OP UD 39. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y
PRIMEROS INTENTOS DEMOCRATIZADORES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
/ HE UD 11. La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833).
/ HE UD 12. La construcción del Estado liberal (1833-1868).
/ HE UD 13. La crisis del Estado liberal (1868-1875).
/ HE UD 14. La consolidación del Estado liberal (1875-1898).
INTRODUCCIÓN.
1. LA CRISIS POLÍTICA
DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN EL REINADO DE FERNANDO VII.
1.1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
Y LAS CORTES DE CÁDIZ.
EL INICIO DE LA GUERRA.
El desprestigio
de Carlos IV y Godoy.
El motín de
Aranjuez.
La crisis de
Bayona.
El levantamiento
popular.
Las Juntas
revolucionarias.
La revolución
liberal de España.
Los afrancesados.
1.2. LA REACCIÓN: EL
PRIMER SEXENIO (1814-1820).
El regreso de
Fernando VII.
El rechazo de la Constitución.
La fase
absolutista: persecución de los liberales.
1.3. EL TRIENIO
LIBERAL (1820-1823).
El
pronunciamiento de Riego.
El gobierno de
los liberales.
La reacción.
1.4. LA DÉCADA
ABSOLUTISTA (1823-1833).
Los
intransigentes.
La guerra de los
agraviados.
La cuestión
dinástica.
2. LA ESPAÑA
ISABELINA (1833-1868). LA
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
2.1. REGENCIAS DE
MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
EL CONFLICTO CARLISTA.
El carlismo.
La primera guerra
carlista (1833-1840).
EL TRÁNSITO DEL
ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de
María Cristina (1833-1840).
Absolutismo
moderado.
Liberalismo
moderado.
Liberalismo
progresista.
La regencia de
Espartero (1841-1843).
Liberales:
moderados y progresistas.
El papel político
del ejército.
2.2. LA DÉCADA
MODERADA (1844-1854).
Narváez.
Las reformas
moderadas.
La segunda guerra
carlista (1846-1849).
2.3. EL BIENIO
PROGRESISTA (1854-1856).
La revolución.
Las reformas
progresistas.
La reacción.
2.4. LOS MODERADOS Y
LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno
O’Donnell-Narváez (1856-1868).
El “gobierno
largo” de O’Donnell (1858-1863).
Los gobiernos
cortos del final del régimen (1863-1868).
Los primeros
gobiernos personales.
El gobierno Narváez
(1864-1865).
El último
gobierno O’Donnell (1865-1866).
El último
gobierno Narváez (1866-1868).
El gobierno
González Bravo (1868).
3. EL SEXENIO
REVOLUCIONARIO (1868-1874) Y LA RESTAURACIÓN.
3.1. LA REVOLUCIÓN DE
SEPTIEMBRE.
Las causas.
El estallido revolucionario.
Los partidos del
gobierno.
Los partidos de
la oposición.
Los problemas
políticos y sociales.
3.2. LA CONSTITUCIÓN DE
1869.
3.3. EL REINADO DE
AMADEO DE SABOYA (1871-1873).
El problema de
las candidaturas.
El reinado
constitucional.
El inicio de la
tercera guerra carlista.
3.4. LA PRIMERA
REPÚBLICA (1873-1874).
La república
federal.
La república
unitaria presidencialista.
3.5. EL INICIO DE LA RESTAURACIÓN
(1874-1876).
Cánovas: el
artífice.
El golpe de
Sagunto.
EL SISTEMA POLÍTICO
DE LA RESTAURACIÓN.
Instituciones
históricas.
Dos partidos:
conservador y liberal.
INTRODUCCIÓN.
La UD tiene una
enorme amplitud y es preciso acotarla. Se centra en los aspectos políticos,
pues los aspectos económicos y sociales se explican en la UD 40), pero subsiste
el problema de los límites temporales de este tema, con dos opciones: a)
1833-1874: el reinado de Isabel II y el Sexenio revolucionario. b) 1808-1876,
incluyendo el reinado de Fernando VII y el principio de la Restauración.
La primera opción se
basa en el currículo de Bachillerato, que deja fuera tanto el reinado de
Fernando VII (bloque 2), como la Restauración (bloque 4), pues señala en la
materia de Historia (común en 2º de Bachillerato) estos contenidos en el bloque
3:
3. Construcción
del Estado liberal e intentos democratizadores.
El carlismo y las
opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en el reinado de Isabel
II.
El sexenio
democrático. La
Constitución de 1869. La Primera República.
Por nuestra parte,
escogemos la segunda opción, más amplia, porque entendemos que en el siglo XIX
la construcción en España de un Estado liberal y los primeros intentos
democratizadores se extienden al menos desde la Constitución de Cádiz en 1812
hasta la Restauración de 1875.
Resumen.
La guerra de
Independencia (1808-1814) y la Constitución de Cádiz (1812) fueron los primeros
episodios de la construcción de un Estado liberal, pero fracasó porque las
fuerzas del Antiguo Régimen, eran demasiado fuertes. Pero el liberalismo y el
nacionalismo surgieron entonces.
La primera etapa
absolutista (1814-1820) del reinado de Fernando VII fue un retorno a los peores
tiempos del Antiguo Régimen, en un país quebrado económica y humanamente, pero
los liberales fueron cercando al régimen absolutista, hasta derribarlo.
Mientras, el imperio colonial americano se deshacía finalmente en 1824, salvo en
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
El Trienio Liberal
(1820-1823) fue otro intento fracasado de lograr un entendimiento entre las
fuerzas liberales y las absolutistas que rodeaban al Trono. La falta de acuerdo
llevó a la radicalización de liberales y realistas y por la intervención de la
Santa Alianza, que devolvió el poder absoluto a Fernando.
La reacción de la
segunda etapa absolutista (1823-1833), estuvo marcada por la represión, ciertas
reformas, los levantamientos realistas y las conspiraciones liberales, hasta
que el problema sucesorio llevó al rey a evolucionar a posiciones más cercanas
a los liberales.
La primera guerra
carlista (1833-1840) fue el primer gran conflicto civil entre los absolutistas
(carlistas) y los liberales (cristinos). El triunfo de estos supuso la
confirmación del dominio burgués en España, pero aliado a los grupos sociales
dominantes del Antiguo Régimen (los propietarios, la nobleza), lo que redujo su
capacidad reformista. Además, supuso el encumbramiento del ejército como factor
esencial de la política nacional, lo que desnaturalizó el juego político. Los
cambios políticos no dependerán de las elecciones sino de la presión militar.
El gobierno
progresista de Espartero (1840-1843) fracasó en promover las reformas
liberales, por su falta de habilidad en lograr un consenso, y fue derribado por
un golpe de estado.
El reinado de Isabel
II, iniciado en realidad en 1843, fue un periodo de inestabilidad política,
salvo en los gobiernos de los militares Narváez y O’Donnell. El conservadurismo
de la reina fue minando su apoyo. En cambio, fue un periodo de notable
crecimiento económico (desamortización, industrialización, ferrocarriles,
banca, minería...) y demográfico.
El periodo moderado
(1843-1854), dirigido sobre todo por Narváez, fue una primera etapa de reformas
conservadoras que racionalizaron al Estado.
El Bienio Progresista
(1854-1856), encabezado por Espartero y O’Donnell fue un fracasado intento de
lograr un consenso para hacer las reformas necesarias, pero la radicalización
de los partidos y la ruptura del orden público lo hundieron.
El periodo
moderado-unionista (1856-1868), fue dirigido alternativamente por el moderado
Narváez y, sobre todo, por el unionista O’Donnell (1858-1863), en un intento
reformista a través de la Unión Liberal (centristas provenientes de los otros
dos grandes partidos). O’Donnell logró notables resultados económicos e hizo
una política exterior de prestigio, pero falló por el conservadurismo de Isabel
II, que desde 1863 promovió ocho gobiernos personales y moderados (Narváez en
dos ocasiones), que al llegar la crisis económica de 1866-1867 habían aislado
al Trono.
La Revolución de
1868 fue una ocasión excepcional, que se perdió cuando había inicialmente un
gran consenso en los partidos de centro (moderados, progresistas, unionistas y
demócratas reconvertidos todos en dos: constitucionales y radicales) para
completar la revolución liberal. En apenas dos años las favorables expectativas
se desvanecieron, por las disputas internas y por la oposición de carlistas,
alfonsinos y republicanos, además de que en Cuba estalló una primera y cruel
guerra de independencia. Prim fue asesinado en diciembre de 1870. Desde 1872 la
guerra civil carlista asoló amplias zonas del país. En 1873 la monarquía constitucional
de Amadeo terminaba y se proclamaba la República, pronto desbordada por las
divisiones internas de los republicanos, la falta de apoyo popular, las guerras
carlista y de Cuba y por la rebelión cantonalista. Un golpe militar liquidó la
situación en 1874 y, tras un año de interinidad, en 1875 otro golpe militar
restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II.
El régimen de la
Restauración, ideado por Cánovas, con una soberanía compartida por el rey y las
Cortes, y un bipartidismo conservador-liberal, logró asentar la monarquía y un
largo periodo de estabilidad constitucional y desarrollo económico, pero no
solventó algunos problemas fundamentales: la pérdida de las últimas colonias en
1898 que desencadenó una gran crisis nacional, la miseria del campesinado sin
tierras y de los obreros industriales, la falta de un empresariado capitalista
competitivo. Estos problemas pesarán sobre el siglo XX.
Una
interpretación crítica del siglo XIX español.
[Riquer i Permanyer, Borja de. La
historia de un país normal, pero no tanto. “El País” (17-III-1998) 14.]
En el siglo XIX
España vivió la difícil construcción de un Estado liberal, pero se frustró por
varias causas:
- La debilidad
política del propio liberalismo decimonónico, evidenciada por la debilidad de
las propuestas civilistas frente a un militarismo extremadamente poderoso, cuyo
dominio en la España de los siglos XIX y XX no tiene paralelos en Europa.
- La existencia de
un excepcional movimiento antiliberal, el carlismo, que no sólo provocó tres
conflictos civiles en el siglo XIX, sino que incluso estuvo presente en la
guerra civil de 1936-1939. Es decir, persistió más de un siglo, superando de
lejos al miguelismo portugués y al legitimismo francés.
- La débil
nacionalización de los ciudadanos a lo largo del siglo XIX, resultado no sólo
de las precariedades del propio Estado liberal, sino también de la ausencia de
un proyecto nacionalista español con capacidad de generar un amplio consenso.
- La pérdida de todo
el imperio colonial, en dos fases (rematadas en 1824 y 1898), al contrario de
la dinámica europea.
- El cuestionamiento
de la identidad de la nación, por el “desastre de 1898” .
- El surgimiento
(caso único en Europa) a finales del siglo XIX de movimientos nacionalistas en
las regiones más desarrolladas (Cataluña y País Vasco). Movimientos que se
desarrollarán en el siglo XX hasta constituirse hoy en poderosas fuerzas
políticas en sus territorios.
- España sufre un
profundo aislamiento europeo: carecerá de presencia significativa en la vida
europea contemporánea. Desde 1814 no participa en ninguna alianza (diplomática,
militar o económica) ni guerra continental, excepto desde finales del siglo XX
(OTAN, UE).
- Todo esto explica
que en el siglo XX España es el único país europeo que sufre una sangrienta
guerra civil, de 30 meses de duración, que provocará una profunda ruptura
interior y que sufra un régimen fascista de larga duración, casi 40 años.
Ante este panorama
histórico hay dos grandes líneas interpretativas: la pesimista y la optimista.
La primera ha sido la dominante; Carande resumirá así la historia española de
los siglos XIX y XX: “Demasiados retrocesos”.
Por contra, Palafox
y Fusi consideran que el fracaso de la Corona y de los partidos liberales (progresista
y moderado) para montar un régimen parlamentario estable y una democracia
auténtica no deben ocultar, empero, que en el siglo XIX triunfó la burguesía y
se construyó una sociedad más moderna y europea, con un mercado económico
nacional e instituciones más modernas.
1. LA CRISIS
POLÍTICA DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN EL REINADO DE FERNANDO VII.
1.1. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
Y LAS CORTES DE CÁDIZ.
EL INICIO DE LA GUERRA.
El desprestigio
de Carlos IV y Godoy.
La familia de Carlos IV. Goya. El príncipe Fernando, en primer plano a la izquierda.
Retrato de Manuel Godoy. Goya.
El rey Carlos IV y su primer
ministro Manuel Godoy habían perdido desde hacia tiempo el apoyo popular debido a la crisis
política (oposición al nepotismo de Godoy, escándalo por las supuestas relaciones
de Godoy y la reina, represión sobre los reformistas), bélica (derrotas navales
de San Vicente y Trafalgar), económica (malas cosechas, déficit de la Hacienda,
interrupción por la flota británica del comercio con América). La entrada de
tropas francesas a principios de 1808 para preparar la invasión de Portugal
aumenta el descontento. En marzo llega el general francés Murat a Madrid y,
cuando el ejército francés es ya superior al español, Napoleón exige la entrega
a Francia de los territorios al norte del Ebro a cambio de territorios
portugueses, más la apertura del comercio americano a los franceses. Godoy
decide entonces trasladar la familia real a Andalucía para preparar la
resistencia, pero el príncipe Fernando y sus partidarios lo impiden con un motín.
El motín de
Aranjuez.
Fernando VII
(1808-1833) asciende al trono gracias al motín de Aranjuez (17 marzo 1808), una
violenta revuelta popular organizada por los partidarios del príncipe que
consiguió primero la destitución de Godoy y dos días después la abdicación de
Carlos IV. Esta es la primera aparición exitosa del pueblo llano como sujeto de
las revoluciones en España y será una experiencia decisiva para el futuro.
La crisis de
Bayona.
Napoleón se propone
como mediador entre Carlos IV y su hijo Fernando VII y atrae a toda la familia
real y a Godoy a Bayona, donde presiona para conseguir que Fernando devuelva el
trono a su padre y luego para que este se lo ceda a él mismo, que lo entrega a
su hermano José I y lo legitima con una reunión de Cortes españolas en Bayona
(junio 1808), que promulga una Constitución muy modernizadora, para atraerse el
apoyo de los reformistas.
El levantamiento
popular.
El ejército francés
ocupa entonces Madrid, Barcelona y algunas ciudades estratégicas. El alzamiento
de los españoles contra los invasores fue espontáneo en los primeros días, como
el 2 de mayo en Madrid, duramente reprimido.
La resistencia de Madrid el 2 de mayo.
La carga de los mamelucos el 2 de mayo. Goya.
Los fusilamientos del 3 de mayo. Goya.
Las Juntas
revolucionarias.
Pero a las pocas
semanas ya se habían formado Juntas revolucionarias para dirigir la resistencia.
La primera, la de Asturias, declaró la guerra a Francia y solicitó la ayuda
inglesa. Llegaron a constituirse 18 Juntas provinciales, con competencias en
sus respectivas zonas para organizar la resistencia frente al invasor. Sus
miembros eran representantes de las tradicionales clases dominantes: nobleza,
clero, burguesía.
La resistencia
obtuvo un éxito inesperado. En julio el ejército español vence en Bailén, con
lo que se libera Andalucía, y a continuación José I abandona Madrid y el
ejército francés que ocupa Portugal debe retirarse.
Como esta
multiplicación de Juntas no era adecuada para una situación de guerra, fueron
sustituidas en septiembre por la Junta Central compuesta por dos delegados de
cada provincia. Su sede cambió ante el avance de los invasores; de Aranjuez
pasó a Sevilla y finalmente a Cádiz. Napoleón había reaccionado a finales de
1808, invadiendo con otro poderoso ejército el país y reinstalando a José I en
Madrid. La ocupación pronto se extendió por casi todo el país (menos las islas
y Cádiz), aunque la guerrilla mantuvo la resistencia en amplias zonas.
Mapas de la Guerra de Independencia.
La revolución
liberal de España.
La Junta Central
traspasó en enero de 1810 sus poderes a un Consejo de Regencia, que gobernaría
en nombre de Fernando VII, y le pidió que convocara Cortes, donde se aprobarían
las medidas necesarias para modernizar el país. Es un evento de gran
trascendencia, porque en estos años de guerra en España tuvo lugar, además, una
revolución, porque modificó su régimen político. Las Cortes se abrieron en Cádiz
en 1810 y entre los diputados se distinguieron desde el primer momento dos
grupos:
- Absolutistas,
partidarios de respetar la autoridad absoluta del rey.
- Liberales, quienes
deseaban limitar la autoridad real con una mayor participación del pueblo.
En la sesión
inaugural destacó un discurso de Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, en el
que defendió la soberanía de la nación. Con este discurso pudo comprobarse que
los liberales eran la mayoría, lo cual hizo posible que se promulgaran leyes
sobre la supresión de la tortura, la abolición de la Inquisición y la libertad
de prensa.
Los afrancesados.
Al conquistar la
mayor parte de España los ejércitos napoleónicos, José I, hermano de Napoleón,
se hizo con el poder oficial en Madrid. Apenas contó con un reducido grupo de
partidarios, que fueron llamados despectivamente los “afrancesados”.
Los afrancesados
colaboraron con el régimen josefino por dos razones fundamentales:
evitar una guerra que consideraban inútil y ruinosa contra Napoleón, y llevar a
cabo un programa de reformas políticas y sociales de signo liberal aunque moderado.
Pero los intentos de atraerse a la población fueron inútiles, sobre todo por la
violencia de la ocupación francesa durante la Guerra de Independencia y no
pudieron controlar amplias zonas donde las juntas revolucionarias seguían defendiendo
la dinastía borbónica
Los más prominentes
fueron Cabarrús, Azanza, Cevallos, Urquijo, Lista, Moratín y Javier de Burgos.
La mayor parte se exiliaron en Francia al terminar la guerra en 1813 y no
pudieron regresar hasta el Trienio Liberal (1820-1823).
LA CONSTITUCIÓN DE
CÁDIZ (1812).
Tras dos años de
debates la medida más trascendental fue la aprobación de una Constitución, una
ley fundamental que regulaba las instituciones y los derechos de los españoles.
Se consignaba en ella la educación que debía darse a los ciudadanos, los
impuestos, la religión (se confirmaba la católica como única del pueblo
español). La Constitución modificó el régimen político e implantó el liberal al
introducir dos ideas básicas de dicho régimen: la soberanía nacional y la
división de poderes.
Pero el experimento
constitucional liberal tendrá una vida muy breve, por la falta de un apoyo
político y social, ya que tenía el favor de la burguesía pero se oponían el rey, la
nobleza, el alto clero y las clases populares, y también porque sufría un
grave error constitucional: no era un régimen parlamentario moderno porque el
poder ejecutivo correspondía en realidad a las Cortes, con lo que el rey y el
Gobierno sólo podían obedecerlas, puesto que el papel del rey no estaba previsto, el
Gobierno no era elegido por una mayoría parlamentaria, los ministros no podían
ser parlamentarios y estos no podían ser reelegidos. Este fallo imposibilitó
que funcionase, tanto en 1812-1814 como en su restablecimiento durante el
Trienio Liberal de 1820-1823.
1.2. LA REACCIÓN: EL
PRIMER SEXENIO (1814-1820).
El regreso de
Fernando VII.
Durante la guerra
con los franceses el rey Fernando VII fue prisionero de los franceses. Al
término de la guerra, regresó a España en mayo de 1814 en medio del clamor
popular. Su condición de prisionero multiplicó su popularidad, hasta el punto
de llamársele “El Deseado”.
El rechazo de la
Constitución.
El rey retornado pronto
frustró las esperanzas de los liberales españoles, porque expresó
su propósito de no aceptar la Constitución de Cádiz porque limitaba su poder. Le espoleaba el “Manifiesto de los Persas”, de 69 diputados absolutistas, que habían vuelto a ser un grupo importante, denominado "los serviles, en las Cortes tras las elecciones de 1813, como representantes del realismo y del Antiguo Régimen, frente al grupo de "los liberales", y contaba con el apoyo militar del general Elío. El rey firmó el decreto de Valencia en mayo de 1814, en el que rechazaba cualquier
limitación de su autoridad y sólo aceptaba unas Cortes tradicionales, con los
viejos tres estamentos. El 13 de mayo entró en Madrid como gobernante otra vez absoluto. Era un golpe de Estado desde arriba, con amplio apoyo político, militar y social.
v
Fernando VII.
La fase
absolutista: persecución de los liberales.
Los liberales fueron
perseguidos; se les acusaba de haber atentado contra la autoridad sagrada del
monarca y por ello muchas destacadas personalidades de las Cortes de Cádiz
fueron condenadas al destierro. La posterior amnistía de 1816 fue muy corta y no
solucionó el problema de los emigrados.
Pero en el ejército
no fue tan profunda la represión reaccionaria y varios militares liberales
organizaron fracasadas conspiraciones y pronunciamientos, fracasados hasta 1820,
como los del famoso guerrillero Espoz y Mina (septiembre de 1814), Díaz Porlier
en La Coruña (septiembre de 1815), Richart y Renovales en la “Conspiración del
Triángulo” (1816), Lacy (abril de 1817) y Vidal en Valencia (diciembre de 1819).
Ejecución del general Lacy en el foso del castillo de Bellver.
Se restauró el
Tribunal de la Inquisición, se devolvieron a los conventos las tierras que los
liberales habían desamortizado y los nobles recuperaron sus privilegios y su poder.
La situación económica,
fiscal y política empeoraba, mientras las colonias se independizaban, en un
círculo vicioso: la crisis económica europea se agravaba en España por las
pérdidas humanas (entre 300.000 y 500.000 muertos), la destrucción material y las deudas de
la guerra, la pérdida del mercado americano, la exención fiscal de los
estamentos privilegiados, y todo ello impedía realizar las reformas económicas y
militares que restablecieran la situación anterior. El Antiguo Régimen fenecía.
1.3. EL TRIENIO
LIBERAL (1820-1823).
El
pronunciamiento de Riego.
El 1 de enero de
1820 el comandante (luego coronel) Riego realiza un nuevo pronunciamiento militar,
apoyándose en las tropas concentradas en Cádiz para una expedición a América.
Proclamó la vigencia de la Constitución de Cádiz. Muchas guarniciones se le
unieron en las semanas siguientes. Dos meses después el rey aceptó la situación
en un manifiesto: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda
constitucional”. El apoyo del ejército había sido imprescindible para el
triunfo de la revolución.
El gobierno de
los liberales.
El restablecimiento
de la Constitución de Cádiz significó las libertades de imprenta, reunión...
pero era ineficaz para resolver el engarce entre Parlamento, Gobierno y rey,
como ya se explicó arriba. Los liberales procuraron gobernar con un sistema de
cogestión monárquico-parlamentario, pero este no podría realizarse porque una
parte (el rey) no era leal al sistema. El rey procuraba frenar todas las
reformas mediante el derecho al veto (p.e. a la abolición de los señoríos).
Esta actitud provocó
una división entre los liberales, que impidió un consenso en las reformas:
- Los “moderados”:
los doceañistas, pues muchos habían participado en las Cortes de Cádiz, partidarios
de que la participación del rey era indispensable en las reformas. Eran mayoritarios
en las Cortes (elegidas en julio de 1820) y controlaron los primeros gobiernos:
Pérez de Castro, Bardají, Martínez de la Rosa, y la Milicia Nacional. Su base
social era la alta burguesía y los propietarios.
- Los “exaltados”:
que reducían el papel del rey a un poder representativo y ejecutivo. Se
apoyaban en el ejército, las 275 Sociedades Patrióticas (clubes políticos de
debate) y las sociedades secretas (masones, comuneros, carbonarios). Su base
social era la pequeña burguesía y las clases populares.
Los moderados
gobernaron los dos primeros años y se inició una etapa de reformas rápidas:
- Supresión de la
Inquisición (su final definitivo).
- Reforma agraria:
reducción del diezmo a la mitad para abaratar los productos de consumo, entrega
de las tierras concejiles a los campesinos, supresión de los señoríos y
mayorazgos, venta de las tierras de los conventos con menos de 24 frailes y de
las Órdenes militares.
- Creación de la
Milicia nacional, compuesta de voluntarios armados que mantenían el orden en
las ciudades y que serán el principal soporte del liberalismo moderado.
La división entre
moderados y exaltados creció con la disolución de las fuerzas de Riego en
septiembre de 1820 y su destitución como capitán general de Aragón en
septiembre de 1821. En el último año dominaron los “exaltados”: el ambiente
revolucionario se vivió con fervor exaltado. En los clubes de las Sociedades
Patrióticas se leía la Constitución y la prensa, se discutía de política y se
repartía sopa a los pobres. Al mismo tiempo se reprimía a las partidas
realistas.
La reacción.
Entretanto los
partidarios del rey conspiraban y la contrarrevolución era apoyada por la mayoría
de los obispos y el clero, exasperados por las medidas anticlericales de los
liberales, por un grupo de diputados absolutistas y por bandas de campesinos
armados, mezcla de guerrilleros y bandoleros, que promovieron en Cataluña la
“guerra realista” (1822-1823), pero estaban organizados en pequeñas bandas
guerrilleras y fueron derrotados.
Fernando VII no hubiera
recuperado su poder ilimitado con sólo estos apoyos. Los monarcas absolutistas
europeos, alarmados por el ejemplo español —muy influyente
en Italia—, acordaron en el Congreso de Verona la intervención
exterior. Un ejército francés, denominado los Cien Mil Hijos de San Luis
(65.000 franceses y 35.000 voluntarios españoles), mandado por el duque de
Angulema, penetró en territorio español, hasta el último reducto de Cádiz y
restauró el absolutismo. La represión fue brutal (p.e. mil oficiales depurados
y 132 fusilados) y los principales liberales fueron fusilados (Riego) o
encarcelados; la mayoría se exilió.
El duque de Angulema saludando al rey Fernando VII.
1.4. LA DÉCADA
ABSOLUTISTA (1823-1833).
Los
intransigentes.
Los liberales la
llamaron “ominosa década” o decenio abominable, por la intensificación del
despotismo. La Milicia nacional es suprimida y se crean unidades de voluntarios
realistas, con presupuesto propio. Se restablecieron los mayorazgos y señoríos,
se devolvieron los bienes eclesiásticos expropiados, se recuperaron los
diezmos... Pese a ello, el gobierno, con hombres reformistas como López
Ballesteros y Cea Bermúdez tuvo aciertos parciales en la reforma de la Hacienda
y la Administración.
Los absolutistas se
dividieron en dos sectores, intransigente y moderado. En el sector
intransigente, más absolutista que el propio rey, actuaban algunas sociedades
secretas como “El Ángel Exterminador”, que exigían el exterminio de los
liberales. A las medidas de gracia para los liberales que proponía el duque de
Angulema (un ejército francés de ocupación permaneció hasta 1828) y algunos
diplomáticos, y que el rey deseaba, se opusieron los intransigentes. El rey,
empero, consiguió negarse a la restauración de la Inquisición y desde 1826 se
apoya en el sector moderado, partidario de un entendimiento con los liberales.
Mientras, la situación financiera era lamentable.
La guerra de los
agraviados.
Los intransigentes
llegaron a organizar conspiraciones para obligar al monarca a actuar con mayor
dureza y al fracasar promovieron una nueva guerra en Cataluña (primavera 1827),
de los “agraviados” o “malcontents”.
Era una revuelta
campesina de católicos extremistas, con la misma base social que la anterior
“guerra realista”, y motivada también por la presión fiscal sobre el
campesinado y por las quejas de los “voluntarios” respecto a las pagas. Se
defendía un absolutismo extremo, superando el absolutismo moderado que
practicaba en esta etapa Fernando VII, y a favor de los derechos sucesorios de
Carlos. Las partidas rebeldes se apoderaron de varias comarcas y poblaciones (Berga,
Vic, Cervera, Solsona, Olot) pero la intervención militar personal del rey la
reprimió duramente en pocos días.
La cuestión
dinástica.
Más trascendencia
ofreció el problema de la sucesión al trono. Los intransigentes del partido “apostólico”,
desengañados por la moderación de Fernando VII, pusieron sus esperanzas en su
hermano Don Carlos, que era el sucesor, ya que el rey no tenía hijos. Ambos
partidos tenían razones constitucionales de su parte.
La situación
sucesoria cambió en 1830. En ese año Fernando VII publicó la Pragmática Sanción
de 1789 (que no había sido publicada entonces), que abolía la Ley Sálica de 1713,
según la cual las mujeres no podían ocupar el trono, y poco después tuvo una
hija, la futura Isabel II. Mientras, seguían la represión en 1831 (fusilamiento
de Mariana Pineda por coser una bandera liberal) y los pronunciamientos
liberales (Torrijos). En el exterior Francia ya no podía apoyar a los
absolutistas después de la revolución de 1830. La división de la Corte y las
dudas del rey llevaron a este, durante una grave enfermedad, al error de los
Sucesos de la Granja (18-IX-1832), cuando por presión del jefe de gobierno
efectivo, Calomarde, el rey restauró la línea sucesoria masculina para luego,
al mejorar su salud, volver a sostener los derechos de su hija, reimponer la
Pragmática Sanción (28-IX) y destituir a Calomarde, nombrando como jefe de
gobierno al moderado Cea Bermúdez, quien procedió a dictar una amnistía para
los exiliados liberales (20-X-1832), creó el ministerio de Fomento, separó del
mando militar a los oficiales más absolutistas, disolvió las unidades de voluntarios
realistas y renovó los ayuntamientos con miembros de la burguesía.
En los últimos meses
de su reinado, el rey, influido por su esposa y los moderados, se acercará
crecientemente a los liberales, formándose el partido “isabelino” o “cristino”.
Se pusieron así las
bases para el mayor enfrentamiento en la España del siglo XIX, que opuso a dos
movimientos político-sociales: el carlismo y el liberalismo.
2. LA ESPAÑA
ISABELINA (1833-1868).
El reinado de Isabel
II se caracteriza por una extraordinaria inestabilidad: cambios de gobierno y
de Constitución, mientras dos grandes partidos políticos, moderados y
progresistas, se enfrentan por el poder en las urnas y mediante numerosos
golpes militares que provocan un cambio político, al tiempo que el carlismo
conservador promueve dos guerras para intentar en vano el retorno del
absolutismo.
2.1. REGENCIAS DE
MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO (1834-1844).
Al morir Fernando
VII (29-IX-1833), Cea Bermúdez, con el apoyo de María Cristina se prepara para
afrontar el mayor problema de los primeros años de Isabel II, la guerra civil
que estalló al poco tiempo.
EL CONFLICTO
CARLISTA.
El carlismo y el
liberalismo.
Los absolutistas
intransigentes o “apostólicos” sostuvieron los derechos de Don Carlos
(carlistas), mientras que los absolutistas moderados y, sobre todo, los
liberales, apoyaron a Isabel II (serán llamados “cristinos”, por la regente
María Cristina). En las guerras carlistas no se estaba decidiendo si debía
reinar un hombre o una mujer; lo que en el fondo enfrentaba a los dos bandos
era si España continuaría siendo una monarquía absoluta del Antiguo Régimen o
si se establecería una monarquía constitucional.
El carlismo era muy
conservador y tradicionalista: católico, nacionalista, absolutista y foralista
mediante un ideario de “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Sus bases sociales eran
sobre todo campesinas. El apoyo de los campesinos pequeños y medianos al absolutismo
debe explicarse por su fundado temor a las reformas liberales, que suprimían la
propiedad comunal de los ayuntamientos, y por la propaganda conservadora del
clero, muy afectado económicamente por las reformas. Pero la jerarquía
eclesiástica no lo apoyó (era consciente de la falta de futuro político del
carlismo). Otros apoyos menores los encontró en grupos de la nobleza
antiliberal y en parte de las clases medias y artesanales de las ciudades que
sufrían la política económica liberal. Tuvo apoyo exterior de las potencias absolutistas
(Austria, Prusia, Rusia, Holanda).
El liberalismo tuvo
su apoyo en la aristocracia, la burguesía y el proletariado urbano, la burocracia
y el ejército, partidarios de las reformas políticas, económicas y sociales.
Los liberales se beneficiaron del apoyo exterior de Francia y Gran Bretaña.
Fue también una
lucha entre el campo conservador y la ciudad progresista, lo que explica que
incluso en las zonas predominantemente carlistas las ciudades fueron contrarias
al carlismo y lucharon con firmeza en su contra, como vemos en el ejemplo de
Bilbao.
La primera guerra
carlista (1833-1840).
El levantamiento
carlista había estado precedido de varias revueltas desde principios de 1833.
Carlos se había exiliado en Portugal (III-1833) para preparar mejor la lucha,
pero sólo estalló realmente en octubre y se extendió durante el invierno.
Las principales
bases territoriales del carlismo fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y
las comarcas interiores de Cataluña, pero le faltaban una región triguera y una
gran ciudad para poder soportar una larga guerra y la lucha se limitó a
múltiples combates de guerrillas. En las demás zonas (Cataluña, Aragón, Castilla,
La Mancha), la actividad de los carlistas sobre el terreno (requisas de
alimentos) les hizo perder finalmente el apoyo de los campesinos y se
convirtieron en bandoleros. Un grave inconveniente para los carlistas fue que
ninguna unidad militar les siguió, aunque reclutaron muchos hombres entre los
antiguos “voluntarios realistas”, que tenían organización y armamento.
La guerra fue
terriblemente dura en los primeros años (no se hacían prisioneros).
Los héroes militares
del bando carlista fueron Zumalacárregui y Cabrera. Zumalacárregui (jefe del
ejército carlista del norte desde 27-I-1834) organizó el ejército de Carlos,
quien entró en la zona carlista en julio de 1834, creando un embrión de Estado,
titulándose Carlos V. Zumalacárregui se apoderó de las zonas interiores de
Navarra y el País Vasco, pero murió en el sitio de Bilbao en junio de 1835. Los
carlistas fracasaron en sus intentos de tomar Bilbao (1835-1836) y Madrid (Expedición
Real de 1837). Cabrera luchó con bastante éxito en el Maestrazgo. El ejército
carlista fue aumentando: de 18.000 hombres (VII-1834) a 54.000 (IX-1836) y
72.000 (VII-1839). Pero las derrotas se sucedieron desde 1837 y su zona se
reducía, en medio de disensiones internas entre ultras y transaccionistas: para
preparar un acuerdo político, el general en jefe Maroto fusiló en Estella en febrero
de 1839 a
tres generales y otros cuatro jefes del sector ultra.
Por la parte liberal
destacó sobre todo el general Baldomero Espartero (1793-1879), que venció en la
batalla de Luchana (1836), que aumentó su prestigio y se convirtió en un factor
esencial de la política.
La guerra terminó
con el Convenio de Vergara (27-VIII-1839), entre Espartero y Maroto. Se
acordaron el respeto a los Fueros Vascos, los cargos de los militares carlistas
y una amnistía general. Sólo siguió luchando Cabrera, hasta que tuvo que
exiliarse (VII-1840).
La guerra sirvió para
forzar los cambios institucionales indispensables para el desarrollo del país,
pero tuvo un alto costo humano (150.000 a 200.000 muertos), material (la deuda
pública aumentó y fueron destruidas muchas fuentes de riqueza) y político (la
inestabilidad y la confrontación duraron todo el siglo; los militares se
convirtieron en un factor esencial de la política).
EL TRÁNSITO DEL
ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO.
La regencia de
María Cristina (1834-1840).
Durante la regencia
de María Cristina en la minoría de edad de la reina, se suceden en el poder los
moderados y los progresistas, en una rápida evolución, mientras evoluciona la
guerra.
Absolutismo
moderado.
La regente María
Cristina siempre tuvo ideas absolutistas aunque era consciente de que
necesitaba a los liberales, a los que pensaba contentar sólo con concesiones
como la amnistía y la participación en el poder local. El jefe de gobierno, Cea
Bermúdez (IX-1832 a
I-1834), un absolutista moderado, se negaba a otorgar las reformas profundas
exigidas por los liberales, que deseaban reunir las Cortes. Pero sí promovió
reformas menores, como la nueva división territorial en provincias (1833), que
organizó el ministro Javier de Burgos. Se quería volver al despotismo
ilustrado, pero era ya imposible.
Finalmente, la
presión de varios políticos y de generales del ejército, en medio de lo peor de
la guerra carlista, obligó a la regente a nombrar a jefe de gobierno a Martínez
de la Rosa, un liberal moderado.
Liberalismo
moderado.
Martínez de la Rosa,
un “doceañista” (había participado en las Cortes de Cádiz”), pactó con la
regente un Estatuto Real (1834). No era una Constitución sino una convocatoria
electoral y una “Carta Otorgada” (nacida no de un pacto sino de la concesión de
la Corona, según el modelo de la Charte francesa de 1814): era un modelo
constitucional demasiado moderado, insuficiente para contentar a los liberales,
pues limitaba los aspectos más avanzados de la Constitución de 1812:
- El rey podía
nombrar libremente al Gobierno, sin ninguna intervención de las Cortes
- Las Cortes
(divididas en Cámara Baja y Alta) sólo podían enmendar o rechazar los proyectos
de ley preparados por el gobierno, y presentar peticiones a la Corona.
- Se limitaba el
voto al censitario: 0,15% del censo, los más ricos contribuyentes (16.026
electores).
- Se limitaban las
libertades de prensa y asociación.
Se firmó (VII-1834)
la Cuádruple Alianza (España, Portugal, Francia y Gran Bretaña), que reconocía
a Isabel II como reina. La limitación reformista de Martínez de la Rosa (que
clausuró las Cortes antes de dimitir) provocó un movimiento revolucionario de
la burguesía urbana, que se evidenció primero en julio de 1834 (asesinato en
Madrid de cerca de 75 religiosos), en un conato de sublevación militar
(18-I-1835) —en el que fue asesinado Canterac,
capitán general de Madrid— con el que Martínez de la Rosa
transigió, y, por fin, en el verano de 1835, cuando se formaron Juntas en
varias ciudades, que exigieron la reunión de las Cortes, la reforma de la ley
electoral y la libertad de imprenta. Las masas urbanas se radicalizaron aun
más: quema de conventos (el clero regular fue acusado de apoyar al carlismo) y
fábricas (la Bonaplata de Barcelona). Mientras, los ejércitos liberales eran
derrotados por Zumalacárregui y Martínez de la Rosa tuvo que dimitir
(7-VI-1835). Su breve sucesor, Toreno (otro doceañista), también falló en las
reformas.
Liberalismo
progresista.
La presión del
movimiento revolucionario y los problemas financieros y bélicos llevaron a la
regente a admitir como nuevo jefe de gobierno (IX-1835) a un liberal
progresista, Álvarez Mendizábal (un liberal “exaltado”, exiliado muchos años en
Inglaterra, donde había logrado un gran éxito financiero). Los cargos políticos
y militares se repartieron entre los “exaltados” del Trienio Liberal y se
reanudó la misma política radicalmente reformista de entonces. Mendizábal
concitó al principio el entusiasmo general y obtuvo plenos poderes de las
Cortes (XII-1835), reorganizó el ejército (una leva prevista de 100.000 hombres,
que decidió al final el triunfo liberal) e hizo aprobar el nuevo estatuto de la
propiedad agraria y la Ley de Desamortización, que supuso al final un logro
político decisivo porque la burguesía y la nobleza que adquirieron bienes apoyaron
el trono de Isabel II. Pero no se hicieron cambios institucionales, la leva
militar fracasó al principio y las Leyes Electoral y de Desamortización (II y
III-1836) le enemistaron con moderados y progresistas, y, además, Mendizábal gobernó
de un modo autoritario, por lo que la regente pudo destituirle al poco tiempo y
entregar el poder de nuevo a los moderados (Istúriz), en el verano de 1836.
Los progresistas
replicaron con revueltas en provincias y en Madrid, y, por fin, la rebelión de
la guarnición de La Granja (12-VIII-1836) obligó a la regente a nombrar para el
gobierno al progresista Calatrava (con Mendizábal de ministro de Hacienda) y,
sobre todo, promulgar de nuevo la Constitución de 1812, que será reformada para
dar paso a la Constitución de 1837 (18-VI-1837), que es una transacción entre
la de 1812 y el Estatuto Real de 1834, basada en la soberanía nacional (en las
Cortes, no compartida con la Corona), con bicameralismo, responsabilidad
ministerial ante las Cortes, Presupuestos anuales ante las Cortes, etc. Era una
Constitución homologable con las liberales de Europa. La ley electoral de 1837
regulaba el voto censitario (contribuyentes de 200 reales).
Los siguientes años
son los del triunfo militar sobre los carlistas (que desde 1837 van
retrocediendo). En esta época los cambios de gobierno son rápidos, al
progresista Calatrava (14-VIII-1836) le siguieron, tras la victoria moderada en
las elecciones de octubre de 1837, entre diciembre de 1837 y el verano de 1840
los gobiernos de los moderados Bardají (18-VIII-1837), Ofalia (16-XII-1837),
Frías (6-IX-1838), Pérez de Castro (9-XII-1838, el más largo), González
(20-VII-1840), Cortázar (12-VIII-1840). En estos años se asienta el régimen y consigue
la realización práctica de la desamortización.
La regencia de
Espartero (1840-1843).
La guerra y su éxito
final contribuyeron a acelerar la carrera política de Espartero, quien contó
con el apoyo de la regente en 1837-1840 y mediatizó los gobiernos hasta
conseguir la jefatura del gobierno en septiembre de 1840. Pero la guerra se
había ganado y la regente y los moderados deseaban una reacción, que,
reformando la Constitución de 1837, devolviese la mayor parte del poder a la
Corona. Hubo constantes fricciones por el poder entre Espartero (que se apoyó
sólo entonces en los progresistas) y la regente María Cristina, que se apoyó en
los moderados (que habían ganado las elecciones XII-1839) y los generales Ramón
María Narváez y Luis Fernández de Córdova, para lanzar un proyecto “moderado”
de ley de Ayuntamientos, muy centralista y opuesto a la Constitución, porque
dejaba el nombramiento de los alcaldes a la potestad del rey. Pero Espartero
consiguió el mayoritario apoyo militar y, con los progresistas, promovió varias
revueltas, en un golpe de estado encubierto que presionó a María Cristina, la
cual renunció a la Regencia, aunque no a la tutoría de su hija, y se exilió
(12-X-1840).
Espartero se convierte
entonces en regente (1840-1843), con un gobierno presidido por González (20-V-1841).
Sufrirá la oposición de los moderados (fuertes en el ejército), la disensión en
sus gobiernos y por la propia falta de habilidad política, pues se apoyó, no en
los mejores progresistas, sino en militares fieles pero incompetentes, los
llamados despectivamente “ayacuchos”, como el siguiente jefe del gobierno,
Rodil (17-VI-1842). La política de Espartero era de un liberalismo dogmático,
anticlerical y librecambista. Disuelve las Cortes (6-VII-1842), restablece la
censura y reduce las libertades, enajenándose el apoyo de muchos progresistas,
más cuando su proyecto de tratado de comercio con Gran Bretaña (XI-1842) le enemistó
con uno de sus principales apoyos, los industriales textiles y los intereses
proteccionistas de Barcelona, cuya burguesía y proletariado se rebelan
(15-XII-1842). Espartero ordena el bombardeo de Barcelona y aplasta la rebelión
(XII-1842), lo que le hizo perder el apoyo popular que le quedaba y provocó un
levantamiento general (V-1843).
El golpe fue
organizado desde el exilio por el general Narváez y financiado por la regente
María Cristina y contó con el apoyo de los generales moderados y progresistas
no esparteristas O’Donnell, Serrano, Concha y Prim. Narváez desembarcó en
Valencia (VI-1843) y derrotó a las tropas del esparterista Seoane en Torrejón
de Ardoz (VII-1843) y entrar en Madrid, lo que derribó a Espartero.
Siguió un gobierno
provisional (VII-XI 1843) dirigido por el progresista Joaquín M
Liberales:
moderados y progresistas.
En estos años de
disputas y conflictos ya se han forjado los dos grandes bandos del liberalismo
español, los moderados y los progresistas.
Los moderados
integran a los más conservadores entre los liberales y los absolutistas
moderados. Su ideario hace compartir la soberanía entre la Corona y las Cortes,
predica el voto censitario y mantiene el papel político de la aristocracia. El líder
de los moderados es el general Narváez.
Los progresistas son
el partido de los liberales más radicales, cuyo ideario otorga toda la
soberanía a las Cortes, un voto censitario más amplio y un poder político
burgués. El grupo más extremista es el futuro partido demócrata. Los encabeza
el general Espartero y desde los años 1860 el general Prim.
El papel político
del ejército.
Dado que la Corona
apoya a los moderados y que las elecciones son siempre fraudulentas, la única
posibilidad de que los progresistas alcancen el poder y los moderados lo recuperen
es mediante un golpe militar. El ejército, dividido entre ambos partidos, será
el principal agente político y los militares serán las principales figuras
políticas durante el periodo 1820-1874, desde Riego hasta Serrano, pasando por
Espartero, Narváez, O’Donnell y Prim.
Era la confirmación
del poder militar, que había sustituido a la mecánica electoral y parlamentaria
en la vida política nacional. Pero no era una dictadura militar, sino una
politización del ejército, cuyos generales se convertían en políticos al servicio
de los dos partidos principales, moderado y progresista. Habrá generales
moderados (Narváez), progresistas (Espartero, Prim) y centristas (O’Donnell).
Se difundió en los
cuarteles una ideología que convertía al ejército en intérprete de la voluntad
nacional y la garantía última de la supervivencia de España como nación. Esta
ideología explica en gran parte la Dictadura de Primo de Rivera, la guerra
civil y el franquismo.
Pero si el poder
militar fue fuerte, se debió a que el poder civil era débil. La debilidad de
los partidos políticos era evidente, el pueblo no participaba (por el
caciquismo y el voto censitario) y el intervencionismo de Isabel II en la política
acabó de desprestigiar al sistema, completamente inestable: 32 gobiernos y 15
elecciones generales entre 1840 y 1868.
2.2. LA DÉCADA
MODERADA (1844-1854).
Narváez.
El jefe de gobierno
habitual en estos años es el general Narváez, que dirige o controla los
gobiernos, en un régimen autoritario que se apoya en la reina, el ejército, la
Iglesia y la burguesía moderada.
Primero hubo el gobierno
de González Bravo (XII-1843 a
V-1844), que suspendió la desamortización eclesiástica, y le siguió el de
Narváez (V-1844 a
II-1846 y III-IV 1846), que promulgó la Constitución de 1845 y la reforma de la
Hacienda de Mon (1845). En su tercer gobierno (X-1847 a I-1851), desde 1848
implanta una verdadera dictadura para resistir la oleada revolucionaria europea
y cuenta con el ministro Bravo Murillo, la figura civil más importante del periodo,
que es autor de un ambicioso programa de obras públicas (canalización de agua a
Madrid, carreteras, ferrocarriles) y desde 1849 es ministro de Hacienda, donde
completa la reforma de Mon, hasta que es cesado por su intento de disminuir los
gastos militares para cuadrar el presupuesto. Bravo Murillo sucede a Narváez en
el gobierno (I-1851 a
XII-1852), en el que se reserva la cartera de Hacienda e intenta modificar la
Constitución de 1845 en un sentido mucho más conservador, pero esta reforma
suscita la oposición de casi todos, incluido Narváez, y tiene que dimitir.
El régimen moderado
entra en crisis a continuación, durante los gobiernos de Roncali, Lersundi y
Sartorius, por las divisiones internas en los años 50 por la oposición de
progresistas y carlistas, y la división de los moderados entre los partidarios
de la dureza (Narváez, Bravo Murillo) y los de un entendimiento con los
progresistas (O’Donnell). En 1854 los casos de corrupción aíslan a Narváez y muchos
moderados consideran inevitable un cambio, lo que abrirá paso al Bienio
Progresista (1854-1856).
Las reformas
moderadas.
El programa moderado
no consistía sólo en una reacción conservadora que limase los aspectos más
avanzados de las reformas progresistas, sino que también pretendía modernizar
el país, aunque sin variar el poder social y económico vigente. Las reformas de
los moderados se plasman en:
-La Constitución de
1845, una reforma conservadora que reparte la soberanía entre la Corona y las
Cortes (en la Constitución de 1837 la soberanía era nacional). Las Cortes se
organizan en dos cámaras: Congreso de Diputados (elegido por voto censitario) y
Senado (elegido por la Corona). Se suprimía la Milicia Nacional.
-La ley electoral de
1846 reducía aun más el voto censitario (contribuyentes de 400 reales) a sólo
el 1% de la población: 157.000 electores. El caciquismo se organizó bajo el
ministro Romero Robledo. En 1853 las elecciones fueron de una desvergüenza
especialmente clara. Las anécdotas son incontables por su variedad y astucia:
en Murcia la Guardia Civil arrestó a los votantes contrincantes que tuviesen
armas, incluidos los cuchillos de cocina, en sus casas. En una ocasión un
candidato obtuvo un millón y medio de votos en Berga, que sólo tenía unos miles
de habitantes. Pero la mayoría de las veces se compraban los votos.
-El Concordato de
1851 reguló las relaciones del Estado y la Iglesia. Vigente hasta 1931,
establecía la religión católica como única, y aceptaba la desamortización a
cambio de una subvención anual. Las órdenes regulares eran restablecidas y casi
toda la educación quedaba en manos de la Iglesia.
-La censura de
prensa, para evitar la propaganda de los liberales progresistas.
-El control de los
ayuntamientos, por la ley de Ayuntamientos de 1845: los alcaldes y tenientes de
alcalde eran nombrados por el Estado (por la Corona en los municipios de más de
2.000 habitantes, por el gobernador en los restantes).
-La centralización
administrativa del sistema provincial y local en 1845, siguiendo la misma línea
de la provincialización de 1833: gobernador, Diputación provincial.
-La reforma fiscal
(1845) del ministro Mon, quien, tras consolidar la Deuda Pública al 3%, elimina
los impuestos locales y establece los impuestos generales: monopolios (tabaco,
salinas, pólvora, loterías); directos (contribución territorial rústica y
urbana, impuesto industrial y de comercio); indirectos (transmisión de bienes,
consumos). Es una reforma muy eficaz, que logrará sanear la Hacienda,
persistiendo hasta bien entrado el siglo XX. Bravo Murillo la completará en los
años siguientes (1849-1852), con las reformas de la Contabilidad, la
consolidación de la Deuda y la reducción del déficit público.
-La reforma de la
enseñanza pública: Pidal reorganizó y centralizó la enseñanza pública
secundaria y universitaria (1845), Plan de Estudios de Gil y Zárate. Por
contra, la educación quedó sobre todo en manos de la Iglesia.
-La codificación
legislativa, con el Código Penal (1848) y los primeros estudios para los
Códigos Civil y de Comercio.
-La creación de la
Guardia Civil en 1844, que sustituyó a la disuelta Milicia nacional (afecta a
los progresistas) y permitió al gobierno controlar militarmente el orden
público.
Aunque eran reformas
conservadoras, la mayoría fueron muy eficaces: el saneamiento de la Hacienda,
la administración local y de justicia, la codificación legislativa, el
restablecimiento del orden público... El Estado moderno se asentó
definitivamente en este periodo.
La segunda guerra
carlista (1846-49).
Entre 1846 y 1849
surgió un nuevo levantamiento carlista, la guerra dels matiners, en
Cataluña, con gran actividad guerrillera, dirigida por Cabrera, pero nunca
consiguió grandes éxitos y tuvo que volver a exiliarse.
Durante el reinado
de Isabel II el carlismo se dividió y algunos pretendieron un acuerdo dinástico
con la boda de las dos ramas de los Borbones.
2.3. EL BIENIO
PROGRESISTA (1854-1856).
La revolución.
Por fin, el general
moderado Leopoldo O’Donnell y otros generales (Dulce, Serrano) se pronuncian en
Vicálvaro (VI-1854) y le sigue una movilización progresista en las ciudades
principales. Son dos movimientos paralelos, por lo que la reina entrega el
poder a sus dos representantes: Espartero y O’Donnell, que pactan un gobierno
de coalición progresista-moderado que sólo se mantiene dos años, por una
insalvable contradicción ideológica.
Las reformas
progresistas.
El general Espartero.
Se restablece la
Milicia Nacional y se convocan elecciones a Cortes constituyentes, para lo que
O’Donnell organiza la Unión Liberal (con parte de los moderados y progresistas).
El programa progresista se reduce a una nueva e importante ley desamortizadora
(Madoz), y las leyes generales de Ferrocarriles y de Sociedades de Crédito, de
1855. Se redacta una constitución bastante liberal, basada en la soberanía
nacional (pero no es publicada).
La reacción.
En 1856 la presión
obrera aumenta (huelgas en Barcelona, disturbios en Valladolid) y la burguesía
exige el mantenimiento del orden público. O’Donnell consigue de la reina el
cese de Espartero (14-VII-1856). El gobierno O’Donnell (14-VII a 12-X) se hace
con todo el poder, disuelve las Cortes, la Milicia, los Ayuntamientos y
Diputaciones, las organizaciones obreras, y así restablece el orden. Se vuelve
a la Constitución de 1845 (15-IX) y se suspende la venta de bienes del clero
secular (23-IX).
2.4. LOS MODERADOS Y
LA UNIÓN LIBERAL (1856-1868).
El turno
O’Donnell-Narváez (1856-1868).
Los primeros
gobiernos de este periodo los encabezan sucesivamente los generales O’Donnell
(unionistas) y Narváez (moderados).
O’Donnell (VII-X
1856) es cesado por su intento de continuar la desamortización.
Le sustituye Narváez
(X-1856 a
X-1857) que suspende definitivamente la aplicación de la desamortización,
reforma en sentido conservador la Constitución de 1845, reprime las sublevaciones
republicanas de Málaga y Sevilla y decide la intervención en Indochina (1857).
Se emprende una notable reforma de la enseñanza pública con la Ley Moyano
(1857), que pone los niveles local y provincial bajo el control de alcaldes y
gobernadores, dependiendo del Ministerio de Fomento; se busca solucionar el problema
del analfabetismo (en 1877 el 60% de los hombres y el 80% de las mujeres).
Narváez dimite porque se niega a ascender en el Ejército al amante de Isabell
II, Enrique Puigmoltó, casi seguro padre biológico del futuro Alfonso XII.
Tras los breves
gobiernos de Armero (X-1857 a
I-1858) e Istúriz (I-VI 1858), apoyados en las Cortes por Bravo Murillo y la
Unión Liberal, vuelve por fin O’Donnell.
El “gobierno
largo” de O’Donnell (1858-1863).
El general Leopoldo O'Donnell.
Este gobierno de
O’Donnell (VI-1858 a
III-1863) es llamado “Gobierno Largo”, excepcional por durar cinco años.
La Unión Liberal de
O’Donnell es un intento (al final fracasado) de sostener una posición intermedia
entre las dos tendencias, moderada y progresista, pero sirvió para dar una mayor
base social al régimen y facilitar algunas reformas. En estos años cuenta con
el apoyo de un grupo de tránsfugas (los “resellados”): Istúriz, Zabala y Prim,
aunque el resto de los progresistas y los demócratas más radicales siguen en la
oposición, esperando hacer un golpe militar.
La política interior
es a la vez reformista y conservadora: centralización administrtiva, sigue la
desamortización civil, leyes de Minas (1959) e Hipotecaria (1861), para
liberalizar la propiedad.
O’Donnell tiene que
hacer frente a la oposición carlista y republicana. Frustra el desembarco en
San Carlos de la Rápita (16 a
23-IV-1860) del general Ortega (que es fusilado) y el pretendiente carlista, el
conde de Montemolín, que es hecho prisionero y debe renunciar a sus derechos a
cambio de su libertad. También reprime el levantamiento campesino y republicano
de Loja (1861).
Se desarrolla una
política exterior de prestigio: envío de una expedición a Indochina (VIII-1858,
con Francia, finaliza en 1862), guerra con Marruecos (1859-1860), anexión temporal
(y voluntaria) de Santo Domingo (1861-1865), intervención en México (1861-1862,
con Francia y Gran Bretaña).
La etapa se
caracteriza por el crecimiento económico, gracias a que comienzan a subir la
producción gracias a la desamortización (que ya ha llegado a 10 millones de ha
de tierras), la construcción de los ferrocarriles (se construyen 7.000 km en 1855-1874,
cuyas concesiones provocan numerosos escándalos financieros), el desarrollo del
comercio con Cuba, de la siderurgia del País Vasco y el carbón de Asturias.
Hacia 1863 parecía
que O’Donnell había logrado una vía pacífica y relativamente democrática para
el desarrollo del país. Pero la crisis de la ecléctica Unión Liberal a
principios de 1863 acabó con el proyecto, por la salida hacia el partido
progresista de Prim y otros reformistas, que veían la insuficiencia de las
reformas, y estaban disgustados por la dureza de la represión campesina y por
la actitud del gobierno ante la cuestión italiana. O’Donnell, para superar la
crisis, propuso a Isabel II disolver las Cortes para ir a nuevas elecciones, y
al negarse la reina tuvo que dimitir (27-II-1863).
Los gobiernos
cortos del final del régimen (1863-1868).
La reina, en vez de
llamar al gobierno a los progresistas para establecer un turno, se enrocó en
posiciones conservadoras. Su escandalosa vida personal, con varios amantes
sucesivos, la desprestigiaba, y para aliviar su conciencia estaba en manos de
un confesor reaccionario, Claret, defensor del neocatolicismo. Entre marzo de
1863 y septiembre de 1868 nombró ocho gobiernos de periodos cortos, presididos
por Narváez en dos gobiernos (1864-1865 y 1866-1868), con un intermedio de
O’Donnell (1865-1866) y por último Bravo Murillo (1868), que promovieron el
catolicismo de Estado y controlaron el país mediante la represión de los intentos
golpistas de Prim en Valencia (1865), Villarejo y San Gil (1866). Pero fue la
crisis económica (sobre todo financiera) de 1865-1866 lo que provocó un creciente
descontento social que desbordó al frágil régimen de Isabel II.
Los primeros
gobiernos personales.
Los primeros
gobiernos, de Miraflores (2-III-1863), Arrazola (17-I-1864), Mon (1-III-1864), fueron
meras creaciones personales de la reina y no contaban con apoyo parlamentario,
por lo que duraron poco.
El gobierno
Narváez (1864-1865).
Un agotado Narváez
(IX-1864 a
VII-1865) será otra vez la figura de este periodo, en el que sigue su política
conservadora del periodo anterior, porque al negarle su apoyo los progresistas
tuvo que sostenerse con los neocatólicos de Nocedal. Su decisión de abandonar
la isla de Santo Domingo le enemistó con la reina y los moderados. Estaba
aislado desde entonces.
Se desprestigia más
por la brutal represión de una manifestación de estudiantes (Noche de San Daniel,
10-IV-1865), en protesta por la detención de profesor Castelar por la publicación
de una crítica contra la reina (la cuestión del “rasgo”: la venta de unos
pretendidos bienes de la Corona que eran en realidad del Estado). Prim intenta
entonces un pronunciamiento en Valencia. El malestar social es tan grande que
fuerza la dimisión de Narváez.
El último
gobierno O’Donnell (1865-1866).
Sigue un gobierno de
O’Donnell (VII-1865 a
VII-1866), que intenta continuar sus política de reformas prudentes: la ley electoral
de 1865 amplia la base social del voto censitario (contribuyentes de 200
reales), al 2,67% de la población: sólo 418.000 electores. Pero el caciquismo y
el fraude electoral siguen siendo la norma general. Prosigue la política
exterior de prestigio, con la absurda guerra del Pacífico contra Perú y Chile
(1865-66), que sólo consigue que España se gane la enemistad de los países
hispanoamericanos.
La crisis económica
comienza ahora. La burguesía está inquieta y el progresista Prim promueve el
pronunciamiento de Villarejo (I-1866), cuyo eco en Barcelona y Tarragona llevan
al gobierno a suspender las garantías constitucionales. Prim trama otro pronunciamiento,
el de los sargentos del cuartel de San Gil (12-VI-1866), que O’Donnell reprime
con dureza, fusilando a 68 militares. La reina desvia las críticas cesando a
O’Donnell (que se considera traicionado) y nombrando de nuevo a Narváez. Desde
entonces O’Donnell queda enemistado con la reina y se exilia en Biarritz, donde
morirá un año después.
El último gobierno
Narváez (1866-1868).
El último gabinete
de Narváez (VII-1866 a
IV-1868), es muy autoritario, sin contar con las Cortes, y de continua
represión, en medio de los disturbios sociales por el crecimiento del paro y
las malas cosechas.
La oposición se reorganiza
y radicaliza. Espartero es sustituido en 1866 en la jefatura de los
progresistas por Salustiano Olózaga y el general Prim. Los progresistas y los
demócratas pactan en Ostende (VIII-1866) un programa revolucionario (Cortes
constituyentes por sufragio universal). Los unionistas se plantean sustituir a
la reina por su hijo Alfonso (la idea de O’Donnell) o por su cuñado el duque de
Montpensier (la idea de su nuevo jefe, Serrano, y de otros generales). Narváez
fallece (23-IV-1868) y con él desaparece el último defensor efectivo de la
monarquía isabelina.
El gobierno
González Bravo (1868).
El gobierno de
González Bravo (IV a IX-1868) aplica una represión aun mayor. Sólo se apoya ahora
en los moderados más recalcitrantes. Destierra a los presidentes del Congreso (Ríos
Rosas) y del Senado (Serrano), que querían abrir las Cortes, y a los generales
Dulce y Córdova. Esto enemista definitivamente a los unionistas con el régimen
y suscriben el anterior pacto de Ostende de los progresistas y demócratas y
planean la revolución de septiembre de 1868, que destrona a Isabel II,
finalizando un reinado lleno de acontecimientos, pero en el que la economía y
la sociedad españolas habían evolucionado positivamente, aunque a ritmo más
lento que el europeo.
3. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
(1868-1874) Y LA RESTAURACIÓN.
Joaquim
Coll en Un recuerdo para la Gloriosa
[“El País” (12-XII-2018)] repasa el fracaso del Sexenio Revolucionario
(1868-1974), con lo que se perdió la oportunidad de una avanzada democracia
constitucional por un siglo:
‹‹El
año que ya se acaba está siendo escaso en conmemoraciones históricas. Los focos
de atención han sido el 50º aniversario de Mayo del 68 y el centenario del
final de la I Guerra Mundial. No hemos tenido ninguna gran efeméride
propiamente española, a excepción de la celebración anticipada del bicentenario
del Museo del Prado. Por eso sorprende el silencio en torno al 150º aniversario
del inicio del Sexenio Revolucionario (1868-1874). Desconcierta porque si la
Constitución de 1978, de la que ahora celebramos sus cuarenta años de vigencia,
se parece a alguna otra es precisamente al texto constitucional que resultó de
aquel levantamiento cívico-militar al grito de “¡Viva España con honra!”,
encabezado por los generales Juan Prim y Francisco Serrano, sublevación que los
propagandistas del momento llamaron la Gloriosa. Merece una reflexión que
hayamos tardado más de un siglo en consolidar una constitución democrática que,
a grandes rasgos, ya alcanzamos en 1869 tras unas elecciones constituyentes
mediante sufragio universal (entonces solo masculino). Pese a su escasa
duración, el Sexenio es uno de los periodos con mayor intensidad de
acontecimientos y en el que se producen los grandes debates sociales,
institucionales y territoriales que marcarán nuestro convulso siglo XX. Es sin
duda un momento fascinante de la historia contemporánea española, en el que,
por ejemplo, nace la peseta como moneda nacional, gracias a una ambiciosa
política económica y fiscal impulsada por Laureano Figuerola. Su fracaso final
no debería hacerlo caer en el olvido.
La
Gloriosa supuso más que el derrocamiento de Isabel II; significó la expulsión
de los Borbones, cuyo descrédito se remontaba al ominoso reinado de Fernando
VII. En el manifiesto España con honra
se denunciaba la inmoralidad y la corrupción de la soberana y su camarilla de
Corte. “Jamás, jamás, jamás”, sentenció Prim cuando se puso sobre la mesa la
candidatura del príncipe Alfonso, hijo de la destronada reina, ante la
evidencia de que no iba a ser fácil encontrar un nuevo monarca que pudiera
satisfacer tantos intereses, también los internacionales. No está de más
recordar que el anuncio de la candidatura de Leopoldo Hohenzollern, boicoteada
por Napoleón III, acabó siendo el pretexto para el inicio de la guerra
franco-prusiana de 1870-1871. Al final, descartadas otras opciones, como la del
portugués Fernando de Coburgo, que tal vez hubiera abierto un escenario de
unión ibérica, solo fructificó la elección de Amadeo de Saboya, hijo del rey de
Italia, auspiciada por Prim, jefe del Gobierno desde junio de 1869. Aunque el
apoyo que recibió en las Cortes distó de ser unánime, la nueva monarquía podía
haberse consolidado si la coalición progresista y demócrata que condujo la
Gloriosa los primeros años no se hubiera desintegrado tras el asesinato del
político catalán en diciembre de 1870.
La
desaparición de quien mejor encarnaba el espíritu de 1868 no solo privó a
Amadeo I de un importante apoyo, sino que tuvo como resultado la división de
los progresistas, escindidos entre conservadores, capitaneados por Mateo
Sagasta, y radicales, liderados por Ruiz Zorrilla. La inestabilidad política,
como consecuencia de los personalismos y de pequeñas clientelas, hizo imposible
consolidar un sistema estable de partidos, llevó la vida parlamentaria a la
parálisis en medio de importantes debates (sobre la abolición de la esclavitud,
la supresión de las quintas, la libertad de enseñanza o la separación
Iglesia-Estado) y, finalmente, carcomió el régimen monárquico-democrático. En
los dos años siguientes hubo seis Gobiernos y tres elecciones generales,
mientras se enquistaba la guerra en Cuba, se recrudecía el desafío militar
carlista y los conflictos sociales tomaban un cariz violento. Pese a su buena
voluntad, el monarca no pudo salir indemne del juego partidista y las rencillas
políticas.
La
abdicación de rey hizo inevitable la I República en febrero de 1873. Para el
historiador Ángel Bahamonde, se proclamó más por exclusión, como solución de
urgencia ante un vacío de poder, que por la existencia de una mayoría social
republicana. Si la monarquía democrática había fracasado por un exceso de
facciones, la República naufragaría muy pronto por las contradicciones sobre cómo
alcanzar el modelo federal. Así mismo, los líderes republicanos tuvieron que
enfrentarse al estallido de insurrecciones que querían hacer realidad tanto en
las ciudades como en el campo el proceso revolucionario prometido. En el primer
Gobierno de la República, además del presidente Estanislao Figueras, figuraban
también como ministros otros tres líderes, Francisco Pi y Margall, Nicolás
Salmerón y Emilio Castelar, que en pocos meses se sucederían a la cabeza del
Estado. La República federal, proclamada en junio de ese año, tras unas
elecciones constituyentes celebradas en medio de una enorme abstención y el
boicot electoral de sus oponentes, no llegó a aprobar el proyecto
constitucional en el que se establecía una división territorial de la “nación
española” en 17 Estados en base a criterios históricos. El fracaso de la
experiencia federal del Sexenio ha condicionado muy negativamente la percepción
de lo que es en realidad el federalismo: una fórmula de Estado unitario para
gestionar la pluralidad territorial e identitaria.
3.1. LA REVOLUCIÓN
DE SEPTIEMBRE.
Las causas.
Las causas de la
“revolución de septiembre” son diversas:
- La crisis
política: la causa principal fue el deterioro político del régimen, abandonado
por todos los partidos excepto el moderado, que no había solucionado los más
graves problemas del país. La causa inmediata fue que la reina estaba
desprestigiada por su vida personal (varios amantes) y su injerencia
conservadora en la política. Hasta el carlismo resurge, con un nuevo
pretendiente, el carismático Carlos VII. Desde los fallecimientos de O’Donnell
(XI-1867 en el exilio de Biarritz a los 58 años) y Narváez (IV-1868) la reina
carece de apoyo en el ejército y sólo cuenta con los moderados.
- La crisis
económica (1866-1868). Es una crisis agraria (1868 es un año de hambre),
industrial (la textil padece la escasez del algodón americano) y financiera:
los ferrocarriles, en cuyos consejos de administración se encuentran los
generales y políticos de la revolución, tienen pérdidas; por ello la banca y la
Bolsa se hunden.
El estallido
revolucionario.
El almirante Topete
se alza el 17 de septiembre de 1868 en Cádiz y se le unen un grupo de
generales, encabezados por Serrano y Prim. En las ciudades se forman Juntas
Revolucionarias. Se juntan intereses diversos: los generales sólo quieren
cambiar la Constitución y el monarca, las Juntas más radicales quieren una
revolución burguesa, algunos sectores campesinos y obreros piden incluso una
revolución social.
El levantamiento
triunfa en Andalucía y se extiende por el país tras la batalla de Alcolea
(26-28 IX) en la que vence Serrano), en Barcelona, Valencia... Isabel II se
exilia (30-IX) y se forma un gobierno provisional (8-X) presidido por Serrano,
con participación de progresistas y unionistas, y con apoyo exterior de los
demócratas. Los tres se reparten el poder en las juntas provinciales y
municipales.
Exilio de la reina.
Los partidos del
gobierno.
Los partidos
vencedores por el momento son:
Los unionistas,
dirigidos por Serrano, presidente del gobierno.
Los progresistas,
dirigidos por Prim, ministro de la Guerra.
Los demócratas, que
aceptan poco después la propuesta monárquica de los anteriores, por lo que se
escinden en la derecha demócrata y los republicanos, que pasan a la oposición.
Estos tres partidos,
durante el reinado de Amadeo se reorganizarán en dos: el constitucional
(centrista, liderado por Sagasta) y el radical (izquierdista, liderado por Ruiz
Zorrilla), que no tendrán un real apoyo popular.
Los partidos de
la oposición.
Los republicanos,
que reúnen a los centralistas (Castelar) y los federalistas (Pi i Margall).
Este partido recibe el apoyo de las clases populares urbanas (pequeños
comerciantes y artesanos, obreros catalanes) y campesinos andaluces.
Los moderados
(alfonsinos), que se organizan con Cánovas en el partido conservador, reuniendo
a las clases dirigentes monárquicas (aristocracia, clero, alta burguesía), en
favor de la restauración del príncipe Alfonso de Borbón.
Los carlistas, que
resurgen con el pretendiente Carlos VII (nieto del infante don Carlos). El
carlismo se transforma en un partido parlamentario de amplia base popular, con
muchos monárquicos que piensan que Carlos es un pretendiente mejor que Alfonso,
y con los neocatólicos (Nocedal) cuando la Constitución de 1869 establece la
libertad de cultos, lo que lleva a muchos católicos y al clero a enfrentarse al
régimen. Pero si los nuevos carlistas apoyan una restauración carlista
pacífica, en cambio los viejos carlistas del País Vasco, Navarra y Cataluña
preparan un levantamiento armado.
Los socialistas y
anarquistas, que organizan el movimiento obrero en las zonas industriales
(Cataluña, Madrid, Alcoy, Cartagena...) y el campesino (Andalucía). En Madrid
domina el socialismo de ideología marxista y en Barcelona y Andalucía el
anarquismo quue sigue las ideas de Bakunin. Ambas fuerzas se separan en el
Congreso obrero de Zaragoza (1872), formándose en poco tiempo el PSOE y la UGT
alrededor del socialista Pablo Iglesias, mientras que los anarquistas están
divididos en múltiples organizaciones.
Los problemas
políticos y sociales.
Los principales
problemas que debe afrontar el nuevo régimen son: el carlismo y el alfonsismo,
el republicanismo, el federalismo, el cantonalismo, la crisis económica, las
revueltas obreras, el independentismo de las colonias... Tantos problemas
juntos desbordarán la capacidad política de los dirigentes e imposibilitarán un
consenso que estabilice la situación política. Se perderá una ocasión
excepcional, cuando había inicialmente un gran consenso en los partidos de
centro para completar la revolución liberal y había un clima de esperanza, de *renovación total+. Se podría establecer un
paralelismo histórico con la III República francesa (desde 1870), que sí
triunfó y asentó las bases de la Francia actual. Pero la revolución española de
1868 fracasó. En apenas dos años las expectativas se desvanecieron y la
revolución naufragaba entre el desencanto general. En Cuba estalló una cruel
guerra de independencia. Prim fue asesinado en diciembre de 1870. Desde 1872 la
guerra civil carlista asoló amplias zonas del país. En 1873 la monarquía
constitucional de Amadeo terminaba y se proclamaba la República, pronto
desbordada por dos guerras, la tercera carlista y la de Cuba, y por la rebelión
cantonalista. Un golpe militar liquidó la situación en 1874 y, tras un año de
interinidad, otro golpe militar restauró la monarquía en la persona de Alfonso
XII, el hijo de Isabel II
3.2. LA CONSTITUCIÓN
DE 1869.
Caricatura sobre los equilibrios entre los partidos constitucionales.
Las Cortes
constituyentes recién elegidas son dominadas por los tres partidos del pacto de
Ostende: los progresistas (160 escaños), Unión liberal (80), demócratas (40).
Los restantes se dividen en bandos enfrentados: republicanos (80), carlitas
(36) y otras formaciones. Es un parlamento de dominio liberal y monárquico.
Se aprueba una
Constitución en 1869, en la que España se define como una monarquía
constitucional, con soberanía nacional (que reside en las Cortes, bicamerales),
sufragio universal (masculino, de mayores de 25 años), libertades de prensa,
reunión y asociación, de enseñanza y de cultos. Era un texto democrática y
técnicamente muy superior a los anteriores, incluida la mítica Constitución de
1812.
Se aprobaron (sobre
todo en 1870 numerosas medidas legislativas liberales, que construían un
auténtico Estado de derecho: Ley de Orden Público, Ley Electoral, Leyes
Provincial y Municipal, Código Penal, Ley del Poder Judicial, Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Se abolió la esclavitud en Puerto Rico, y se dio
representación en Cortes a las colonias. Se reformó la moneda (la peseta, desde
19-X-1868), el Banco de España, se hizo una política librecambista y de fomento
de la inversión extranjera, se adoptó el sistema métrico decimal, se fomentó la
cultura y la educación, etc.
En lo político, el
general Serrano fue nombrado Regente, mientras que Prim debía buscar un rey
constitucional. Este tema fue esencial en el comienzo del fracaso: no había
consenso sobre la fórmula institucional del nuevo régimen. Los republicanos
federales, escindidos de los demócratas, comenzaron a atacar al nuevo régimen.
Una insurrección federal, con un programa social utópico, se extendió por
Levante y Andalucía en el otoño de 1869 hasta que fue reprimida. Peor aún fue
la elección de Amadeo, impuesta por Prim, sin contar con sólidos apoyos
políticos, que al ser un Saboya (la dinastía había acabado con el poder
temporal del Papa) le concitó la enemistad de los católicos, mientras que por
ser rey ya tenía la enemistad de los republicanos y las fuerzas antisistema.
3.3. EL REINADO DE
AMADEO DE SABOYA (1871-1873).
El problema de
las candidaturas.
Las candidaturas al
trono español eran numerosas y unas fueron rechazadas por las Cortes (el duque
de Montpensier), otras por los propios interesados (Espartero) y otras por la
política internacional (Fernando de Coburgo o la del príncipe alemán Leopoldo
de Hohenzollern, que fue vetada por Napoleón III, lo que originará la guerra
franco-prusiana). Gracias al apoyo de Prim triunfó en noviembre de 1870 la
candidatura de Amadeo de Saboya, sobrino del monarca italiano Víctor Manuel II
(un liberal que había unificado Italia).
Amadeo de Saboya.
El reinado
constitucional.
El joven rey era
verdaderamente constitucional, pero cuando se hace cargo del trono en 1871 ya
ha sido asesinado (30-XII-1870) su el general Prim, por lo que quedará privado
de su más sólido apoyo. Amadeo debe afrontar muy aislado los problemas de la
división interna del bloque progresista-unionista-demócrata en constitucionales
y radicales, la oposición parlamentaria (republicanos, alfonsinos, carlistas) y
las guerras carlista y de Cuba. Ante la imposibilidad de estabilizar la vida
política del país, con los sucesivos gobiernos de Serrano, Ruiz Zorrilla y
Malcampo, el rey abdica a los dos años (11-II-1873), al estallar el
levantamiento federalista de El Ferrol y por resistirse a firmar el decreto de
disolución del Arma de Artillería (que se había amotinado).
El inicio de la tercera
guerra carlista.
Mapa de la tercera guerra carlista.
En el bando carlista
vencen los partidarios del levantamiento armado y la guerra carlista comienza
el 21-IV-1872, dirigida por Carlos VII en el País Vasco y Navarra, y por su
hermano Alfonso Carlos en Cataluña. También hay partidas carlistas en Aragón y
Valencia. Pero aunque Carlos prometió restaurar las antiguas libertades no
contó con el apoyo de la burguesía y el proletariado. Una derrota completa en
Navarra (Oroquieta, V-1873) y el convenio de Amorebieta (la paz entre Serrano y
la Junta de Vizcaya) parecieron liquidar su opción, aunque aún había partidas
carlistas en activo, pero el hundimiento de la monarquía de Amadeo le infundirá
nueva vida.
3.4. LA PRIMERA
REPÚBLICA (1873-1874).
La república
federal.
Ante la abdicación
de Amadeo la única salida que se vio entonces fue la República. En vez de
convocar Cortes, el mismo día (11-II-1873) se reunieron el Congreso y el Senado
y se votó proclamar la República, por 258 votos contra 32. Lo hacían sin un
mandato constitucional, por lo que les faltaba la legitimidad legal y además
era un régimen republicano en un país que mayoritariamente no lo era (en las
elecciones de mayo de 1873 la abstención llegó al 61%), por lo que la I
República, que sólo duró once meses, se caracterizó por una gran inestabilidad
política: cuatro presidentes de gobierno (de hecho, por la laguna legal,
coincidían la jefatura del Gobierno y del Estado).
Caricatura sobre los problemas de la Primera República.
A su fracaso contribuyeron
varias causas: la ilegitimidad legal, la falta de apoyo popular, la división
entre los republicanos (federales de Pi y Margall, unitarios moderados de
Salmerón y de Castelar), la agitación social, el movimiento cantonal y la
guerras carlista y de Cuba. Los propios partidos constitucional y radical (este
tenía la mayoría en el Parlamento) que la habían votado estaban en la oposición
y eran renuentes y a lo más aceptaban una república unitaria y moderada, nunca
federal. Sin un consenso ni siquiera entre los republicanos, el régimen
desembocó en una quiebra casi total de la autoridad del Estado.
El primer presidente
fue Figueras (11-II), que fue sustituido por el federalista Pi i Margall
(11-VI) cuando las Cortes constituyentes, reunidas en junio de 1873,
proclamaron la República federal. Las Cortes elaboraron una nueva Constitución
(que no llegó a ser aprobada) en la que España quedaría dividida en 15 Estados
federales, además de Cuba y Puerto Rico. Parecía que había una oportunidad de
asentar el régimen.
Pero el 12 de julio
de 1873 estalló el movimiento cantonal, con levantamientos en numerosas
ciudades (Andalucía, Levante, incluso Badajoz y Salamanca) para establecer un
régimen federal que concediese autonomía a las regiones, provincias y
municipios (los cantones, según el modelo suizo). Era un movimiento de
inspiración federalista anarquizante, que alcanzó gran violencia en Alcoy. Pi y
Margall dimitió (18-VII) y el ejército dominó la sublevación (excepto en
Cartagena, donde el general Contreras apoyó a los cantonalistas con las tropas
y la escuadra).
Los federalistas
quedaron desprestigiados por el cantonalismo. El siguiente presidente, el
unitario Salmerón dimitió (7-IX, por estar en contra de la pena de muerte para
los sublevados) y el presidente unitario Castelar declaró ilegal el
federalismo. La división de los republicanos estalló entonces y Castelar se
quedó con sólo el apoyo de los unitarios y los conservadores. Suspendió las
Cortes por tres meses y reforzó al ejército, en lucha entonces contra los
carlistas, el cantón de Cartagena y en Cuba. Desde la terrible experiencia del
sexenio el ejército nunca volvió a ser revolucionario.
La guerra carlista
fue el otro gran problema: los carlistas se extienden por Cataluña (Berga,
Ripoll), Carlos VII entra en Navarra y establece su Corte en Estella, dominando
Guipúzcoa y parte de Vizcaya. Surgen partidas carlistas en casi toda la
Península (Aragón, Murcia, Valencia, Extremadura, las dos Castillas) y durante
un tiempo parece que su victoria está cercana, con la victoria de Montejurra
(9-XI-1873) y el sitio de Bilbao (XII-1873 a V-1874), aunque vuelven a fracasar en
este ataque. Los monárquicos parece que van a aceptar al pretendiente carlista.
La república
unitaria presidencialista.
La reapertura de las
Cortes el 2 de enero de 1874 planteó un grave problema: si Castelar no obtenía
la mayoría el gobierno volvía a los federales y si obtenía la mayoría se
acentuaría la tendencia conservadora. La burguesía conservadora (tanto la
republicana como la monárquica) preparó un golpe de Estado con el general Pavía
(capitán general de Madrid) por si ocurría lo primero. Así fue. Pavía ocupó el
Congreso y liquidó la República, pero Castelar se negó a continuar en el poder
mediante un golpe de Estado y dimitió (3-I-1874).
El vacío de poder se
cubrió con un gobierno provisional, encabezado por el general Serrano, que
implantó una dictadura de hecho. Serrano disolvió las Cortes y se apoyó en el
ejército (gobierno del general Zavala), los liberales (gobierno Sagasta) y,
finalmente, en el partido alfonsino. El cantón de Cartagena fue dominado
(11-I-1874), y se reprimieron los movimientos obreros (prohibición de
asociaciones obreras). Los esfuerzos del gobierno se concentraron en la guerra
carlista: los carlistas extendieron la guerra con ataques a Cuenca y Teruel, y
la conquista de Olot, Urgel, pero fracasaron en tomar Irún y durante la segunda
mitad de 1874 mostraron su agotamiento. Pero, después de seis años de
inestabilidad, bastantes políticos y casi todos los generales creían que la
mejor solución era el regreso de los Borbones.
3.5. EL INICIO DE LA
RESTAURACIÓN (1874-1876).
LA RESTAURACIÓN DE
LA MONARQUÍA.
Cánovas: el
artífice.
El protagonista de
la Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), un unionista moderado que había destacado junto a O’Donnell y que al exiliarse Isabel II se
convirtió en el jefe de los monárquicos. Conocía bien la historia española (era
un historiador especializado en la decadencia del siglo XVII) y no estaba
dispuesto a repetir los errores del pasado. Su primera preocupación fue
conseguir que Isabel II abdicara en su hijo, el príncipe Alfonso, pues era
necesario dejar atrás el espíritu de revancha y que Alfonso apareciera como el
símbolo de unión y concordia de todos los españoles. Preparó el Manifiesto
de Sandhurst (28-XI-1874, publicado en la prensa el 27-XII), en el que
Alfonso prometía un gobierno constitucional y la ausencia de represalias.
Cánovas deseaba que el regreso fuera mediante una petición masiva de la opinión
pública y unas Cortes extraordinarias.
El golpe de
Sagunto.
Pero fue mediante un
golpe de fuerza. Contrariando la meticulosa preparación de Cánovas, el general
Martínez Campos se manifestó en Sagunto (29-XII-1874) al frente de un reducido
grupo de tropas, y pronto encontró respaldo en otras unidades. Cánovas tuvo que
aceptar los hechos consumados: Alfonso XII era proclamado rey por otro
pronunciamiento (y ello afectaría a largo plazo a la estabilidad del régimen).
El 14 de enero de 1875 el rey entraba triunfalmente en Madrid.
La restauración alfonsina debilitó las bases sociales del carlismo y tras unos pequeños
combates terminó la guerra carlista en febrero de 1876, quedando el carlismo
como un partido de oposición a la Restauración hasta el siglo XX. Poco después
se puso fin a la guerra de Cuba, en el Convenio de Zanjón (13-II-1878).
EL SISTEMA POLÍTICO
DE LA RESTAURACIÓN.
En contraste con la
vida política anterior, el último cuarto del siglo XIX fue un periodo de
bastante estabilidad, debido al sistema ideado por Cánovas, basado en el
acuerdo constitucional de compartir la soberanía entre el rey y las Cortes, el
bipartidismo conservador-liberal, la modernización del Estado, la pacificación
militar (guerra carlista, guerra de Cuba), el sosiego de los oponente civiles
(carlismo, republicanismo, socialismo...), la protección de las clases sociales
más necesitadas, la protección arancelaria de la agricultura y la industria...
La Restauración no fue un retorno al régimen anterior 1868 sino la continuación
de la labor reformista moderada unionista y de lo mejor del sexenio, lo que
aseguró su éxito.
Instituciones
históricas.
Era imprescindible
que algunas instituciones fueran respetadas por todos los españoles, por causas
históricas. Para Cánovas eran el rey y las Cortes. España debía ser una
monarquía constitucional, en la que el poder es compartido por el monarca y el
Parlamento, que representa al pueblo.
La Constitución
de 1876.
Un gran problema del
liberalismo español había sido la escasa duración de las Constituciones, porque
los partidos al acceder al poder redactaban un texto que recogiera sus ideas.
Era necesario elaborar una Constitución flexible. La de 1876 fue llamada “un
cheque en blanco”. El monarca conservaba muchas atribuciones, y los derechos de
los ciudadanos se garantizaban de manera menos entusiasta que en otros textos
constitucionales. Pero, por otra parte, se garantizaba la libertad religiosa,
aunque el Estado apoyaba a la Iglesia católica. Y se dejaba abierta la
posibilidad de implantar el sufragio universal, el derecho de voto de todos los
ciudadanos (en contraste con el anterior voto censitario), lo que se hizo
efectivo en 1891. Incluso se pudo adaptar para dar autonomía a Cataluña en 1914
mediante la Mancomunitat.
Dos partidos:
conservador y liberal.
Uno de los problemas
más graves de la vida política era la existencia de un número creciente de
partidos políticos, lo cual dificultaba la tarea de los gabinetes, porque
ningún partido era suficientemente fuerte. Cánovas tenía como ideal el sistema
británico, en el que se confrontaban dos partidos, conservador y liberal, uno
en el poder y otro en la oposición.
Cánovas formó el
partido conservador (moderados) y consiguió con extraordinaria habilidad que en
torno a Sagasta, uno de los revolucionarios de 1868, se agrupasen las fuerzas
de oposición en el partido liberal (progresistas y demócratas), incluso
coincidiendo sus nombres con los partidos británicos. Fue el mismo Cánovas
quien pidió al rey que nombrase a Sagasta para presidir el gobierno en 1881, a fin de disipar los
temores a que gobernase un solo partido.
La reina viuda María Cristina de Habsburgo-Lorena jura la Constitución de 1876 ante Cánovas y Sagasta.
Cuando Alfonso XII
murió muy joven (1885), Cánovas y Sagasta se comprometieron en el Pacto del
Pardo a continuar su apoyo combinado a la monarquía. El primero, tras un
periodo de tiempo, dejó paso al segundo. A esta alternancia se le llamó
“turno”, el cual no dejó de causar tensiones, pues aunque había en ambos
partidos una similar base social y económica, había diferencias personales
(incrementadas por el caciquismo, que pervertía la democracia, a sabiendas de ambos
líderes, pero estos admitían que el sistema no estaba aún preparado para más).
Este sistema político enfrentará, sin resolverlos completamente jamás, los
graves problemas de toda índole que sufría la España de finales del siglo XIX,
pero asentó una larga etapa de concordia interior.
BIBLIOGRAFÍA.
Documentales / Vídeos.
Serie Memoria de España. RTVE. [www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/]: A la
sombra de la revolución. El reinado de Carlos IV y la Guerra de
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La restauración del absolutismo fernandino. / Por la senda liberal. El liberalismo a partir de 1833. / El regreso de los Borbones. La
Restauración borbónica.
La emancipación de Hispanoamérica | Primera parte. Academia Play. 14 minutos. [https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM]
La emancipación de Hispanoamérica | Segunda parte. Academia Play. 14 minutos. [https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ]
La inquisición en 15 minutos. Academia Play. [https://www.youtube.com/watch?v=dXrCFN1Z4MI&t=5s]
Exposiciones.
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Francisco J. Azcárate, la integridad del
político. “El País” (15-XII-2017). Perfil, en el centenario de su
fallecimiento, del político y profesor Gumersindo de Azcárate (León,
1840-Madrid, 1917), fundador del Instituto de Reformas Sociales, fue un paladín
del reformismo democrático y del parlamentarismo, crítico del caciquismo y la
corrupción.
Laporta,
Francisco J. La Gloriosa, el otro 69
español. “El País” Ideas 174 (16-IX-2018). La revolución española de 1868
nos da enseñanzas hoy.
Coll,
Joaquim. Un recuerdo para la Gloriosa.
“El País” (12-XII-2018). La revolución de 1868 dio paso a un Sexenio
Revolucionario (1868-1974), que fracasó por lo que se perdió una avanzada
democracia constitucional por un siglo.
Villacañas, José Luis. Un puente que es un símbolo. “El País” (28-VIII-2019). La derrota realista en el puente de Boyacá (Colombia) en 1819 precipitó la caída del absolutismo en 1820 y la independencia americana.
Olaya, V. G. Los cerdos se comen la historia. “El País” (22-VII-2021). Los arqueólogos reconstruyen un combate entre británicos y franceses en 1811 en Gallegos de Argañán (Salamanca), gracias a las balas encontradas en el campo, pero el ganado engulle los proyectiles y dificulta la investigación.
Canal, Jordi. Tres años de libertad. “El País” Babelia 1.532 (3-IV-2021). Bibliografía reciente sobre el Trienio Liberal: Chust, Gil Novales (reed.), Rújula y Frasquet.
Informe: La
Constitución de 1812.
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(39). Álvarez Junco, José. La verdad histórica
contra las pasiones (39).
Constenla, Tereixa. Desmontando a La Pepa. “El País” (9-I-2012) 33. Se celebra el bicentenario
de la Constitución de 1812.
Elorza, Antonio. La revolución española. “El País”
(24-II-2012) 31. El levantamiento antifrancés y la Constitución de 1812, hitos
del nacionalismo y el liberalismo español.
Bastenier, M. Á. La Pepa: 1812. “El País”
(14-III-2012) 4. La Constitución de 1812 fue una oportunidad perdida para
plantear una independencia americana gradual y sin violencia.
AA. VV. Especial La Pepa / 1812-2012. “El Mundo”
(19-III-2012) 12 pp.
Antón, Jacinto. ¡Viva la Pepa! “El País” Semanal 1.852 (25-III-2012)
42-50. La celebración en Cádiz.
Pendas, Benigno. Cádiz, del mito al símbolo. “El
País” (4-IV-2012) 27-28.
Chust, Manuel. América y la Constitución de 1812. “El
País” (21-IV-2012) 35.
Rodríguez Marcos, Javier. Viva la Pepa, pero sin futurismos. “El País” (20-XI-2012) 40.
Diálogo entre historiadores en el Segundo Centenario de la Constitución de
1812.
Fradera, Josep M. El legado de 1812 revisado. “El País” (30-VII-2012) 27. Fradera es
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.
PROGRAMACIÓN.
LA CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL Y PRIMEROS INTENTOS DEMOCRATIZADORES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX.
UBICACIÓN Y
SECUENCIACIÓN.
Bachillerato, 2º
curso. Materia de Historia. Bloque 3. Construcción del Estado liberal e
intentos democratizadores, en sus apartados de:
El carlismo y las
opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en el reinado de Isabel
II.
El sexenio
democrático. La Constitución de 1869. La Primera República.
El último apartado:
“Transformaciones agrarias y proceso de industrialización. Los cambios
sociales” corresponde al tema 40 de las oposiciones.
En cuanto al reinado
de Fernando VII, con la Constitución de 1812 y el Trienio Liberal, se podría
hacer un breve resumen de introducción, aunque su contenido pertenece al bloque
2.
En cuanto a la
España de la Restauración (1874-1902) pertenece a la unidad 4, por lo que
tampoco cabría exponerlo aquí, salvo como un breve epílogo.
Está relacionado con
ESO. Bloque 5. Sociedad y cambio en el tiempo. Apartado 5.3. Cambio social y
revolución en la época contemporánea. Cambios y transformaciones en la España
Contemporánea.
RELACIÓN CON TEMAS
TRANSVERSALES.
Relación con los
temas de la Educación para la Paz y de Educación Moral y Cívica.
TEMPORALIZACIÓN.
Seis sesiones de una
hora.
4ª Exposición del
profesor, de refuerzo y repaso; esquemas y comentarios de textos.
5ª Exposición del
profesor, de refuerzo y repaso; esquemas y comentarios de textos.
6ª Debate y
síntesis.
OBJETIVOS.
Explicar el proceso
político español en el siglo XIX.
Diferenciar liberalismo
moderado y progresista.
Diferenciar entre
Antiguo Régimen y el régimen liberal.
Comprender el papel
del ejército español en el siglo XIX.
CONTENIDOS.
A) CONCEPTUALES.
La guerra de
Independencia.
La constitución de
1812.
La primera reacción
de Fernando VII.
Los pronunciamientos
militares.
El Trienio Liberal.
La segunda reacción
de Fernando VII.
Carlismo y
liberalismo (moderado y progresista).
Las guerras
carlistas.
La relación entre
desamortización y liberalismo.
Las constituciones
españolas desde 1833 hasta 1876.
Las revoluciones de
1854-1856, 1868-1874.
La Restauración y el
canovismo.
B) PROCEDIMENTALES.
Tratamiento de la
información: realización de esquemas del tema.
Explicación
multicausal de los hechos históricos: en comentario de textos.
Indagación e
investigación: recogida y análisis de datos en enciclopedias, manuales,
monografías, artículos...
C) ACTITUDINALES.
Rigor crítico y
curiosidad científica.
Tolerancia y solidaridad.
Valorar la solución
pacífica de los conflictos nacionales.
METODOLOGÍA.
Metodología
expositiva y participativa activa.
MOTIVACIÓN.
Una lectura de un
texto sobre Constitución de 1812 y otro sobre la primera guerra carlista.
Pueden sustituirse por fragmentos de Benito Pérez Galdós y Pío Baroja.
ACTIVIDADES.
A) CON EL GRAN
GRUPO.
Exposición por el
profesor del tema. Es conveniente hacer una evaluación previa de los
conocimientos de los alumnos.
B) EN EQUIPOS DE
TRABAJO.
Realización de dos
líneas de tiempo sobre el proceso, una sobre el “color” político de los
periodos: reaccionario, liberal moderado y progresista, republicano... y otra
sobre las constituciones a fin de relacionar cada constitución con sus
partidarios y oponentes.
Realización de un esquema
de la evolución de las constituciones, con presentación gráfica de las
relaciones entre las instituciones.
Realización de un
mapa sobre la primera guerra carlista (zonas carlistas, ciudades liberales más
importantes, puntos revolucionarios más destacados).
Comentarios de
textos sobre las constituciones (la soberanía popular y los derechos políticos
en las de 1812, 1837, 1845, 1869 y 1876), el caciquismo, los conflictos
carlistas, la revolución de 1868, la restauración de 1875 y el canovismo...
C) INDIVIDUALES.
Realización de
apuntes esquemáticos sobre la UD.
Participación en las
actividades grupales.
Búsqueda individual
de datos en la bibliografía, en deberes fuera de clase.
Contestar cuestiones
en cuaderno de trabajo, con diálogo previo en grupo.
RECURSOS.
Presentación digital
y mapas.
Libros de texto,
manuales.
Fotocopias de textos
para comentarios.
Cuadernos de
apuntes, esquemas...
EVALUACIÓN.
Evaluación continua.
Se hará especial hincapié en que se comprenda la relación entre los procesos de
España y europeo y en la influencia de este proceso sobre la historia de España
en el siglo XX.
Examen incluido en
el de otras UD, con breves cuestiones y un comentario de texto.
RECUPERACIÓN.
Entrevista con los
alumnos con inadecuado progreso.
Realización de
actividades de refuerzo: esquemas, comentario de textos...
Examen de
recuperación (junto a las otras UD).
APÉNDICE: Texto para comentario de texto en clase.
Los falsos mitos sobre la Guerra de Independencia.
José Álvarez Junco [Las deformaciones de la memoria. “El
País” (7-XII-2014)]:
‹‹Este 2014
ha sido un año de centenarios: el del inicio de la Gran Guerra europea, por
ejemplo, o el del final de la de Sucesión española. Más inadvertido ha pasado,
sin embargo, la conmemoración de 1814, fecha en la que terminó la guerra
napoleónica en España y volvió el Deseado Fernando VII, quien dio su
golpe de Estado contra el régimen constitucional, encarcelando o enviando al
exilio a sus padres fundadores.
Aquella guerra que finalizó hace 200
años fue un acontecimiento de extraordinaria complejidad. Se combinaron en
ella, como mínimo, un enfrentamiento internacional (entre Francia e Inglaterra,
las dos grandes potencias imperiales del momento; suyos fueron los dos Ejércitos
que libraron las principales batallas en la Península) y una guerra civil (pues
hubo españoles en los dos bandos). Pero tuvo mucho también de reacción
xenófoba, antifrancesa, que conectaba con la francofobia heredada de la
Monarquía de los Austrias y, específicamente, de las resistencias al reformismo
ilustrado del siglo anterior; de pugna partidista entre godoístas y fernandinos
(protagonistas, estos últimos, de muchas de las sublevaciones que se
presentaron como “antifrancesas” a finales de mayo de 1808); de cruzada
antirrevolucionaria, que reactivaba las prédicas de la guerra de 1793-1795
contra nuestros ateos y regicidas vecinos; de explosión localista, plasmada en
las diversas juntas rebeldes (cuya unificación en una Central y Suprema no fue
nada fácil); de protesta social popular (contra los godoístas, que solían
coincidir los “afrancesados” y, no por casualidad, con los potentados del
lugar), etcétera.
Tan difícil fue entender políticamente
aquel conflicto que tardó años en ser bautizado: tras recibir nombres como la Revolución
española o la Guerra del Francés,acabó siendo simplificado en
términos nacionales: había sido una Guerra de Independencia de todos los
españoles —salvo los inevitables traidores; hasta en las mejores familias hay
degenerados— contra un intento de absorción imperial por parte de Napoleón.
Siguiendo este guión se convertiría, durante el resto del XIX, en piedra
angular de la mitología nacionalista. Año tras año, el Dos de Mayo sería
conmemorado en términos patrióticos, principalmente en Madrid; se erigirían
monumentos a los fusilados en esas fechas; Galdós dedicaría a aquella guerra la
primera serie de sus Episodios nacionales; y Bernardo López
García escribiría el poema patriótico de mayor éxito, que comenzaba con el
lastimero “Oigo, patria, tu aflicción”. En definitiva, era un buen comienzo
para el siglo del nacionalismo —un siglo que, en el caso español, parecía
ofrecer tan pocas cosas de las que enorgullecerse—: un levantamiento unánime,
protagonizado por un pueblo inerme, abandonado por sus élites dirigentes, que
pese a todo había derrotado al mejor Ejército del mundo; proeza que reforzaba
la leyenda escolar de la raza invencible en milenaria pugna por afirmar su
identidad frente a intentos de dominio extranjero.
Para defender aquella versión había que olvidar que el general en jefe
de los Ejércitos supuestamente “españoles” se había llamado sir Arthur
Wellesley, duque de Wellington; que en las filas “francesas” habían luchado no
solo regimientos y mariscales de Napoleón (con tropas polacas o italianas),
sino también soldados y generales españoles; que las élites intelectuales,
eclesiásticas, burocráticas y militares del país se habían alineado
mayoritariamente con José Bonaparte; y que la guerra había estado virtualmente
ganada por los josefinos durante tres años, entre principios de 1809 y finales
de 1811, hasta que Napoleón se llevó a más de la mitad de sus tropas a la
desastrosa campaña rusa; solo entonces se atrevió el cauteloso Wellington a
salir de Portugal; y fue él, y no los generales españoles, quien ganó batallas
a los franceses. En la primavera de 1810, cuando Cádiz y Palma de Mallorca eran
las únicas ciudades rebeldes al rey José, este hizo un periplo por Andalucía en
el que fue recibido de manera entusiasta en numerosas poblaciones. Ningún
monumento, ni libro subvencionado por instituciones nacionales ni regionales,
recuerda aquel viaje.››
LA CONSTITUCIÓN DE 1812
Las Cortes se autoconstituyeron en
ASAMBLEA CONSTITUYENTE (reunión para elaborar una constitución y asumieron la
SOBERANÍA NACIONAL, esto es, la nación se dota a sí misma de una CONSTITUCIÓN,
ley fundamental que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y que
regula las atribuciones del Estado y del gobierno. Con esto los diputados gaditanos
ponían en marcha la revolución liberal. Pronto aparecerán tres tendencias
dentro de las Cortes:
Liberales: partidarios de reformas revolucionarias.
Absolutistas: llamados también
“serviles” pretendían mantener el viejo orden monárquico.
Jovellanistas: partidarios de una monarquía fuerte pero reformista.
La primera constitución española
responde claramente a los principios revolucionarios. Se fundamenta en los
siguientes pilares:
-Reconocimiento de la soberanía
nacional: La soberanía reside en la nación y, por tanto, pertenece a la nación
el derecho a establecer leyes fundamentales. Base de la revolución liberal.
-Reconocimiento de los derechos
individuales.
-La división de poderes.
El poder legislativo corresponde
exclusivamente a las Cortes, de Cámara única. Se pretendía que la nobleza y el
clero no obstaculizasen la renovación política, social y económica que se
pretendía llevar a cabo. La participación del rey se concreta en la iniciativa
parlamentaria y sanción de las leyes. No tiene veto absoluto, sólo suspensivo,
es decir, sólo podía demorar la entrada en vigor de las leyes.
El poder ejecutivo se le atribuye al
monarca aunque se le imponen una serie de restricciones y a sus ministros. Al
rey se le reconoce como el jefe de gobierno; nombraba y separaba a los
ministros libremente. La autoridad del rey se extiende a la conservación del
orden público en el interior y a la seguridad en el exterior.
El poder judicial corresponde a los
tribunales de justicia, aunque el rey es el primer magistrado de la nación.
-Reconocimiento oficial de la religión
católica como la única de la nación.
-Establecimiento de un sistema de
representación elegido por sufragio indirecto a cuatro grado: Los vecinos de
cada municipio nombraban a unos compromisarios, cuyo número guarda relación con
la población de aquel. Los compromisarios nombraban a un elector de parroquia. Los
electores de parroquia nombraban a un elector de cabeza de partido. Los
electores de partido se reunían en la capital de provincia para nombrar a los
diputados a Cortes. Este tipo de sufragio casi universal en su base se
restringía sensiblemente en cada grado, además para ser elegido era necesario
tener una renta anual procedente de sus bienes.
-Las Cortes además de la función
legislativa, tenían una función de carácter económico y financiero. Fijaba
gastos de la administración pública, establecía contribuciones.
-Creación de milicias nacionales.
Sin duda, la obra magna de las Cortes
de Cádiz fue la Constitución de 1812 que establecía por primera vez en España
una monarquía constitucional. Pero además numerosos decretos y leyes fueron
elaborados por los diputados en una operación de reforma social y política.
-Libertad de expresión. Decreto de
libertad de imprenta. Es la primera formulación del derecho de expresión. La
libertad de expresión y de ideas era pieza clave del sistema liberal y eficaz
instrumento de conciencia política y defensa frente a los abusos de poder.
-Liquidación de los fundamentos
económico-jurídico de la sociedad estanental:
Decreto de 6 de agosto de 1811 de
abolición del señorío jurisdiccional. En este decreto se incorporan los
señoríos jurisdiccionales a la nación, con lo que los ciudadanos pasaban a la
jurisdicción común del Estado, con esto se ponía fin al Antiguo Régimen
Señorial. El decreto convertía en propiedad particular todos los demás señoríos
territoriales y solariegos. El decreto en modo alguno destruyó el dominio
territorial de la nobleza y agravó incluso la situación del campesinado al
introducir la libertad de arrendamientos. También se suprimieron las
vinculaciones y mayorazgos que limitaban el acceso a la propiedad.
Libertad de contratación y libertad de
trabajo: Se prohíben los gremios que reglamentaban el trabajo de forma tal que
impedían la competencia y con ella el progreso.
Libertad de industria.
Programa desamortizador. Los decretos
de junio 1812 y enero de 1813 inician una tímida desamortización eclesiástica y
civil, al establecer la enajenación de los bienes de las comunidades religiosas
extinguidas, de los bienes de la abolida Inquisición, de los jesuitas y de las
órdenes militares. Asimismo se dispone la reducción de la propiedad individual
de la mitad de las tierras de los ayuntamientos (bienes de propio y baldío) y
propiedades de realengo. La desamortización quedó interrumpida en 1814 con la
llegada de Fernando VII.
En definitiva se persigue la
implantación del modelo socio-económico del liberalismo.
-Se abolen también la Mesta, la
Inquisición y la tortura.
La teoría de Ringrose sobre la evolución histórica de España en 1700-1900.
El libro de David Ringrose. España
1700-1900: el mito del fracaso (Alianza. 1996) se basa en la tesis de Arno
Meyer sobre la persistencia del Antiguo Régimen. Ringrose explica que en España
el tejido patrimonial de intereses periféricos logró persistir intacto a través
de todos los cambios de régimen, colonizando para ello la Administración
central (en Madrid) mediante el tráfico de influencias. Las élites locales,
para mejor defender sus intereses locales, enviaban a sus hijos segundos a
Madrid, constituyendo así una doble red familiar interconectada: en Madrid y en
los núcleos locales. Así Madrid se conformó como una ciudad sin madrileños,
colonizada demográficamente por la periferia (excepto Cataluña, por la barrera
idiomática para la emigración). Ringrose explica la descentralización
autonómica por la persistencia histórica de esas pautas: aunque la España oficial
ha sido jurídicamente centralista, la España real ha sido siempre
centrífuga. La situación actual es otra etapa más intensa en la histórica
descentralización del país y remarca la dependencia de la capital respecto a la
periferia. Para Ringrose es un proceso funcional, positivo, pues son las
fuerzas dinámicas de la periferia las responsables del desarrollo español y de
la modernidad. Potenciar la variedad es la mejor opción para el futuro. [Enrique
Gil Calvo. El mito de la España invertebrada. “El País"
(13-XI-1997) 16.]
5 comentarios:
Me interesa este tema y lo estoy desarrollando. Podría hacerme algún comentario? Gracias
http://www.oscuentounahistoria.blogspot.com/
Enhorabuena por el blog. Gracias una pregunta. ¿por qué Fernando VII defendió la sucesión de su hija y los intereses en torno a ella, sabiendo que estaban con el Liberalismo, tan contrario a su doctrina, frente a la opción carlista, defensora del Antigua Régimen, más afín a él? ¿sólo por la sangre, por ser su hija?
Las fuentes fiables de la época explican que hacia 1830-1833 el rey, su esposa y su reducido grupo de consejeros eran partidarios del absolutismo como ideología, pero que habían comprendido que la permanencia inmutable del Antiguo Régimen era imposible. Un ejemplo: en 1823 ya no se restableció la Inquisición después del paréntesis del Trienio Liberal. Su propuesta en 1833 era una monarquía conservadora con muy amplios poderes ejecutivos, dando cierta libertad a los poderes legislativo y judicial, mediante un pacto con la aristocracia y la burguesía, para dar estabilidad al país y a la dinastía, y emprender las reformas ya inevitables.
Fernando VII estaba enfrentado desde mucho antes con su hermano Carlos, demasiado absolutista, pero más importante fue que deseaba que su hija fuera reina, con su esposa como regente, como evidencia la bibliografía sobre Isabel II. Así que se puede concluir que el factor de paternidad fue esencial, pero no el único.
No puedo evitar darle mi más sincera enhorabuena además de incontables agradecimientos por semejante recurso que hace público. Ojalá nunca cierre esta web y podamos seguir consultándola.
Un cordial saludo.
Uno de los temas que mas me llama la atención de este periodo histórico es el hecho de que el general Maroto ordenó el fusilamiento de sus compañeros. Se puede entender como una traición a la causa carlista?
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