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sábado, 26 de marzo de 2011

UD 39. La construcción del Estado liberal y primeros intentos democratizadores en la España del siglo XIX.

UD 39. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y PRIMEROS INTENTOS DEMOCRATIZADORES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
INTRODUCCIÓN.

1. LA CRISIS POLÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN EL REINADO DE FERNANDO VII.
1.1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y LAS CORTES DE CÁDIZ.
EL INICIO DE LA GUERRA.
El desprestigio de Carlos IV y Godoy.
El motín de Aranjuez.
La crisis de Bayona.
El levantamiento popular.
Las Juntas revolucionarias.
La revolución liberal de España.
Los afrancesados.
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812).
1.2. LA REACCIÓN: EL PRIMER SEXENIO (1814-1820).
El regreso de Fernando VII.
El rechazo de la Constitución.
La fase absolutista: persecución de los liberales.
1.3. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823).
El pronunciamiento de Riego.
El gobierno de los liberales.
La reacción.
1.4. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (1823-1833).
Los intransigentes.
La guerra de los agraviados.
La cuestión dinástica.

2. LA ESPAÑA ISABELINA (1833-1868). LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
2.1. REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
EL CONFLICTO CARLISTA.
El carlismo.
La primera guerra carlista (1833-1840).
EL TRÁNSITO DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de María Cristina (1833-1840).
Absolutismo moderado.
Liberalismo moderado.
Liberalismo progresista.
La regencia de Espartero (1841-1843).
Liberales: moderados y progresistas.
El papel político del ejército.
2.2. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).
Narváez.
Las reformas moderadas.
La segunda guerra carlista (1846-1849).
2.3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).
La revolución.
Las reformas progresistas.
La reacción.
2.4. LOS MODERADOS Y LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno O’Donnell-Narváez (1856-1868).
El “gobierno largo” de O’Donnell (1858-1863).
Los gobiernos cortos del final del régimen (1863-1868).
Los primeros gobiernos personales.
El gobierno Narváez (1864-1865).
El último gobierno O’Donnell (1865-1866).
El último gobierno Narváez (1866-1868).
El gobierno González Bravo (1868).

3. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874) Y LA RESTAURACIÓN.
3.1. LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE.
Las causas.
El estallido revolucionario.
Los partidos del gobierno.
Los partidos de la oposición.
Los problemas políticos y sociales.
3.2. LA CONSTITUCIÓN DE 1869.
3.3. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1873).
El problema de las candidaturas.
El reinado constitucional.
El inicio de la tercera guerra carlista.
3.4. LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874).
La república federal.
La república unitaria presidencialista.
3.5. EL INICIO DE LA RESTAURACIÓN (1874-1876).
LA RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA.
Cánovas: el artífice.
El golpe de Sagunto.
EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN.
Instituciones históricas.
La Constitución de 1876.
Dos partidos: conservador y liberal.

INTRODUCCIÓN.
La UD tiene una enorme amplitud y es preciso acotarla. Se centra en los aspectos políticos, pues los aspectos económicos y sociales se explican en la UD 40), pero subsiste el problema de los límites temporales de este tema, con dos opciones: a) 1833-1874: el reinado de Isabel II y el Sexenio revolucionario. b) 1808-1876, incluyendo el reinado de Fernando VII y el principio de la Restauración.
La primera opción se basa en el currículo de Bachillerato, que deja fuera tanto el reinado de Fernando VII (bloque 2), como la Restauración (bloque 4), pues señala en la materia de Historia (común en 2º de Bachillerato) estos contenidos en el bloque 3:
3. Construcción del Estado liberal e intentos democratizadores.
El carlismo y las opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en el reinado de Isabel II.
El sexenio democrático. La Constitución de 1869. La Primera República.
Por nuestra parte, escogemos la segunda opción, más amplia, porque entendemos que en el siglo XIX la construcción en España de un Estado liberal y los primeros intentos democratizadores se extienden al menos desde la Constitución de Cádiz en 1812 hasta la Restauración de 1875.
Resumen.
La guerra de Independencia (1808-1814) y la Constitución de Cádiz (1812) fueron los primeros episodios de la construcción de un Estado liberal, pero fracasó porque las fuerzas del Antiguo Régimen, eran demasiado fuertes. Pero el liberalismo y el nacionalismo surgieron entonces.
La primera etapa absolutista (1814-1820) del reinado de Fernando VII fue un retorno a los peores tiempos del Antiguo Régimen, en un país quebrado económica y humanamente, pero los liberales fueron cercando al régimen absolutista, hasta derribarlo. Mientras, el imperio colonial americano se deshacía finalmente en 1824, salvo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
El Trienio Liberal (1820-1823) fue otro intento fracasado de lograr un entendimiento entre las fuerzas liberales y las absolutistas que rodeaban al Trono. La falta de acuerdo llevó a la radicalización de liberales y realistas y por la intervención de la Santa Alianza, que devolvió el poder absoluto a Fernando.
La reacción de la segunda etapa absolutista (1823-1833), estuvo marcada por la represión, ciertas reformas, los levantamientos realistas y las conspiraciones liberales, hasta que el problema sucesorio llevó al rey a evolucionar a posiciones más cercanas a los liberales.
La Regencia de Isabel II estuvo repartida entre María Cristina (1833-1840) y Espartero (1843). Fue un periodo de gran inestabilidad, en el que se formaron los dos grandes partidos liberales (moderados y progresistas) y se lanzaron grandes reformas de la desamortización y la modernización del país, pero se falló en conseguir una participación política verdadera (el voto censitario muy reducido y el caciquismo vaciaron de contenido democrático al régimen) y no se logró una Constitución de consenso, que los partidos intentarán variar a su interés.
La primera guerra carlista (1833-1840) fue el primer gran conflicto civil entre los absolutistas (carlistas) y los liberales (cristinos). El triunfo de estos supuso la confirmación del dominio burgués en España, pero aliado a los grupos sociales dominantes del Antiguo Régimen (los propietarios, la nobleza), lo que redujo su capacidad reformista. Además, supuso el encumbramiento del ejército como factor esencial de la política nacional, lo que desnaturalizó el juego político. Los cambios políticos no dependerán de las elecciones sino de la presión militar.
El gobierno progresista de Espartero (1840-1843) fracasó en promover las reformas liberales, por su falta de habilidad en lograr un consenso, y fue derribado por un golpe de estado.
El reinado de Isabel II, iniciado en realidad en 1843, fue un periodo de inestabilidad política, salvo en los gobiernos de los militares Narváez y O’Donnell. El conservadurismo de la reina fue minando su apoyo. En cambio, fue un periodo de notable crecimiento económico (desamortización, industrialización, ferrocarriles, banca, minería...) y demográfico.
El periodo moderado (1843-1854), dirigido sobre todo por Narváez, fue una primera etapa de reformas conservadoras que racionalizaron al Estado.
El Bienio Progresista (1854-1856), encabezado por Espartero y O’Donnell fue un fracasado intento de lograr un consenso para hacer las reformas necesarias, pero la radicalización de los partidos y la ruptura del orden público lo hundieron.
El periodo moderado-unionista (1856-1868), fue dirigido alternativamente por el moderado Narváez y, sobre todo, por el unionista O’Donnell (1858-1863), en un intento reformista a través de la Unión Liberal (centristas provenientes de los otros dos grandes partidos). O’Donnell logró notables resultados económicos e hizo una política exterior de prestigio, pero falló por el conservadurismo de Isabel II, que desde 1863 promovió ocho gobiernos personales y moderados (Narváez en dos ocasiones), que al llegar la crisis económica de 1866-1867 habían aislado al Trono.
La Revolución de 1868 fue una ocasión excepcional, que se perdió cuando había inicialmente un gran consenso en los partidos de centro (moderados, progresistas, unionistas y demócratas reconvertidos todos en dos: constitucionales y radicales) para completar la revolución liberal. En apenas dos años las favorables expectativas se desvanecieron, por las disputas internas y por la oposición de carlistas, alfonsinos y republicanos, además de que en Cuba estalló una primera y cruel guerra de independencia. Prim fue asesinado en diciembre de 1870. Desde 1872 la guerra civil carlista asoló amplias zonas del país. En 1873 la monarquía constitucional de Amadeo terminaba y se proclamaba la República, pronto desbordada por las divisiones internas de los republicanos, la falta de apoyo popular, las guerras carlista y de Cuba y por la rebelión cantonalista. Un golpe militar liquidó la situación en 1874 y, tras un año de interinidad, en 1875 otro golpe militar restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II.
El régimen de la Restauración, ideado por Cánovas, con una soberanía compartida por el rey y las Cortes, y un bipartidismo conservador-liberal, logró asentar la monarquía y un largo periodo de estabilidad constitucional y desarrollo económico, pero no solventó algunos problemas fundamentales: la pérdida de las últimas colonias en 1898 que desencadenó una gran crisis nacional, la miseria del campesinado sin tierras y de los obreros industriales, la falta de un empresariado capitalista competitivo. Estos problemas pesarán sobre el siglo XX.
Una interpretación crítica del siglo XIX español. [Riquer i Permanyer, Borja de. La historia de un país normal, pero no tanto. “El País” (17-III-1998) 14.]
En el siglo XIX España vivió la difícil construcción de un Estado liberal, pero se frustró por varias causas:
- La debilidad política del propio liberalismo decimonónico, evidenciada por la debilidad de las propuestas civilistas frente a un militarismo extremadamente poderoso, cuyo dominio en la España de los siglos XIX y XX no tiene paralelos en Europa.
- La existencia de un excepcional movimiento antiliberal, el carlismo, que no sólo provocó tres conflictos civiles en el siglo XIX, sino que incluso estuvo presente en la guerra civil de 1936-1939. Es decir, persistió más de un siglo, superando de lejos al miguelismo portugués y al legitimismo francés.
- La débil nacionalización de los ciudadanos a lo largo del siglo XIX, resultado no sólo de las precariedades del propio Estado liberal, sino también de la ausencia de un proyecto nacionalista español con capacidad de generar un amplio consenso.
- La pérdida de todo el imperio colonial, en dos fases (rematadas en 1824 y 1898), al contrario de la dinámica europea.
- El cuestionamiento de la identidad de la nación, por el “desastre de 1898”.
- El surgimiento (caso único en Europa) a finales del siglo XIX de movimientos nacionalistas en las regiones más desarrolladas (Cataluña y País Vasco). Movimientos que se desarrollarán en el siglo XX hasta constituirse hoy en poderosas fuerzas políticas en sus territorios.
- España sufre un profundo aislamiento europeo: carecerá de presencia significativa en la vida europea contemporánea. Desde 1814 no participa en ninguna alianza (diplomática, militar o económica) ni guerra continental, excepto desde finales del siglo XX (OTAN, UE).
- Todo esto explica que en el siglo XX España es el único país europeo que sufre una sangrienta guerra civil, de 30 meses de duración, que provocará una profunda ruptura interior y que sufra un régimen fascista de larga duración, casi 40 años.
Ante este panorama histórico hay dos grandes líneas interpretativas: la pesimista y la optimista. La primera ha sido la dominante; Carande resumirá así la historia española de los siglos XIX y XX: “Demasiados retrocesos”.
Por contra, Palafox y Fusi consideran que el fracaso de la Corona y de los partidos liberales (progresista y moderado) para montar un régimen parlamentario estable y una democracia auténtica no deben ocultar, empero, que en el siglo XIX triunfó la burguesía y se construyó una sociedad más moderna y europea, con un mercado económico nacional e instituciones más modernas.

1. LA CRISIS POLÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN EL REINADO DE FERNANDO VII.
1.1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA Y LAS CORTES DE CÁDIZ.
EL INICIO DE LA GUERRA.
El desprestigio de Carlos IV y Godoy.

La familia de Carlos IV. Goya. El príncipe Fernando, en primer plano a la izquierda.

Retrato de Manuel Godoy. Goya.

El rey Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy habían perdido desde hacia tiempo el apoyo popular debido a la crisis política (oposición al nepotismo de Godoy, escándalo por las supuestas relaciones de Godoy y la reina, represión sobre los reformistas), bélica (derrotas navales de San Vicente y Trafalgar), económica (malas cosechas, déficit de la Hacienda, interrupción por la flota británica del comercio con América). La entrada de tropas francesas a principios de 1808 para preparar la invasión de Portugal aumenta el descontento. En marzo llega el general francés Murat a Madrid y, cuando el ejército francés es ya superior al español, Napoleón exige la entrega a Francia de los territorios al norte del Ebro a cambio de territorios portugueses, más la apertura del comercio americano a los franceses. Godoy decide entonces trasladar la familia real a Andalucía para preparar la resistencia, pero el príncipe Fernando y sus partidarios lo impiden con un motín.

El motín de Aranjuez.

Fernando VII (1808-1833) asciende al trono gracias al motín de Aranjuez (17 marzo 1808), una violenta revuelta popular organizada por los partidarios del príncipe que consiguió primero la destitución de Godoy y dos días después la abdicación de Carlos IV. Esta es la primera aparición exitosa del pueblo llano como sujeto de las revoluciones en España y será una experiencia decisiva para el futuro.

La crisis de Bayona.


Napoleón se propone como mediador entre Carlos IV y su hijo Fernando VII y atrae a toda la familia real y a Godoy a Bayona, donde presiona para conseguir que Fernando devuelva el trono a su padre y luego para que este se lo ceda a él mismo, que lo entrega a su hermano José I y lo legitima con una reunión de Cortes españolas en Bayona (junio 1808), que promulga una Constitución muy modernizadora, para atraerse el apoyo de los reformistas.

El levantamiento popular.
El ejército francés ocupa entonces Madrid, Barcelona y algunas ciudades estratégicas. El alzamiento de los españoles contra los invasores fue espontáneo en los primeros días, como el 2 de mayo en Madrid, duramente reprimido.
La resistencia de Madrid el 2 de mayo.

La carga de los mamelucos el 2 de mayo. Goya.
Los fusilamientos del 3 de mayo. Goya.

Las Juntas revolucionarias.
Pero a las pocas semanas ya se habían formado Juntas revolucionarias para dirigir la resistencia. La primera, la de Asturias, declaró la guerra a Francia y solicitó la ayuda inglesa. Llegaron a constituirse 18 Juntas provinciales, con competencias en sus respectivas zonas para organizar la resistencia frente al invasor. Sus miembros eran representantes de las tradicionales clases dominantes: nobleza, clero, burguesía.
La resistencia obtuvo un éxito inesperado. En julio el ejército español vence en Bailén, con lo que se libera Andalucía, y a continuación José I abandona Madrid y el ejército francés que ocupa Portugal debe retirarse.
Como esta multiplicación de Juntas no era adecuada para una situación de guerra, fueron sustituidas en septiembre por la Junta Central compuesta por dos delegados de cada provincia. Su sede cambió ante el avance de los invasores; de Aranjuez pasó a Sevilla y finalmente a Cádiz. Napoleón había reaccionado a finales de 1808, invadiendo con otro poderoso ejército el país y reinstalando a José I en Madrid. La ocupación pronto se extendió por casi todo el país (menos las islas y Cádiz), aunque la guerrilla mantuvo la resistencia en amplias zonas.


Mapas de la Guerra de Independencia.

La revolución liberal de España.
La Junta Central traspasó en enero de 1810 sus poderes a un Consejo de Regencia, que gobernaría en nombre de Fernando VII, y le pidió que convocara Cortes, donde se aprobarían las medidas necesarias para modernizar el país. Es un evento de gran trascendencia, porque en estos años de guerra en España tuvo lugar, además, una revolución, porque modificó su régimen político. Las Cortes se abrieron en Cádiz en 1810 y entre los diputados se distinguieron desde el primer momento dos grupos:
- Absolutistas, partidarios de respetar la autoridad absoluta del rey.
- Liberales, quienes deseaban limitar la autoridad real con una mayor participación del pueblo.
En la sesión inaugural destacó un discurso de Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, en el que defendió la soberanía de la nación. Con este discurso pudo comprobarse que los liberales eran la mayoría, lo cual hizo posible que se promulgaran leyes sobre la supresión de la tortura, la abolición de la Inquisición y la libertad de prensa.

Los afrancesados.
Al conquistar la mayor parte de España los ejércitos napoleónicos, José I, hermano de Napoleón, se hizo con el poder oficial en Madrid. Apenas contó con un reducido grupo de partidarios, que fueron llamados despectivamente los “afrancesados”.
Los afrancesados colaboraron con el régimen josefino por dos razones fundamentales: evitar una guerra que consideraban inútil y ruinosa contra Napoleón, y llevar a cabo un programa de reformas políticas y sociales de signo liberal aunque moderado. Pero los intentos de atraerse a la población fueron inútiles, sobre todo por la violencia de la ocupación francesa durante la Guerra de Independencia y no pudieron controlar amplias zonas donde las juntas revolucionarias seguían defendiendo la dinastía borbónica
Los más prominentes fueron Cabarrús, Azanza, Cevallos, Urquijo, Lista, Moratín y Javier de Burgos. La mayor parte se exiliaron en Francia al terminar la guerra en 1813 y no pudieron regresar hasta el Trienio Liberal (1820-1823).

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812).



Tras dos años de debates la medida más trascendental fue la aprobación de una Constitución, una ley fundamental que regulaba las instituciones y los derechos de los españoles. Se consignaba en ella la educación que debía darse a los ciudadanos, los impuestos, la religión (se confirmaba la católica como única del pueblo español). La Constitución modificó el régimen político e implantó el liberal al introducir dos ideas básicas de dicho régimen: la soberanía nacional y la división de poderes.
Pero el experimento constitucional liberal tendrá una vida muy breve, por la falta de un apoyo político y social (tenía el favor de la burguesía pero se oponían el rey, la nobleza, el alto clero y las clase populares), y en parte porque sufría un grave error constitucional: no era un régimen parlamentario moderno porque el poder ejecutivo correspondía en realidad a las Cortes, con lo que el rey y el Gobierno sólo podían obedecerlas (el papel del rey no estaba previsto, el Gobierno no era elegido por una mayoría parlamentaria, los ministros no podían ser parlamentarios y estos no podían ser reelegidos). Este fallo imposibilitó que funcionase, tanto en 1812-1814 como en su restablecimiento durante el Trienio Liberal de 1820-1823.

1.2. LA REACCIÓN: EL PRIMER SEXENIO (1814-1820).
El regreso de Fernando VII.


Durante la guerra con los franceses el rey Fernando VII fue prisionero de los franceses. Al término de la guerra, regresó a España en mayo de 1814 en medio del clamor popular. Su condición de prisionero multiplicó su popularidad, hasta el punto de llamársele “El Deseado”.

El rechazo de la Constitución.
El rey pronto frustró las esperanzas de los liberales españoles, cuando, espoleado por el “Manifiesto de los Persas” (diputados absolutistas) y el general Elío, expresó su propósito de no aceptar la Constitución de Cádiz porque limitaba su poder. Luego firmó el decreto de Valencia (mayo 1814), en el que rechazaba cualquier limitación de su autoridad y sólo aceptaba unas Cortes tradicionales, con los viejos tres estamentos.

Fernando VII.

La fase absolutista: persecución de los liberales.
Los liberales fueron perseguidos; se les acusaba de haber atentado contra la autoridad sagrada del monarca y por ello muchas destacadas personalidades de las Cortes de Cádiz fueron condenadas al destierro. La amnistía de 1816 fue muy corta y no solucionó el problema de los emigrados.
Pero en el ejército no fue tan profunda la represión reaccionaria y varios militares liberales organizaron fracasadas conspiraciones y pronunciamientos, fracasados hasta 1820, como los del famoso guerrillero Espoz y Mina (septiembre de 1814), Díaz Porlier en La Coruña (septiembre de 1815), Richart y Renovales en la “Conspiración del Triángulo” (1816), Lacy (abril de 1817), Vidal en Valencia (diciembre de 1819).

Ejecución del general Lacy en el foso del castillo de Bellver.

Se restauró el Tribunal de la Inquisición, se devolvieron a los conventos las tierras que los liberales habían desamortizado y a los nobles sus privilegios y poder.
La situación económica, fiscal y política empeoraba, mientras las colonias se independizaban, en un círculo vicioso: la crisis económica europea se agravaba en España por las pérdidas humanas (entre 300.000 y 500.000 muertos), materiales y las deudas de la guerra, la pérdida del mercado americano, la exención fiscal de los estamentos privilegiados, y ello impedía realizar las reformas económicas y militares que restablecieran la situación anterior. El Antiguo Régimen fenecía.

1.3. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823).
El pronunciamiento de Riego.
El 1 de enero de 1820 el comandante (luego coronel) Riego realiza un nuevo pronunciamiento militar, apoyándose en las tropas concentradas en Cádiz para una expedición a América. Proclamó la vigencia de la Constitución de Cádiz. Muchas guarniciones se le unieron en las semanas siguientes. Dos meses después el rey aceptó la situación en un manifiesto: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. El apoyo del ejército había sido imprescindible para el triunfo de la revolución.

El gobierno de los liberales.
El restablecimiento de la Constitución de Cádiz significó las libertades de imprenta, reunión... pero era ineficaz para resolver el engarce entre Parlamento, Gobierno y rey, como ya se explicó arriba. Los liberales procuraron gobernar con un sistema de cogestión monárquico-parlamentario, pero este no podría realizarse porque una parte (el rey) no era leal al sistema. El rey procuraba frenar todas las reformas mediante el derecho al veto (p.e. a la abolición de los señoríos).
Esta actitud provocó una división entre los liberales, que impidió un consenso en las reformas:
- Los “moderados”: los doceañistas, pues muchos habían participado en las Cortes de Cádiz, partidarios de que la participación del rey era indispensable en las reformas. Eran mayoritarios en las Cortes (elegidas en julio de 1820) y controlaron los primeros gobiernos: Pérez de Castro, Bardají, Martínez de la Rosa, y la Milicia Nacional. Su base social era la alta burguesía y los propietarios.
- Los “exaltados”: que reducían el papel del rey a un poder representativo y ejecutivo. Se apoyaban en el ejército, las 275 Sociedades Patrióticas (clubes políticos de debate) y las sociedades secretas (masones, comuneros, carbonarios). Su base social era la pequeña burguesía y las clases populares.
Los moderados gobernaron los dos primeros años y se inició una etapa de reformas rápidas:
- Supresión de la Inquisición (su final definitivo).
- Reforma agraria: reducción del diezmo a la mitad para abaratar los productos de consumo, entrega de las tierras concejiles a los campesinos, supresión de los señoríos y mayorazgos, venta de las tierras de los conventos con menos de 24 frailes y de las Órdenes militares.
- Creación de la Milicia nacional, compuesta de voluntarios armados que mantenían el orden en las ciudades y que serán el principal soporte del liberalismo moderado.
La división entre moderados y exaltados creció con la disolución de las fuerzas de Riego en septiembre de 1820 y su destitución como capitán general de Aragón en septiembre de 1821. En el último año dominaron los “exaltados”: el ambiente revolucionario se vivió con fervor exaltado. En los clubes de las Sociedades Patrióticas se leía la Constitución y la prensa, se discutía de política y se repartía sopa a los pobres. Al mismo tiempo se reprimía a las partidas realistas.

La reacción.
Entretanto los partidarios del rey conspiraban y la contrarrevolución era apoyada por la mayoría de los obispos y el clero, exasperados por las medidas anticlericales de los liberales, por un grupo de diputados absolutistas y por bandas de campesinos armados, mezcla de guerrilleros y bandoleros, que promovieron en Cataluña la “guerra realista” (1822-1823), pero estaban organizados en pequeñas bandas guerrilleras y fueron derrotados.
Fernando VII no hubiera recuperado su poder ilimitado con sólo estos apoyos. Los monarcas absolutistas europeos, alarmados por el ejemplo español muy influyente en Italia, acordaron en el Congreso de Verona la intervención exterior. Un ejército francés, denominado los Cien Mil Hijos de San Luis (65.000 franceses y 35.000 voluntarios españoles), mandado por el duque de Angulema, penetró en territorio español, hasta el último reducto de Cádiz y restauró el absolutismo. La represión fue brutal (p.e. mil oficiales depurados y 132 fusilados) y los principales liberales fueron fusilados (Riego) o encarcelados; la mayoría se exilió.

El duque de Angulema saludando al rey Fernando VII.

1.4. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (1823-1833).
Los intransigentes.
Los liberales la llamaron “ominosa década” o decenio abominable, por la intensificación del despotismo. La Milicia nacional es suprimida y se crean unidades de voluntarios realistas, con presupuesto propio. Se restablecieron los mayorazgos y señoríos, se devolvieron los bienes eclesiásticos expropiados, se recuperaron los diezmos... Pese a ello, el gobierno, con hombres reformistas como López Ballesteros y Cea Bermúdez tuvo aciertos parciales en la reforma de la Hacienda y la Administración.
Los absolutistas se dividieron en dos sectores, intransigente y moderado. En el sector intransigente, más absolutista que el propio rey, actuaban algunas sociedades secretas como “El Ángel Exterminador”, que exigían el exterminio de los liberales. A las medidas de gracia para los liberales que proponía el duque de Angulema (un ejército francés de ocupación permaneció hasta 1828) y algunos diplomáticos, y que el rey deseaba, se opusieron los intransigentes. El rey, empero, consiguió negarse a la restauración de la Inquisición y desde 1826 se apoya en el sector moderado, partidario de un entendimiento con los liberales. Mientras, la situación financiera era lamentable.

La guerra de los agraviados.
Los intransigentes llegaron a organizar conspiraciones para obligar al monarca a actuar con mayor dureza y al fracasar promovieron una nueva guerra en Cataluña (primavera 1827), de los “agraviados” o “malcontents”.
Era una revuelta campesina de católicos extremistas, con la misma base social que la anterior “guerra realista”, y motivada también por la presión fiscal sobre el campesinado y por las quejas de los “voluntarios” respecto a las pagas. Se defendía un absolutismo extremo, superando el absolutismo moderado que practicaba en esta etapa Fernando VII, y a favor de los derechos sucesorios de Carlos. Las partidas rebeldes se apoderaron de varias comarcas y poblaciones (Berga, Vic, Cervera, Solsona, Olot) pero la intervención militar personal del rey la reprimió duramente en pocos días.

La cuestión dinástica.
Más trascendencia ofreció el problema de la sucesión al trono. Los intransigentes del partido “apostólico”, desengañados por la moderación de Fernando VII, pusieron sus esperanzas en su hermano Don Carlos, que era el sucesor, ya que el rey no tenía hijos. Ambos partidos tenían razones constitucionales de su parte.
La situación sucesoria cambió en 1830. En ese año Fernando VII publicó la Pragmática Sanción de 1789 (que no había sido publicada entonces), que abolía la Ley Sálica de 1713, según la cual las mujeres no podían ocupar el trono, y poco después tuvo una hija, la futura Isabel II. Mientras, seguían la represión en 1831 (fusilamiento de Mariana Pineda por coser una bandera liberal) y los pronunciamientos liberales (Torrijos). En el exterior Francia ya no podía apoyar a los absolutistas después de la revolución de 1830. La división de la Corte y las dudas del rey llevaron a este, durante una grave enfermedad, al error de los Sucesos de la Granja (18-IX-1832), cuando por presión del jefe de gobierno efectivo, Calomarde, el rey restauró la línea sucesoria masculina para luego, al mejorar su salud, volver a sostener los derechos de su hija, reimponer la Pragmática Sanción (28-IX) y destituir a Calomarde, nombrando como jefe de gobierno al moderado Cea Bermúdez, quien procedió a dictar una amnistía para los exiliados liberales (20-X-1832), creó el ministerio de Fomento, separó del mando militar a los oficiales más absolutistas, disolvió las unidades de voluntarios realistas y renovó los ayuntamientos con miembros de la burguesía.
En los últimos meses de su reinado, el rey, influido por su esposa y los moderados, se acercará crecientemente a los liberales, formándose el partido “isabelino” o “cristino”.
Se pusieron así las bases para el mayor enfrentamiento en la España del siglo XIX, que opuso a dos movimientos político-sociales: el carlismo y el liberalismo.

2. LA ESPAÑA ISABELINA (1833-1868).
El reinado de Isabel II se caracteriza por una extraordinaria inestabilidad: cambios de gobierno y de Constitución, mientras dos grandes partidos políticos, moderados y progresistas, se enfrentan por el poder en las urnas y mediante numerosos golpes militares que provocan un cambio político, al tiempo que el carlismo conservador promueve dos guerras para intentar en vano el retorno del absolutismo.
2.1. REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
Al morir Fernando VII (29-IX-1833), Cea Bermúdez, con el apoyo de María Cristina se prepara para afrontar el mayor problema de los primeros años de Isabel II, la guerra civil que estalló al poco tiempo.
EL CONFLICTO CARLISTA.
El carlismo y el liberalismo.
Los absolutistas intransigentes o “apostólicos” sostuvieron los derechos de Don Carlos (carlistas), mientras que los absolutistas moderados y, sobre todo, los liberales, apoyaron a Isabel II (serán llamados “cristinos”, por la regente María Cristina). En las guerras carlistas no se estaba decidiendo si debía reinar un hombre o una mujer; lo que en el fondo enfrentaba a los dos bandos era si España continuaría siendo una monarquía absoluta del Antiguo Régimen o si se establecería una monarquía constitucional.
El carlismo era muy conservador y tradicionalista: católico, nacionalista, absolutista y foralista mediante un ideario de “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Sus bases sociales eran sobre todo campesinas. El apoyo de los campesinos pequeños y medianos al absolutismo debe explicarse por su fundado temor a las reformas liberales, que suprimían la propiedad comunal de los ayuntamientos, y por la propaganda conservadora del clero, muy afectado económicamente por las reformas. Pero la jerarquía eclesiástica no lo apoyó (era consciente de la falta de futuro político del carlismo). Otros apoyos menores los encontró en grupos de la nobleza antiliberal y en parte de las clases medias y artesanales de las ciudades que sufrían la política económica liberal. Tuvo apoyo exterior de las potencias absolutistas (Austria, Prusia, Rusia, Holanda).
El liberalismo tuvo su apoyo en la aristocracia, la burguesía y el proletariado urbano, la burocracia y el ejército, partidarios de las reformas políticas, económicas y sociales. Los liberales se beneficiaron del apoyo exterior de Francia y Gran Bretaña.
Fue también una lucha entre el campo conservador y la ciudad progresista, lo que explica que incluso en las zonas predominantemente carlistas las ciudades fueron contrarias al carlismo y lucharon con firmeza en su contra, como vemos en el ejemplo de Bilbao.

La primera guerra carlista (1833-1840).


El levantamiento carlista había estado precedido de varias revueltas desde principios de 1833. Carlos se había exiliado en Portugal (III-1833) para preparar mejor la lucha, pero sólo estalló realmente en octubre y se extendió durante el invierno.
Las principales bases territoriales del carlismo fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y las comarcas interiores de Cataluña, pero le faltaban una región triguera y una gran ciudad para poder soportar una larga guerra y la lucha se limitó a múltiples combates de guerrillas. En las demás zonas (Cataluña, Aragón, Castilla, La Mancha), la actividad de los carlistas sobre el terreno (requisas de alimentos) les hizo perder finalmente el apoyo de los campesinos y se convirtieron en bandoleros. Un grave inconveniente para los carlistas fue que ninguna unidad militar les siguió, aunque reclutaron muchos hombres entre los antiguos “voluntarios realistas”, que tenían organización y armamento.
La guerra fue terriblemente dura en los primeros años (no se hacían prisioneros).
Los héroes militares del bando carlista fueron Zumalacárregui y Cabrera. Zumalacárregui (jefe del ejército carlista del norte desde 27-I-1834) organizó el ejército de Carlos, quien entró en la zona carlista en julio de 1834, creando un embrión de Estado, titulándose Carlos V. Zumalacárregui se apoderó de las zonas interiores de Navarra y el País Vasco, pero murió en el sitio de Bilbao en junio de 1835. Los carlistas fracasaron en sus intentos de tomar Bilbao (1835-1836) y Madrid (Expedición Real de 1837). Cabrera luchó con bastante éxito en el Maestrazgo. El ejército carlista fue aumentando: de 18.000 hombres (VII-1834) a 54.000 (IX-1836) y 72.000 (VII-1839). Pero las derrotas se sucedieron desde 1837 y su zona se reducía, en medio de disensiones internas entre ultras y transaccionistas: para preparar un acuerdo político, el general en jefe Maroto fusiló en Estella en febrero de 1839 a tres generales y otros cuatro jefes del sector ultra.
Por la parte liberal destacó sobre todo el general Baldomero Espartero (1793-1879), que venció en la batalla de Luchana (1836), que aumentó su prestigio y se convirtió en un factor esencial de la política.
La guerra terminó con el Convenio de Vergara (27-VIII-1839), entre Espartero y Maroto. Se acordaron el respeto a los Fueros Vascos, los cargos de los militares carlistas y una amnistía general. Sólo siguió luchando Cabrera, hasta que tuvo que exiliarse (VII-1840).
La guerra sirvió para forzar los cambios institucionales indispensables para el desarrollo del país, pero tuvo un alto costo humano (150.000 a 200.000 muertos), material (la deuda pública aumentó y fueron destruidas muchas fuentes de riqueza) y político (la inestabilidad y la confrontación duraron todo el siglo; los militares se convirtieron en un factor esencial de la política).

EL TRÁNSITO DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de María Cristina (1834-1840).
Durante la regencia de María Cristina en la minoría de edad de la reina, se suceden en el poder los moderados y los progresistas, en una rápida evolución, mientras evoluciona la guerra.

Absolutismo moderado.
La regente María Cristina siempre tuvo ideas absolutistas aunque era consciente de que necesitaba a los liberales, a los que pensaba contentar sólo con concesiones como la amnistía y la participación en el poder local. El jefe de gobierno, Cea Bermúdez (IX-1832 a I-1834), un absolutista moderado, se negaba a otorgar las reformas profundas exigidas por los liberales, que deseaban reunir las Cortes. Pero sí promovió reformas menores, como la nueva división territorial en provincias (1833), que organizó el ministro Javier de Burgos. Se quería volver al despotismo ilustrado, pero era ya imposible.
Finalmente, la presión de varios políticos y de generales del ejército, en medio de lo peor de la guerra carlista, obligó a la regente a nombrar a jefe de gobierno a Martínez de la Rosa, un liberal moderado.

Liberalismo moderado.
Martínez de la Rosa, un “doceañista” (había participado en las Cortes de Cádiz”), pactó con la regente un Estatuto Real (1834). No era una Constitución sino una convocatoria electoral y una “Carta Otorgada” (nacida no de un pacto sino de la concesión de la Corona, según el modelo de la Charte francesa de 1814): era un modelo constitucional demasiado moderado, insuficiente para contentar a los liberales, pues limitaba los aspectos más avanzados de la Constitución de 1812:
- El rey podía nombrar libremente al Gobierno, sin ninguna intervención de las Cortes
- Las Cortes (divididas en Cámara Baja y Alta) sólo podían enmendar o rechazar los proyectos de ley preparados por el gobierno, y presentar peticiones a la Corona.
- Se limitaba el voto al censitario: 0,15% del censo, los más ricos contribuyentes (16.026 electores).
- Se limitaban las libertades de prensa y asociación.
Se firmó (VII-1834) la Cuádruple Alianza (España, Portugal, Francia y Gran Bretaña), que reconocía a Isabel II como reina. La limitación reformista de Martínez de la Rosa (que clausuró las Cortes antes de dimitir) provocó un movimiento revolucionario de la burguesía urbana, que se evidenció primero en julio de 1834 (asesinato en Madrid de cerca de 75 religiosos), en un conato de sublevación militar (18-I-1835) en el que fue asesinado Canterac, capitán general de Madrid con el que Martínez de la Rosa transigió, y, por fin, en el verano de 1835, cuando se formaron Juntas en varias ciudades, que exigieron la reunión de las Cortes, la reforma de la ley electoral y la libertad de imprenta. Las masas urbanas se radicalizaron aun más: quema de conventos (el clero regular fue acusado de apoyar al carlismo) y fábricas (la Bonaplata de Barcelona). Mientras, los ejércitos liberales eran derrotados por Zumalacárregui y Martínez de la Rosa tuvo que dimitir (7-VI-1835). Su breve sucesor, Toreno (otro doceañista), también falló en las reformas.

Liberalismo progresista.
La presión del movimiento revolucionario y los problemas financieros y bélicos llevaron a la regente a admitir como nuevo jefe de gobierno (IX-1835) a un liberal progresista, Álvarez Mendizábal (un liberal “exaltado”, exiliado muchos años en Inglaterra, donde había logrado un gran éxito financiero). Los cargos políticos y militares se repartieron entre los “exaltados” del Trienio Liberal y se reanudó la misma política radicalmente reformista de entonces. Mendizábal concitó al principio el entusiasmo general y obtuvo plenos poderes de las Cortes (XII-1835), reorganizó el ejército (una leva prevista de 100.000 hombres, que decidió al final el triunfo liberal) e hizo aprobar el nuevo estatuto de la propiedad agraria y la Ley de Desamortización, que supuso al final un logro político decisivo porque la burguesía y la nobleza que adquirieron bienes apoyaron el trono de Isabel II. Pero no se hicieron cambios institucionales, la leva militar fracasó al principio y las Leyes Electoral y de Desamortización (II y III-1836) le enemistaron con moderados y progresistas, y, además, Mendizábal gobernó de un modo autoritario, por lo que la regente pudo destituirle al poco tiempo y entregar el poder de nuevo a los moderados (Istúriz), en el verano de 1836.
Los progresistas replicaron con revueltas en provincias y en Madrid, y, por fin, la rebelión de la guarnición de La Granja (12-VIII-1836) obligó a la regente a nombrar para el gobierno al progresista Calatrava (con Mendizábal de ministro de Hacienda) y, sobre todo, promulgar de nuevo la Constitución de 1812, que será reformada para dar paso a la Constitución de 1837 (18-VI-1837), que es una transacción entre la de 1812 y el Estatuto Real de 1834, basada en la soberanía nacional (en las Cortes, no compartida con la Corona), con bicameralismo, responsabilidad ministerial ante las Cortes, Presupuestos anuales ante las Cortes, etc. Era una Constitución homologable con las liberales de Europa. La ley electoral de 1837 regulaba el voto censitario (contribuyentes de 200 reales).
Los siguientes años son los del triunfo militar sobre los carlistas (que desde 1837 van retrocediendo). En esta época los cambios de gobierno son rápidos, al progresista Calatrava (14-VIII-1836) le siguieron, tras la victoria moderada en las elecciones de octubre de 1837, entre diciembre de 1837 y el verano de 1840 los gobiernos de los moderados Bardají (18-VIII-1837), Ofalia (16-XII-1837), Frías (6-IX-1838), Pérez de Castro (9-XII-1838, el más largo), González (20-VII-1840), Cortázar (12-VIII-1840). En estos años se asienta el régimen y consigue la realización práctica de la desamortización.

La regencia de Espartero (1840-1843).
La guerra y su éxito final contribuyeron a acelerar la carrera política de Espartero, quien contó con el apoyo de la regente en 1837-1840 y mediatizó los gobiernos hasta conseguir la jefatura del gobierno en septiembre de 1840. Pero la guerra se había ganado y la regente y los moderados deseaban una reacción, que, reformando la Constitución de 1837, devolviese la mayor parte del poder a la Corona. Hubo constantes fricciones por el poder entre Espartero (que se apoyó sólo entonces en los progresistas) y la regente María Cristina, que se apoyó en los moderados (que habían ganado las elecciones XII-1839) y los generales Ramón María Narváez y Luis Fernández de Córdova, para lanzar un proyecto “moderado” de ley de Ayuntamientos, muy centralista y opuesto a la Constitución, porque dejaba el nombramiento de los alcaldes a la potestad del rey. Pero Espartero consiguió el mayoritario apoyo militar y, con los progresistas, promovió varias revueltas, en un golpe de estado encubierto que presionó a María Cristina, la cual renunció a la Regencia, aunque no a la tutoría de su hija, y se exilió (12-X-1840).
Espartero se convierte entonces en regente (1840-1843), con un gobierno presidido por González (20-V-1841). Sufrirá la oposición de los moderados (fuertes en el ejército), la disensión en sus gobiernos y por la propia falta de habilidad política, pues se apoyó, no en los mejores progresistas, sino en militares fieles pero incompetentes, los llamados despectivamente “ayacuchos”, como el siguiente jefe del gobierno, Rodil (17-VI-1842). La política de Espartero era de un liberalismo dogmático, anticlerical y librecambista. Disuelve las Cortes (6-VII-1842), restablece la censura y reduce las libertades, enajenándose el apoyo de muchos progresistas, más cuando su proyecto de tratado de comercio con Gran Bretaña (XI-1842) le enemistó con uno de sus principales apoyos, los industriales textiles y los intereses proteccionistas de Barcelona, cuya burguesía y proletariado se rebelan (15-XII-1842). Espartero ordena el bombardeo de Barcelona y aplasta la rebelión (XII-1842), lo que le hizo perder el apoyo popular que le quedaba y provocó un levantamiento general (V-1843).
El golpe fue organizado desde el exilio por el general Narváez y financiado por la regente María Cristina y contó con el apoyo de los generales moderados y progresistas no esparteristas O’Donnell, Serrano, Concha y Prim. Narváez desembarcó en Valencia (VI-1843) y derrotó a las tropas del esparterista Seoane en Torrejón de Ardoz (VII-1843) y entrar en Madrid, lo que derribó a Espartero.
Siguió un gobierno provisional (VII-XI 1843) dirigido por el progresista Joaquín M López, aunque el verdadero hombre fuerte de la nueva situación era el general Narváez, conocido como “el espadón de Loja”, que había evolucionado al liberalismo moderado por su enfrentamiento con Espartero. Para evitar el nombramiento de un tercer regente (María Cristina estaba en París y Espartero se había exiliado en Londres) se adelantó la mayoría de edad de Isabel (10-XI-1843). López aconsejó entonces a la reina que le sucediera en el gobierno otro progresista, Olózaga. Pero entonces los moderados no aceptaron pactar la presidencia del Congreso y cuando Olózaga obtuvo de la reina la firma del decreto de disolución de las Cortes se propagó el rumor de que lo había obtenido por la fuerza. El escándalo dio el poder al moderado González Bravo, como primer ministro.

Liberales: moderados y progresistas.
En estos años de disputas y conflictos ya se han forjado los dos grandes bandos del liberalismo español, los moderados y los progresistas.
Los moderados integran a los más conservadores entre los liberales y los absolutistas moderados. Su ideario hace compartir la soberanía entre la Corona y las Cortes, predica el voto censitario y mantiene el papel político de la aristocracia. El líder de los moderados es el general Narváez.
Los progresistas son el partido de los liberales más radicales, cuyo ideario otorga toda la soberanía a las Cortes, un voto censitario más amplio y un poder político burgués. El grupo más extremista es el futuro partido demócrata. Los encabeza el general Espartero y desde los años 1860 el general Prim.

El papel político del ejército.
Dado que la Corona apoya a los moderados y que las elecciones son siempre fraudulentas, la única posibilidad de que los progresistas alcancen el poder y los moderados lo recuperen es mediante un golpe militar. El ejército, dividido entre ambos partidos, será el principal agente político y los militares serán las principales figuras políticas durante el periodo 1820-1874, desde Riego hasta Serrano, pasando por Espartero, Narváez, O’Donnell y Prim.
Era la confirmación del poder militar, que había sustituido a la mecánica electoral y parlamentaria en la vida política nacional. Pero no era una dictadura militar, sino una politización del ejército, cuyos generales se convertían en políticos al servicio de los dos partidos principales, moderado y progresista. Habrá generales moderados (Narváez), progresistas (Espartero, Prim) y centristas (O’Donnell).
Se difundió en los cuarteles una ideología que convertía al ejército en intérprete de la voluntad nacional y la garantía última de la supervivencia de España como nación. Esta ideología explica en gran parte la Dictadura de Primo de Rivera, la guerra civil y el franquismo.
Pero si el poder militar fue fuerte, se debió a que el poder civil era débil. La debilidad de los partidos políticos era evidente, el pueblo no participaba (por el caciquismo y el voto censitario) y el intervencionismo de Isabel II en la política acabó de desprestigiar al sistema, completamente inestable: 32 gobiernos y 15 elecciones generales entre 1840 y 1868.


2.2. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854).
Narváez.
El jefe de gobierno habitual en estos años es el general Narváez, que dirige o controla los gobiernos, en un régimen autoritario que se apoya en la reina, el ejército, la Iglesia y la burguesía moderada.
Primero hubo el gobierno de González Bravo (XII-1843 a V-1844), que suspendió la desamortización eclesiástica, y le siguió el de Narváez (V-1844 a II-1846 y III-IV 1846), que promulgó la Constitución de 1845 y la reforma de la Hacienda de Mon (1845). En su tercer gobierno (X-1847 a I-1851), desde 1848 implanta una verdadera dictadura para resistir la oleada revolucionaria europea y cuenta con el ministro Bravo Murillo, la figura civil más importante del periodo, que es autor de un ambicioso programa de obras públicas (canalización de agua a Madrid, carreteras, ferrocarriles) y desde 1849 es ministro de Hacienda, donde completa la reforma de Mon, hasta que es cesado por su intento de disminuir los gastos militares para cuadrar el presupuesto. Bravo Murillo sucede a Narváez en el gobierno (I-1851 a XII-1852), en el que se reserva la cartera de Hacienda e intenta modificar la Constitución de 1845 en un sentido mucho más conservador, pero esta reforma suscita la oposición de casi todos, incluido Narváez, y tiene que dimitir.
El régimen moderado entra en crisis a continuación, durante los gobiernos de Roncali, Lersundi y Sartorius, por las divisiones internas en los años 50 por la oposición de progresistas y carlistas, y la división de los moderados entre los partidarios de la dureza (Narváez, Bravo Murillo) y los de un entendimiento con los progresistas (O’Donnell). En 1854 los casos de corrupción aíslan a Narváez y muchos moderados consideran inevitable un cambio, lo que abrirá paso al Bienio Progresista (1854-1856).


Las reformas moderadas.
El programa moderado no consistía sólo en una reacción conservadora que limase los aspectos más avanzados de las reformas progresistas, sino que también pretendía modernizar el país, aunque sin variar el poder social y económico vigente. Las reformas de los moderados se plasman en:
-La Constitución de 1845, una reforma conservadora que reparte la soberanía entre la Corona y las Cortes (en la Constitución de 1837 la soberanía era nacional). Las Cortes se organizan en dos cámaras: Congreso de Diputados (elegido por voto censitario) y Senado (elegido por la Corona). Se suprimía la Milicia Nacional.
-La ley electoral de 1846 reducía aun más el voto censitario (contribuyentes de 400 reales) a sólo el 1% de la población: 157.000 electores. El caciquismo se organizó bajo el ministro Romero Robledo. En 1853 las elecciones fueron de una desvergüenza especialmente clara. Las anécdotas son incontables por su variedad y astucia: en Murcia la Guardia Civil arrestó a los votantes contrincantes que tuviesen armas, incluidos los cuchillos de cocina, en sus casas. En una ocasión un candidato obtuvo un millón y medio de votos en Berga, que sólo tenía unos miles de habitantes. Pero la mayoría de las veces se compraban los votos.
-El Concordato de 1851 reguló las relaciones del Estado y la Iglesia. Vigente hasta 1931, establecía la religión católica como única, y aceptaba la desamortización a cambio de una subvención anual. Las órdenes regulares eran restablecidas y casi toda la educación quedaba en manos de la Iglesia.
-La censura de prensa, para evitar la propaganda de los liberales progresistas.
-El control de los ayuntamientos, por la ley de Ayuntamientos de 1845: los alcaldes y tenientes de alcalde eran nombrados por el Estado (por la Corona en los municipios de más de 2.000 habitantes, por el gobernador en los restantes).
-La centralización administrativa del sistema provincial y local en 1845, siguiendo la misma línea de la provincialización de 1833: gobernador, Diputación provincial.
-La reforma fiscal (1845) del ministro Mon, quien, tras consolidar la Deuda Pública al 3%, elimina los impuestos locales y establece los impuestos generales: monopolios (tabaco, salinas, pólvora, loterías); directos (contribución territorial rústica y urbana, impuesto industrial y de comercio); indirectos (transmisión de bienes, consumos). Es una reforma muy eficaz, que logrará sanear la Hacienda, persistiendo hasta bien entrado el siglo XX. Bravo Murillo la completará en los años siguientes (1849-1852), con las reformas de la Contabilidad, la consolidación de la Deuda y la reducción del déficit público.
-La reforma de la enseñanza pública: Pidal reorganizó y centralizó la enseñanza pública secundaria y universitaria (1845), Plan de Estudios de Gil y Zárate. Por contra, la educación quedó sobre todo en manos de la Iglesia.
-La codificación legislativa, con el Código Penal (1848) y los primeros estudios para los Códigos Civil y de Comercio.
-La creación de la Guardia Civil en 1844, que sustituyó a la disuelta Milicia nacional (afecta a los progresistas) y permitió al gobierno controlar militarmente el orden público.
Aunque eran reformas conservadoras, la mayoría fueron muy eficaces: el saneamiento de la Hacienda, la administración local y de justicia, la codificación legislativa, el restablecimiento del orden público... El Estado moderno se asentó definitivamente en este periodo.

La segunda guerra carlista (1846-49).
Entre 1846 y 1849 surgió un nuevo levantamiento carlista, la guerra dels matiners, en Cataluña, con gran actividad guerrillera, dirigida por Cabrera, pero nunca consiguió grandes éxitos y tuvo que volver a exiliarse.
Durante el reinado de Isabel II el carlismo se dividió y algunos pretendieron un acuerdo dinástico con la boda de las dos ramas de los Borbones.

2.3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).


La revolución.
Por fin, el general moderado Leopoldo O’Donnell y otros generales (Dulce, Serrano) se pronuncian en Vicálvaro (VI-1854) y le sigue una movilización progresista en las ciudades principales. Son dos movimientos paralelos, por lo que la reina entrega el poder a sus dos representantes: Espartero y O’Donnell, que pactan un gobierno de coalición progresista-moderado que sólo se mantiene dos años, por una insalvable contradicción ideológica.

Las reformas progresistas.

El general Espartero.

Se restablece la Milicia Nacional y se convocan elecciones a Cortes constituyentes, para lo que O’Donnell organiza la Unión Liberal (con parte de los moderados y progresistas). El programa progresista se reduce a una nueva e importante ley desamortizadora (Madoz), y las leyes generales de Ferrocarriles y de Sociedades de Crédito, de 1855. Se redacta una constitución bastante liberal, basada en la soberanía nacional (pero no es publicada).

La reacción.
En 1856 la presión obrera aumenta (huelgas en Barcelona, disturbios en Valladolid) y la burguesía exige el mantenimiento del orden público. O’Donnell consigue de la reina el cese de Espartero (14-VII-1856). El gobierno O’Donnell (14-VII a 12-X) se hace con todo el poder, disuelve las Cortes, la Milicia, los Ayuntamientos y Diputaciones, las organizaciones obreras, y así restablece el orden. Se vuelve a la Constitución de 1845 (15-IX) y se suspende la venta de bienes del clero secular (23-IX).

2.4. LOS MODERADOS Y LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno O’Donnell-Narváez (1856-1868).
Los primeros gobiernos de este periodo los encabezan sucesivamente los generales O’Donnell (unionistas) y Narváez (moderados).    
O’Donnell (VII-X 1856) es cesado por su intento de continuar la desamortización.
Le sustituye Narváez (X-1856 a X-1857) que suspende definitivamente la aplicación de la desamortización, reforma en sentido conservador la Constitución de 1845, reprime las sublevaciones republicanas de Málaga y Sevilla y decide la intervención en Indochina (1857). Se emprende una notable reforma de la enseñanza pública con la Ley Moyano (1857), que pone los niveles local y provincial bajo el control de alcaldes y gobernadores, dependiendo del Ministerio de Fomento; se busca solucionar el problema del analfabetismo (en 1877 el 60% de los hombres y el 80% de las mujeres). Narváez dimite porque se niega a ascender en el Ejército al amante de Isabell II, Enrique Puigmoltó, casi seguro padre biológico del futuro Alfonso XII.
Tras los breves gobiernos de Armero (X-1857 a I-1858) e Istúriz (I-VI 1858), apoyados en las Cortes por Bravo Murillo y la Unión Liberal, vuelve por fin O’Donnell.

El “gobierno largo” de O’Donnell (1858-1863).

El general Leopoldo O'Donnell.

Este gobierno de O’Donnell (VI-1858 a III-1863) es llamado “Gobierno Largo”, excepcional por durar cinco años.
La Unión Liberal de O’Donnell es un intento (al final fracasado) de sostener una posición intermedia entre las dos tendencias, moderada y progresista, pero sirvió para dar una mayor base social al régimen y facilitar algunas reformas. En estos años cuenta con el apoyo de un grupo de tránsfugas (los “resellados”): Istúriz, Zabala y Prim, aunque el resto de los progresistas y los demócratas más radicales siguen en la oposición, esperando hacer un golpe militar.
La política interior es a la vez reformista y conservadora: centralización administrtiva, sigue la desamortización civil, leyes de Minas (1959) e Hipotecaria (1861), para liberalizar la propiedad.
O’Donnell tiene que hacer frente a la oposición carlista y republicana. Frustra el desembarco en San Carlos de la Rápita (16 a 23-IV-1860) del general Ortega (que es fusilado) y el pretendiente carlista, el conde de Montemolín, que es hecho prisionero y debe renunciar a sus derechos a cambio de su libertad. También reprime el levantamiento campesino y republicano de Loja (1861).
Se desarrolla una política exterior de prestigio: envío de una expedición a Indochina (VIII-1858, con Francia, finaliza en 1862), guerra con Marruecos (1859-1860), anexión temporal (y voluntaria) de Santo Domingo (1861-1865), intervención en México (1861-1862, con Francia y Gran Bretaña).
La etapa se caracteriza por el crecimiento económico, gracias a que comienzan a subir la producción gracias a la desamortización (que ya ha llegado a 10 millones de ha de tierras), la construcción de los ferrocarriles (se construyen 7.000 km en 1855-1874, cuyas concesiones provocan numerosos escándalos financieros), el desarrollo del comercio con Cuba, de la siderurgia del País Vasco y el carbón de Asturias.
Hacia 1863 parecía que O’Donnell había logrado una vía pacífica y relativamente democrática para el desarrollo del país. Pero la crisis de la ecléctica Unión Liberal a principios de 1863 acabó con el proyecto, por la salida hacia el partido progresista de Prim y otros reformistas, que veían la insuficiencia de las reformas, y estaban disgustados por la dureza de la represión campesina y por la actitud del gobierno ante la cuestión italiana. O’Donnell, para superar la crisis, propuso a Isabel II disolver las Cortes para ir a nuevas elecciones, y al negarse la reina tuvo que dimitir (27-II-1863).

Los gobiernos cortos del final del régimen (1863-1868).
La reina, en vez de llamar al gobierno a los progresistas para establecer un turno, se enrocó en posiciones conservadoras. Su escandalosa vida personal, con varios amantes sucesivos, la desprestigiaba, y para aliviar su conciencia estaba en manos de un confesor reaccionario, Claret, defensor del neocatolicismo. Entre marzo de 1863 y septiembre de 1868 nombró ocho gobiernos de periodos cortos, presididos por Narváez en dos gobiernos (1864-1865 y 1866-1868), con un intermedio de O’Donnell (1865-1866) y por último Bravo Murillo (1868), que promovieron el catolicismo de Estado y controlaron el país mediante la represión de los intentos golpistas de Prim en Valencia (1865), Villarejo y San Gil (1866). Pero fue la crisis económica (sobre todo financiera) de 1865-1866 lo que provocó un creciente descontento social que desbordó al frágil régimen de Isabel II.

Los primeros gobiernos personales.
Los primeros gobiernos, de Miraflores (2-III-1863), Arrazola (17-I-1864), Mon (1-III-1864), fueron meras creaciones personales de la reina y no contaban con apoyo parlamentario, por lo que duraron poco.

El gobierno Narváez (1864-1865).
Un agotado Narváez (IX-1864 a VII-1865) será otra vez la figura de este periodo, en el que sigue su política conservadora del periodo anterior, porque al negarle su apoyo los progresistas tuvo que sostenerse con los neocatólicos de Nocedal. Su decisión de abandonar la isla de Santo Domingo le enemistó con la reina y los moderados. Estaba aislado desde entonces.
Se desprestigia más por la brutal represión de una manifestación de estudiantes (Noche de San Daniel, 10-IV-1865), en protesta por la detención de profesor Castelar por la publicación de una crítica contra la reina (la cuestión del “rasgo”: la venta de unos pretendidos bienes de la Corona que eran en realidad del Estado). Prim intenta entonces un pronunciamiento en Valencia. El malestar social es tan grande que fuerza la dimisión de Narváez.

El último gobierno O’Donnell (1865-1866).
Sigue un gobierno de O’Donnell (VII-1865 a VII-1866), que intenta continuar sus política de reformas prudentes: la ley electoral de 1865 amplia la base social del voto censitario (contribuyentes de 200 reales), al 2,67% de la población: sólo 418.000 electores. Pero el caciquismo y el fraude electoral siguen siendo la norma general. Prosigue la política exterior de prestigio, con la absurda guerra del Pacífico contra Perú y Chile (1865-66), que sólo consigue que España se gane la enemistad de los países hispanoamericanos.
La crisis económica comienza ahora. La burguesía está inquieta y el progresista Prim promueve el pronunciamiento de Villarejo (I-1866), cuyo eco en Barcelona y Tarragona llevan al gobierno a suspender las garantías constitucionales. Prim trama otro pronunciamiento, el de los sargentos del cuartel de San Gil (12-VI-1866), que O’Donnell reprime con dureza, fusilando a 68 militares. La reina desvia las críticas cesando a O’Donnell (que se considera traicionado) y nombrando de nuevo a Narváez. Desde entonces O’Donnell queda enemistado con la reina y se exilia en Biarritz, donde morirá un año después.

El último gobierno Narváez (1866-1868).
El último gabinete de Narváez (VII-1866 a IV-1868), es muy autoritario, sin contar con las Cortes, y de continua represión, en medio de los disturbios sociales por el crecimiento del paro y las malas cosechas.
La oposición se reorganiza y radicaliza. Espartero es sustituido en 1866 en la jefatura de los progresistas por Salustiano Olózaga y el general Prim. Los progresistas y los demócratas pactan en Ostende (VIII-1866) un programa revolucionario (Cortes constituyentes por sufragio universal). Los unionistas se plantean sustituir a la reina por su hijo Alfonso (la idea de O’Donnell) o por su cuñado el duque de Montpensier (la idea de su nuevo jefe, Serrano, y de otros generales). Narváez fallece (23-IV-1868) y con él desaparece el último defensor efectivo de la monarquía isabelina.

El gobierno González Bravo (1868).
El gobierno de González Bravo (IV a IX-1868) aplica una represión aun mayor. Sólo se apoya ahora en los moderados más recalcitrantes. Destierra a los presidentes del Congreso (Ríos Rosas) y del Senado (Serrano), que querían abrir las Cortes, y a los generales Dulce y Córdova. Esto enemista definitivamente a los unionistas con el régimen y suscriben el anterior pacto de Ostende de los progresistas y demócratas y planean la revolución de septiembre de 1868, que destrona a Isabel II, finalizando un reinado lleno de acontecimientos, pero en el que la economía y la sociedad españolas habían evolucionado positivamente, aunque a ritmo más lento que el europeo.


3. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874) Y LA RESTAURACIÓN.
3.1. LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE.
Las causas.
Las causas de la “revolución de septiembre” son diversas:
- La crisis política: la causa principal fue el deterioro político del régimen, abandonado por todos los partidos excepto el moderado, que no había solucionado los más graves problemas del país. La causa inmediata fue que la reina estaba desprestigiada por su vida personal (varios amantes) y su injerencia conservadora en la política. Hasta el carlismo resurge, con un nuevo pretendiente, el carismático Carlos VII. Desde los fallecimientos de O’Donnell (XI-1867 en el exilio de Biarritz a los 58 años) y Narváez (IV-1868) la reina carece de apoyo en el ejército y sólo cuenta con los moderados.
- La crisis económica (1866-1868). Es una crisis agraria (1868 es un año de hambre), industrial (la textil padece la escasez del algodón americano) y financiera: los ferrocarriles, en cuyos consejos de administración se encuentran los generales y políticos de la revolución, tienen pérdidas; por ello la banca y la Bolsa se hunden.

El estallido revolucionario.
El almirante Topete se alza el 17 de septiembre de 1868 en Cádiz y se le unen un grupo de generales, encabezados por Serrano y Prim. En las ciudades se forman Juntas Revolucionarias. Se juntan intereses diversos: los generales sólo quieren cambiar la Constitución y el monarca, las Juntas más radicales quieren una revolución burguesa, algunos sectores campesinos y obreros piden incluso una revolución social.
El levantamiento triunfa en Andalucía y se extiende por el país tras la batalla de Alcolea (26-28 IX) en la que vence Serrano), en Barcelona, Valencia... Isabel II se exilia (30-IX) y se forma un gobierno provisional (8-X) presidido por Serrano, con participación de progresistas y unionistas, y con apoyo exterior de los demócratas. Los tres se reparten el poder en las juntas provinciales y municipales.

Exilio de la reina.

Los partidos del gobierno.
Los partidos vencedores por el momento son:
Los unionistas, dirigidos por Serrano, presidente del gobierno.
Los progresistas, dirigidos por Prim, ministro de la Guerra.
Los demócratas, que aceptan poco después la propuesta monárquica de los anteriores, por lo que se escinden en la derecha demócrata y los republicanos, que pasan a la oposición.
Estos tres partidos, durante el reinado de Amadeo se reorganizarán en dos: el constitucional (centrista, liderado por Sagasta) y el radical (izquierdista, liderado por Ruiz Zorrilla), que no tendrán un real apoyo popular.

Los partidos de la oposición.
Los republicanos, que reúnen a los centralistas (Castelar) y los federalistas (Pi i Margall). Este partido recibe el apoyo de las clases populares urbanas (pequeños comerciantes y artesanos, obreros catalanes) y campesinos andaluces.
Los moderados (alfonsinos), que se organizan con Cánovas en el partido conservador, reuniendo a las clases dirigentes monárquicas (aristocracia, clero, alta burguesía), en favor de la restauración del príncipe Alfonso de Borbón.
Los carlistas, que resurgen con el pretendiente Carlos VII (nieto del infante don Carlos). El carlismo se transforma en un partido parlamentario de amplia base popular, con muchos monárquicos que piensan que Carlos es un pretendiente mejor que Alfonso, y con los neocatólicos (Nocedal) cuando la Constitución de 1869 establece la libertad de cultos, lo que lleva a muchos católicos y al clero a enfrentarse al régimen. Pero si los nuevos carlistas apoyan una restauración carlista pacífica, en cambio los viejos carlistas del País Vasco, Navarra y Cataluña preparan un levantamiento armado.
Los socialistas y anarquistas, que organizan el movimiento obrero en las zonas industriales (Cataluña, Madrid, Alcoy, Cartagena...) y el campesino (Andalucía). En Madrid domina el socialismo de ideología marxista y en Barcelona y Andalucía el anarquismo quue sigue las ideas de Bakunin. Ambas fuerzas se separan en el Congreso obrero de Zaragoza (1872), formándose en poco tiempo el PSOE y la UGT alrededor del socialista Pablo Iglesias, mientras que los anarquistas están divididos en múltiples organizaciones.

Los problemas políticos y sociales.
Los principales problemas que debe afrontar el nuevo régimen son: el carlismo y el alfonsismo, el republicanismo, el federalismo, el cantonalismo, la crisis económica, las revueltas obreras, el independentismo de las colonias... Tantos problemas juntos desbordarán la capacidad política de los dirigentes e imposibilitarán un consenso que estabilice la situación política. Se perderá una ocasión excepcional, cuando había inicialmente un gran consenso en los partidos de centro para completar la revolución liberal y había un clima de esperanza, de *renovación total+. Se podría establecer un paralelismo histórico con la III República francesa (desde 1870), que sí triunfó y asentó las bases de la Francia actual. Pero la revolución española de 1868 fracasó. En apenas dos años las expectativas se desvanecieron y la revolución naufragaba entre el desencanto general. En Cuba estalló una cruel guerra de independencia. Prim fue asesinado en diciembre de 1870. Desde 1872 la guerra civil carlista asoló amplias zonas del país. En 1873 la monarquía constitucional de Amadeo terminaba y se proclamaba la República, pronto desbordada por dos guerras, la tercera carlista y la de Cuba, y por la rebelión cantonalista. Un golpe militar liquidó la situación en 1874 y, tras un año de interinidad, otro golpe militar restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II

3.2. LA CONSTITUCIÓN DE 1869.

Caricatura sobre los equilibrios entre los partidos constitucionales.

Las Cortes constituyentes recién elegidas son dominadas por los tres partidos del pacto de Ostende: los progresistas (160 escaños), Unión liberal (80), demócratas (40). Los restantes se dividen en bandos enfrentados: republicanos (80), carlitas (36) y otras formaciones. Es un parlamento de dominio liberal y monárquico.
Se aprueba una Constitución en 1869, en la que España se define como una monarquía constitucional, con soberanía nacional (que reside en las Cortes, bicamerales), sufragio universal (masculino, de mayores de 25 años), libertades de prensa, reunión y asociación, de enseñanza y de cultos. Era un texto democrática y técnicamente muy superior a los anteriores, incluida la mítica Constitución de 1812.
Se aprobaron (sobre todo en 1870 numerosas medidas legislativas liberales, que construían un auténtico Estado de derecho: Ley de Orden Público, Ley Electoral, Leyes Provincial y Municipal, Código Penal, Ley del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se abolió la esclavitud en Puerto Rico, y se dio representación en Cortes a las colonias. Se reformó la moneda (la peseta, desde 19-X-1868), el Banco de España, se hizo una política librecambista y de fomento de la inversión extranjera, se adoptó el sistema métrico decimal, se fomentó la cultura y la educación, etc.
En lo político, el general Serrano fue nombrado Regente, mientras que Prim debía buscar un rey constitucional. Este tema fue esencial en el comienzo del fracaso: no había consenso sobre la fórmula institucional del nuevo régimen. Los republicanos federales, escindidos de los demócratas, comenzaron a atacar al nuevo régimen. Una insurrección federal, con un programa social utópico, se extendió por Levante y Andalucía en el otoño de 1869 hasta que fue reprimida. Peor aún fue la elección de Amadeo, impuesta por Prim, sin contar con sólidos apoyos políticos, que al ser un Saboya (la dinastía había acabado con el poder temporal del Papa) le concitó la enemistad de los católicos, mientras que por ser rey ya tenía la enemistad de los republicanos y las fuerzas antisistema.

3.3. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1873).
El problema de las candidaturas.
Las candidaturas al trono español eran numerosas y unas fueron rechazadas por las Cortes (el duque de Montpensier), otras por los propios interesados (Espartero) y otras por la política internacional (Fernando de Coburgo o la del príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern, que fue vetada por Napoleón III, lo que originará la guerra franco-prusiana). Gracias al apoyo de Prim triunfó en noviembre de 1870 la candidatura de Amadeo de Saboya, sobrino del monarca italiano Víctor Manuel II (un liberal que había unificado Italia).

Amadeo de Saboya.

El reinado constitucional.
El joven rey era verdaderamente constitucional, pero cuando se hace cargo del trono en 1871 ya ha sido asesinado (30-XII-1870) su el general Prim, por lo que quedará privado de su más sólido apoyo. Amadeo debe afrontar muy aislado los problemas de la división interna del bloque progresista-unionista-demócrata en constitucionales y radicales, la oposición parlamentaria (republicanos, alfonsinos, carlistas) y las guerras carlista y de Cuba. Ante la imposibilidad de estabilizar la vida política del país, con los sucesivos gobiernos de Serrano, Ruiz Zorrilla y Malcampo, el rey abdica a los dos años (11-II-1873), al estallar el levantamiento federalista de El Ferrol y por resistirse a firmar el decreto de disolución del Arma de Artillería (que se había amotinado).

El inicio de la tercera guerra carlista.

Mapa de la tercera guerra carlista.

En el bando carlista vencen los partidarios del levantamiento armado y la guerra carlista comienza el 21-IV-1872, dirigida por Carlos VII en el País Vasco y Navarra, y por su hermano Alfonso Carlos en Cataluña. También hay partidas carlistas en Aragón y Valencia. Pero aunque Carlos prometió restaurar las antiguas libertades no contó con el apoyo de la burguesía y el proletariado. Una derrota completa en Navarra (Oroquieta, V-1873) y el convenio de Amorebieta (la paz entre Serrano y la Junta de Vizcaya) parecieron liquidar su opción, aunque aún había partidas carlistas en activo, pero el hundimiento de la monarquía de Amadeo le infundirá nueva vida.

3.4. LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874).


La república federal.
Ante la abdicación de Amadeo la única salida que se vio entonces fue la República. En vez de convocar Cortes, el mismo día (11-II-1873) se reunieron el Congreso y el Senado y se votó proclamar la República, por 258 votos contra 32. Lo hacían sin un mandato constitucional, por lo que les faltaba la legitimidad legal y además era un régimen republicano en un país que mayoritariamente no lo era (en las elecciones de mayo de 1873 la abstención llegó al 61%), por lo que la I República, que sólo duró once meses, se caracterizó por una gran inestabilidad política: cuatro presidentes de gobierno (de hecho, por la laguna legal, coincidían la jefatura del Gobierno y del Estado).

Caricatura sobre los problemas de la Primera República.

A su fracaso contribuyeron varias causas: la ilegitimidad legal, la falta de apoyo popular, la división entre los republicanos (federales de Pi y Margall, unitarios moderados de Salmerón y de Castelar), la agitación social, el movimiento cantonal y la guerras carlista y de Cuba. Los propios partidos constitucional y radical (este tenía la mayoría en el Parlamento) que la habían votado estaban en la oposición y eran renuentes y a lo más aceptaban una república unitaria y moderada, nunca federal. Sin un consenso ni siquiera entre los republicanos, el régimen desembocó en una quiebra casi total de la autoridad del Estado.
El primer presidente fue Figueras (11-II), que fue sustituido por el federalista Pi i Margall (11-VI) cuando las Cortes constituyentes, reunidas en junio de 1873, proclamaron la República federal. Las Cortes elaboraron una nueva Constitución (que no llegó a ser aprobada) en la que España quedaría dividida en 15 Estados federales, además de Cuba y Puerto Rico. Parecía que había una oportunidad de asentar el régimen.
Pero el 12 de julio de 1873 estalló el movimiento cantonal, con levantamientos en numerosas ciudades (Andalucía, Levante, incluso Badajoz y Salamanca) para establecer un régimen federal que concediese autonomía a las regiones, provincias y municipios (los cantones, según el modelo suizo). Era un movimiento de inspiración federalista anarquizante, que alcanzó gran violencia en Alcoy. Pi y Margall dimitió (18-VII) y el ejército dominó la sublevación (excepto en Cartagena, donde el general Contreras apoyó a los cantonalistas con las tropas y la escuadra).
Los federalistas quedaron desprestigiados por el cantonalismo. El siguiente presidente, el unitario Salmerón dimitió (7-IX, por estar en contra de la pena de muerte para los sublevados) y el presidente unitario Castelar declaró ilegal el federalismo. La división de los republicanos estalló entonces y Castelar se quedó con sólo el apoyo de los unitarios y los conservadores. Suspendió las Cortes por tres meses y reforzó al ejército, en lucha entonces contra los carlistas, el cantón de Cartagena y en Cuba. Desde la terrible experiencia del sexenio el ejército nunca volvió a ser revolucionario.
La guerra carlista fue el otro gran problema: los carlistas se extienden por Cataluña (Berga, Ripoll), Carlos VII entra en Navarra y establece su Corte en Estella, dominando Guipúzcoa y parte de Vizcaya. Surgen partidas carlistas en casi toda la Península (Aragón, Murcia, Valencia, Extremadura, las dos Castillas) y durante un tiempo parece que su victoria está cercana, con la victoria de Montejurra (9-XI-1873) y el sitio de Bilbao (XII-1873 a V-1874), aunque vuelven a fracasar en este ataque. Los monárquicos parece que van a aceptar al pretendiente carlista.

La república unitaria presidencialista.
La reapertura de las Cortes el 2 de enero de 1874 planteó un grave problema: si Castelar no obtenía la mayoría el gobierno volvía a los federales y si obtenía la mayoría se acentuaría la tendencia conservadora. La burguesía conservadora (tanto la republicana como la monárquica) preparó un golpe de Estado con el general Pavía (capitán general de Madrid) por si ocurría lo primero. Así fue. Pavía ocupó el Congreso y liquidó la República, pero Castelar se negó a continuar en el poder mediante un golpe de Estado y dimitió (3-I-1874).
El vacío de poder se cubrió con un gobierno provisional, encabezado por el general Serrano, que implantó una dictadura de hecho. Serrano disolvió las Cortes y se apoyó en el ejército (gobierno del general Zavala), los liberales (gobierno Sagasta) y, finalmente, en el partido alfonsino. El cantón de Cartagena fue dominado (11-I-1874), y se reprimieron los movimientos obreros (prohibición de asociaciones obreras). Los esfuerzos del gobierno se concentraron en la guerra carlista: los carlistas extendieron la guerra con ataques a Cuenca y Teruel, y la conquista de Olot, Urgel, pero fracasaron en tomar Irún y durante la segunda mitad de 1874 mostraron su agotamiento. Pero, después de seis años de inestabilidad, bastantes políticos y casi todos los generales creían que la mejor solución era el regreso de los Borbones.

3.5. EL INICIO DE LA RESTAURACIÓN (1874-1876).
LA RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA.
Cánovas: el artífice.


El protagonista de la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), un unionista moderado que había destacado junto a O’Donnell y que al exiliarse Isabel II se convirtió en el jefe de los monárquicos. Conocía bien la historia española (era un historiador especializado en la decadencia del siglo XVII) y no estaba dispuesto a repetir los errores del pasado. Su primera preocupación fue conseguir que Isabel II abdicara en su hijo, el príncipe Alfonso, pues era necesario dejar atrás el espíritu de revancha y que Alfonso apareciera como el símbolo de unión y concordia de todos los españoles. Preparó el Manifiesto de Sandhurst (28-XI-1874, publicado en la prensa el 27-XII), en el que Alfonso prometía un gobierno constitucional y la ausencia de represalias. Cánovas deseaba que el regreso fuera mediante una petición masiva de la opinión pública y unas Cortes extraordinarias.

El golpe de Sagunto.
Pero fue mediante un golpe de fuerza. Contrariando la meticulosa preparación de Cánovas, el general Martínez Campos se manifestó en Sagunto (29-XII-1874) al frente de un reducido grupo de tropas, y pronto encontró respaldo en otras unidades. Cánovas tuvo que aceptar los hechos consumados: Alfonso XII era proclamado rey por otro pronunciamiento (y ello afectaría a largo plazo a la estabilidad del régimen). El 14 de enero de 1875 el rey entraba triunfalmente en Madrid.


La restauración alfonsina debilitó las bases sociales del carlismo y tras unos pequeños combates terminó la guerra carlista en febrero de 1876, quedando el carlismo como un partido de oposición a la Restauración hasta el siglo XX. Poco después se puso fin a la guerra de Cuba, en el Convenio de Zanjón (13-II-1878).

EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN.
En contraste con la vida política anterior, el último cuarto del siglo XIX fue un periodo de bastante estabilidad, debido al sistema ideado por Cánovas, basado en el acuerdo constitucional de compartir la soberanía entre el rey y las Cortes, el bipartidismo conservador-liberal, la modernización del Estado, la pacificación militar (guerra carlista, guerra de Cuba), el sosiego de los oponente civiles (carlismo, republicanismo, socialismo...), la protección de las clases sociales más necesitadas, la protección arancelaria de la agricultura y la industria... La Restauración no fue un retorno al régimen anterior 1868 sino la continuación de la labor reformista moderada unionista y de lo mejor del sexenio, lo que aseguró su éxito.

Instituciones históricas.
Era imprescindible que algunas instituciones fueran respetadas por todos los españoles, por causas históricas. Para Cánovas eran el rey y las Cortes. España debía ser una monarquía constitucional, en la que el poder es compartido por el monarca y el Parlamento, que representa al pueblo.

La Constitución de 1876.
Un gran problema del liberalismo español había sido la escasa duración de las Constituciones, porque los partidos al acceder al poder redactaban un texto que recogiera sus ideas. Era necesario elaborar una Constitución flexible. La de 1876 fue llamada “un cheque en blanco”. El monarca conservaba muchas atribuciones, y los derechos de los ciudadanos se garantizaban de manera menos entusiasta que en otros textos constitucionales. Pero, por otra parte, se garantizaba la libertad religiosa, aunque el Estado apoyaba a la Iglesia católica. Y se dejaba abierta la posibilidad de implantar el sufragio universal, el derecho de voto de todos los ciudadanos (en contraste con el anterior voto censitario), lo que se hizo efectivo en 1891. Incluso se pudo adaptar para dar autonomía a Cataluña en 1914 mediante la Mancomunitat.


Dos partidos: conservador y liberal.
Uno de los problemas más graves de la vida política era la existencia de un número creciente de partidos políticos, lo cual dificultaba la tarea de los gabinetes, porque ningún partido era suficientemente fuerte. Cánovas tenía como ideal el sistema británico, en el que se confrontaban dos partidos, conservador y liberal, uno en el poder y otro en la oposición.
Cánovas formó el partido conservador (moderados) y consiguió con extraordinaria habilidad que en torno a Sagasta, uno de los revolucionarios de 1868, se agrupasen las fuerzas de oposición en el partido liberal (progresistas y demócratas), incluso coincidiendo sus nombres con los partidos británicos. Fue el mismo Cánovas quien pidió al rey que nombrase a Sagasta para presidir el gobierno en 1881, a fin de disipar los temores a que gobernase un solo partido.

La reina viuda María Cristina de Habsburgo-Lorena jura la Constitucuón de 1876 ante Cánovas y Sagasta.

Cuando Alfonso XII murió muy joven (1885), Cánovas y Sagasta se comprometieron en el Pacto del Pardo a continuar su apoyo combinado a la monarquía. El primero, tras un periodo de tiempo, dejó paso al segundo. A esta alternancia se le llamó “turno”, el cual no dejó de causar tensiones, pues aunque había en ambos partidos una similar base social y económica, había diferencias personales (incrementadas por el caciquismo, que pervertía la democracia, a sabiendas de ambos líderes, pero estos admitían que el sistema no estaba aún preparado para más). Este sistema político enfrentará, sin resolverlos completamente jamás, los graves problemas de toda índole que sufría la España de finales del siglo XIX, pero asentó una larga etapa de concordia interior.

BIBLIOGRAFÍA.
Documentales.
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Exposiciones.
*<El viaje andaluz de José I. Paz en la guerra>. Cádiz. Casa Pinillos (noviembre 2011-29 enero 2012). El viaje triunfal del rey José Bonaparte por Andalucía, iniciado en enero de 1810, desmiente el mito de que toda la población se resistió a su reinado.

Libros.
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Artículos. Orden cronológico.
Pérez Reverte, Arturo. Una intifada de navaja y macetazo. “El País” (20-IV-2008) 42-43. El 2 de mayo de 1808.
Álvarez Junco, José. Las deformaciones de la memoria. “El País” (7-XII-2014) 39. Compara el colaboracionismo en la Guerra de la Independencia española de 1808-1814 y el de la Ocupación alemana de Francia en 1940-1944.

Dosier: La Constitución de 1812.
Villena, Miguel Ángel. 1808: nacen las dos Españas. “El País” (2-II-2008) 38. Avalancha editorial para comprender un conflicto (39). Álvarez Junco, José. La verdad histórica contra las pasiones (39).
Constenla, Tereixa. Desmontando a La Pepa. “El País” (9-I-2012) 33. Se celebra el bicentenario de la Constitución de 1812.
Elorza, Antonio. La revolución española. “El País” (24-II-2012) 31. El levantamiento antifrancés y la Constitución de 1812, hitos del nacionalismo y el liberalismo español.
Bastenier, M. Á. La Pepa: 1812. “El País” (14-III-2012) 4. La Constitución de 1812 fue una oportunidad perdida para plantear una independencia americana gradual y sin violencia.
AA. VV. Especial La Pepa / 1812-2012. “El Mundo” (19-III-2012) 12 pp.
Antón, Jacinto. ¡Viva la Pepa! “El País” Semanal 1.852 (25-III-2012) 42-50. La celebración en Cádiz.
Pendas, Benigno. Cádiz, del mito al símbolo. “El País” (4-IV-2012) 27-28.
Chust, Manuel. América y la Constitución de 1812. “El País” (21-IV-2012) 35.
Rodríguez Marcos, Javier. Viva la Pepa, pero sin futurismos. “El País” (20-XI-2012) 40. Diálogo entre historiadores en el Segundo Centenario de la Constitución de 1812.
Fradera, Josep M. El legado de 1812 revisado. “El País” (30-VII-2012) 27. Fradera es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

PROGRAMACIÓN.
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y PRIMEROS INTENTOS DEMOCRATIZADORES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
UBICACIÓN Y SECUENCIACIÓN.
Bachillerato, 2º curso. Materia de Historia. Bloque 3. Construcción del Estado liberal e intentos democratizadores, en sus apartados de:
El carlismo y las opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en el reinado de Isabel II.
El sexenio democrático. La Constitución de 1869. La Primera República.
El último apartado: “Transformaciones agrarias y proceso de industrialización. Los cambios sociales” corresponde al tema 40 de las oposiciones.
En cuanto al reinado de Fernando VII, con la Constitución de 1812 y el Trienio Liberal, se podría hacer un breve resumen de introducción, aunque su contenido pertenece al bloque 2.
En cuanto a la España de la Restauración (1874-1902) pertenece a la unidad 4, por lo que tampoco cabría exponerlo aquí, salvo como un breve epílogo.      
Está relacionado con ESO. Bloque 5. Sociedad y cambio en el tiempo. Apartado 5.3. Cambio social y revolución en la época contemporánea. Cambios y transformaciones en la España Contemporánea.
RELACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES.
Relación con los temas de la Educación para la Paz y de Educación Moral y Cívica.
TEMPORALIZACIÓN.
Seis sesiones de una hora.
1 a 3ª Exposición del profesor.
4ª Exposición del profesor, de refuerzo y repaso; esquemas y comentarios de textos.
5ª Exposición del profesor, de refuerzo y repaso; esquemas y comentarios de textos.
6ª Debate y síntesis.
OBJETIVOS.
Explicar el proceso político español en el siglo XIX.
Diferenciar liberalismo moderado y progresista.
Diferenciar entre Antiguo Régimen y el régimen liberal.
Comprender el papel del ejército español en el siglo XIX.
CONTENIDOS.
A) CONCEPTUALES.
La guerra de Independencia.
La constitución de 1812.
La primera reacción de Fernando VII.
Los pronunciamientos militares.
El Trienio Liberal.
La segunda reacción de Fernando VII.
Carlismo y liberalismo (moderado y progresista).
Las guerras carlistas.
La relación entre desamortización y liberalismo.
Las constituciones españolas desde 1833 hasta 1876.
Las revoluciones de 1854-1856, 1868-1874.
La Restauración y el canovismo.
B) PROCEDIMENTALES.
Tratamiento de la información: realización de esquemas del tema.
Explicación multicausal de los hechos históricos: en comentario de textos.
Indagación e investigación: recogida y análisis de datos en enciclopedias, manuales, monografías, artículos...
C) ACTITUDINALES.
Rigor crítico y curiosidad científica.
Tolerancia y solidaridad.
Valorar la solución pacífica de los conflictos nacionales.
METODOLOGÍA.
Metodología expositiva y participativa activa.
MOTIVACIÓN.
Una lectura de un texto sobre Constitución de 1812 y otro sobre la primera guerra carlista. Pueden sustituirse por fragmentos de Benito Pérez Galdós y Pío Baroja.
ACTIVIDADES.
A) CON EL GRAN GRUPO.
Exposición por el profesor del tema. Es conveniente hacer una evaluación previa de los conocimientos de los alumnos.
B) EN EQUIPOS DE TRABAJO.
Realización de dos líneas de tiempo sobre el proceso, una sobre el “color” político de los periodos: reaccionario, liberal moderado y progresista, republicano... y otra sobre las constituciones a fin de relacionar cada constitución con sus partidarios y oponentes.
Realización de un esquema de la evolución de las constituciones, con presentación gráfica de las relaciones entre las instituciones.
Realización de un mapa sobre la primera guerra carlista (zonas carlistas, ciudades liberales más importantes, puntos revolucionarios más destacados).
Comentarios de textos sobre las constituciones (la soberanía popular y los derechos políticos en las de 1812, 1837, 1845, 1869 y 1876), el caciquismo, los conflictos carlistas, la revolución de 1868, la restauración de 1875 y el canovismo...
C) INDIVIDUALES.
Realización de apuntes esquemáticos sobre la UD.
Participación en las actividades grupales.
Búsqueda individual de datos en la bibliografía, en deberes fuera de clase.
Contestar cuestiones en cuaderno de trabajo, con diálogo previo en grupo.
RECURSOS.
Presentación digital y mapas.
Libros de texto, manuales.
Fotocopias de textos para comentarios.
Cuadernos de apuntes, esquemas...
EVALUACIÓN.
Evaluación continua. Se hará especial hincapié en que se comprenda la relación entre los procesos de España y europeo y en la influencia de este proceso sobre la historia de España en el siglo XX.
Examen incluido en el de otras UD, con breves cuestiones y un comentario de texto.
RECUPERACIÓN.
Entrevista con los alumnos con inadecuado progreso.
Realización de actividades de refuerzo: esquemas, comentario de textos...
Examen de recuperación (junto a las otras UD).

APÉNDICE:
Los falsos mitos sobre la Guerra de Independencia.
José Álvarez Junco [Las deformaciones de la memoria. “El País” (7-XII-2014)]:
‹‹Este 2014 ha sido un año de centenarios: el del inicio de la Gran Guerra europea, por ejemplo, o el del final de la de Sucesión española. Más inadvertido ha pasado, sin embargo, la conmemoración de 1814, fecha en la que terminó la guerra napoleónica en España y volvió el Deseado Fernando VII, quien dio su golpe de Estado contra el régimen constitucional, encarcelando o enviando al exilio a sus padres fundadores.
Aquella guerra que finalizó hace 200 años fue un acontecimiento de extraordinaria complejidad. Se combinaron en ella, como mínimo, un enfrentamiento internacional (entre Francia e Inglaterra, las dos grandes potencias imperiales del momento; suyos fueron los dos Ejércitos que libraron las principales batallas en la Península) y una guerra civil (pues hubo españoles en los dos bandos). Pero tuvo mucho también de reacción xenófoba, antifrancesa, que conectaba con la francofobia heredada de la Monarquía de los Austrias y, específicamente, de las resistencias al reformismo ilustrado del siglo anterior; de pugna partidista entre godoístas y fernandinos (protagonistas, estos últimos, de muchas de las sublevaciones que se presentaron como “antifrancesas” a finales de mayo de 1808); de cruzada antirrevolucionaria, que reactivaba las prédicas de la guerra de 1793-1795 contra nuestros ateos y regicidas vecinos; de explosión localista, plasmada en las diversas juntas rebeldes (cuya unificación en una Central y Suprema no fue nada fácil); de protesta social popular (contra los godoístas, que solían coincidir los “afrancesados” y, no por casualidad, con los potentados del lugar), etcétera.
Tan difícil fue entender políticamente aquel conflicto que tardó años en ser bautizado: tras recibir nombres como la Revolución española o la Guerra del Francés,acabó siendo simplificado en términos nacionales: había sido una Guerra de Independencia de todos los españoles —salvo los inevitables traidores; hasta en las mejores familias hay degenerados— contra un intento de absorción imperial por parte de Napoleón. Siguiendo este guión se convertiría, durante el resto del XIX, en piedra angular de la mitología nacionalista. Año tras año, el Dos de Mayo sería conmemorado en términos patrióticos, principalmente en Madrid; se erigirían monumentos a los fusilados en esas fechas; Galdós dedicaría a aquella guerra la primera serie de sus Episodios nacionales; y Bernardo López García escribiría el poema patriótico de mayor éxito, que comenzaba con el lastimero “Oigo, patria, tu aflicción”. En definitiva, era un buen comienzo para el siglo del nacionalismo —un siglo que, en el caso español, parecía ofrecer tan pocas cosas de las que enorgullecerse—: un levantamiento unánime, protagonizado por un pueblo inerme, abandonado por sus élites dirigentes, que pese a todo había derrotado al mejor Ejército del mundo; proeza que reforzaba la leyenda escolar de la raza invencible en milenaria pugna por afirmar su identidad frente a intentos de dominio extranjero.
Para defender aquella versión había que olvidar que el general en jefe de los Ejércitos supuestamente “españoles” se había llamado sir Arthur Wellesley, duque de Wellington; que en las filas “francesas” habían luchado no solo regimientos y mariscales de Napoleón (con tropas polacas o italianas), sino también soldados y generales españoles; que las élites intelectuales, eclesiásticas, burocráticas y militares del país se habían alineado mayoritariamente con José Bonaparte; y que la guerra había estado virtualmente ganada por los josefinos durante tres años, entre principios de 1809 y finales de 1811, hasta que Napoleón se llevó a más de la mitad de sus tropas a la desastrosa campaña rusa; solo entonces se atrevió el cauteloso Wellington a salir de Portugal; y fue él, y no los generales españoles, quien ganó batallas a los franceses. En la primavera de 1810, cuando Cádiz y Palma de Mallorca eran las únicas ciudades rebeldes al rey José, este hizo un periplo por Andalucía en el que fue recibido de manera entusiasta en numerosas poblaciones. Ningún monumento, ni libro subvencionado por instituciones nacionales ni regionales, recuerda aquel viaje.››

LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Las Cortes se autoconstituyeron en ASAMBLEA CONSTITUYENTE (reunión para elaborar una constitución y asumieron la SOBERANÍA NACIONAL, esto es, la nación se dota a sí misma de una CONSTITUCIÓN, ley fundamental que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y que regula las atribuciones del Estado y del gobierno. Con esto los diputados gaditanos ponían en marcha la revolución liberal. Pronto aparecerán tres tendencias dentro de las Cortes:
Liberales: partidarios de reformas revolucionarias.
Absolutistas: llamados también “serviles” pretendían mantener el viejo orden monárquico.
Jovellanistas: partidarios de una monarquía fuerte pero reformista.
La primera constitución española responde claramente a los principios revolucionarios. Se fundamenta en los siguientes pilares:
-Reconocimiento de la soberanía nacional: La soberanía reside en la nación y, por tanto, pertenece a la nación el derecho a establecer leyes fundamentales. Base de la revolución liberal.
-Reconocimiento de los derechos individuales.
-La división de poderes.
El poder legislativo corresponde exclusivamente a las Cortes, de Cámara única. Se pretendía que la nobleza y el clero no obstaculizasen la renovación política, social y económica que se pretendía llevar a cabo. La participación del rey se concreta en la iniciativa parlamentaria y sanción de las leyes. No tiene veto absoluto, sólo suspensivo, es decir, sólo podía demorar la entrada en vigor de las leyes.
El poder ejecutivo se le atribuye al monarca aunque se le imponen una serie de restricciones y a sus ministros. Al rey se le reconoce como el jefe de gobierno; nombraba y separaba a los ministros libremente. La autoridad del rey se extiende a la conservación del orden público en el interior y a la seguridad en el exterior.
El poder judicial corresponde a los tribunales de justicia, aunque el rey es el primer magistrado de la nación.
-Reconocimiento oficial de la religión católica como la única de la nación.
-Establecimiento de un sistema de representación elegido por sufragio indirecto a cuatro grado: Los vecinos de cada municipio nombraban a unos compromisarios, cuyo número guarda relación con la población de aquel. Los compromisarios nombraban a un elector de parroquia. Los electores de parroquia nombraban a un elector de cabeza de partido. Los electores de partido se reunían en la capital de provincia para nombrar a los diputados a Cortes. Este tipo de sufragio casi universal en su base se restringía sensiblemente en cada grado, además para ser elegido era necesario tener una renta anual procedente de sus bienes.
-Las Cortes además de la función legislativa, tenían una función de carácter económico y financiero. Fijaba gastos de la administración pública, establecía contribuciones.
-Creación de milicias nacionales.

Sin duda, la obra magna de las Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812 que establecía por primera vez en España una monarquía constitucional. Pero además numerosos decretos y leyes fueron elaborados por los diputados en una operación de reforma social y política.
-Libertad de expresión. Decreto de libertad de imprenta. Es la primera formulación del derecho de expresión. La libertad de expresión y de ideas era pieza clave del sistema liberal y eficaz instrumento de conciencia política y defensa frente a los abusos de poder.
-Liquidación de los fundamentos económico-jurídico de la sociedad estanental:
Decreto de 6 de agosto de 1811 de abolición del señorío jurisdiccional. En este decreto se incorporan los señoríos jurisdiccionales a la nación, con lo que los ciudadanos pasaban a la jurisdicción común del Estado, con esto se ponía fin al Antiguo Régimen Señorial. El decreto convertía en propiedad particular todos los demás señoríos territoriales y solariegos. El decreto en modo alguno destruyó el dominio territorial de la nobleza y agravó incluso la situación del campesinado al introducir la libertad de arrendamientos. También se suprimieron las vinculaciones y mayorazgos que limitaban el acceso a la propiedad.
Libertad de contratación y libertad de trabajo: Se prohíben los gremios que reglamentaban el trabajo de forma tal que impedían la competencia y con ella el progreso.
Libertad de industria.
Programa desamortizador. Los decretos de junio 1812 y enero de 1813 inician una tímida desamortización eclesiástica y civil, al establecer la enajenación de los bienes de las comunidades religiosas extinguidas, de los bienes de la abolida Inquisición, de los jesuitas y de las órdenes militares. Asimismo se dispone la reducción de la propiedad individual de la mitad de las tierras de los ayuntamientos (bienes de propio y baldío) y propiedades de realengo. La desamortización quedó interrumpida en 1814 con la llegada de Fernando VII.
En definitiva se persigue la implantación del modelo socio-económico del liberalismo.
-Se abolen también la Mesta, la Inquisición y la tortura.

La teoría de Ringrose sobre la evolución histórica de España en 1700-1900.
El libro de David Ringrose. España 1700-1900: el mito del fracaso (Alianza. 1996) se basa en la tesis de Arno Meyer sobre la persistencia del Antiguo Régimen. Ringrose explica que en España el tejido patrimonial de intereses periféricos logró persistir intacto a través de todos los cambios de régimen, colonizando para ello la Administración central (en Madrid) mediante el tráfico de influencias. Las élites locales, para mejor defender sus intereses locales, enviaban a sus hijos segundos a Madrid, constituyendo así una doble red familiar interconectada: en Madrid y en los núcleos locales. Así Madrid se conformó como una ciudad sin madrileños, colonizada demográficamente por la periferia (excepto Cataluña, por la barrera idiomática para la emigración). Ringrose explica la descentralización autonómica por la persistencia histórica de esas pautas: aunque la España oficial ha sido jurídicamente centralista, la España real ha sido siempre centrífuga. La situación actual es otra etapa más intensa en la histórica descentralización del país y remarca la dependencia de la capital respecto a la periferia. Para Ringrose es un proceso funcional, positivo, pues son las fuerzas dinámicas de la periferia las responsables del desarrollo español y de la modernidad. Potenciar la variedad es la mejor opción para el futuro. [Enrique Gil Calvo. El mito de la España invertebrada. “El País" (13-XI-1997) 16.]



3 comentarios:

Oscuento Unahistoria dijo...

Me interesa este tema y lo estoy desarrollando. Podría hacerme algún comentario? Gracias

http://www.oscuentounahistoria.blogspot.com/

Dunsany dijo...

Enhorabuena por el blog. Gracias una pregunta. ¿por qué Fernando VII defendió la sucesión de su hija y los intereses en torno a ella, sabiendo que estaban con el Liberalismo, tan contrario a su doctrina, frente a la opción carlista, defensora del Antigua Régimen, más afín a él? ¿sólo por la sangre, por ser su hija?

Antonio Boix Pons dijo...

Las fuentes fiables de la época explican que hacia 1830-1833 el rey, su esposa y su reducido grupo de consejeros eran partidarios del absolutismo como ideología, pero que habían comprendido que la permanencia inmutable del Antiguo Régimen era imposible. Un ejemplo: en 1823 ya no se restableció la Inquisición después del paréntesis del Trienio Liberal. Su propuesta en 1833 era una monarquía conservadora con muy amplios poderes ejecutivos, dando cierta libertad a los poderes legislativo y judicial, mediante un pacto con la aristocracia y la burguesía, para dar estabilidad al país y a la dinastía, y emprender las reformas ya inevitables.
Fernando VII estaba enfrentado desde mucho antes con su hermano Carlos, demasiado absolutista, pero más importante fue que deseaba que su hija fuera reina, con su esposa como regente, como evidencia la bibliografía sobre Isabel II. Así que se puede concluir que el factor de paternidad fue esencial, pero no el único.