenar. “El País” (19-II-2021). Urge suavizar el Código Penal, pues aunque la retórica de Hasél es despreciable sí se puede discutir si ha de condenarse con cárcel. Pero no hay que legitimar la violencia de las protestas, como está haciendo UP al no condenarla.
Editorial. Nueva libertad de expresión. “El País” (13-II-2021).
Elorza, Antonio. Estrasburgo. “El País” (21-III-2018). Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son proclives a condenar a España.
Gálvez, J. J. España, ante sus límites de expresión. “El País” (14-II-2021). Un resumen del debate sobre los delitos de expresión en España y Europa.
Gallardo, Beatriz. No, no es libertad de expresión. “El País” (25-XI-2022). El Parlamento español no puede amparar en su seno el insulto, la ofensa y las injurias, puesto que no forman parte del derecho a verbalizar las ideas.
Gascón, Daniel. Libertad, pero solo para los míos. “El País” (27-X-2018). Hay que proteger la libertad de expresión, incluso de los contrarios.
Gascón, Daniel. Política McGuffin. “El País” (25-IV-2020). El debate sobre los bulos o las críticas al Poder judicial es secundario. Lo importante es mantener la libertad de expresión. Como decía Rorty, cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma.
Laporta, Francisco J. La respuesta es el silencio. “El País” (16-III-2018). Las penas no sirven para frenar los discursos nauseabundos en las redes. Lo mejor es responder con el silencio.
Mena, José María. Discrepancias judiciales. “El País” (12-III-2021). Sobre el caso Hasél.
Ramoneda, Josep. Defender la libertad de expresión. “El País” (14-IV-2018).
Ramoneda, Josep. Desconfinar la libertad de expresión. “El País” (20-II-2021). Aunque repugnen las palabras del rapero Hasél o de la fascista Isabel Medina Peralta la respuesta no puede ser la cárcel, porque el derecho de expresión ha de ser respetado.
García, Jesús. Fernando Rodríguez Rey / Fiscal de sala delegado de delitos de odio y discriminación. ‘El discurso del odio genera un clima, es la antesala de las agresiones’. “El País” (19-IX-2021).
Fuentes: La desinformación.
Noticias.
Alandete, D. España se refuerza frente a la desinformación. “El País” (11-V-2018). Una comparación en la respuesta europea respecto a la injerencia rusa mediante ‘fake news’.
Marcos, J. El PSOE denuncia ante la Fiscalía a Vox por difundir bulos. “El País” (17-IV-2020).
Ortega, P. Bronca política por un ‘lapsus’ del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. “El País” (20-IV-2020). El general Santiago afirmó que el cuerpo trabaja para ‘minimizar el clima contrario al Gobierno’.
Ortega, P. PP y Vox exculpan a la Guardia Civil pero insisten en que hay censura en las redes. “El País” (21-IV-2020). Casado afirma que la ‘supuesta guerra contra los bulos’ ataca la ‘crítica legítima’.
Hidalgo, Montse. Miles de perfiles falsos distorsionan el debate político en las redes. “El País” (23-IV-2020).
Gálvez, J. J. ‘Ambigüedad’ contra desinformación. “El País” (7-XI-2020). El protocolo del Gobierno español para vigilar las redes y las noticias falsas despierta recelos en los juristas.
González, M. El CNI vigila desde hace un año las campañas de desinformación en la Red. “El País” (9-XI-2020).
González, M. El bulo del ‘expediente Royuela’. “El País” (10-XI-2020). Un caso en España de los muchos de desinformación fomentados por la ultraderecha y la ultraizquierda, generalmente con el apoyo de redes rusas.
De Miguel, Bernardo. La UE avala el plan del Gobierno contra la desinformación. “El País” (10-XI-2020).
Análisis y opiniones.
Adsuara Varela, Borja. La ambigüedad del concepto de desinformación. “El País” (12-XI-2020). La Estrategia Nacional de Seguridad 2021 debe aclarar la lucha contra la desestabilización a través de bulos.
Blanco, Patricia R. Manual de la ultraderecha para desinformar. “El País” (28-IV-2020). El ultranacionalismo español se sirve de distintas tácticas, más allá de la difusión de bulos, para promover su agenda política.
Gascón, Daniel. Libertad, pero solo para los míos. “El País” (27-X-2018). Hay que proteger la libertad de expresión, incluso de los contrarios.
Gascón, D. Política McGuffin. “El País” (25-IV-2020). El debate sobre los bulos o las críticas al Poder judicial es secundario. Lo importante es mantener la libertad de expresión. Como decía Rorty, cuida la libertad y la verdad se cuidará a sí misma.
Fuentes: La ley del secreto
profesional de los periodistas.
Noticias.
González,
M. El PP se opone a tramitar la ley que
regula el secreto profesional de los periodistas. “El País” (6-I-2023). El
proyecto prohíbe incautar los móviles y ordenadores de los informadores.
Fuentes: La difusión de imágenes sin consentimiento.
Noticias.
García Baroja, Andrea. El escarnio tras la viralización de un vídeo sexual sin consentimiento. “El País” (7-I-2023). Miles de personas comparten en las redes imágenes de una menor practicando una felación en una discoteca. Muchos comentarios humillan a los implicados.
La ley de secretos oficiales. La Ley de Información Clasificada.
Noticias.
González, M. La reforma de la ley franquista de secretos
oficiales se aplaza de nuevo. “El País” (8-II-2023). El Gobierno alega que
no hay tiempo para tramitar la Ley de Información Clasificada, cuyo anteproyecto
fue aprobado en agosto de 2022.
Análisis y opinión.
Editorial. Perpetuar el secreto. “El País” (11-II-2023).
Fuentes: La transparencia informativa.
Internet.
[http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/portada.html] El Archivo de Alcalá de Henares.
[http://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ags/portada.html] El Archivo de Simancas.
Reportajes.
Rodríguez, Jesús. Secretos eternos. “El País” Semanal 2.258 (5-I-2020). Una ley de 1968 protege los secretos de Estado. Muchos se guardan en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en el CNI, en el Estado Mayor de la Defensa, la Zarzuela y en otros archivos.
Noticias. Orden cronológico.
Cué, C. E. El portal de transparencia arranca con 500.000 datos. “El País” (10-XII-2014) 14-15. Se aplica la Ley de transparencia.
Sevillano, E. G.; Martín-Arroyo, J. Una transparencia distinta según el que la pida. “El País” (20-III-2018). Las distintas normas de transparencia de las CCAA.
González, M. PP y PSOE pactan que los documentos secretos sean públicos a los 25 años. “El País” (21-III-2018).
Carretero, Nacho. Una docena de ‘lobbies’ acapara el poder en España. “El País” (28-IV-2018).
Sevillano, E. G. El oscuro presente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. “El País” (2-VII-2018). El organismo carece de presidente y con menos presupuesto ha doblado su trabajo debido a los pleitos que inicia el Gobierno para no dar información a los ciudadanos.
Sevillano, E. G.; et al. Los bienes de los altos cargos ven la luz tras cuatro años. “El País” (30-IX-2018).
Sevillano, E. G. Los pleitos del Gobierno contra la transparencia. “El País” (4-III-2019). Varios ministerios pleitean contra el organismo público encargado de informar a los interesados en cuestiones de interés general.
González, Miguel. El Gobierno inicia su reforma de la ley franquista de Secretos Oficiales. “El País” (5-IV-2021). La normativa actual data de 1968.
González, M. El Consejo de Transparencia cree que la nueva ley de secretos es inconstitucional. “El País” (14-X-2022).
Análisis y opiniones. Orden alfabético.
Editorial. Transparencia, pero poca. “El País” (11-XII-2014) 30.
Editorial. Abrir los archivos oficiales. “El País” (22-III-2018).
Editorial. Desterrar la opacidad. “El País” (23-VI-2020). Sobre una excelente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) a informar ampliamente de su gestión.
Editorial. Ley de secretos, ley de Estado. “El País” (6-IV-2021).
Grasso, D. José Luis Rodríguez Álvarez / Presidente del
Consejo de Transparencia. “Hay que sancionar a la
administración incumplidora”.
“El País” (11-II-2023).
Fuentes: El control del correo de los cargos públicos.
Noticias. Orden cronológico.
López-Fonseca, Ó. Pérez, F. J. La Comunidad de Madrid borró los correos de Granados que pide el juez del ‘caso Púnica’. “El País” (1-III-2018).
López-Fonseca, Ó.; Pérez, F. J. El ‘caso Púnica’ revela la falta de control del correo de los altos cargos. “El País” (2-III-2018). La Comunidad de Madrid borró los correos de Granados que exigió el juez.
Marcos, José. La oposición pide a Rajoy una legislación común del borrado del correo de altos cargos. “El País” (3-III-2018).
Análisis y opiniones. Orden alfabético.
Martín-Arroyo, J. Estrella Gutiérrez / Experta en custodia de datos. ‘Debe haber una norma clara para conservar documentos públicos’. “El País” (3-III-2018).
Los delitos de odio.
Internet.
Noticias.
Pérez, F. J. ‘El derecho penal no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia’. “El País” (2-III-2018). Hay unos límites amplios para la libertad de expresión.
Lopez-Fonseca, Ó. Interior reunirá a condenados por delitos de odio con víctimas para reinsertarlos. “El País” (27-IX-2018).
Rincón, R. La Fiscalía del Estado limitará las acusaciones por delitos de odio. “El País” (27-XI-2018).
López-Fonseca, Ó. Los delitos de odio superan las cifras previas a la pandemia. “El País” (29-VII-2021).
García, Jesús. Treinta horas de curso para desterrar el odio. “El País” (2-XI-2021). Un programa de la Generalitat catalana para reeducar a condenados por delitos de odio e intolerancia.
Ortega, P. Los delitos de odio por la orientación sexual crecen casi un 70%, según Interior. “El País” (4-X-2022). El crecimiento entre 2014 y 2021, cuando subieron a 743.
Análisis y opiniones.
Editorial. Delitos de odio. “El País” (6-X-2022). El incremento de los crímenes de odio en España exige movilizar a la sociedad contra la intolerancia.
Landa, Jon-Mirena. Delitos de odio: peculiaridades españolas. “El País” (13-VII-2021).
García, Jesús. Fernando Rodríguez Rey / Fiscal de sala delegado de delitos de odio y discriminación. ‘El discurso del odio genera un clima, es la antesala de las agresiones’. “El País” (19-IX-2021).
Casos.
Noticias.
Rincón, R. Llamar ‘violadoras’ a las Trece Rosas no es delito, según el Tribunal Supremo. “El País” (27-XI-2020). Ortega, el líder de Vox, afirmó que las chicas fusiladas torturaron y asesinaron.
Navarro, Juan. Detenidos tres neonazis por ataques en Burgos y en Madrid. “El País” (8-X-2022). Los ultras vandalizaron cementerios judíos y sinagogas con pintadas fascistas.
García, J. Condenado un guardia civil por difundir noticias falsas sobre menores migrantes. “El País” (9-XI-2022). El agente atribuyó al colectivo ‘mena’ una agresión sexual, para lo que utilizó un vídeo de una agresión ocurrida en China, movido por su odio a los marroquíes.
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