HE UD 12. LA CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL EN ESPAÑA (1833-1868).
Resumen.
1. LA ESPAÑA ISABELINA (1833-1868). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
1.1. REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
EL CONFLICTO CARLISTA.
El carlismo.
La primera guerra carlista (1833-1840).
EL TRÁNSITO DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de María Cristina (1833-1840).
Absolutismo moderado.
Liberalismo moderado.
Liberalismo progresista.
La regencia de Espartero (1841-1843).
Liberales: moderados y progresistas.
El papel político del ejército.
1.2. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).
Narváez.
Las reformas moderadas.
La segunda guerra carlista (1846-1849).
1.3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).
La revolución.
Las reformas progresistas.
La reacción.
1.4. LOS MODERADOS Y LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno O’Donnell-Narváez (1856-1868).
El “gobierno largo” de O’Donnell (1858-1863).
Los gobiernos cortos del final del régimen (1863-1868).
Los primeros gobiernos personales.
El gobierno Narváez (1864-1865).
El último gobierno O’Donnell (1865-1866).
El último gobierno Narváez (1866-1868).
El gobierno González Bravo (1868).
Resumen.
La reacción de la segunda etapa absolutista (1823-1833), estuvo marcada por la represión, ciertas reformas, los levantamientos realistas y las conspiraciones liberales, hasta que el problema sucesorio llevó al rey a evolucionar a posiciones más cercanas a los liberales.
La primera guerra carlista (1833-1840) fue el primer gran conflicto civil entre los absolutistas (carlistas) y los liberales (cristinos). El triunfo de estos supuso la confirmación del dominio burgués en España, pero aliado a los grupos sociales dominantes del Antiguo Régimen (los propietarios, la nobleza), lo que redujo su capacidad reformista. Además, supuso el encumbramiento del ejército como factor esencial de la política nacional, lo que desnaturalizó el juego político. Los cambios políticos no dependerán de las elecciones sino de la presión militar.
El gobierno progresista de Espartero (1840-1843) fracasó en promover las reformas liberales, por su falta de habilidad en lograr un consenso, y fue derribado por un golpe de estado.
El reinado de Isabel II, iniciado en realidad en 1843, fue un periodo de inestabilidad política, salvo en los gobiernos de los militares Narváez y O’Donnell. El conservadurismo de la reina fue minando su apoyo. En cambio, fue un periodo de notable crecimiento económico (desamortización, industrialización, ferrocarriles, banca, minería...) y demográfico.
El periodo moderado (1843-1854), dirigido sobre todo por Narváez, fue una primera etapa de reformas conservadoras que racionalizaron al Estado.
El Bienio Progresista (1854-1856), encabezado por Espartero y O’Donnell fue un fracasado intento de lograr un consenso para hacer las reformas necesarias, pero la radicalización de los partidos y la ruptura del orden público lo hundieron.
El periodo moderado-unionista (1856-1868), fue dirigido alternativamente por el moderado Narváez y, sobre todo, por el unionista O’Donnell (1858-1863), en un intento reformista a través de la Unión Liberal (centristas provenientes de los otros dos grandes partidos). O’Donnell logró notables resultados económicos e hizo una política exterior de prestigio, pero falló por el conservadurismo de Isabel II, que desde 1863 promovió ocho gobiernos personales y moderados (Narváez en dos ocasiones), que al llegar la crisis económica de 1866-1867 habían aislado al Trono.
1. LA ESPAÑA ISABELINA (1833-1868).
El reinado de Isabel II se caracteriza por una extraordinaria inestabilidad: cambios de gobierno y de Constitución, mientras dos grandes partidos políticos, moderados y progresistas, se enfrentan por el poder en las urnas y mediante numerosos golpes militares que provocan un cambio político, al tiempo que el carlismo conservador promueve dos guerras para intentar en vano el retorno del absolutismo.
1.1. REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
Al morir Fernando VII (29-IX-1833), Cea Bermúdez, con el apoyo de María Cristina se prepara para afrontar el mayor problema de los primeros años de Isabel II, la guerra civil que estalló al poco tiempo.
EL CONFLICTO CARLISTA.
El carlismo y el liberalismo.
Los absolutistas intransigentes o “apostólicos” sostuvieron los derechos de Don Carlos (carlistas), mientras que los absolutistas moderados y, sobre todo, los liberales, apoyaron a Isabel II (serán llamados “cristinos”, por la regente María Cristina). En las guerras carlistas no se estaba decidiendo si debía reinar un hombre o una mujer; lo que en el fondo enfrentaba a los dos bandos era si España continuaría siendo una monarquía absoluta del Antiguo Régimen o si se establecería una monarquía constitucional.
El carlismo era muy conservador y tradicionalista: católico, nacionalista, absolutista y foralista mediante un ideario de “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Sus bases sociales eran sobre todo campesinas. El apoyo de los campesinos pequeños y medianos al absolutismo debe explicarse por su fundado temor a las reformas liberales, que suprimían la propiedad comunal de los ayuntamientos, y por la propaganda conservadora del clero, muy afectado económicamente por las reformas. Pero la jerarquía eclesiástica no lo apoyó (era consciente de la falta de futuro político del carlismo). Otros apoyos menores los encontró en grupos de la nobleza antiliberal y en parte de las clases medias y artesanales de las ciudades que sufrían la política económica liberal. Tuvo apoyo exterior de las potencias absolutistas (Austria, Prusia, Rusia, Holanda).
El liberalismo tuvo su apoyo en la aristocracia, la burguesía y el proletariado urbano, la burocracia y el ejército, partidarios de las reformas políticas, económicas y sociales. Los liberales se beneficiaron del apoyo exterior de Francia y Gran Bretaña.
Fue también una lucha entre el campo conservador y la ciudad progresista, lo que explica que incluso en las zonas predominantemente carlistas las ciudades fueron contrarias al carlismo y lucharon con firmeza en su contra, como vemos en el ejemplo de Bilbao.
La primera guerra carlista (1833-1840).
El levantamiento carlista había estado precedido de varias revueltas desde principios de 1833. Carlos se había exiliado en Portugal (III-1833) para preparar mejor la lucha, pero sólo estalló realmente en octubre y se extendió durante el invierno.
Las principales bases territoriales del carlismo fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y las comarcas interiores de Cataluña, pero le faltaban una región triguera y una gran ciudad para poder soportar una larga guerra y la lucha se limitó a múltiples combates de guerrillas. En las demás zonas (Cataluña, Aragón, Castilla, La Mancha), la actividad de los carlistas sobre el terreno (requisas de alimentos) les hizo perder finalmente el apoyo de los campesinos y se convirtieron en bandoleros. Un grave inconveniente para los carlistas fue que ninguna unidad militar les siguió, aunque reclutaron muchos hombres entre los antiguos “voluntarios realistas”, que tenían organización y armamento.
La guerra fue terriblemente dura en los primeros años (no se hacían prisioneros).
Los héroes militares del bando carlista fueron Zumalacárregui y Cabrera. Zumalacárregui (jefe del ejército carlista del norte desde 27-I-1834) organizó el ejército de Carlos, quien entró en la zona carlista en julio de 1834, creando un embrión de Estado, titulándose Carlos V. Zumalacárregui se apoderó de las zonas interiores de Navarra y el País Vasco, pero murió en el sitio de Bilbao en junio de 1835. Los carlistas fracasaron en sus intentos de tomar Bilbao (1835-1836) y Madrid (Expedición Real de 1837). Cabrera luchó con bastante éxito en el Maestrazgo. El ejército carlista fue aumentando: de 18.000 hombres (VII-1834) a 54.000 (IX-1836) y 72.000 (VII-1839). Pero las derrotas se sucedieron desde 1837 y su zona se reducía, en medio de disensiones internas entre ultras y transaccionistas: para preparar un acuerdo político, el general en jefe Maroto fusiló en Estella en febrero de 1839 a tres generales y otros cuatro jefes del sector ultra.
Por la parte liberal destacó sobre todo el general Baldomero Espartero (1793-1879), que venció en la batalla de Luchana (1836), que aumentó su prestigio y se convirtió en un factor esencial de la política.
La guerra terminó con el Convenio de Vergara (27-VIII-1839), entre Espartero y Maroto. Se acordaron el respeto a los Fueros Vascos, los cargos de los militares carlistas y una amnistía general. Sólo siguió luchando Cabrera, hasta que tuvo que exiliarse (VII-1840).
La guerra sirvió para forzar los cambios institucionales indispensables para el desarrollo del país, pero tuvo un alto costo humano (150.000 a 200.000 muertos), material (la deuda pública aumentó y fueron destruidas muchas fuentes de riqueza) y político (la inestabilidad y la confrontación duraron todo el siglo; los militares se convirtieron en un factor esencial de la política).
EL TRÁNSITO DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de María Cristina (1834-1840).
Durante la regencia de María Cristina en la minoría de edad de la reina, se suceden en el poder los moderados y los progresistas, en una rápida evolución, mientras evoluciona la guerra.
Absolutismo moderado.
La regente María Cristina siempre tuvo ideas absolutistas aunque era consciente de que necesitaba a los liberales, a los que pensaba contentar sólo con concesiones como la amnistía y la participación en el poder local. El jefe de gobierno, Cea Bermúdez (IX-1832 a I-1834), un absolutista moderado, se negaba a otorgar las reformas profundas exigidas por los liberales, que deseaban reunir las Cortes. Pero sí promovió reformas menores, como la nueva división territorial en provincias (1833), que organizó el ministro Javier de Burgos. Se quería volver al despotismo ilustrado, pero era ya imposible.
Finalmente, la presión de varios políticos y de generales del ejército, en medio de lo peor de la guerra carlista, obligó a la regente a nombrar a jefe de gobierno a Martínez de la Rosa, un liberal moderado.
Liberalismo moderado.
Martínez de la Rosa, un “doceañista” (había participado en las Cortes de Cádiz”), pactó con la regente un Estatuto Real (1834). No era una Constitución sino una convocatoria electoral y una “Carta Otorgada” (nacida no de un pacto sino de la concesión de la Corona, según el modelo de la Charte francesa de 1814): era un modelo constitucional demasiado moderado, insuficiente para contentar a los liberales, pues limitaba los aspectos más avanzados de la Constitución de 1812:
- El rey podía nombrar libremente al Gobierno, sin ninguna intervención de las Cortes
- Las Cortes (divididas en Cámara Baja y Alta) sólo podían enmendar o rechazar los proyectos de ley preparados por el gobierno, y presentar peticiones a la Corona.
- Se limitaba el voto al censitario: 0,15% del censo, los más ricos contribuyentes (16.026 electores).
- Se limitaban las libertades de prensa y asociación.
Se firmó (VII-1834) la Cuádruple Alianza (España, Portugal, Francia y Gran Bretaña), que reconocía a Isabel II como reina. La limitación reformista de Martínez de la Rosa (que clausuró las Cortes antes de dimitir) provocó un movimiento revolucionario de la burguesía urbana, que se evidenció primero en julio de 1834 (asesinato en Madrid de cerca de 75 religiosos), en un conato de sublevación militar (18-I-1835) —en el que fue asesinado Canterac, capitán general de Madrid— con el que Martínez de la Rosa transigió, y, por fin, en el verano de 1835, cuando se formaron Juntas en varias ciudades, que exigieron la reunión de las Cortes, la reforma de la ley electoral y la libertad de imprenta. Las masas urbanas se radicalizaron aun más: quema de conventos (el clero regular fue acusado de apoyar al carlismo) y fábricas (la Bonaplata de Barcelona). Mientras, los ejércitos liberales eran derrotados por Zumalacárregui y Martínez de la Rosa tuvo que dimitir (7-VI-1835). Su breve sucesor, Toreno (otro doceañista), también falló en las reformas.
Liberalismo progresista.
La presión del movimiento revolucionario y los problemas financieros y bélicos llevaron a la regente a admitir como nuevo jefe de gobierno (IX-1835) a un liberal progresista, Álvarez Mendizábal (un liberal “exaltado”, exiliado muchos años en Inglaterra, donde había logrado un gran éxito financiero). Los cargos políticos y militares se repartieron entre los “exaltados” del Trienio Liberal y se reanudó la misma política radicalmente reformista de entonces. Mendizábal concitó al principio el entusiasmo general y obtuvo plenos poderes de las Cortes (XII-1835), reorganizó el ejército (una leva prevista de 100.000 hombres, que decidió al final el triunfo liberal) e hizo aprobar el nuevo estatuto de la propiedad agraria y la Ley de Desamortización, que supuso al final un logro político decisivo porque la burguesía y la nobleza que adquirieron bienes apoyaron el trono de Isabel II. Pero no se hicieron cambios institucionales, la leva militar fracasó al principio y las Leyes Electoral y de Desamortización (II y III-1836) le enemistaron con moderados y progresistas, y, además, Mendizábal gobernó de un modo autoritario, por lo que la regente pudo destituirle al poco tiempo y entregar el poder de nuevo a los moderados (Istúriz), en el verano de 1836.
Los progresistas replicaron con revueltas en provincias y en Madrid, y, por fin, la rebelión de la guarnición de La Granja (12-VIII-1836) obligó a la regente a nombrar para el gobierno al progresista Calatrava (con Mendizábal de ministro de Hacienda) y, sobre todo, promulgar de nuevo la Constitución de 1812, que será reformada para dar paso a la Constitución de 1837 (18-VI-1837), que es una transacción entre la de 1812 y el Estatuto Real de 1834, basada en la soberanía nacional (en las Cortes, no compartida con la Corona), con bicameralismo, responsabilidad ministerial ante las Cortes, Presupuestos anuales ante las Cortes, etc. Era una Constitución homologable con las liberales de Europa. La ley electoral de 1837 regulaba el voto censitario (contribuyentes de 200 reales).
Los siguientes años son los del triunfo militar sobre los carlistas (que desde 1837 van retrocediendo). En esta época los cambios de gobierno son rápidos, al progresista Calatrava (14-VIII-1836) le siguieron, tras la victoria moderada en las elecciones de octubre de 1837, entre diciembre de 1837 y el verano de 1840 los gobiernos de los moderados Bardají (18-VIII-1837), Ofalia (16-XII-1837), Frías (6-IX-1838), Pérez de Castro (9-XII-1838, el más largo), González (20-VII-1840), Cortázar (12-VIII-1840). En estos años se asienta el régimen y consigue la realización práctica de la desamortización.
La regencia de Espartero (1840-1843).
La guerra y su éxito final contribuyeron a acelerar la carrera política de Espartero, quien contó con el apoyo de la regente en 1837-1840 y mediatizó los gobiernos hasta conseguir la jefatura del gobierno en septiembre de 1840. Pero la guerra se había ganado y la regente y los moderados deseaban una reacción, que, reformando la Constitución de 1837, devolviese la mayor parte del poder a la Corona. Hubo constantes fricciones por el poder entre Espartero (que se apoyó sólo entonces en los progresistas) y la regente María Cristina, que se apoyó en los moderados (que habían ganado las elecciones XII-1839) y los generales Ramón María Narváez y Luis Fernández de Córdova, para lanzar un proyecto “moderado” de ley de Ayuntamientos, muy centralista y opuesto a la Constitución, porque dejaba el nombramiento de los alcaldes a la potestad del rey. Pero Espartero consiguió el mayoritario apoyo militar y, con los progresistas, promovió varias revueltas, en un golpe de estado encubierto que presionó a María Cristina, la cual renunció a la Regencia, aunque no a la tutoría de su hija, y se exilió (12-X-1840).
Espartero se convierte entonces en regente (1840-1843), con un gobierno presidido por González (20-V-1841). Sufrirá la oposición de los moderados (fuertes en el ejército), la disensión en sus gobiernos y por la propia falta de habilidad política, pues se apoyó, no en los mejores progresistas, sino en militares fieles pero incompetentes, los llamados despectivamente “ayacuchos”, como el siguiente jefe del gobierno, Rodil (17-VI-1842). La política de Espartero era de un liberalismo dogmático, anticlerical y librecambista. Disuelve las Cortes (6-VII-1842), restablece la censura y reduce las libertades, enajenándose el apoyo de muchos progresistas, más cuando su proyecto de tratado de comercio con Gran Bretaña (XI-1842) le enemistó con uno de sus principales apoyos, los industriales textiles y los intereses proteccionistas de Barcelona, cuya burguesía y proletariado se rebelan (15-XII-1842). Espartero ordena el bombardeo de Barcelona y aplasta la rebelión (XII-1842), lo que le hizo perder el apoyo popular que le quedaba y provocó un levantamiento general (V-1843).
El golpe fue organizado desde el exilio por el general Narváez y financiado por la regente María Cristina y contó con el apoyo de los generales moderados y progresistas no esparteristas O’Donnell, Serrano, Concha y Prim. Narváez desembarcó en Valencia (VI-1843) y derrotó a las tropas del esparterista Seoane en Torrejón de Ardoz (VII-1843) y entrar en Madrid, lo que derribó a Espartero.
Siguió un gobierno provisional (VII-XI 1843) dirigido por el progresista Joaquín M
Liberales: moderados y progresistas.
En estos años de disputas y conflictos ya se han forjado los dos grandes bandos del liberalismo español, los moderados y los progresistas.
Los moderados integran a los más conservadores entre los liberales y los absolutistas moderados. Su ideario hace compartir la soberanía entre la Corona y las Cortes, predica el voto censitario y mantiene el papel político de la aristocracia. El líder de los moderados es el general Narváez.
Los progresistas son el partido de los liberales más radicales, cuyo ideario otorga toda la soberanía a las Cortes, un voto censitario más amplio y un poder político burgués. El grupo más extremista es el futuro partido demócrata. Los encabeza el general Espartero y desde los años 1860 el general Prim.
El papel político del ejército.
Dado que la Corona apoya a los moderados y que las elecciones son siempre fraudulentas, la única posibilidad de que los progresistas alcancen el poder y los moderados lo recuperen es mediante un golpe militar. El ejército, dividido entre ambos partidos, será el principal agente político y los militares serán las principales figuras políticas durante el periodo 1820-1874, desde Riego hasta Serrano, pasando por Espartero, Narváez, O’Donnell y Prim.
Era la confirmación del poder militar, que había sustituido a la mecánica electoral y parlamentaria en la vida política nacional. Pero no era una dictadura militar, sino una politización del ejército, cuyos generales se convertían en políticos al servicio de los dos partidos principales, moderado y progresista. Habrá generales moderados (Narváez), progresistas (Espartero, Prim) y centristas (O’Donnell).
Se difundió en los cuarteles una ideología que convertía al ejército en intérprete de la voluntad nacional y la garantía última de la supervivencia de España como nación. Esta ideología explica en gran parte la Dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil y el franquismo.
Pero si el poder militar fue fuerte, se debió a que el poder civil era débil. La debilidad de los partidos políticos era evidente, el pueblo no participaba (por el caciquismo y el voto censitario) y el intervencionismo de Isabel II en la política acabó de desprestigiar al sistema, completamente inestable: 32 gobiernos y 15 elecciones generales entre 1840 y 1868.
1.2. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).
Narváez.
El jefe de gobierno habitual en estos años es el general Narváez, que dirige o controla los gobiernos, en un régimen autoritario que se apoya en la reina, el ejército, la Iglesia y la burguesía moderada.
Primero hubo el gobierno de González Bravo (XII-1843 a V-1844), que suspendió la desamortización eclesiástica, y le siguió el de Narváez (V-1844 a II-1846 y III-IV 1846), que promulgó la Constitución de 1845 y la reforma de la Hacienda de Mon (1845). En su tercer gobierno (X-1847 a I-1851), desde 1848 implanta una verdadera dictadura para resistir la oleada revolucionaria europea y cuenta con el ministro Bravo Murillo, la figura civil más importante del periodo, que es autor de un ambicioso programa de obras públicas (canalización de agua a Madrid, carreteras, ferrocarriles) y desde 1849 es ministro de Hacienda, donde completa la reforma de Mon, hasta que es cesado por su intento de disminuir los gastos militares para cuadrar el presupuesto. Bravo Murillo sucede a Narváez en el gobierno (I-1851 a XII-1852), en el que se reserva la cartera de Hacienda e intenta modificar la Constitución de 1845 en un sentido mucho más conservador, pero esta reforma suscita la oposición de casi todos, incluido Narváez, y tiene que dimitir.
El régimen moderado entra en crisis a continuación, durante los gobiernos de Roncali, Lersundi y Sartorius, por las divisiones internas en los años 50 por la oposición de progresistas y carlistas, y la división de los moderados entre los partidarios de la dureza (Narváez, Bravo Murillo) y los de un entendimiento con los progresistas (O’Donnell). En 1854 los casos de corrupción aíslan a Narváez y muchos moderados consideran inevitable un cambio, lo que abrirá paso al Bienio Progresista (1854-1856).
Las reformas moderadas.
El programa moderado no consistía sólo en una reacción conservadora que limase los aspectos más avanzados de las reformas progresistas, sino que también pretendía modernizar el país, aunque sin variar el poder social y económico vigente. Las reformas de los moderados se plasman en:
-La Constitución de 1845, una reforma conservadora que reparte la soberanía entre la Corona y las Cortes (en la Constitución de 1837 la soberanía era nacional). Las Cortes se organizan en dos cámaras: Congreso de Diputados (elegido por voto censitario) y Senado (elegido por la Corona). Se suprimía la Milicia Nacional.
-La ley electoral de 1846 reducía aun más el voto censitario (contribuyentes de 400 reales) a sólo el 1% de la población: 157.000 electores. El caciquismo se organizó bajo el ministro Romero Robledo. En 1853 las elecciones fueron de una desvergüenza especialmente clara. Las anécdotas son incontables por su variedad y astucia: en Murcia la Guardia Civil arrestó a los votantes contrincantes que tuviesen armas, incluidos los cuchillos de cocina, en sus casas. En una ocasión un candidato obtuvo un millón y medio de votos en Berga, que sólo tenía unos miles de habitantes. Pero la mayoría de las veces se compraban los votos.
-El Concordato de 1851 reguló las relaciones del Estado y la Iglesia. Vigente hasta 1931, establecía la religión católica como única, y aceptaba la desamortización a cambio de una subvención anual. Las órdenes regulares eran restablecidas y casi toda la educación quedaba en manos de la Iglesia.
-La censura de prensa, para evitar la propaganda de los liberales progresistas.
-El control de los ayuntamientos, por la ley de Ayuntamientos de 1845: los alcaldes y tenientes de alcalde eran nombrados por el Estado (por la Corona en los municipios de más de 2.000 habitantes, por el gobernador en los restantes).
-La centralización administrativa del sistema provincial y local en 1845, siguiendo la misma línea de la provincialización de 1833: gobernador, Diputación provincial.
-La reforma fiscal (1845) del ministro Mon, quien, tras consolidar la Deuda Pública al 3%, elimina los impuestos locales y establece los impuestos generales: monopolios (tabaco, salinas, pólvora, loterías); directos (contribución territorial rústica y urbana, impuesto industrial y de comercio); indirectos (transmisión de bienes, consumos). Es una reforma muy eficaz, que logrará sanear la Hacienda, persistiendo hasta bien entrado el siglo XX. Bravo Murillo la completará en los años siguientes (1849-1852), con las reformas de la Contabilidad, la consolidación de la Deuda y la reducción del déficit público.
-La reforma de la enseñanza pública: Pidal reorganizó y centralizó la enseñanza pública secundaria y universitaria (1845), Plan de Estudios de Gil y Zárate. Por contra, la educación quedó sobre todo en manos de la Iglesia.
-La codificación legislativa, con el Código Penal (1848) y los primeros estudios para los Códigos Civil y de Comercio.
-La creación de la Guardia Civil en 1844, que sustituyó a la disuelta Milicia nacional (afecta a los progresistas) y permitió al gobierno controlar militarmente el orden público.
Aunque eran reformas conservadoras, la mayoría fueron muy eficaces: el saneamiento de la Hacienda, la administración local y de justicia, la codificación legislativa, el restablecimiento del orden público... El Estado moderno se asentó definitivamente en este periodo.
La segunda guerra carlista (1846-49).
Entre 1846 y 1849 surgió un nuevo levantamiento carlista, la guerra dels matiners, en Cataluña, con gran actividad guerrillera, dirigida por Cabrera, pero nunca consiguió grandes éxitos y tuvo que volver a exiliarse.
Durante el reinado de Isabel II el carlismo se dividió y algunos pretendieron un acuerdo dinástico con la boda de las dos ramas de los Borbones.
1.3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).
La revolución.
Por fin, el general moderado Leopoldo O’Donnell y otros generales (Dulce, Serrano) se pronuncian en Vicálvaro (VI-1854) y le sigue una movilización progresista en las ciudades principales. Son dos movimientos paralelos, por lo que la reina entrega el poder a sus dos representantes: Espartero y O’Donnell, que pactan un gobierno de coalición progresista-moderado que sólo se mantiene dos años, por una insalvable contradicción ideológica.
Las reformas progresistas.
El general Espartero.
Se restablece la Milicia Nacional y se convocan elecciones a Cortes constituyentes, para lo que O’Donnell organiza la Unión Liberal (con parte de los moderados y progresistas). El programa progresista se reduce a una nueva e importante ley desamortizadora (Madoz), y las leyes generales de Ferrocarriles y de Sociedades de Crédito, de 1855. Se redacta una constitución bastante liberal, basada en la soberanía nacional (pero no es publicada).
La reacción.
En 1856 la presión obrera aumenta (huelgas en Barcelona, disturbios en Valladolid) y la burguesía exige el mantenimiento del orden público. O’Donnell consigue de la reina el cese de Espartero (14-VII-1856). El gobierno O’Donnell (14-VII a 12-X) se hace con todo el poder, disuelve las Cortes, la Milicia, los Ayuntamientos y Diputaciones, las organizaciones obreras, y así restablece el orden. Se vuelve a la Constitución de 1845 (15-IX) y se suspende la venta de bienes del clero secular (23-IX).
1.4. LOS MODERADOS Y LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno O’Donnell-Narváez (1856-1868).
Los primeros gobiernos de este periodo los encabezan sucesivamente los generales O’Donnell (unionistas) y Narváez (moderados).
O’Donnell (VII-X 1856) es cesado por su intento de continuar la desamortización.
Le sustituye Narváez (X-1856 a X-1857) que suspende definitivamente la aplicación de la desamortización, reforma en sentido conservador la Constitución de 1845, reprime las sublevaciones republicanas de Málaga y Sevilla y decide la intervención en Indochina (1857). Se emprende una notable reforma de la enseñanza pública con la Ley Moyano (1857), que pone los niveles local y provincial bajo el control de alcaldes y gobernadores, dependiendo del Ministerio de Fomento; se busca solucionar el problema del analfabetismo (en 1877 el 60% de los hombres y el 80% de las mujeres). Narváez dimite porque se niega a ascender en el Ejército al amante de Isabell II, Enrique Puigmoltó, casi seguro padre biológico del futuro Alfonso XII.
Tras los breves gobiernos de Armero (X-1857 a I-1858) e Istúriz (I-VI 1858), apoyados en las Cortes por Bravo Murillo y la Unión Liberal, vuelve por fin O’Donnell.
El “gobierno largo” de O’Donnell (1858-1863).
El general Leopoldo O'Donnell.
Este gobierno de O’Donnell (VI-1858 a III-1863) es llamado “Gobierno Largo”, excepcional por durar cinco años.
La Unión Liberal de O’Donnell es un intento (al final fracasado) de sostener una posición intermedia entre las dos tendencias, moderada y progresista, pero sirvió para dar una mayor base social al régimen y facilitar algunas reformas. En estos años cuenta con el apoyo de un grupo de tránsfugas (los “resellados”): Istúriz, Zabala y Prim, aunque el resto de los progresistas y los demócratas más radicales siguen en la oposición, esperando hacer un golpe militar.
La política interior es a la vez reformista y conservadora: centralización administrtiva, sigue la desamortización civil, leyes de Minas (1959) e Hipotecaria (1861), para liberalizar la propiedad.
O’Donnell tiene que hacer frente a la oposición carlista y republicana. Frustra el desembarco en San Carlos de la Rápita (16 a 23-IV-1860) del general Ortega (que es fusilado) y el pretendiente carlista, el conde de Montemolín, que es hecho prisionero y debe renunciar a sus derechos a cambio de su libertad. También reprime el levantamiento campesino y republicano de Loja (1861).
Se desarrolla una política exterior de prestigio: envío de una expedición a Indochina (VIII-1858, con Francia, finaliza en 1862), guerra con Marruecos (1859-1860), anexión temporal (y voluntaria) de Santo Domingo (1861-1865), intervención en México (1861-1862, con Francia y Gran Bretaña).
La etapa se caracteriza por el crecimiento económico, gracias a que comienzan a subir la producción gracias a la desamortización (que ya ha llegado a 10 millones de ha de tierras), la construcción de los ferrocarriles (se construyen 7.000 km en 1855-1874, cuyas concesiones provocan numerosos escándalos financieros), el desarrollo del comercio con Cuba, de la siderurgia del País Vasco y el carbón de Asturias.
Hacia 1863 parecía que O’Donnell había logrado una vía pacífica y relativamente democrática para el desarrollo del país. Pero la crisis de la ecléctica Unión Liberal a principios de 1863 acabó con el proyecto, por la salida hacia el partido progresista de Prim y otros reformistas, que veían la insuficiencia de las reformas, y estaban disgustados por la dureza de la represión campesina y por la actitud del gobierno ante la cuestión italiana. O’Donnell, para superar la crisis, propuso a Isabel II disolver las Cortes para ir a nuevas elecciones, y al negarse la reina tuvo que dimitir (27-II-1863).
Los gobiernos cortos del final del régimen (1863-1868).
La reina, en vez de llamar al gobierno a los progresistas para establecer un turno, se enrocó en posiciones conservadoras. Su escandalosa vida personal, con varios amantes sucesivos, la desprestigiaba, y para aliviar su conciencia estaba en manos de un confesor reaccionario, Claret, defensor del neocatolicismo. Entre marzo de 1863 y septiembre de 1868 nombró ocho gobiernos de periodos cortos, presididos por Narváez en dos gobiernos (1864-1865 y 1866-1868), con un intermedio de O’Donnell (1865-1866) y por último Bravo Murillo (1868), que promovieron el catolicismo de Estado y controlaron el país mediante la represión de los intentos golpistas de Prim en Valencia (1865), Villarejo y San Gil (1866). Pero fue la crisis económica (sobre todo financiera) de 1865-1866 lo que provocó un creciente descontento social que desbordó al frágil régimen de Isabel II.
Los primeros gobiernos personales.
Los primeros gobiernos, de Miraflores (2-III-1863), Arrazola (17-I-1864), Mon (1-III-1864), fueron meras creaciones personales de la reina y no contaban con apoyo parlamentario, por lo que duraron poco.
El gobierno Narváez (1864-1865).
Un agotado Narváez (IX-1864 a VII-1865) será otra vez la figura de este periodo, en el que sigue su política conservadora del periodo anterior, porque al negarle su apoyo los progresistas tuvo que sostenerse con los neocatólicos de Nocedal. Su decisión de abandonar la isla de Santo Domingo le enemistó con la reina y los moderados. Estaba aislado desde entonces.
Se desprestigia más por la brutal represión de una manifestación de estudiantes (Noche de San Daniel, 10-IV-1865), en protesta por la detención de profesor Castelar por la publicación de una crítica contra la reina (la cuestión del “rasgo”: la venta de unos pretendidos bienes de la Corona que eran en realidad del Estado). Prim intenta entonces un pronunciamiento en Valencia. El malestar social es tan grande que fuerza la dimisión de Narváez.
El último gobierno O’Donnell (1865-1866).
Sigue un gobierno de O’Donnell (VII-1865 a VII-1866), que intenta continuar sus política de reformas prudentes: la ley electoral de 1865 amplia la base social del voto censitario (contribuyentes de 200 reales), al 2,67% de la población: sólo 418.000 electores. Pero el caciquismo y el fraude electoral siguen siendo la norma general. Prosigue la política exterior de prestigio, con la absurda guerra del Pacífico contra Perú y Chile (1865-66), que sólo consigue que España se gane la enemistad de los países hispanoamericanos.
La crisis económica comienza ahora. La burguesía está inquieta y el progresista Prim promueve el pronunciamiento de Villarejo (I-1866), cuyo eco en Barcelona y Tarragona llevan al gobierno a suspender las garantías constitucionales. Prim trama otro pronunciamiento, el de los sargentos del cuartel de San Gil (12-VI-1866), que O’Donnell reprime con dureza, fusilando a 68 militares. La reina desvia las críticas cesando a O’Donnell (que se considera traicionado) y nombrando de nuevo a Narváez. Desde entonces O’Donnell queda enemistado con la reina y se exilia en Biarritz, donde morirá un año después.
El último gobierno Narváez (1866-1868).
El último gabinete de Narváez (VII-1866 a IV-1868), es muy autoritario, sin contar con las Cortes, y de continua represión, en medio de los disturbios sociales por el crecimiento del paro y las malas cosechas.
La oposición se reorganiza y radicaliza. Espartero es sustituido en 1866 en la jefatura de los progresistas por Salustiano Olózaga y el general Prim. Los progresistas y los demócratas pactan en Ostende (VIII-1866) un programa revolucionario (Cortes constituyentes por sufragio universal). Los unionistas se plantean sustituir a la reina por su hijo Alfonso (la idea de O’Donnell) o por su cuñado el duque de Montpensier (la idea de su nuevo jefe, Serrano, y de otros generales). Narváez fallece (23-IV-1868) y con él desaparece el último defensor efectivo de la monarquía isabelina.
El gobierno González Bravo (1868).
El gobierno de González Bravo (IV a IX-1868) aplica una represión aun mayor. Sólo se apoya ahora en los moderados más recalcitrantes. Destierra a los presidentes del Congreso (Ríos Rosas) y del Senado (Serrano), que querían abrir las Cortes, y a los generales Dulce y Córdova. Esto enemista definitivamente a los unionistas con el régimen y suscriben el anterior pacto de Ostende de los progresistas y demócratas y planean la revolución de septiembre de 1868, que destrona a Isabel II, finalizando un reinado lleno de acontecimientos, pero en el que la economía y la sociedad españolas habían evolucionado positivamente, aunque a ritmo más lento que el europeo.
BIBLIOGRAFÍA. OP
UD 39. La construcción del Estado
liberal y primeros intentos democratizadores en la España del siglo XIX.*
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