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lunes, 4 de mayo de 2015

La desamortización en Baleares.

LA DESAMORTIZACIÓN EN BALEARES.
HISTORIOGRAFÍA Y METODOLOGÍA.
Ferragut.
Grosske.
HISTORIA DE LA DESAMORTIZACIÓN EN EL SIGLO XIX. EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820).
EL TRIENIO LIBERAL.
LA DÉCADA ABSOLUTISTA.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.
LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
LA REVOLUCIÓN DE 1868.
CONCLUSIÓN SOBRE BALEARES.
BIBLIOGRAFÍA DE BALEARES.

LA DESAMORTIZACIÓN EN BALEARES.

HISTORIOGRAFÍA Y METODOLOGÍA.
Faltan estudios globales sobre toda la evolución de la desamortización en Baleares y debemos sustituir esta carencia con la unión de textos que presentan lagunas inmensas.
No hay monografías sobre la desamortización de Godoy, así como la del Trienio Liberal, y tampoco sobre los últimos años, a partir de 1865. Aún más, los estudios más ceñidos al tema, los de Ferragut Bonet [1974] y Grosske Fiol [1979] sobre las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, respectivamente, adolecen de graves errores de método de investigación y de carencia de una bibliografía amplia que aposente los hallazgos. Por su especificidad hemos creído más oportuno considerarlos en un capítulo especial de historiografía, porque el lector puede fácilmente incorporar sus datos a los apartados correspondientes.

Ferragut.
La autora, al estudiar el periodo 1836-1846, parte de una total falta de datos sobre la situación de la propiedad amortizada, tanto eclesiástica como civil, antes y después del periodo que estudia, por lo que no podemos saber el valor y extensión de la propiedad desamortizada desde 1798 hasta 1836 ni los datos sobre la que quedaba en este último año. Su estudio nos informa que apenas unas pocas fincas quedaron sin vender [p. 157] pero no nos dice cuántas se habían vendido desde principios de siglo, lo que sería disculpable pues escapaba del periodo que se propuso estudiar, ni cuántas quedaron sin poner siquiera a la venta (hay pruebas de que fueron bastantes más de las que no se vendieron por no salir a la puja), lo que ya es más criticable pues ello invalida todos sus porcentajes.
 Estos errores de la investigación de Ferragut han influido negativamente en los posteriores estudios, tanto nacionales como isleños, sobre Baleares, como se puede ver en los claros errores matemáticos y de interpretación en Rueda [1986: 151-152] o la aventurada generalización de AAVV en Història de Mallorca [1982: II, 206], negando todo dominio sobre la tierra a la Iglesia y al campesinado, dando la absoluta propiedad a la nobleza.
Mi opinión es que el claro predominio de una forma de propiedad no puede interpretarse jamás como la completa negación de las otras formas, sino que deben estudiarse cuantitativamente los datos antes de generalizar.
Es criticable también que la referencia a la cuantía e importancia de la propiedad eclesiástica (y de su influencia y poder económicos) se limite a estas breves líneas: “Hasta este momento los Conventos habían tenido una gran importancia en la Isla, no sólo por su número y el número de religiosos un fraile por cada 224 almas sino también por su defensa del régimen absolutista. Su supresión significó el fin de una influencia dominante en la isla” [p. 157]. Según esto la influencia de la Iglesia se habría extinguido hacia 1836 para no retornar nunca más, lo que choca frontalmente con todo lo que sabemos de los dos últimos tercios del siglo XIX. Es cierto que en 1835 había 764 religiosos y 358 religiosas, mientras que en España había uno por cada 431, pero eso aún magnifica más el papel económico del clero en la economía de la isla, en vez de reducirlo y cuestiona la poca relevancia económica que la autora le otorga.
Según la autora la “Desamortización del Trienio Liberal no tuvo mucha importancia por su poca duración” (pagos de 4,39 millones de reales), pero no establece a quienes afectó, como beneficiarios (y su posible coincidencia con los compradores en la época isabelina) ni como víctimas, ni el proceso paralelo de ventas voluntarias (y por lo tanto no derogadas en 1823) de la Iglesia que Fontana [1978] tan bien ha documentado para los conventos del Socorro de Ciudadela (Menorca) y de San Vicente Ferrer de Manacor (Mallorca) y que debieron ser comunes a los demás conventos bajo toda lógica, a lo que la autora hace leve mención en las líneas finales de su conclusión [p. 158]. Tal parece que crea que la presión fiscal del absolutismo pudo concentrarse solamente en esos conventos y no en los demás.
En la desamortización de Mendizábal no hace referencia alguna a uno de los compradores más importantes: José Safont [Tomás y Valiente, 1988: 169], miembro de la camarilla política de Mendizábal y uno de los capitalistas emergentes de la época. Una ausencia que pone en entredicho su por otra parte prolija relación de compradores.
Igualmente la autora reduce el valor de los bienes vendidos a una tasación de 7,28 millones de reales, con un remate de 25,69 millones (puja de 252 %), con una superficie del 0,37 % de la Isla. Esta mínima cuantía de extensión del cambio de propiedad guarda evidentemente relación con su afirmación de que cambió la titularidad pero no produjo modificaciones esenciales en la estructura de la propiedad, pero no se relaciona con su otra afirmación de que al mismo tiempo acabó con el poder económico de la Iglesia y que la desamortización tuvo “una importancia grande”. Muy débil debía ser la Iglesia cuando se pretende que sólo tenía un 0,37 % de Mallorca. Lo cierto es que la Iglesia tenía muchas más propiedades pero que las vendió o perdió antes y después de este periodo.
No menciona asimismo las propiedades amortizadas de propios y baldíos (abundantes en los montes y eriales, sobre todo en las marismas), que en algunos casos eran bastante importantes, por lo que no sabemos si se vendieron por otro cauce (seguramente la mayoría ya fueron desamortizadas desde principios de siglo) o si se decidió que no se vendieran.
Asimismo Ferragut afirma que aumentó la tributación de resultas de salir al mercado estas propiedades antes exentas, sin aportar datos sobre el aumento de contribución. Lo cierto es que la ocultación de rentas (costumbre tradicional de la isla ya entonces) fue inmensa y que los ingresos bajaron en realidad, como ha demostrado Artola.
También me resisto a considerar válidas las generalizaciones sobre qué clase de compradores hubo: un 53,2 % comprando un 2,7 % de las tierras y el 46,9 restante el 97,3 % de la superficie “repartida”, pues con tan pequeña cantidad de tierra implicada es imposible hacer una extrapolación. Más interés tendría conocer la lista de compradores de tierras de la Iglesia desde principios de siglo así como la movilidad de la propiedad y la subdivisión de estas fincas. Encontramos que la pequeña y mediana propiedad se afianzó durante el primer tercio del siglo XIX independientemente de la desamortización de Mendizábal, conviviendo con una gran propiedad que permaneció tan pujante como a finales del siglo XVIII, como se refleja para el municipio de Artà [Alzina, 1977].
Y una última consideración crítica, referente a la bibliografía general y especial que emplea: los errores continuos en la ortografía de los nombres, en los títulos, en las fechas de edición y en el número de páginas, a veces exactamente los mismos que se encuentran en otras obras sobre el tema, sugieren que no comprobó personalmente antes los datos de su bibliografía en los propios textos y que confió en fuentes indirectas para su redacción. Igualmente criticable es que no mencione los primeros libros generales o trabajos especializados sobre el tema que ya habían publicado tiempo antes autores tan fundamentales como Artola, Herr o Sarrailh.
Todas estas críticas no empiden valorar que la tesis de licenciatura de Ferragut es una piedra angular de la historiografía del tema en Baleares y que muchos de sus errores son los propios de los pioneros que deben avanzar por terreno virgen.

Grosske.
Los dos trabajos del investigador se refieren a la desamortización de Madoz, el más general narra los 10 años entre 1855 y 1865 [1979] y el otro estudia la actitud de la prensa mallorquina y hace unas referencias a la desamortización en toda España [1980].
La posición de Grosske (desde una ideología progresista) es que la desamortización fue una de las reformas necesarias en la eliminación del Antiguo Régimen, puntualizando con acierto las diferencias entre la línea de Ponson, Tomás y Valiente y la mayoría de autores, que mantienen que la burguesía montó el proceso para conseguir las tierras, y la línea de Herr, para quien la burguesía no mejoró sus posiciones de partida. También expone las diferencias entre los que buscaban la mejora de la Hacienda y los reformistas de la estructura de la propiedad rural (Flórez Estrada). El autor busca la imparcialidad más objetiva entre las diversas posiciones.
La estadística le da un resultado “sorprendente”: en el periodo 1855-1865 sólo se vendió el 1 % de la superficie de la isla, por lo que concluye que no hubo un cambio radical de la estructura de la propiedad [p. 97]. También se evidencia que la gran mayoría de las fincas rústicas (y también en valor y extensión) pertenecían a los propios, mientras que el clero poseía ligeramente más fincas urbanas.
También destaca que en esta época el total de fincas urbanas se acerca mucho en valor al de las fincas rústicas y que estas se concentraban en 22 municipios. La división de la gran propiedad se produjo sólo en Llucmajor y Sa Pobla [p. 98]. Las ventas se concentraron entre 56 y el 60, para casi desaparecer desde 1862, con altas pujas, lo que permite a Grosske concluir que había una favorable coyuntura económica y una fuerte demanda de tierra. Las clases sociales compradoras están claramente definidas: un grupo de 18 grandes propietarios, mientras que los pequeños propietarios pudieron comprar un porcentaje significativo de las tierras (29,54 %), lo que viene a concluir que su posición de partida debía ser muy semejante y que la burguesía no acaparó las tierras.
En resumen, puede alabarse al autor por la modestia de sus planteamientos sobre la importancia de la desamortización de tierras, ya que insinúa que debió ser menos importante que la de los censos. Con tan escasa dimensión de lo vendido el impacto sobre la sociedad y la economía debió ser mínimo, y queda por explicar qué es lo que cambió la estructura de la propiedad rural en Mallorca. Es evidente que la carencia de una documentación satisfactoria haría que mayores ambiciones fueran aventuradas.
Su trabajo sobre la prensa mallorquina se basa en el método propuesto por Jarque [1972-73] y muestra la estrecha relación entre la prensa de la isla y la de escala nacional, que suministró los artículos más densos sobre el tema. Los periódicos “Diario de Palma” (conservador católico), “El Balear” (moderado), “El Genio de la Libertad” (progresista) y “Iris del Pueblo” (demócrata) testimonian su dependencia económica de los grupos de presión que estaban tras los partidos más representativos de la época, reflejando fidedignamente sus doctrinas sobre la desamortización.
Grosske sigue los aspectos políticos, jurídicos, económicos y sociales del tema. Para los conservadores y moderados la desamortización era un elemento desestabilizador (sobre todo en las relaciones con Roma) y un atentado al derecho de propiedad (se discutía la dudosa legalidad de la intervención del Estado y de la impugnación fáctica del Concordato). Los progresistas defendían las ventajas para la Hacienda y el bienestar económico del país, pasando por alto los padecimientos del clero y de los municipios expropiados. En lo social la prensa refleja los debates doctrinales entre los que propugnaban una reforma de cariz social (con reparto entre los pequeños propietarios) y los que atendían sólo al remedio de la Hacienda.

HISTORIA DE LA DESAMORTIZACIÓN EN EL SIGLO XIX. EL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
Hacia 1799 la estructura social de la Mallorca rural era relativamente equilibrada para lo usual en la España del siglo XVIII. Los grandes terratenientes absentistas, los famosos botifarres (8,38 %), dominaban la pirámide, con los pequeños propietarios y arrendatarios (25,84 %) dando una cierta moderación al conjunto, jornaleros (54,58 %) y los pobres (11,20 %). Mallorca era la región con mayor porcentaje de pequeños propietarios y arrendatarios y la segunda (tras Andalucía) en porcentaje de jornaleros. Pero este desnudo dato esconde que los arrendatarios más favorecidos fueron los componentes de un reducido grupo de mercaderes que casi monopolizaron poco a poco durante el siglo XVIII la producción de aceite de oliva y mucha de la de trigo (junto a su importación) [AAVV. 1982: 134]. Este grupo podía especular con los precios de los alimentos y acumular capital, lo que le permitió acceder en muchos caso a la aristocracia y conformar la burguesía que constituiría en el siglo XIX la vanguardia del liberalismo isleño.
Finalmente, la isla era deficitaria permanente en cereales, objeto de una especulación que beneficiaba claramente a las clases dominantes [AAVV. 1982: 131], propietarias de las grandes fincas (possessions) que acaparaban las mejores tierras de cultivo, en un sistema de vinculación (mayorazgo y l’hereu) común al resto de España.
El ministro de Hacienda de Godoy (desde 1798 a 1808) fue el mallorquín Miguel Cayetano Soler, al que tocó promover las más duras medidas desamortizadoras del periodo. Sería interesante estudiar su relación con la Sociedad Económica de Amigos del País y hasta qué punto el programa de reforma agraria de ésta influyó en sus ideas desamortizadoras. Según Moll [1973: 91-116] este programa era más bien de reformas técnicas en el cultivo, aunque le debió influir el Informe de Ley Agraria de Jovellanos para la Sociedad hermana de Madrid en 1783; si no tuvo en Mallorca el poder de desarrollar su programa (ni siquiera en la creación de un Pósito de granos o de una Compañía de Comercio) en cambio Soler pudo realizar algunos de sus puntos respecto a la movilización de la propiedad rústica, en la llamada desamortización de Godoy.
Faltan por completo datos sobre las consecuencias de la desamortización en Baleares por estas fechas pero todo parece indicar que las ventas directas a consecuencia de la legislación fueron muy pocas, sobre todo por la falta de tiempo para su aplicación antes de la crisis de 1808, pero que en cambio fueron más elevadas las promovidas por el mismo clero (o cuando no, las hipotecas), para poder pagar las contribuciones especiales a las que la sometió el régimen, lo que explica gran parte de la enemistad que el clero y los jornaleros y pequeños arrendatarios afectados por el agravamiento de los arriendos y el impuesto sobre el vino manifestarían a Godoy y a su ministro en los motines de 1808. ¿Quiénes compraron las fincas en este periodo, por ventas voluntarias o forzosas del clero? ¿Quiénes sustituyeron a los grandes mercaderes arrendatarios, que desde 1798 aproximadamente comienzan a dedicarse a otras actividades?
Todo indica [AAVV. 1982: 135] que fueron los campesinos arrendatarios, beneficiados por la ausencia de impuestos directos sobre unas propiedades que eran en último extremo de las clases privilegiadas y por el aumento de los precios agrícolas (con puntas tan extremadas como las que se dieron en los conflictos bélicos y en las frecuentes carestías, casi anuales desde 1791). En cambio los pequeños propietarios no pudieron emerger de la constante penuria debido a los diezmos e impuestos que les gravaban. Una situación que no cambiaría hasta Mendizábal.
La base de la economía eclesiástica no fue nunca la propiedad rústica, aunque no fue tan escasa como el 2 % aproximadamente que los estudios antes mencionados aventuran basándose en datos parciales, sino la constituida por los censos [AAVV., 1982: 147], que fueron desamortizados masivamente a partir de 1837, aunque faltan estudios concretos sobre el tema. Se da pues el caso de que el asunto en el que la desamortización más influyó está ayuno de un estudio pormenorizado, lo que revela las grandes lagunas que quedan aún por cubrir.
En cuanto al conservadurismo político de esta sociedad estamental, Miguel de los Santos Oliver [1901: 491] nos dice: “Mallorca era tenida en el resto de España por los hombres que dirigían el movimiento reformador y por los que procuraban detenerle, como un baluarte del Antiguo Régimen, no ya de la España genuinamente tradicional, de la España monárquica y federativa, sino de la España decadente y despótica del siglo XVIII”.
Ello fue tanto por su aislamiento geográfico, que la apartaba del movimiento de las ideas liberales, como por la masiva inmigración de la nobleza (unos 30.000 individuos) y el clero (3.000 sacerdotes) que huían de la guerra en la Península. Miles de reaccionarios se agolpaban por toda la ciudad y luego se extendieron por muchos pueblos, no bastando a compensar esto la inmigración de varios miles de industriales y comerciantes catalanes y valencianos.
Las islas padecieron por la guerra a pesar de que los inmigrados trajeron nuevas actividades. El aumento de impuestos, incluso con monetización del oro y la plata de las iglesias, supusieron una carga financiera que contribuyó a alterar a largo plazo la estructura social.
Decíamos sobre los informes recabados en 1809 por la Comisión de Cortes [Artola, 1976: tomo II, 129 y ss.], que el obispo de Menorca, el españolista Juano (expulsado en marzo de 1810 por un motín en la isla, promovido por el clero reaccionario), se revelaba como un ilustrado al pedir el libre comercio interior y de exportación, al quedar como impuestos sólo los de aduanas, de lujo y una contribución personal a pagar proporcionalmente a los bienes raíces (incluso con un baremo progresivo) y reducir el número de conventos y clérigos a los de verdadera vocación.
En cambio, el ayuntamiento de Palma de Mallorca [op. cit. 314-322] se mostraba mucho más conservador que el obispo de Menorca y no pedía reforma alguna de la propiedad (sobre su tradicionalismo baste decir que aún exigía limpieza de sangre en los cargos públicos). La Universidad de Mallorca [op. cit. 327-330] se atrevía al menos a pedir que se obligase a trabajar a todo varón capaz, bajo severas penas (alistamiento, pérdida de mayorazgos, etc.).
El obispo de Mallorca, Bernardo Nadal, fue diputado en las Cortes de Cádiz, llegando a presidir la comisión encargada de elaborar la Constitución de 1812. Nos falta un estudio especializado sobre su actuación en los debates, pero parece que su actitud fue bastante liberal en lo político y más conservadora en lo económico y social, oponiéndose radicalmente a toda desamortización eclesiástica, mientras que el clero mediano y bajo desarrolló una oposición mucho más reaccionaria, compartida por muchos obispos refugiados en Mallorca y que firmaron un célebre manifiesto en el que entre otros puntos defendían la propiedad eclesiástica y los señoríos jurisdiccionales, lo que provocó en abril de 1813 la expulsión de los obispos de Barcelona, Lérida, Urgel, Tarragona, Tortosa, Teruel, Cartagena y Pamplona por las autoridades liberales de la isla.

EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820).
En la exposición general citábamos a Fontana [1978: 208-212], que ha estudiado el tema en profundidad, demostrando que hacia 1820 había conventos, como el de Socorro en Ciudadela y el de San Vicente Ferrer de Manacor (de los dominicos) en estado de virtual bancarrota porque habían perdido la mayoría de sus ingresos provenientes de fincas rústicas para poder pagar los impuestos. En esta situación Fontana concluye que hubiera sido cuestión de tiempo que la Iglesia perdiera sus posesiones, sin necesidad de desamortizar de golpe y en masa.
Bartomeu Barceló defiende la tesis [1961: 168-170] de que los comerciantes renunciaron en este periodo a las aventuras comerciales (lógico cuando el comercio con América estaba prácticamente interrumpido) y destinaron sus capitales a la compra de las tierras de la nobleza (arruinada por los grandes impuestos derivados de la guerra) y de las que el clero ponía a la venta. Un proceso de inversión en la titularidad más que en las técnicas de cultivo.
En la isla de Mallorca pasaron prisión personalidades básicas de la futura desamortización como Canga Argüelles y Álvarez Guerra y fue fusilado el general Lacy. Era un bastión de la reacción absolutista, juzgado como tal por todos los liberales.

EL TRIENIO LIBERAL.
En Baleares el Trienio Liberal fue un periodo marcado por la represión contra el clero y los políticos conservadores. Lo demuestran hechos como el extrañamiento del obispo de Menorca (junto a otros obispos recalcitrantes), pero había motivos para el temor de los liberales: el motín de Palma de 1821 y la más importante rebelión de Campos en 1822 (con una fuerte base social campesina) eran buena muestra de la influencia absolutista en la isla.
La desvinculación supuso el comienzo de la movilización de la propiedad rural, antes amortizada en manos de la figura jurídica de l’hereu (similar al mayorazgo, que también existía en la isla desde 1700), aunque luego sería derogada esta reforma hasta el reinado de Isabel II (1836).
Se suprimen los conventos franciscanos de Alcudia, Artá, Llucmajor, Inca, Sóller y Jesús (Palma); se expulsa a los jesuitas, cerrándose su colegio de Montesión (en cuyo edificio se instaló la Universidad; se extinguen la Congregación de San Agustín y la Casa de San Cayetano el Real de Palma (Teatinos, actualmente San Felipe Neri). Otra intervención en los bienes de la Iglesia fue la monetización del oro y la plata de las iglesias, repitiéndose una medida de la guerra de Independencia.
Falta un estudio especializado sobre los artículos sobre la desamortización y desvinculación en el Setmanari Constitucional que publicó el abogado liberal Joan Josep Amengual i Reus, así como en los restantes periódicos del Trienio.

LA DÉCADA ABSOLUTISTA.
Las islas se sumergieron en una etapa profundamente depresiva al comienzo de este periodo, con un descenso demográfico en Mallorca bastante acusado (5,5 %). De esta depresión las Baleares que sólo surgieron poco a poco a partir de 1828 con la reactivación de la economía internacional (la onda expansiva de los precios), del comercio con América (patente en la década de los 30) y de la producción agraria.

LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.
La población de Palma en 1834 era un 25,39 % del total de la isla pero concentraba a 14 conventos con 550 frailes, y 11 conventos femeninos con 293 monjas, mientras que el resto de la isla, en 16 conventos tenía 244 frailes, y 2 conventos femeninos con 60 monjas. Era una Iglesia predominantemente urbana, lo que se reflejará en el alto valor relativo de las fincas urbanas puestas en venta. Había 6 conventos femeninos de raíz mallorquina que, por este motivo y su escasa importancia económica, no fueron molestados ni siquiera en los momentos más duros de la desamortización [Sáez, 1985: 283, los reduce a 5]: Hermanas de la Caridad de Manacor, Terciarias Franciscanas de Manacor y Terciarias Franciscanas “Ses Mestres” de Porreres, Hijas de la Caridad y Hermanas Trinitarias de Felanitx, y Hermanas de la Pureza de Palma. Su importancia futura en la enseñanza es manifiesta para todo conocedor de la realidad mallorquina.
La desamortización [Ferragut] alcanzó una intensidad y rapidez notables, afectando sobre todo a los edificios fundamentales de las Órdenes regulares, salvándose sólo los Concepcionistas de Sineu y las Órdenes femeninas. El 89,4 % del valor de remate perteneció a los bienes del clero regular y sólo el 10,6 % al secular. No menciona Ferragut el motivo fundamental que explica la rapidez de las ventas en el Gobierno de Espartero (1840-1843), cuando antes estaban estancadas. La razón que acude enseguida es que las autoridades y los posibles compradores dudaban antes ante la posibilidad de una victoria del carlismo que les hubiera puesto en un brete (y la pérdida de las inversiones). Sólo cuando comprendieron que la victoria liberal era permanente (1839) se aplicaron masivamente al negocio, con tal fruición que se liquidó de inmediato comparando Baleares a las otras regiones del país. No desdeñaron entrar en el asunto los propios carlistas, como lo demuestra que el mayor comprador del periodo fue el conde de San Simón, que en 1858 sería el principal apoyo de la intentona carlista del general Ortega y del pretendiente Montemolín y su hermano.
En Menorca la burguesía compró las 1.500 has de los agustinos de Ciudadela y el Toro, con lo que los pequeños campesinos quedaron relativamente marginados del proceso.
En Baleares la oposición conservadora fue tan marcada como durante el Trienio Liberal, de modo que el Gobierno tuvo que poner bajo vigilancia al obispo de Mallorca, señalando interventores (eclesiásticos más favorables) para la administración de los bienes de la diócesis [Menéndez Pelayo, 1882: II, 843]. En cuanto al obispo de Menorca, fue encausado por el Tribunal Supremo por resistirse a la exacción del indulto cuadragesimal (que se distribuía por cuenta del Gobierno).
El principal acontecimiento de esta reacción fue la rebelión de Manacor en el verano de 1835, que parece ser fue apoyada por el clero, pues era el momento de las primeras disposiciones sobre la desamortización eclesiástica, opinión que nos parece la más lógica, aunque otra línea de interpretación exime de responsabilidad al clero, aduciendo que ya estaba muy debilitado en el campo. Sorprende en este momento la fuerte oposición al carlismo en Palma, claramente colocada al lado liberal, tanto en la burguesía como en las clases populares, de modo que 1.400 voluntarios de la Guardia Nacional se amotinaron pidiendo que a los rebeldes carlistas se les aplicaran mayores penas que las dispuestas. Tal parece como si la oposición entre clases urbanas y rurales reprodujera el viejo enfrentamiento de ciutadans y forans, ahora entre partidarios del nuevo Régimen y del antiguo.
El convento de San Antonio, en la calle de San Miguel, fue desamortizado y estuvo muchos años sin uso hasta que en 1868 el Ayuntamiento de Palma lo destinó a los juzgados. Igual suerte corrió el predio de realengo de Porto Pi, subastado.
Desde 1851 la Iglesia de Baleares cambia su estrategia político-social y en vez de defender sus posiciones económicas se apresta a dominar la enseñanza [Sáez, 1985: 284], apoyando decididamente las congregaciones autóctonas en detrimento de las foráneas. Quedaban en este momento sólo 9 conventos de débil economía, la mayoría en pueblos estancados demográfica y económicamente y la hábil decisión del obispo Salvá (obispo de Mallorca en 1851-75) permitió sacar a la Iglesia de su postración y recuperar, si no los bienes, sí mucha de su influencia a través del casi monopolio de la educación, tanto de las clases dominantes como de las bajas. Fue una lucha por la vuelta a la pureza evangélica en la que la pobreza era una virtud y una necesidad pues en cuanto se saliera de ella podía darse la desamortización de los nuevos bienes. Desde 1851 a 1915, durante los obispados de Salvá, Jaume, Cervera y Campins baste señalar que se alcanzaron los 95 conventos femeninos (de 17 Ordenes) y 18 masculinos (de 5 Ordenes), con absoluto predominio de la baza femenina, uno de los puntales del conservadurismo mallorquín durante un siglo, tanto en el campo como en la ciudad. Mientras, la educación masculina de las clases altas quedaba bajo el dominio clerical y la de las clases bajas se entregaba en manos de la escuela pública.
Ya en el Trienio Liberal la nobleza comprendió pronto las grandes ventajas que ésta le daba para conseguir capitales a los que podía dedicar a otras actividades más rentables (comercio americano, industria, especulación financiera) y para pagar sus crecientes deudas. La forma que adoptó esta venta fue a veces por la parcelación y subasta entre los cultivadores, lo que favoreció la división de la propiedad y el acceso a ésta de los pequeños cultivadores y otras veces se vendió en bloque. Pero la clase social más beneficiada fue la de los grandes arrendatarios del periodo anterior, con el suficiente capital para comprar no sólo las pocas tierras de la Iglesia puestas en venta sino las rentas censales y, sobre todo, las muchas tierras nobiliarias que se vendieron en bloque. El motivo en estos casos no era la especulación sino el endeudamiento por lo que los compradores gozaron de fuertes plusvalías y procedieron en las décadas siguientes a la parcelación y la venta de las grandes fincas rústicas: un proceso en el que Juan March alcanzó grandes beneficios en el siglo XX, siguiendo una práctica muy arraigada en la burguesía mallorquina.
Gomila Gasoliva [1976] ha estudiado en Menorca los efectos de la desvinculación, comprobando que apareció un reducido grupo de burgueses (comerciantes de Mahón casi todos) que compraron las tierras de la arruinada aristocracia de Ciudadela y finalmente emparentaron con ella a lo largo del siglo XIX. Una nobleza que había mantenido casi inalterables sus propiedades desde el siglo XIII vio truncado su dominio en apenas 50 años.
Se ha señalado que entre 1834 y 1860 la proporción de propietarios entre los vecinos de la isla se incrementó notablemente [Moll; Suau; 1979: 118], pasando de 18,62 % a un 22,60 %, mientras que la proporción de jornaleros bajó de un 55 a un 49,40 %. Este proceso adquirió aún mayor velocidad en las décadas siguientes y es una de las explicaciones del conservadurismo de la sociedad mallorquina, pues los pequeños propietarios eran defensores acérrimos de sus nuevas adquisiciones y eran enemigos declarados de las nuevas ideas socialistas.
Comentábamos arriba que los censos eran la principal fuente de recursos económicos de la Iglesia mallorquina y que fueron desamortizados masivamente a partir de 1837, pero que faltan estudios especializados sobre el tema. ¿Hasta qué punto dañó esto al clero? Es manifiesto que la mayoría de nuestro clero se incorporó al partido apostólico y apoyó los intentos carlistas de apoderarse de las islas, junto a los jornaleros y propietarios campesinos más pobres y una minoría de nobles. Ya George Sand (por lo demás muy crítica con el derribo del convento de Santo Domingo y otros, por su valor artístico) había escrito en 1838 [p. 166], comentando los motivos de la inclinación carlista de la isla, aparte de su clericalismo: “Dentro de 20 años no quedarán aristócratas terratenientes en Mallorca [...] Los nobles son ricos en inmuebles, pobres en rentas y están arruinados por los préstamos”. Recoge también Sand el ánimo de los clérigos y nobles en decadencia que acusaban a los judíos (los xuetes) de tener en arriendo toda la isla, como grandes mercaderes arrendatarios (lo que explica retrospectivamente la sorprendente pervivencia del antijudaísmo entre las población católica mallorquina durante todo el siglo XIX). En todo caso sus palabras fueron proféticas, aunque se tardó algo más. Los nobles que no aprendieron a competir en la economía del siglo fueron arrumbados por la Historia.
Extrapolando esta situación a la de otras provincias mejor estudiadas podemos llegar a la hipótesis de que la supresión de los diezmos y la desamortización de los censos y de las tierras eclesiásticos supuso para una mayoría del campesinado y de los grupos sociales que vivían del Antiguo Régimen un descenso en sus ingresos, con una transferencia de rentas a favor de los nuevos propietarios y censalistas, pero faltan estudios que lo comprueben fehacientemente.
¿Cómo afectó a la población y la economía de las islas la desamortización y la desvinculación? Todo indica que muy positivamente, aunque no fue el único factor progresivo. La expansión del comercio americano, la seguridad en el Mediterráneo y las mejoras sanitarias se aliaron a la mejora paulatina de las condiciones de vida rurales para permitir entre 1845 y 1857, en apenas 12 años, un vigoroso aumento demográfico de un 15,5 %, sin parangón en la historia de Mallorca y este aumento siguió con fuerza hasta finales del decenio de 1880 (la crisis de la filoxera). Nuevos cultivos, como la patata y el almendro, y entre 1860 y 1880 la vid, con una ampliación de los regadíos, mejoraron las rentas agrarias, atrayendo nuevos capitales para la modernización del campo.

LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.
En Baleares los liberales cargaron enseguida contra el clero conservador. De las primeras decisiones de la Junta provisional [Durán, 1980: 16] fue la desocupación y derribo del convento e iglesia de San Felipe Neri (entonces a un lado de la actual Plaza Mayor) y no cabe extrañar que con tales medidas la oposición clerical fuese una repetición de las anteriores.
Baleares era una sociedad aislada y patriarcal, que se inclinaba de un modo natural al carlismo y a sus posiciones apostólicas y si éste no triunfo en las islas fue porque su tamaño e insularidad impedían cualquier resistencia a una ofensiva isabelina y ello era notorio para todos.
Según Grosske (a cuyo anterior comentario me remito para esta parte) la Iglesia fue poco afectada en este periodo, incidiendo en todo caso más sobre el clero secular que sobre el regular.

LA REVOLUCIÓN DE 1868.
En las islas Baleares fue la Revolución de 1868 el acontecimiento político que mejor demostró los cambios que había producido la desamortización y sobre todo la desvinculación (con mucho la reforma más importante para las islas) en una sociedad que pugnaba por incorporarse a la modernidad pero con fuertes resistencias del Antiguo Régimen, una tensión que se reflejó en los acontecimientos.
Según el archiduque Luis Salvador en 1870 los 40 mayores propietarios poseían 65.000 has en Mallorca (17,9 % de la superficie), pero lo cierto es que los nobles poseían ya sólo el 9,8 de la tierra y los porcentajes de la burguesía y del pequeño campesinado crecían sin cesar. La nobleza había claudicado ya en la lucha por el predominio rural.
Durán [1980: 247] señala que la vida rural del pequeño y mediano labrador en 1868 era la de “una explotación agrícola progresivamente de tipo familiar, con un auténtico y único peligro: el riesgo de despojo de la tierra por el hacendado o por el acreedor”.
Una sociedad conservadora y ancestral, en la que no calaban las reformas con facilidad. La misma burguesía, débil y desunida, parecía más deseosa de mantenerse por encima del proletariado que de enriquecerse y por ello pactó repetidamente con la nobleza y el clero, aunque no rechazó las oportunidades de comprar fincas desamortizadas. Más es evidente que quienes más beneficiaron de esas compras fueron los pocos nobles que tenían liquidez monetaria y que eran los mismos que habían captado el espíritu de los nuevos tiempos, entrando mucho antes en las compañías navieras y mercantiles. Aristócratas como el conde de San Simón fueron los que se beneficiaron más de la desamortización, pero no con un ánimo de mantener latifundios sino de especular con las nuevas tierras al repartirlas y venderlas.
Durán, estudiando las repercusiones en Mallorca de la Revolución de 1868, escoge un texto de la época (del cronista de la Revolución Española de 1868, p. 7) para resumir acertadamente la situación:
“No se culpe a los baleares del carácter que tuvo su expansión porque propio es del afligido cuando se queja señalar la parte donde le duele el mal. Las provincias baleares son de las más feudales que hay en España; son las que guardan más huellas de los antiguos señoríos, y esto explica porque en esta ocasión atacaron instituciones que fueron respetadas en otros lugares”.
¿Sufrió la Iglesia en el periodo 1868-1874 un golpe semejante al de 1835-1843 ? Todo indica que aunque vio mermadas sus propiedades en cambio no sufrió un acoso ni un debilitamiento comparable. Durán parece seguir la tesis de Vicens Vives de que hacia 1868 la Iglesia de Mallorca era lo bastante fuerte y activa como para superar sin grave quebranto la nueva arremetida anticlerical, manifiesta en medidas como que el patrimonio artístico fuera incautado bajo la responsabilidad directa del gobernador Seriñá. También Ses casetas d’es Mirador, propiedad del Cabildo Catedralicio, fueron motivo de enfrentamiento con el Ayuntamiento de Palma, que las derribó. En Andratx el Ayuntamiento republicano se enfrentó al obispo por la propiedad de la iglesia de S’Arracó, del predio de San Telm y del cementerio de Andratx.
Pero no todas las medidas eran agresivas: en Palma se combatió el paro con iniciativas de obras públicas como la apertura de la calle de San Elías en terrenos procedentes del convento del Carmen de Palma.
Para hacer frente a las necesidades de la Hacienda Pública se subastaron con urgencia varios bienes que habían escapado a las anteriores desamortizaciones.
Durán [1980: 191-192] las relaciona: 1. Predios de las Tosas de Escorca, Aubarca, C’an Alou de Felanitx tasado en 10.359 escudos y Hort vell de Felanitx -en 4.511,9 escudos- (los cuatro, vendidos por separado, eran de la cofradía de San Pedro y San Bernardo). 2. Predio La Elia de Petra (del ex convento de Menores). 3. Tierras del convento de Santa Catalina de Sena en Petra. 4. Derecho de agua (iglesia de Banyalbufar), tasada en 866,025 escudos. 5. Hacienda C’an Mateu, en parroquia de Jesús (catedral de Ibiza), tasada en 5.700 escudos. 6. Predio Garriga tancada (de los bienes comunes de Sa Pobla), tasado en 1.836 escudos. 7. Hostal en Sineu (del extinto convento de Mínimos). 8. Tierras eclesiásticas en Mercadal de Menorca. 9. Cuatro fincas rústicas del clero en Petra.
Como vemos había una pequeña finca urbana, un derecho de agua y, sobre todo, fincas rústicas de la Iglesia. Mención aparte para una finca de los bienes de comunes.
Además se vendieron los bienes en Mallorca de la diócesis de Barcelona (orden del Ministerio de Hacienda de 17 de noviembre de 1869), cinco fincas de realengo en Alcudia y se arrendó por cinco años la finca urbana de S’Hort del Rei en Palma.

CONCLUSIÓN SOBRE BALEARES.
Las principales tesis básicas son:
- Faltan aún muchos estudios sobre el tema, sobre lo ocurrido antes de 1836, sobre las ventas voluntarias de tierras por la Iglesia para pagar las contribuciones durante la crisis fiscal de finales del Antiguo Régimen y sobre los censos.
- La desamortización fue menos importante por las tierras vendidas que por el cambio de titularidad de los censos y por el impacto psicológico que tuvo sobre la sociedad.
- Mucho más importantes fueron la desaparición de los diezmos eclesiásticos y la desvinculación de los mayorazgos y tierras de l’hereu, que permitió (y liberó) a la aristocracia vender sus tierras a lo largo del siglo.
- La Iglesia sobrevivió y se adaptó con éxito a los nuevos tiempos, apostando por el monopolio de la enseñanza y una nueva moral de pobreza.
- El proceso de cambio de la estructura de la propiedad agraria y de su economía comenzó mucho antes, a finales del siglo XVIII, con un lento descenso de la propiedad nobiliaria y el correlativo ascenso de la burguesía rural, favorecida por el negocio de los repartiments de finales del XIX.
- Este movimiento de la propiedad devino en una agricultura relativamente moderna, basada en monocultivos comerciales de productos claramente competitivos en los mercados internacionales (vid, almendro, legumbres, patatas, higos, cítricos), con un aumento del precio y de las rentas de la tierra.
- El campo mallorquín del XIX, en definitiva, no supuso una rémora para la economía isleña sino un factor de estabilidad demográfica y social, amén de una importante fuente de acumulación de capital, que con el tiempo se invertiría en sectores industriales, comerciales y financieros, antes de encontrar el vellocino de oro: el turismo.

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