OP UD 40. TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. / HE UD 15. Transformaciones económicas en España en el siglo XIX.
INTRODUCCIÓN.
LA ECONOMÍA.
1. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA
ECONÓMICA.
PROTECCIONISMO O
LIBRECAMBISMO.
LAS TRES GRANDES
ETAPAS.
1814-1833.
1834-1874.
1875-1898.
2. LAS
TRANSFORMACIONES AGRARIAS.
2.1. LA REFORMA AGRARIA.
El problema
agrario y el programa de reforma.
LAS REFORMAS.
Las leyes y las
políticas progresista y moderada.
El estatuto legal
de la propiedad agraria.
La propiedad de
la nobleza.
La propiedad del
clero.
La propiedad
municipal.
2.2. LA ECONOMÍA AGRARIA.
AGRICULTURA.
Un aumento de la
producción y la superficie cultivada.
Los problemas de
la modernización, el proteccionismo, las cosechas irregulares.
La agricultura de
exportación.
GANADERÍA.
Las otras cabañas.
3. EL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIÓN.
3.1. LA
INDUSTRIALIZACIÓN.
El fracaso de la
industrialización: las causas.
3.2. LA INDUSTRIA TEXTIL
CATALANA.
El desarrollo.
Las causas.
Las industrias
algodonera y lanera.
El impacto sobre
otras industrias.
3.3. LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA.
El desarrollo.
Las causas.
El impacto sobre
otras industrias.
4. LA MODERNIZACIÓN DE
LOS OTROS SECTORES ECONÓMICOS.
4.1. EL TRANSPORTE. LA EXPANSIÓN DEL
FERROCARRIL.
Los caminos y
carreteras.
La expansión del
ferrocarril.
El tráfico
marítimo.
4.2. MINERÍA Y
ENERGÍA.
El desarrollo de
la minería: la inversión extranjera.
Las nuevas
fuentes de energía.
4.3. COMERCIO Y
FINANZAS.
El comercio
interior: un mercado nacional.
El comercio
exterior.
El comercio
colonial.
Las finanzas.
LA SOCIEDAD.
1. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
El incremento
demográfico.
Las etapas
demográficas.
El modelo
demográfico.
La distribución
geográfica, sectorial y agraria/urbana.
2. LOS CAMBIOS
SOCIALES EN EL CAMPO.
NOBLEZA.
El mantenimiento
del poder económico y político.
CLERO.
BURGUESÍA.
CAMPESINADO.
La
estratificación social del campesinado en grupos.
EL CONFLICTO ENTRE
PROPIETARIOS Y CAMPESINOS SIN TIERRAS.
3. LOS CAMBIOS
SOCIALES EN LA CIUDAD.
NOBLEZA Y BURGUESÍA.
PROLETARIADO.
EL CONFLICTO ENTRE
BURGUESES Y PROLETARIOS.
INTRODUCCIÓN.
La UD aborda dos
grandes bloques, la economía y la sociedad de la España del siglo XIX, ambos
relacionados con el de la política que se trata en otra UD. El hecho
fundamental es la llegada de la Revolución Industrial, aunque sea tardía y
débil, que transformó las estructuras del Antiguo Régimen y asentó las bases de
la modernidad actual.
LA ECONOMÍA.
1. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA
ECONÓMICA.
PROTECCIONISMO O
LIBRECAMBISMO.
La política
económica española del siglo XIX varió en una compleja y contradictoria
evolución entre dos extremos: el proteccionismo, defendido por las ideologías del
conservadurismo, el nacionalismo y el mercantilismo, y, por otra parte, el librecambismo,
avalado a su vez por el liberalismo político y económico.
Ambos reflejaban
posiciones políticas y socio-económicas distintas, que, como ocurrió en la
política de partidos, no pudieron imponerse permanentemente a la otra y tras
periodos de dominio de una seguían periodos de dominio de la otra, con ocasionales
pactos.
LAS TRES GRANDES
ETAPAS.
Se pueden distinguir
tres grandes etapas en la evolución y la política económicas: 1814-1833,
1834-1874 y 1875-1898.
1814-1833.
Para España la Edad
Contemporánea, definida por la construcción de un Estado liberal y la
industrialización, comienza realmente a partir de 1814, pues antes había vivido
en el Antiguo Régimen y sufrido la terrible experiencia de la Guerra de
Independencia. El reinado de Fernando VII es un compás de espera, de lentísima
recuperación de las graves pérdidas humanas y económicas de la Guerra de Independencia,
la crisis financiera y la pérdida de las colonias americanas.
El régimen intenta basar
la recuperación en el mercado interior, mediante el proteccionismo. Tanto
moderados como liberales (estos contradictoriamente con sus ideas políticas,
por lo que en el reinado siguiente se harán librecambistas) desarrollarán en
esta etapa una política arancelaria mercantilista: prohibición de importación
de trigo salvo precios excesivos (1820), fuertes aranceles a los tejidos
extranjeros (desde 1826).
1834-1874.
En el reinado de
Isabel II y el sexenio final hubo, pese a graves problemas y periodos de
estancamiento, un sustancial avance en la población (el aumento demográfico
general y en especial de la población urbana), la agricultura (la
desamortización), la industria (la industria textil y siderúrgica, las minas),
el transporte (los ferrocarriles y barcos de vapor), el comercio (el mercado nacional
y colonial), las finanzas (la creación de bancos, el Banco de España, la peseta).
La política
económica cambió a menudo, dados los sucesivos cambios políticos. Mientras los
absolutistas-moderados-conservadores son proteccionistas, los liberales-progresistas
son librecambistas. Estas posiciones políticas reflejan intereses económicos:
los latifundistas del trigo castellano y los industriales catalanes y vascos
son partidarios del proteccionismo, mientras que los comerciantes y financieros
lo son del librecambismo.
Posicionamientos
distintos son los referentes a la desamortización de los bienes eclesiásticos,
nobiliarios y municipales. La oposición de la Iglesia, la nobleza y los
Ayuntamientos, fue incapaz de superar la presión de las bases sociales de ambos
partidos, que deseaban acceder al mercado de la tierra: la desamortización
cambió radicalmente la estructura de la propiedad agraria. Pero hubo una
distinción: los moderados se conformaban con la desamortización civil y los
progresistas exigían también la eclesiástica. Al final se hicieron las dos,
debido a las alternancias en el poder.
1875-1898.
La Restauración, en
el último cuarto de siglo, es un periodo de sólido avance en todos los sectores,
empañado al principio por la crisis europea de 1873 y al final por las crisis
de la filoxera y de 1898, que sólo fueron interrupciones temporales.
La política
económica del conservador Cánovas es generalmente proteccionista y se basó en
un pacto de intereses entre los intereses de los trigueros de la Meseta y los industriales
catalanes. En cambio, el liberal Sagasta es librecambista.
2. LAS
TRANSFORMACIONES AGRARIAS.
2.1. LA REFORMA
AGRARIA.
En el periodo
isabelino, entre 1835 y 1860, se consumó el proceso de reforma agraria, que
constituyó uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea
española. Se abolieron los restos del feudalismo y hubo un profundo cambio en
la propiedad de las fincas, pues se liberalizó la propiedad y se
desamortizaron 10 millones de hectáreas (ha). Al final del proceso, el campo
español se había incorporado al sistema capitalista.
El problema
agrario y el programa de reforma.
El principal
problema del campo español eran las tierras “amortizadas”, que por pertenecer a
monasterios, ayuntamientos u otras instituciones eclesiásticas o civiles, no
pagaban impuestos ni podían ser vendidas o repartidas en herencia. La
existencia de estas tierras perjudicaba a la producción agraria y el comercio,
porque producían poco, y a la Hacienda, porque no tributaban. Además, las
tierras de los mayorazgos de la nobleza también estaban excluidas del comercio
y, por ello, muchos autores también las consideraban “amortizadas”. Por ello,
la desamortización a menudo se ha confundido con la reforma de la propiedad en
su conjunto, aunque sólo fue la parte principal. Es preciso distinguir que la
desamortización es sólo la expropiación por el Estado y venta en subasta de los
bienes eclesiásticos y civiles; en cambio, para las tierras de la nobleza sólo
hubo la liberalización jurídica de su compraventa.
La reforma agraria
enlazaba con el programa ilustrado (en especial con las ideas de Jovellanos),
apenas aplicado entonces, que influido por los economistas fisiócratas y
liberales pretendía poner la propiedad de las tierras en manos de propietarios
únicos e individuales, con plena libertad para comprar, vender, arrendar y
cultivar. Este nuevo tipo de propietario podría aumentar la productividad con
técnicas y cultivos modernos, con una producción destinada a la
comercialización.
El programa de
reforma agraria planteaba suprimir:
- Las vinculaciones
de la propiedad en las familias nobiliarias que se efectuaba mediante los
mayorazgos.
- El régimen
señorial, de raíz feudal, que confundía la jurisdicción, la posesión y la
propiedad entre los señores y los campesinos.
- La propiedad
eclesiástica de las “manos muertas”.
- Las formas de
propiedad colectiva: bienes “propios” y comunales.
- Los censos y foros:
rentas perpetuas que gravaban los bienes a cambio de un capital o del mismo
bien entregados anteriormente (muchos censos eran incluso del siglo XVI). Se
les homologaban los arriendos perpetuos de dominio útil (enfiteusis), aunque
estos sí eran defendidos por los autores como una solución eficaz (era el
sistema mayoritario en el próspero campo catalán y beneficiaba a los
campesinos).
Las primeras leyes
reformistas, muy moderadas, se habían promulgado ya en el siglo XVIII.
Impulsadas por el gobierno afrancesado de José I y las Cortes de Cádiz
(1808-1812), y por los liberales en el Trienio liberal (1820-1823), habían sido
suspendidas en los periodos intermedios de reacción.
LAS REFORMAS.
Las leyes y las
políticas progresista y moderada.
En la España
isabelina el proceso legislativo se prolongó entre 1835 y 1860, sobre todo en
dos ocasiones (1836 y 1854), ambas promovidas por los progresistas, mientras
que los moderados sólo mantuvieron las decisiones de estos, cuando no las mantuvieron
inactivas (en general, eran aceptaban la desamortización civil, pero no la
eclesiástica). El gobierno progresista de Mendizábal acometió el grueso de la
reforma en 1836 y los gobiernos progresistas del Bienio Progresista
(1854-1856), con el ministro Madoz, la completaron.
El estatuto legal
de la propiedad agraria privada.
En 1836 se
confirmaron las leyes de las Cortes de Cádiz, que consagraban el pleno derecho
del propietario sobre sus tierras: podía cercarlas y cultivarlas a su voluntad.
En cuanto a los salarios
y precios agrarios, fueron liberados de la intervención estatal (reglamentos,
tasas, aduanas interiores), para seguir desde entonces las leyes del mercado.
La propiedad de
la nobleza.
La ley de desvinculación
(1836) abolió los mayorazgos: los propietarios ya podrían vender sus tierras
con plena libertad y en la sucesión podían repartir los bienes entre los
herederos. A largo plazo esto movilizó muchas propiedades, que se dividieron y
vendieron.
La ley de supresión
de la jurisdicción señorial (anterior, pues es de 1811, pero confirmada en
1836) eliminó la jurisdicción señorial de los nobles, que confundía la posesión
y la propiedad entre los señores y los campesinos. Los primeros aceptaban la
renuncia a administrar justicia y a nombrar autoridades municipales en sus
pueblos de señorío, pero querían conservar el derecho a cobrar rentas por las tierras.
En cambio, los campesinos querían la plena propiedad de las tierras que cultivaban,
sin tener que pagar rentas (generalmente una parte de las cosechas). Su aplicación
fue muy polémica y los pleitos judiciales se prolongaron durante decenios (aún
subsisten algunos, más de siglo y medio después), pues había que deslindar los
derechos de propiedad de ambas partes, a veces compartida durante siglos.
Muchas familias nobles consiguieron de este modo mantener sus latifundios.
La propiedad del
clero.
Mapa de la distribución provincial del valor de remate de las fincas, durante la desamortización de Mendizábal
La
desamortización de 1836.
Mendizábal decidió
la desamortización (marzo de1836, completada en agosto de 1837) de la mayor
parte de los bienes rústicos y urbanos de la Iglesia, incluidos los censos,
mediante su nacionalización y venta en subasta. El gobierno estaba urgido por
el pago de las obligaciones de la Deuda, el déficit de la Hacienda y el costo
de la guerra carlista, que pensaba cubrir con el producto de la venta. En
compensación el Estado asumió la obligación (fijada mediante el Concordato con
la Santa Sede de 1851) de mantener al clero y los gastos de culto.
Se completó con la
abolición del diezmo (1837), un tributo eclesiástico muy gravoso sobre los
campesinos.
La desamortización
fue un proceso sustancial que afectó a bienes muy importantes: las tierras, los
edificios y los censos, y a los dos grupos sociales más importantes de la
Iglesia:
- El clero regular
de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y hospitales.
Muchos conventos desaparecieron (en 1835 ya se había decretado la disolución de
las órdenes religiosas con pocos miembros).
- El clero secular
de las parroquias, que continuaron con sus iglesias, pero sin sus bienes.
El procedimiento fue
muy complejo. Se tasaron las propiedades (los censos se tasaron muy caros, al
1,5%, lo que redujo su redención) y se hicieron subastas públicas en cada provincia,
al mejor postor, que podía pagar al Estado de dos formas:
- En efectivo con
pago inmediato de un 1/5 y pago aplazado de 4/5 a lo largo de 15 años.
- En títulos de la
Deuda pública al valor nominal (muy inferior al real, 1/9 de media) con pago
inmediato de un 1/5 y pago aplazado de 4/5 a lo largo de 8 años. Esta última
modalidad fue la más utilizada y benefició a la burguesía, que era la que más
Deuda depreciada poseía.
La venta se prolongó
entre 1836 y 1843 y las urgentes necesidades forzaron la venta apresurada a
bajo precio, con lo que se alcanzaron sólo parte de los objetivos financieros.
Los moderados suspendieron la venta en 1843 (legalmente en 1845), cuando la
mayor parte de los bienes del clero regular ya había cambiado de manos. Pero la
mayoría de los del clero secular se salvaron entonces (sólo hasta 1855). Una
excepción fueron los bienes de las Órdenes Militares, que se declararon en
venta en 1836 pero no comenzaron a venderse hasta 1847.
Una consecuencia muy
negativa fue la ruina de la red religiosa de asistencia social, lo que
perjudicó a las clases populares más desprotegidas y explica la oposición
popular a la desamortización que se registró en varias ciudades y numerosos
pueblos.
La
desamortización de 1855.
La ley de Madoz
(1855) permitió continuar la venta de los bienes eclesiásticos todavía no vendidos,
especialmente los del clero secular, que fueron liquidados de acuerdo a la
Iglesia (1860). Además, los censos, foros y arriendos (muchos campesinos tenían
tierras en arrendamientos antiguos) se tasaron más baratos (4,8%), por lo que
se redimieron casi todos (los campesinos se liberaron así del pago de unas
gravosas rentas perpetuas). Las ventas de bienes prosiguieron en el sexenio
revolucionario (1868-1874) e incluso en la Restauración. El pago se hizo todo
en dinero (sin admitir Deuda depreciada), lo que aumentó los ingresos de la
Hacienda respecto a la primera desamortización.
La propiedad
municipal.
La ley Madoz
(1-III-1855) estableció la venta de los bienes municipales de “propios”. Los
ayuntamientos controlaban dos tipos de bienes: “propios” (arrendados a particulares)
y “comunales” (utilizados por todos los vecinos), y sus ingresos eran parte
esencial de las finanzas municipales. En la práctica no era fácil distinguir
entre ambos tipos de bienes porque a menudo durante un tiempo se arrendaban y
en otro eran comunales, por lo que muchos ayuntamientos optaron por liquidarlos
todos.
El procedimiento
era: tasa y subasta pública, con pago en efectivo que debía repartirse 1/10 para
el Estado (para amortizar Deuda) y 9/10 para los ayuntamientos (para invertir
en Deuda al 3%). La modalidad de tasación de censos, foros y arriendos era la
misma (4,8%) que para los bienes eclesiásticos. El pago en dinero fue una mejora
evidente para la Hacienda respecto a la primera desamortización (en la que se
podía pagar con Deuda depreciada).
La venta se realizó
durante el periodo 1855-1867 y supuso un cambio aun más importante que el de la
desamortización eclesiástica, pues afectó a casi el doble de tierras y estuvo
mucho mejor repartido entre los campesinos. La mayoría de los nuevos pequeños y
medianos propietarios castellanos y catalanes se beneficiaron de esta desamortización
(en especial de la redención de censos, foros y arriendos). En cambio, su
efecto en Andalucía, Extremadura y La Mancha aumentaron los latifundios.
Consecuencia
negativas a corto plazo fueron la ruina de las Haciendas locales, que
incrementaron la presión fiscal sobre las clases populares, y la pérdida del uso
colectivo de los bienes, por lo que muchos pequeños campesinos propietarios que
complementaban con ellos sus ingresos no pudieron seguir compitiendo y vendieron
sus tierras, incrementando el proceso de concentración agraria. A la larga,
empero, fue muy beneficioso para el conjunto del país.
2.2. LA ECONOMÍA
AGRARIA.
España mantuvo una
economía fundamentalmente agraria durante todo el siglo XIX, aunque no tanto
como en el Antiguo Régimen. Por los censos de población sabemos que la mayoría
de población todavía era campesina, pero en claro descenso: el 80% en 1800, el
60% en 1860, el 50% en 1900, debido al mayor peso de las ciudades, la
industria, el comercio...
Hasta mediados de
siglo las mayores fortunas estuvieron invertidas en el campo. Los nobles eran grandes
terratenientes y los nuevos ricos, los burgueses dedicaban gran parte de su
dinero a comprar tierras en vez de invertir en la industria.
AGRICULTURA.
Un aumento de la
producción y la superficie cultivada.
Es seguro que hubo
un fuerte aumento en la producción agrícola, especialmente en cereales, y desde
los años 1870 en vino, aceite y agrios.
El aumento se debió
sobre todo al aumento de la superficie cultivada, pues los nuevos propietarios
iniciaron la explotación de las tierras que hasta entonces la Iglesia y los
ayuntamientos habían tenido prácticamente abandonadas, pero eran tierras de
baja calidad, lo cual produjo un descenso en los rendimientos por ha.
Los problemas de
la modernización, el proteccionismo, las cosechas irregulares.
La agricultura española
era poco moderna en comparación con la de Europa Occidental, aunque ya en el
reinado de Isabel II mejoró la agricultura comercial en las regiones en las que
había una clase social de cultivadores capitalistas: los cultivos se especializaron
y en lugar del autoconsumo tradicional se vendía la mayor parte de la producción
en las crecientes ciudades (a donde llegaba en los nuevos ferrocarriles), lo
cual exigía el aumento de la producción; se introdujeron las primeras máquinas
para el laboreo de la tierra y la recolección; y aumentaron los regadíos (la
costa de Valencia, el canal de Urgel en Lérida).
La política
económica buscaba la autosuficiencia de trigo; las autoridades deseaban no
tener que importar trigo del extranjero y se impusieron altos aranceles proteccionistas
(1820, 1834) de los latifundistas trigueros, excepto en los años de malas
cosechas. Desde 1884 el trigo norteamericano y ruso a bajo precio inundó los
mercados internacionales y arruinó a muchos cultivadores, por lo que en 1891
Cánovas impuso un arancel del 100% al trigo importado. Esto mantuvo las rentas
de los propietarios trigueros pero impidió la modernización y diversificación
de los cultivos.
La producción
agrícola era irregular: las crisis de ritmo decenal (aproximadamente cada diez
años), agobiaron a la sociedad española con su secuela de hambre y aumento de
la mortalidad. Las crisis, sobre todo las de 1847, 1854-1857 y 1867, obligaron
a tomar medidas excepcionales.
La agricultura de
exportación.
A partir de 1866 y,
sobre todo, después de la Restauración (1875), se desarrolló la agricultura de
exportación, basada en los agrios (Valencia), el olivo (Andalucía), este con
cosechas muy irregulares, y en especial la vid (Cataluña, La Rioja, Jerez...),
gracias a que la filoxera arrasó en 1874-1890 las vides francesas y se
exportaba vino a Francia. Pero la filoxera también afectó gravemente a la vid española
después de 1890, desencadenando una crisis agraria que conllevó éxodo rural a
las ciudades y emigración al extranjero.
GANADERÍA.
La Mesta y la
cabaña ovina. Las reformas.
A principios del
siglo XIX la Mesta todavía controlaba el sector ovino. La trashumancia se había
reservado históricamente los mejores pastos y el derecho de paso por las cañadas
gracias la prohibición de cierre de las fincas, en detrimento de la
agricultura. Las reformas del Trienio Liberal rompieron este esquema: la abolición
de la Mesta, la libertad de cercamientos. No obstante, durante el resto del
siglo siguió desarrollándose la ganadería lanar.
Las otras cabañas.
Las cabañas vacuna,
porcina, caballar y avícola también aumentaron gracias a la mayor demanda de
las ciudades, la introducción de cultivos forrajeros, la selección de
animales...
3. EL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACIÓN.
3.1. LA
INDUSTRIALIZACIÓN.
El fracaso de la
industrialización: las causas.
A diferencia de Gran
Bretaña, Alemania, Bélgica y Francia, vemos que la España del siglo XIX no vive
plenamente la primera Revolución Industrial: la artesanía sigue siendo fundamental
y la industria agroalimentaria es la más importante. España era una nación
atrasada. Pero no hay que dramatizar esta constatación, porque a la mayor parte
de los países de Europa les ocurrió lo mismo, y porque hay importantes logros:
libertad de industria (1813), supresión del sistema gremial (1833), un relativo
desarrollo de la industria textil catalana y la siderurgia vasca, la minería,
las líneas férreas, el comercio y la banca. La liberalización económica del
siglo XIX, en todo caso, puso las bases para beneficiarse en parte de la
segunda revolución industrial en el periodo de la Restauración y la Dictadura,
entre 1875 y 1930, cuando se diversificó la industria, con la gran expansión de
la hidroeléctrica, la química y la mecánica, lo que asentó las bases para el
importante desarrollo experimentado desde 1960, que ha incorporado finalmente a
España en el grupo de los países industrializados.
)A qué obedece el retraso de la
industrialización en España? Las causas son múltiples y los autores no se ponen
de acuerdo en cuál fue la más relevante:
- La falta de
capital. La burguesía no invirtió significativamente en la industria porque no
veía expectativas razonables de beneficio en ella (tesis de Nadal) y prefería
las tierras y el comercio. El capital extranjero se invirtió en Deuda, la red
ferroviaria y las minas, pero no en la industria.
- La falta de un
mercado interior amplio. Su tamaño era pequeño (la población creció menos que
en Europa) y además pobre (la mayoría era un campesinado mísero).
- La falta de un gran
mercado colonial. La pérdida hacia 1810-1824 de la mayor parte de las colonias
americanas le privaba de los mercados coloniales que tanto beneficiaron a Gran
Bretaña y Francia y además redujo los ingresos de la Hacienda. De la
importancia de este factor es prueba el intenso tráfico que sí se alcanzó con
las pequeñas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
- La falta de
tecnología y fuentes de energía. La industria española no podía competir en el
mercado internacional debido a su escasa tecnología y la carencia de fuentes de
energía barata.
- La exportación de
las materias primas. Aunque sí había importantes recursos de materias primas,
en vez de transformarse se exportaban.
- Las causas
políticas: las guerras exteriores y civiles, la inestabilidad política, las
políticas inmovilistas, dañaron tanto a la población como a la economía.
Destacan negativamente las guerras contra Napoleón, el reinado absolutista de
Fernando VII, las guerras carlistas, las revoluciones....
3.2. LA INDUSTRIA
TEXTIL CATALANA.
El desarrollo.
Cataluña vivió desde
1830 un gran desarrollo gracias a la industria textil y se formaron una
poderosa burguesía industrial y un numeroso proletariado urbano. La producción
creció continuamente (España era un gran productor mundial en 1898), mientras
que los precios de la producción bajaban (en 1871 los tejidos de algodón
costaban 1/3 de lo que valían en 1831).
Las causas.
Las causas de este
progreso son:
- La energía
hidráulica y de las máquinas de vapor (en 1832 se abre la fábrica de Bonaplata
de Barcelona).
- La incorporación
de maquinaria de hilado y tejido, importada de Gran Bretaña o producida en
Cataluña.
- Los aranceles
proteccionistas en España y las colonias, indispensables para compensar el
menor precio de los productos británicos. La industria textil siempre dependió
del mercado interno y colonial: sólo tenía buenos años si había buenas cosechas
y sufrió mucho las rebeliones de Cuba y el desastre de 1898.
- La concentración
financiera en empresas capitalistas: las sociedades anónimas y las grandes
empresas familiares.
Las industrias
algodonera y lanera.
La industria
algodonera fue la primera en crecer, concentrada en Barcelona (adonde llegaba
el carbón por vía marítimo) y en los valles del Ter y del Llobregat (que contaban
con la energía hidráulica).
La industria lanera
se expansionó desde 1869 gracias a las importaciones de lana de Australia, y se
concentrada en Sabadell y Tarrasa.
El impacto sobre
otras industrias.
La industria química
comenzó entonces en Cataluña, produciendo tintes y ácidos para la industria
textil. Otras industrias, como papel, corcho, cuero y calzado, vidrio,
maquinaria..., en parte relacionadas con el textil (por la diversificación de
actividades de los industriales o por imitación de sus métodos) también crecieron
en varias regiones, sobre todo Cataluña y País Vasco).
3.3. LA INDUSTRIA
SIDERÚRGICA.
El desarrollo.
La industria
siderúrgica apareció en el periodo 1830-1870, en Andalucía (Marbella, Sevilla),
aunque utilizaba el carbón de leña, muy poco productivo.
Desde los años 1850
apareció en Asturias (beneficiada por las minas de carbón) y, finalmente, en el
País Vasco (que contaba con minas de hierro), que tomaría el relevo con mayor
éxito (2/3 de la producción total en el periodo 1881-1931).
Las causas.
- Había una gran
demanda de productos siderúrgicos. Se fabricaba hierro colado y acero para las
vigas para la construcción de viviendas, la construcción naval en Bilbao, la maquinaria
textil y agrícola en Cataluña, etc.
- La siderurgia
vasca creció porque se beneficiaba de los baratos fletes marítimos: los barcos
que exportaban hierro a Gran Bretaña volvían cargados de carbón a bajo precio.
Eso compensó las dificultades de la escasez y alto precio del carbón nacional,
y la falta de competitividad con el acero británico.
- La tecnología era
moderna, de patente británica.
- La concentración
financiera. La burguesía vasca se enriqueció, apareciendo las familias Sota,
Aznar, Ibarra... que originaron la gran banca española.
- La industria
siderúrgica no se benefició en el periodo 1840-1890 de la construcción
ferroviaria porque las compañías extranjeras consiguieron el derecho de
importar el material. Pero el arancel proteccionista de 1891 la favoreció,
especialmente a la industria metalúrgica de transformación en el País Vasco,
Asturias y Cataluña.
El impacto sobre
otras industrias.
La industria
siderúrgica ayudó a promover otras industrias: maquinaria textil y agrícola,
construcción, química... Los industriales siderúrgicos diversificaron sus
inversiones, aunque la mayoría fueron a la banca y la flota mercante.
4. LA MODERNIZACIÓN
DE LOS OTROS SECTORES ECONÓMICOS.
Las transformaciones
agrarias y el proceso de industrialización afectaron profundamente a otros
sectores económicos.
4.1. EL TRANSPORTE.
LA EXPANSIÓN DEL FERROCARRIL.
Los caminos y carreteras.
La mayor parte del
transporte interior se realizaba en la primera mitad del siglo XIX en carros y
diligencias (llamadas “instrumentos de tortura”, donde se mezclaban los pacientes
pasajeros y las mercancías). Los caminos y carreteras (las vías principales
eran administradas por el Estado) eran escasos y mal cuidados, casi siempre simples
calzadas de tierra aplanada por el paso de los vehículos. En 1840-1865 se desarrolló
un programa de construcción que permitió aumentar la extensión de 9.000 a 19.000 km , pero la
calidad siguió siendo mala.
La expansión del
ferrocarril.
La primera norma es
de 1844. Iniciada en 1843, se inauguró la primera línea férrea, Barcelona-Mataró
(1848), seguida por Madrid-Aranjuez (1851). El partido progresista impulsó una
red nacional, que unía Madrid con distintos puntos de la costa, mediante la ley
general de ferrocarriles (1855). Esta ley señaló un periodo de diez años de
intensa construcción: de 28 km
en 1850 se pasó a 6.124 km
en 1875. En un solo año (1865) se tendieron 929 km .
Hubo un grave error
técnico, al adoptar la vía ancha, en contraste con la vía estrecha que dominaba
en Europa, lo que encareció el transbordo de mercancías en la frontera
francesa. El motivo de adoptar la vía ancha no fue evitar, como tantas veces se
ha dicho, una invasión por ferrocarril, sino que se pensaba (al principio con
razón) que la orografía montañosa española exigía locomotoras más poderosas,
que a su vez exigían unas vías más anchas para darles más estabilidad. Cuando
pocos años después el problema técnico se resolvió ya era demasiado costoso
reformar el ancho de todas las vías.
La financiación se
logró mediante capital español y, sobre todo, compañías extranjeras (en lugar
destacado la banca francesa). Se invirtieron grandes capitales, muchos más que
en las empresas industriales: 7/1 respecto a la inversión industrial entre 1855
y 1864. El Estado les permitía la libre importación del material y les
garantizaba una rentabilidad del 6% anual y otro 1% para la amortización del
capital. Esto sumó subvenciones por un 16% del total invertido.
El ferrocarril constituyó
una revolución, como también lo fue en Inglaterra y el resto del continente.
Este nuevo medio de transporte supuso enormes ventajas para el comercio.
Incluso cambiaron los hábitos de alimentación al poder llegar a los mercados
urbanos productos frescos de huerta o pescado. En las ciudades se derribaron
las murallas y se buscaron espacios amplios para edificar las estaciones y
urbanizar los nuevos barrios.
Pero llegó tarde a
España y la red ferroviaria fue poco densa, debido a las dificultades
orográficas y la debilidad de la demanda, que reducía su rentabilidad.
El tráfico
marítimo.
El tráfico marítimo
mejoró notablemente a lo largo del siglo gracias a una serie de factores: la
mejora de los puertos, los avances en la construcción naval (barcos de vela más
rápidos y seguros, y desde mitad del siglo la creciente difusión de los barcos
de vapor), la extinción de la piratería en el Atlántico (desde 1815) y en el
Mediterráneo (desde 1830), el crecimiento del comercio mundial con la
industrialización y especialización de la producción.
El puerto más
importante era Barcelona y a mayor distancia Bilbao, Santander, Cádiz,
Valencia, Palma, Vigo.
4.2. MINERÍA Y
ENERGÍA.
El desarrollo de
la minería: la inversión extranjera.
La minería se
desarrolló con la ley de Minas, pero lo hizo a favor de los intereses extranjeros
(Francia, Gran Bretaña). Los yacimientos de plomo, cobre, azufre, mercurio...
localizados sobre todo en el sur de la Península, y los de hierro y zinc del
norte, estaban dominados por capitales extranjeros, que exportaban la materia
prima sin elaborarla en el país, lo que redujo el crecimiento de la industria
metalúrgica.
Casos especiales
fueron el hierro, parcialmente transformado en el País Vasco, y el carbón, una
fuente vital de energía para la industrialización.
Las nuevas
fuentes de energía.
Las principales
fuentes de energía hasta fines de siglo eran la hidráulica (ríos) y las
máquinas de vapor (que utilizaban carbón de leña). La explotación forestal, que
antes había sido la principal fuente de energía (leña) declinó debido a
sucesiva aparición de los nuevos combustibles: carbón de mina desde mediados
del XIX, petróleo y electricidad a finales de siglo, que revolucionaron la vida
económica y permitieron iniciar en España la Segunda Revolución Industrial.
La minería del
carbón se desarrolló, especialmente en Asturias, gracias a la demanda de los
ferrocarriles y de la siderurgia, pero su precio no era competitivo y tuvo que
protegerse desde 1900 con aranceles. La escasez de fuentes de energía barata
será una de las causas de la débil industrialización española.
4.3. COMERCIO Y
FINANZAS.
El comercio
interior: un mercado nacional.
El comercio interior
se reactivó con el desarrollo de las carreteras y, sobre todo, del ferrocarril,
que permitió la integración de las regiones españolas en un mercado nacional
así como la relación entre la Meseta y las costas, antes imposible para los
bienes de mucho peso; el crecimiento del mercado urbano espoleó la producción y
el intercambio.
El comercio
exterior.
Las exportaciones a
Europa y América crecieron notablemente, sobre todo, en los últimos decenios.
Pero era un comercio desequilibrado, con un alto déficit: se importaban sobre
todo productos manufacturados de gran valor, carbón y algodón; y se exportaban
sobre todo materias primas y productos manufacturados de poco valor.
El comercio
colonial.
El comercio colonial
se centraba en las importaciones de azúcar, cacao y café y las exportaciones de
productos textiles. Numerosos comerciantes se enriquecieron, sobre todo en los
puertos principales.
Las finanzas.
La banca francesa se
benefició durante muchos años de un casi monopolio sobre la creación (formaban
una unidad) de bancos y la construcción de la red ferroviaria, gracias a las
leyes de 1855 sobre Sociedades de Crédito y Ferrocarriles.
Pero al mismo tiempo
surgía una burguesía financiera nacional (los Martí, Salamanca, Urquijo...)
gracias a la acumulación de capital gracias a la desamortización, el desarrollo
especulativo urbano, el aumento del comercio colonial, la industrialización
(del textil y la siderurgia), la colaboración con la banca extranjera.
La crisis financiera
de 1866 hundió a muchos bancos y obligó a una reforma: la creación del Banco de
España en 1874, con el monopolio de la emisión de papel moneda (antes la moneda
oficial, la peseta, la emitían todos los bancos), permitió convertir a los
bancos privados en bancos de depósito del ahorro privado, que se dedicaron al
préstamo o la compra de empresas industriales y comerciales. Se consolidaron
así los grupos financieros de Cataluña, Madrid y País Vasco, que fueron los
inspiradores a finales de siglo de las fusiones bancarias que configuraron el
mapa financiero hasta nuestros días, favorecidos por la repatriación de
capitales tras la pérdida de las últimas colonias en 1898.
LA SOCIEDAD.
1. EVOLUCIÓN
DEMOGRÁFICA.
El incremento
demográfico.
La población de
España pasó a lo largo del siglo XIX de 10,5 millones a 18,5 millones. Fue un
crecimiento demográfico notable, de un 60%, superior al de los siglos
anteriores, pero muy inferior al europeo, porque la población de Europa se
incrementó en un 250% de media. Si se compara con el fuerte crecimiento
demográfico de Gran Bretaña o Alemania, el de España era particularmente débil.
Los factores positivos
de este crecimiento fueron el aumento de la producción alimentaria, las mejoras
sanitarias (vacunas, higiene), los cambios sociales en la familia, la
urbanización, la reducción de las epidemias...
Las etapas
demográficas.
Nos faltan censos
continuos y fiables, por lo que nos basamos en aproximaciones. Así, si
contáramos con datos precisos de 1867 seguramente encontraríamos un fuerte
aumento en el decenio anterior, pero al no tenerlos sólo podemos suponerlo.
1797 = 10,5 millones
de habitantes.
1822 = 12,8
1834 = 13,4
1857 = 15,6
1877 = 16,6
1887 = 17,5
1897 = 18,1
1900 = 18,6
Se pueden definir
estadísticamente tres etapas:
1) 1797-1834 con una
tasa anual de 3,9%. El crecimiento al principio del siglo fue lento por la
crisis económica y las pérdidas de la Guerra de Independencia. Fue más intenso
desde 1814, pese a los problemas del reinado de Fernando VII.
2) 1834-1857 con un
máximo de 6,3%. Particularmente intenso fue el crecimiento en el segundo tercio
del siglo, a pesar de las guerras carlistas. Seguramente esta etapa continuó
hasta 1866-1868, en la que la población se estancaría por la crisis económica y
los problemas del sexenio revolucionario (guerras y disturbios).
3) 1857-1900 con un
tasa anual del 4,3%, que seguramente debió comenzar hacia 1866, continuó algo
más ralentizado el crecimiento de la población. A pesar de nuevas mejoras en
la higiene y el nivel de vida, impactaron negativamente algunas epidemias (la
mayor fue la del cólera de 1885, con 120.000 muertos), el inicio de la
emigración (desde los años 1880) y las guerras coloniales (1868-1878,
1895-1898).
El modelo
demográfico.
El modelo
demográfico es el de una sociedad tradicional, aunque evolucionando hacia un
modelo moderno, lo que se logra en el siglo XX. Las características son:
- Natalidad alta.
Era un 38% en 1860 y un 35% en 1900.
- Mortalidad alta.
Es la principal causa del relativo estancamiento español: un 30,7% en 1860 y un
todavía elevado 28,8% en 1900, frente al 18,2 % de Gran Bretaña en 1900, por lo
que la esperanza de vida era en 1900 sólo de 35 años. Esta alta mortalidad se
concentraba en la mortalidad infantil, especialmente en las grandes ciudades:
en 1880 en Madrid morían alrededor de cuatro de cada diez niños menores de un
año. Continuaban las grandes epidemias (cólera de 1885) y hambres (1881-1890 en
Andalucía).
- Poca emigración
exterior. La emigración es mínima, aunque comienza a ser un poco importante
desde 1880, dirigida hacia Francia, Argelia y América, por el aumento de la
población y la crisis rural.
La distribución
geográfica, sectorial y agraria/urbana.
Hay una
redistribución geográfica: un aumento en la costa y un estancamiento o
disminución relativa en el interior (excepto Madrid), aunque todas las regiones
aumentan su población.
En 1860 el sector
primario era mayoritario y tenía el 65% de la población, el secundario el 15% y
el terciario el 20% de media.
La población agraria
seguía siendo mayoritaria y era el principal foco de excedentes, pero la
población urbana crecía por el éxodo a los centros administrativos,
industriales y comerciales: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Asturias, y
también las capitales de provincia. Las ciudades crecen, derriban sus
murallas, programan sus ensanches.
2. LOS CAMBIOS SOCIALES
EN EL CAMPO.
NOBLEZA.
Esta clase social,
en vez de ser desplazada como ocurría en los países europeos donde triunfaban
las revoluciones liberales, retuvo la mayor parte de su poder.
El mantenimiento
del poder económico y político.
Mantuvo su poder
económico: los nobles siguieron siendo los más grandes terratenientes. Pero una
vez convertidas sus propiedades feudales en burguesas, no las transformaron en
empresas capitalistas sino que mantuvieron el sistema productivo anterior.
Conservó su poder político,
gracias a sus puestos en la Corte y los asientos que se les reservaban en el
Senado.
El más importante
propietario del reino era el duque de Osuna, que satisfacía contribuciones en
20 provincias, y era prácticamente dueño de ocho pueblos en Sevilla y de
numerosas posesiones en Málaga, Extremadura, Salamanca y Ávila. Los duques de
Medinasidonia y la pareja de la reina madre María Cristina y su esposo el
duque de Riánsares, eran otras de las grandes fortunas de la época.
CLERO.
El clero sufrió un
golpe muy duro, pues redujo sus efectivos cuando casi desapareció la rama del
clero regular (antes la más numerosa y poderosa), mientras que el clero secular
dependía de la asignación económica del Estado.
BURGUESÍA.
Creció una clase
burguesa de grandes terratenientes, de procedencia urbana, que compró las
tierras del clero y los ayuntamientos, así como propiedades de nobles
arruinados. La mayoría fueron propietarios absentistas, que no invirtieron en
modernizar la explotación, y residían en los pueblos y las ciudades.
CAMPESINADO.
La
estratificación social del campesinado en grupos.
Con la reforma
agraria y la modernización del campo, el campesinado se estratificó en varios
grupos sociales, como resultado de la desamortización y del carácter conservador
de la reforma agraria continuó la clara división de la estructura de la
propiedad agraria en latifundios y minifundios. Las grandes propiedades (más de
100 ha )
ocupaban casi la mitad de las tierras cultivables, mientras que las pequeñas
(menos de 10 ha )
ocupaban casi la otra mitad. En cambio, las medianas propiedades (10-100 ha ), las que hubieran
sido más rentables en aquel periodo, eran muy escasas y se localizaban en pocas
regiones, como Cataluña.
Los grandes grupos
sociales fueron:
- Los grandes
arrendatarios de los latifundios (en especial de Andalucía y el interior), que
expulsaron a los campesinos subarrendados e impulsaron cultivos extensivos
(trigo, vid, olivo), sólo rentables por la abundancia de mano de obra barata.
Se convirtieron paulatinamente en burgueses, que residían en los pueblos y los
dominaban adoptando a menudo el papel de caciques políticos.
- Los pequeños y
medianos propietarios, que compraron fincas desamortizadas, o
mantenían sus propiedades anteriores. Sólo los que tenían suficiente capital y
extensión de tierras pudieron competir en el mercado abierto. En Cataluña
(medianas propiedades) y Valencia (más pequeñas) su número se incrementó, al
comprar los arrendatarios las fincas que cultivaban y enriquecerse con el
cultivo de la vid y otros productos comerciales. También eran numerosos en
Castilla la Vieja y León y el valle del Ebro (medianas propiedades) y la región
cantábrica y Galicia (más pequeñas), pero sus cultivos no eran tan competitivos.
- Los pequeños
arrendatarios y subarrendatarios, que a menudo empeoraron su situación al
endurecer los propietarios las condiciones del arriendo. Eran numerosos en
Castilla la Vieja y León, Galicia...
- Los jornaleros,
cuyo número aumentó mucho (en 1860 eran el 54% de la población activa agraria),
en parte por el aumento de la población y en parte por el fin de muchos contratos
de arriendo. Su condición social, de bajos salarios y largos periodos de paro,
empeoró por la pérdida de los bienes comunales. Eran ampliamente mayoritarios
en Andalucía, Extremadura y La Mancha.
EL CONFLICTO ENTRE
PROPIETARIOS Y CAMPESINOS SIN TIERRAS.
La condición
miserable de muchos campesinos excluidos de la propiedad de la tierra que
cultivaban, tanto los pequeños arrendatarios sometidos al pago de elevadas
rentas, como los jornaleros sin tierras, explica que en el siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX hubiera una continua agitación rural, con numerosas
protestas violentas.
Los propietarios se
organizaron en los partidos carlista, conservador y liberal, y en asociaciones
de propietarios (como la catalana de San Isidro), mientras que los campesinos
pobres más radicales se organizaron en sociedades secretas o en grupos anarquistas,
que utilizaron a menudo el terrorismo. Particularmente grave fue el problema en
Andalucía (bandolerismo, la Mano Negra andaluza, revueltas de 1868...), donde
la opresión de los latifundistas era comparativamente mayor y más miserable la
condición de los jornaleros.
3. LOS CAMBIOS
SOCIALES EN LA CIUDAD.
Durante el siglo XIX
no varió significativamente la estratificación social urbana. Pero sí aumentó
notablemente la población urbana, lo que intensificó sus problemas. Hacia finales
de siglo el número de obreros era relativamente reducido (excepto en Cataluña y
País Vasco), bastante elevado el de campesinos (que cultivaban los campos
vecinos a las ciudades y pueblos) y artesanos (pese a que reducían su
proporción respecto a los obreros), y muy alto el de criados (en Madrid uno de
cada siete habitantes servía en 1860). Se concluye de esto que:
- España no se había
industrializado todavía, de ahí el bajo número de obreros. Sólo había las
excepciones de Cataluña y País Vasco, más en parte algunas zonas y ciudades, como Asturias, Madrid, Valencia, Alcoy...
- La agricultura y
la artesanía conservaban su importancia económica en la vida urbana.
- El número excesivo
de criados indica la importancia que para los nobles y burgueses ricos tenía
ostentación de un servicio doméstico numeroso.
En conjunto la
sociedad urbana española se parecía bastante a la del siglo XVIII y se
diferenciaba en gran manera de las más evolucionadas de Inglaterra y Francia en
el siglo XIX.
NOBLEZA Y BURGUESÍA.
Nobleza y burguesía,
desunidos a principios de siglo, lo acaban en estrecha alianza, unidos en un
bloque de poder dominante, opuesto a las clases populares (jornaleros, obreros).
La nobleza, tanto la
antigua como la nueva, pasa a residir en las ciudades, donde viven sus miembros
como terratenientes, militares, altos funcionarios, alto clero... La
desamortización y la supresión del feudalismo no destruyen su poder económico y
político, pero han de compartirlo con la burguesía.
La burguesía, la
nueva clase adinerada, está integrada por los propietarios rústicos y urbanos,
los industriales, comerciantes y banqueros, los funcionarios, que hacían sus
fortunas como nuevos terratenientes (gracias a la desamortización), en las
fábricas del textil catalán y la siderurgia vasca, en el comercio colonial, en
el abastecimiento del ejército o especulando con los solares en las ciudades en
auge. Sus centros más importantes son Barcelona y Madrid. La burguesía accede a
una posición hegemónica en lo económico y comparte el poder político con la
nobleza.
Estas dos clases sociales compiten entre sí en
varios periodos revolucionarios (1820-1823, 1834-1839, 1854-1856, 1868-1874),
pero acaban pactando. Una vez conseguida la igualdad jurídica, y desmontado el
Antiguo Régimen, la mayoría de los grupos que las integran consiguen hacia
mediados de siglo un equilibrio entre sus intereses y se fusionan. La
desamortización es fundamental en este sentido, al unirlos en la compra de los
bienes y el mantenimiento del nuevo orden.
La fusión se alcanza
porque la nobleza y la burguesía españolas se mezclan crecientemente a lo
largo del siglo, gracias a la residencia urbana de los nobles, los frecuentes
matrimonios y la fusión de actividades, en un proceso que terminará en el
siglo XX con la virtual desaparición de los límites entre ambas clases sociales.
En realidad, en
España los burgueses no se consideran rivales sino socios de los nobles, y
desean alcanzar su estatus social, su condición aristocrática. Llaman a los
nobles a los consejos de administración de las grandes compañías, emulan sus
costumbres y residencias, se contraen matrimonios entre ambas clases sociales y,
con frecuencia acceden a títulos nobiliarios. Tal es el caso de quien tuvo la
mayor fortuna de la época, José de Salamanca, nombrado marqués de Salamanca
tras haber reunido un patrimonio gigantesco en ferrocarriles y la construcción
de inmuebles en las ciudades. El barrio de Salamanca, en Madrid, por él planificado,
lleva su nombre. Otros burgueses ennoblecidos entonces son los Urquijo, Güell,
López...
El mismo
deslumbramiento lo encontramos en los militares de fortuna, que hacen carrera
política apoyándose en sus éxitos militares y obtienen títulos nobiliarios. Así,
Espartero acumula una larga serie de títulos como el de Príncipe de Vergara,
Narváez fue duque de Valencia y O'Donnell fue duque de Tetuán. Lo mismo ocurre
entre los políticos, en una práctica que perdura hoy: el duque de Suárez es un
ejemplo reciente.
PROLETARIADO.
El proletariado lo
componen los obreros que trabajan en fábricas, ferrocarriles, minas, etc. Su
número aumentó espectacularmente durante el siglo XIX. Sus condiciones de vida
fueron penosas: bajos salarios, muchas horas de trabajo, insalubridad,
desempleo prolongado... sobre todo en la primera mitad del siglo y en
comparación al Antiguo Régimen, al desaparecer la asistencia social de la
Iglesia.
Los marginados sufrían una miseria atroz en las ciudades.
EL CONFLICTO ENTRE
BURGUESES Y PROLETARIOS.
La sociedad española
de la época se caracteriza por la existencia de un conflicto social en las
ciudades entre la burguesía y el proletariado.
Los conflictos
sociales se unieron durante el siglo XIX a los políticos y económicos. Las
revoluciones unieron los tres factores: descontento de las clases sociales que
ansiaban mayor poder o liberarse de la opresión, problemas político-constitucionales
en el reparto del poder entre las clases hegemónicas, crisis económicas que
rompían la paz social en las ciudades.
La burguesía se alió
en varios momentos con el proletariado, en contra de los privilegios del
Antiguo Régimen: 1854, 1868, pero cuando veía en peligro su propia posición
intermedia entonces pactaba con la aristocracia un reequilibrio del poder mutuamente
beneficioso. Nunca asumió por entero el poder político, porque con la virtual
fusión de nobleza-burguesía se confundieron sus intereses. La burguesía se
reorganizó durante la Restauración en los partidos políticos conservador (que
en gran parte era resultado de la fusión de los intereses de la nobleza y la
burguesía) y liberal (más puramente burgués) y en asociaciones patronales, que
influyeron decisivamente en la política de los partidos.
El proletariado se
organizó durante los años 70, aprovechando la libertad política del Sexenio
revolucionario y la Restauración, cuyas leyes confirmaron la libertad de prensa
(1883) y de asociaciones (1887). Se crearon entonces el primer gran sindicato
obrero, el socialista UGT (1872), y su partido correspondiente, el PSOE (1879).
Posteriormente surgirán otros partidos y asociaciones de los obreros,
especialmente los anarquistas, que fundarán la CNT.
Estas organizaciones,
tanto de los socialistas como de los anarquistas, conseguirán organizar eficazmente
a los obreros y gracias a su unión y la presión de las huelgas irán alcanzando
mejoras salariales y de condiciones del trabajo, que, pese a varios estallidos
de violencia (terrorismo en los años 1890, Semana Trágica de Barcelona en 1909,
revolución en 1917, terrorismo en los años 1920-1923) facilitarán cierta estabilidad
social del sistema hasta los años 30.
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Herr, Richard. El significado de la desamortización en España. “Moneda y Crédito”, Madrid, 131 (XII-1974) 55-94.
Tomás y Valiente, F. Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento de síntesis. “Moneda y Crédito”, nº 131 (XII-1974) 95-160.
PROGRAMACIÓN.
TRANSFORMACIÓNES
AGRARIAS Y PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
UBICACIÓN Y
SECUENCIACIÓN.
El currículo de 2º
de Bachillerato señala en la materia de Historia estos contenidos en el bloque
3:
3. Construcción del
Estado liberal e intentos democratizadores.
El carlismo y las
opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en el reinado de Isabel
II.
El sexenio
democrático. La Constitución de 1869. La Primera República.
Transformaciones
agrarias y proceso de industrialización. Los cambios sociales.
Se concluye que esta
UD se refiere al último renglón, por lo que debe ampliarse la explicación con
el último punto de los “Cambios sociales”.
Se explicará a
continuación de las UD de la Revolución industrial y de la evolución política
española del siglo XIX, a fin de relacionar sociedad y economía con la política
y para comparar los procesos de la Revolución industrial en España y en Europa.
RELACIÓN CON TEMAS
TRANSVERSALES.
Relación con los
temas de Educación Moral y Cívica y de Educación Ambiental (las consecuencias
ambientales de la industrialización).
TEMPORALIZACIÓN.
Tres sesiones de una
hora.
1ª Exposición del
profesor.
2ª Exposición del
profesor; esquemas, comentarios de textos y mapas.
3ª Repaso y
refuerzo; esquemas, comentarios de texto y mapas.
OBJETIVOS.
Resumir las
características de la economía y la sociedad españolas del siglo XIX.
Analizar la
Revolución Industrial española en el siglo XIX: sus características, factores,
insuficiencias y fracasos...
Definir
desamortización.
Comparar el proceso
de industrialización de España con el de Gran Bretaña.
Relacionar
revolución demográfica y revolución industrial.
Relacionar la
revolución industrial y la desamortización con sus consecuencias sociales.
CONTENIDOS.
A) CONCEPTUALES.
La revolución
demográfica del siglo XIX en España.
El proceso de la
desamortización.
El progreso agrario
en el siglo XIX.
La Revolución
industrial española y su relativo fracaso.
La evolución de los
grupos sociales y conflictos de clase en el siglo XIX.
El papel de la mujer
y el niño trabajadores en la época.
B) PROCEDIMENTALES.
Tratamiento de la
información: realización de esquemas, gráficos y mapas del tema.
Explicación
multicausal: en comentario de textos.
Indagación e
investigación: recogida y análisis de datos en enciclopedias, manuales, monografías,
artículos...
Comparación de
procesos en distintos países.
C) ACTITUDINALES.
Rigor crítico y
curiosidad científica.
Tolerancia y
solidaridad.
METODOLOGÍA.
Metodología
expositiva y participativa activa. Se hará hincapié en que el alumno analice y
relacione los procesos de desamortización e industrialización con sus
consecuencias sociales.
MOTIVACIÓN.
Lectura de un texto
sobre las consecuencias sociales de la industrialización en los barrios obreros
en una época de crisis económica.
ACTIVIDADES.
A) CON EL GRAN
GRUPO.
Exposición por el
profesor del tema, con apoyo de imágenes.
B) EN EQUIPOS DE
TRABAJO.
Realización de un
esquema de las causas y consecuencias del proceso.
Realización de una
línea de tiempo del proceso.
Comentarios de
textos, mapas y gráficos estadísticos sobre los procesos, factores y ambivalentes
efectos sociales y económicos de la desamortización y de la industrialización
textil y siderúrgica, de la expansión de los ferrocarriles, el crecimiento de
la población...
Comparación de los procesos
económicos y sociales de España y Gran Bretaña.
C) INDIVIDUALES.
Realización de
apuntes esquemáticos sobre la UD.
Participación en las
actividades grupales.
Búsqueda individual
de datos en la bibliografía, en deberes fuera de clase.
Contestar cuestiones
en cuaderno de trabajo, con diálogo previo en grupo.
RECURSOS.
Presentación digital
y mapas.
Libros de texto,
manuales.
Fotocopias de textos
para comentarios.
Cuadernos de apuntes,
esquemas...
EVALUACIÓN.
Evaluación continua.
Se hará especial hincapié en que se comprenda la relación entre los procesos de
España y europeo y en la relación entre la desamortización y la
industrialización con las consecuencias sociales.
Examen incluido en
el de otras UD, con breves cuestiones y un comentario de texto.
RECUPERACIÓN.
Entrevista con los
alumnos con inadecuado progreso.
Realización de
actividades de refuerzo: esquemas, comentario de textos...
Examen de
recuperación (junto a las otras UD).
APÉNDICE. Texto para comentario en
clase.
Llopis, Enrique. El derrumbe del Antiguo Régimen. “El País” Negocios 1.368
(22-I-2012) 24-25. La crisis de 1802-1814. En serie ‘Las grandes crisis de la economía española’, coordinada por él
mismo.
‹‹Las
secuelas de la Revolución Francesa de 1789 desencadenaron el inicio de la
crisis del Antiguo Régimen en España, un periodo caracterizado por las guerras,
la debilidad y el derrumbe de muchas de las viejas instituciones, la
inestabilidad política y la alteración de la dinámica económica.
Desde un punto de vista
macroeconómico, entre 1789 y 1840, año en el que finalizó la primera guerra
carlista y se asentó el régimen liberal, se alternaron dos fases expansivas,
1789-1801 y 1815-1840, y una recesiva, entre 1802 y 1814. Este artículo se
ocupa esencialmente de la crisis de la década y media inicial del siglo XIX,
pero también extiende su mirada al antes y al después.
En cuanto a las fases de
crecimiento, resulta aparentemente paradójico que España, de 1789 a 1801 y de
1815 a 1840, obtuviera resultados económicos positivos en momentos de graves
contratiempos internos y de cierta desintegración de la economía internacional.
La principal clave explicativa radica en que el debilitamiento, primero, y el
desplome, después, del Antiguo Régimen facilitaron la incorporación a la
labranza de enormes extensiones de tierra.
En la España del siglo
XVIII coexistieron dos velocidades y dos modos distintos de crecimiento
económico. En los territorios interiores y en las regiones septentrionales, el
PIB aumentó a una tasa no superior al 0,5%, el crecimiento tuvo un carácter
marcadamente rural, la productividad del trabajo en la agricultura permaneció
estancada y los progresos en la especialización y en los tráficos mercantiles
fueron modestos.
La España interior
estaba lejos de aprovechar plenamente su potencial de crecimiento agrario:
muchas zonas se hallaban aún poco colonizadas porque los grandes propietarios
territoriales rentistas, las oligarquías locales con importantes negocios
pecuarios, los dueños de cabañas trashumantes y la Mesta, grupos que acumulaban
bastante poder, estaban interesados en frenar las roturaciones en las tierras
municipales.
Por el contrario, en el
área mediterránea y en la Andalucía atlántica, el PIB creció a una tasa cercana
o algo superior al 1% y la expansión productiva se sustentó, al igual que en
otras zonas de Europa occidental, en un cierto incremento de la productividad
agraria, en el auge de la economía marítima, en el desarrollo de la
protoindustria y en la mayor laboriosidad de la mano de obra familiar. En
muchos casos, esa intensificación del factor trabajo fue la respuesta a la
caída de los salarios reales y/o al descenso de ingresos netos de numerosas
explotaciones agrarias, fruto del incremento de las rentas territoriales y de
la reducción de su tamaño ocasionada por la mayor presión de la población sobre
los recursos agrarios.
Por consiguiente, las
“fuerzas económicas del progreso” (mayor comercio y especialización y pequeños
avances tecnológicos) solo resultaban claramente hegemónicas en una parte
minoritaria de España; de ahí que nuestro país siguiese divergiendo de Europa
occidental en el siglo XVIII.
La década de 1790 fue un
periodo de fuertes convulsiones, de desequilibrio financiero del Estado y de
crisis sectoriales, pero también de aceleración del crecimiento demográfico y
agrario. En la España del siglo XVIII, su último decenio fue, tras el de 1720,
el de mayor crecimiento de los bautismos (véase el gráfico 1 basado en una
muestra de más de 1.200 localidades). Lo más llamativo de este auge radicó en
que fue protagonizado fundamentalmente por regiones que habían registrado una
expansión modesta o moderada en el siglo XVIII (Andalucía occidental, Aragón y
Castilla-La Mancha). En las zonas interiores, este crecimiento demográfico
habría sido inalcanzable sin que simultáneamente se registrara una importante
expansión agraria.
El impulso agrícola de
la última década del siglo XVIII fue fruto de la necesidad, de los mayores
incentivos y de las oportunidades abiertas por el nuevo panorama político. Los
granos se encarecieron notablemente en todos los mercados y, además, el
diferencial de precios del trigo entre la periferia y el interior se incrementó
debido en buena medida a la disminución y a la mayor irregularidad de las
importaciones resultantes de las perturbaciones que los conflictos bélicos
ocasionaron al comercio exterior desde 1793. De modo que el interior se
encontró con una coyuntura favorable para incrementar su participación en el
abasto de cereales de la periferia. Además, el cambio de escenario político
provocado por la Revolución Francesa indujo a los integrantes del frente
antirroturador a moderar su oposición a los rompimientos. El notable
incremento de la defraudación en el pago del diezmo, aparte de ser un exponente
del inicio de la descomposición del Antiguo Régimen, también constituyó un
acicate para ampliar las labores.
La década de 1790
presentó una cara, la expansión demográfica y cerealista, pero también una
cruz: fuerte incremento de las tensiones inflacionistas y acusado descenso de
los salarios reales, agudización de los problemas financieros de la Monarquía,
reducción y mayor irregularidad del comercio exterior y dificultades para todas
las economías periféricas que mantenían un apreciable grado de dependencia de
los intercambios internacionales.
La recesión de la década
y media inicial del siglo XIX estuvo integrada, en realidad, por dos crisis
distintas: la ocasionada por las malas cosechas y las importantes epidemias
(paludismo, tifus y fiebre amarilla) de principios del Ochocientos, y la desencadenada
por la Guerra de la Independencia. Los factores exógenos a la economía y a la
sociedad españolas desempeñaron un papel preponderante en dichas crisis, pero
los endógenos no fueron ajenos a la magnitud de ambas: primero, la creciente
desigualdad en el reparto del ingreso en la segunda mitad del Setecientos había
acentuado la precariedad de muchas familias; y, segundo, la elevada mortalidad
del periodo también obedeció a la incapacidad de los Gobiernos para paliar
escaseces y carestías, y al deterioro del funcionamiento de los mercados y de
instituciones asistenciales, como los pósitos, que estaban siendo sacrificadas
para evitar el colapso financiero de la Monarquía.
En la España interior de
la época moderna, la crisis de mortalidad de 1803-1805 fue, tras la de
1596-1602, la que tuvo un mayor alcance territorial e intensidad. El desastre
demográfico de 1803-1805 fue fruto de una crisis de subsistencias muy profunda
(el promedio anual del precio del trigo se incrementó, con respecto al de la
década precedente, más de un 125%), pero también de una importantísima crisis
epidémica. Aparte de la mortalidad catastrófica, también aumentó notablemente
la ordinaria en la década y media inicial del siglo XIX. En 25 pueblos de la
provincia de Guadalajara, el cociente difuntos/bautizados fue de 0,87 en
1785-1799, de 1,14 en 1800-1814 y de 0,72 en 1815-1829 (véase el gráfico 2).
Las áreas periféricas
también tuvieron que afrontar unos importantes contratiempos económicos en los
albores del siglo XIX. Las guerras navales, las dificultades y la carestía del
transporte marítimo y la crisis agraria y demográfica de los territorios no
marítimos provocaron un descenso en el nivel de actividad manufacturera y
comercial. Desde 1805, las colonias americanas prácticamente prescindieron de
la mediación hispana en sus tráficos exteriores.
La Guerra de la
Independencia abortó la recuperación que la agricultura española había iniciado
después de 1805. Ahora bien, las secuelas de este conflicto fueron mucho más
allá del desencadenamiento de una nueva crisis económica. Entre las
principales, han de contabilizarse:
1. Tras la ocupación del país por las
tropas francesas, muchas de las instituciones fundamentales del Antiguo Régimen
se desmoronaron o quedaron muy debilitadas.
2. El vacío de poder en la metrópoli
propició el estallido de movimientos independentistas en buena parte de las
colonias americanas.
3. La crisis financiera del Estado
absolutista se intensificó extraordinariamente.
4. La sobremortalidad y la merma de
nacimientos, ocasionadas por la guerra ascendieron a no menos de medio millón
de personas.
En el terreno más
estrictamente económico, deben mencionarse:
a) Numerosas explotaciones agrarias
vieron reducidas sus disponibilidades de fuerza de trabajo y de ganado; de ahí
que muchas de ellas tratasen de incorporar mayores cantidades del factor tierra
para compensar las pérdidas en los otros factores y restablecer un cierto
equilibrio productivo.
b) Los saqueos y las destrucciones de
cosechas provocaron daños de consideración en no pocas zonas.
c) Las secuelas del conflicto
perjudicaron de un modo especialmente intenso al comercio y a la industria.
d) Los ahorros de los propietarios
rurales fueron absorbidos por gravámenes extraordinarios, requisas, suministros
y préstamos forzosos a los ejércitos, a la guerrilla y a los municipios. Los
más pudientes acumularon unos activos de elevado valor nominal sobre unos
concejos cuyo nivel de endeudamiento les impedía atender sus obligaciones
financieras, salvo que se desprendiesen de parte de sus todavía extensos
patrimonios territoriales. De modo que tales acreedores enseguida se percataron
de que solo había una alternativa para recuperar sus contribuciones a la
financiación del conflicto bélico: la privatización de tierras municipales.
Es indudable que la
Guerra de la Independencia tuvo, en el corto plazo, un impacto económico muy
negativo, pero también generó otras secuelas que contribuyeron a inducir, en el
medio y largo plazo, cambios en la velocidad y en el tipo de crecimiento
económico, en la política comercial y en los niveles de desigualdad.
El mayor potencial de
crecimiento agrícola de España, al menos a corto y medio plazo, estribaba en
las enormes extensiones de tierras que podían roturarse. Durante la Guerra de
la Independencia se crearon condiciones favorables para el estallido de una
gran oleada de rompimientos, que se moderó en las etapas de restablecimiento
del absolutismo, pero que mantuvo un ritmo relativamente intenso hasta mediados
del siglo XIX: tras el hundimiento del Antiguo Régimen, ni las viejas
autoridades locales, ni las nuevas pudieron refrenar las ansias de
numerosísimos productores agrarios de ocupar y roturar tierras comunales; la
desamortización silenciosa de tierras municipales facilitó los rompimientos de
extensas áreas de pastizales y bosques; y, el incremento de los precios de los
granos también constituyó un acicate para extender los cultivos cerealistas.
Una vez concluido el
conflicto, la recuperación demográfica fue inmediata e impetuosa, sobre todo en
las regiones cerealistas meridionales. El vigor de ese proceso obedeció al
fuerte crecimiento del producto agrícola, pero también al relativamente
reducido nivel de la mortalidad entre 1815 y 1830. De 1820 a 1850, la población
española creció al 0,9% y la europea al 0,81%. Las estimaciones de Álvarez
Nogal y Prados de la Escosura apuntan a que, entre 1787 y 1857, el PIB y el PIB
por habitante se expandieron a una tasa cercana al 1% y a otra superior al
0,2%, respectivamente. Es indudable, pues, que el conflicto con los franceses
también entrañó una ruptura en el ámbito económico: nunca antes la población y
el PIB habían crecido tan velozmente en España como lo hicieron entre 1815 y
1850.
El impulso agrícola
posterior a 1815 tuvo tres pilares esenciales: la marea roturadora, el rápido
crecimiento de la población y la implantación y pervivencia de una política
comercial prohibicionista en materia de cereales. Varios factores nos ayudan a
entender por qué España adoptó en 1820 tal política comercial y por qué la mantuvo
tantos años:
1. La oleada de proteccionismo
enérgico en la que estuvieron involucrados numerosos países europeos y Estados
Unidos, países que habían impulsado procesos de sustitución de importaciones
entre 1793 y 1815.
2. La necesidad de defender una nueva
e importante actividad cerealista de la competencia exterior en los mercados
litorales una vez concluidas las guerras napoleónicas, nueva actividad que se
había desarrollado en periodos de precios absolutos y relativos de los granos
muy altos.
3. El régimen liberal, necesitado de
ampliar su base social, utilizó el prohibicionismo cerealista para frenar el
descenso de las rentas agrarias y de los precios agrícolas, lo que tornó más
atractivas las compras de las tierras desamortizadas.
4. Los propietarios y cultivadores de
tierras de cereal contaron con el decidido apoyo de los industriales catalanes
en la defensa del prohibicionismo.
5. La pérdida de las colonias
americanas originó un fuerte deterioro de las cuentas externas y un drástico
cambio en el panorama monetario (del intenso crecimiento del stock de
oro y plata en el periodo 1770-1796, se pasó a una fase de descenso apreciable
del mismo). Los sucesivos Gobiernos tuvieron que emprender una política de
reequilibrio de la balanza de pagos y el prohibicionismo constituyó un
instrumento esencial de la misma.
La presión que el
prohibicionismo ejerció sobre los precios de los cereales resultó clave para la
formidable extensión de los cultivos en la primera mitad del siglo XIX, pero
otros factores también contribuyeron a la aceleración del crecimiento
económico: la notable ampliación del mercado nacional derivada, ante todo, del
intenso auge demográfico; el impulso en la urbanización desde la década de
1820; el modesto incremento de la productividad en la agricultura; los avances
en la integración de los mercados; el inicio de la industrialización catalana,
y el dinamismo de la demanda exterior de productos agrarios mediterráneos y de
minerales a medida que tomaba cuerpo la industrialización europea.
El balance económico del
periodo 1815-1850 presenta luces y sombras. Por un lado, el crecimiento se
aceleró fuertemente con respecto a las fases precedentes y la distribución del
ingreso se tornó menos desigual (entre 1788-1807 y 1815-1839, la ratio renta de
la tierra/salarios agrícolas descendió un 21% y un 28% en Navarra y Castilla la
Vieja, respectivamente). En contrapartida, España, pese a su impulso económico,
se alejó de Europa; el prohibicionismo perjudicó a las regiones exportadoras,
sobre todo a Valencia, Murcia y a la Andalucía marítima; y, además, el modelo
de crecimiento de después de la Guerra de la Independencia tenía una fecha de
caducidad cercana: la expansión agraria se debilitó a medida que iba
completándose el proceso colonizador y que empeoraban las condiciones de acceso
a la tierra; de hecho, a finales de la década de 1850 ya se hallaba
prácticamente agotado.
Sin embargo, nuestro
país no acabaría en el callejón sin salida al que parecía abocado: merced en
buena medida a los ferrocarriles, en los que los capitales, la tecnología y el
capital humano foráneos fueron trascendentales, y a la creciente demanda
exterior de minerales y de distintos productos agrarios mediterráneos,
especialmente de vinos, España pudo ir deslizándose hacia un nuevo modelo de
crecimiento económico en el que el cultivo del cereal, actividad en la que
España no tenía ninguna ventaja comparativa, dejó poco a poco de tener una
hegemonía tan nítida y en el que los cultivos mediterráneos, las actividades
urbanas, el comercio exterior y, en general, las relaciones económicas
internacionales ganaron protagonismo.
Las lecciones del pasado
decimonónico apuntan en la misma dirección que las del siglo XX: los vientos
europeos fueron cruciales para derribar el Antiguo Régimen (aunque para ello el
país sufriera un conflicto bélico muy costoso en vidas y recursos), primero, y
para dar un nuevo impulso al crecimiento económico español, más tarde, desde
que comenzó a agotarse el modelo que había tenido uno de sus pilares esenciales
en el prohibicionismo cerealista y algodonero. La historia contemporánea
evidencia, pues, el grave error que el aislacionismo ha entrañado para nuestro
país.››
1 comentario:
Muchas gracias por el Blog me encanta y me ayuda mucho a completar mi temario de oposiciones.
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