España. Dosier: Delitos y penas. La sedición y la malversación.

España. Dosier: Delitos y penas. La sedición y la malversación.

Índice.

Introducción.

El debate sobre la prisión permanente revisable.

La reforma de los delitos de sedición y malversación.

 

Introducción.

La entrada recoge noticias y opiniones sobre el Derecho Penal y Procesal en España, y nexos con dosiers sobre condenas especificas, los presos y las cárceles. El debate sobre este amplio tema ha sido siempre intenso: la delincuencia, entendida como una transgresión de las reglas de convivencia, siempre ha sido una amenaza que ha interesado a las autoridades, a los representantes del pueblo y a los ciudadanos en general, como vemos en las crónicas medievales, las actas de las Cortes desde entonces, las obras de teatro del Siglo de Oro o las traducciones al español y el gran éxito de la famosa obra de Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas (1764). Las cuestiones son infinitas: castigar o perdonar, poner límites temporales a las penas o que estas sean perpetuas, vengarse o reinsertar, amenazar o atender a los delincuentes para que no recaigan, confiar en la capacidad de mejorar del ser humano o decidir que nada puede hacerle cambiar si ha nacido o se ha hecho malvado.

El debate sobre la prisión permanente revisable.

La prisión permanente revisable se aprobó en marzo de 2015 y es una variante de la cadena perpetua: los presos solo son liberados si prueba que está rehabilitado tras una serie de plazos, al menos de 25 años y de 28, 30 o 35 años en algunos casos, y si previamente ha logrado acceder al tercer grado. Muchos juristas y ciudadanos entienden que no cumple con el fin rehabilitador de las condenas y piden su supresión, pero otros sostienen que es imprescindible para delincuentes peligrosos y no rehabilitados. Entre 2015 y 2018 solo un preso ha sido condenado a esta pena, David Oubel,en julio de 2017, por degollar a sus dos hijas para vengarse de la madre.

El editorial Salto hacia atrás  [“El País” (22-I-2015)] critica el endurecimiento del Código Penal, pese a que España es uno de los países más seguros de Europa:

‹‹El Gobierno utilizó ayer su mayoría absoluta para forzar la introducción en el Código Penal de la “prisión permanente revisable”, un eufemismo que no oculta la voluntad de volver a un trato penal propio de otros tiempos. Y aunque se prevén revisiones de la condena tras 25 o 35 años de efectivo cumplimiento, según los casos —para salvar la posible inconstitucionalidad de la cadena perpetua—, de hecho permite mantener al reo toda la vida en prisión.

No se puede manosear el Código Penal por el hecho de que un Gobierno en dificultades quiera enviar mensajes de autoritarismo y firmeza a electores que se le escapan. Menos aún se debe adoptar semejante medida sin un debate previo en profundidad que justifique el endurecimiento penal. El Gobierno ya concibió este proyecto en su primer año de mandato, cuando el ministro de Justicia era Alberto Ruiz-Gallardón, pero lo desempolva ahora, en pleno año electoral. Y lo hace pasando por encima de toda la oposición, de las advertencias recibidas en su día desde el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado y otros órganos, y del manifiesto firmado por más de 60 catedráticos de Derecho Penal.

La contumacia del Ejecutivo y del partido que le apoya es en realidad una señal dirigida a los sectores más autoritarios de la opinión pública, que han exigido la reclusión a perpetuidad o el restablecimiento de la pena de muerte al hilo de crímenes de gran impacto social.

El gesto se produce en medio de la emoción provocada por la reciente excarcelación de Santi Potros —detenido de nuevo por otros asuntos—, como si se le hubiera podido aplicar la pena de perpetuidad por hechos cometidos cuando regía otra legislación penal.

Elevar las condenas al máximo posible resulta incoherente en un país con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa y en el que ya existe una escala penal agravada de hasta 40 años de privación de libertad. Nadie puede estar seguro de que los autores de crímenes especialmente odiosos, como los de Marta del Castillo o de los niños José y Ruth Bretón, o los cometidos en nombre de ETA o del yihadismo, se hubieran detenido ante la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión.

El Código Penal ya era suficientemente duro antes de esta nueva vuelta de tuerca. Todo un salto atrás.››

La reforma de los delitos de sedición y malversación.

El debate sobre los delitos de la rebelión, la sedición y la malversación comenzó tan pronto se inició el proceso a los independentistas catalanes en 2017, porque había dudas legales sobre la adecuación de las grandes penas previstas en estos delitos respecto a la gravedad de los delitos cometidos.

La conclusión es distinta según la alineación ideológica de los expertos. Por ejemplo, los más conservadores defienden que el Código Penal actual es plenamente eficaz y adecuado. Los progresistas, en cambio, sostienen que por lo menos el delito de sedición está mal configurado en el Derecho español, con penas excesivas para el Derecho comparado, como se ha visto con el ‘procés’ catalán en 2017, y debería haberse regulado hace años de acuerdo con el derecho comparado europeo —en Alemania y Bélgica no hay delitos de sedición; Alemania, Francia y Suiza castigan con tres años romper la paz pública o las agresiones a las autoridades; Italia y Bélgica castigan hasta cinco años—, pero la reforma planteada en noviembre de 2022 se ha retrasado hasta que la situación ha empeorado. El jurista Mena incluso opina que podría ser eliminado porque hay otras figuras adecuadas para casos como los del ‘procés’: desórdenes públicos, coacciones, desobediencias a las órdenes de tribunales y autoridades, y malversaciones.

Finalmente, el Parlamento ha aprobado en diciembre de 2022, pese a la oposición de la derecha, la polémica reforma, por un procedimiento de urgencia que ha levantado justas críticas por la falta de tiempo y de debate público,

La periodista Vera Gutiérrez Calvo resume la reforma aprobada en Una reducción de penas con riesgos en el horizonte [“El País” (23-XII-2022) / https://elpais.com/espana/2022-12-22/adios-a-la-sedicion-y-penas-mas-bajas-para-los-corruptos-asi-queda-el-codigo-penal-tras-la-aprobacion-en-el-senado.html], que el Gobierno presenta como una manera de favorecer la convivencia en Cataluña y espera que no dé lugar a un goteo de reducciones de condenas por malversación:

‹‹(…) la principal novedad afecta a los dos delitos por los que fueron condenados o permanecen encausados los cargos públicos que se embarcaron en el procés independentista catalán: el delito de sedición desaparece —se crea, en paralelo, un delito agravado de desórdenes públicos— y el de malversación ve notablemente rebajadas sus penas. Ambos cambios, al ser favorables a los ya condenados, podrán aplicarse a estos retroactivamente. Estos son los elementos fundamentales de la reforma legal en lo referido a cargos públicos:

Derogación del delito de sedición.

El delito de sedición (artículo 544 y siguientes del Código Penal) queda eliminado. Este tipo penal castigaba con penas de prisión a quienes “se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes” o para evitar que “cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público” cumpla con sus legítimas funciones o aplique “resoluciones administrativas o judiciales”. Las penas eran de tres grados, en función de la gravedad: de 4 a 8 años de cárcel (y de inhabilitación para ejercer cargo público) para los participantes en la sedición; de 8 a 10 años para los inductores o dirigentes; y hasta 15 años si el delito lo cometían autoridades públicas (como ocurrió en el caso del procés).

Nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Se modifica el artículo 557 para crear un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Este castigará a quienes actúen “en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública”, usando “violencia o intimidación”. Esa violencia podrá ser de tres tipos: contra las personas o cosas; obstaculizando vías públicas de modo que se ocasione un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios. El nuevo delito (…) tiene unas penas mucho más bajas que el de sedición: de seis meses a cinco años de cárcel y de inhabilitación. Si el delito lo comete alguien con rango de autoridad, la pena de inhabilitación (no la de cárcel) pasaría a ser de entre seis y ocho años.

Penas más bajas para la malversación.

La reforma modifica el artículo 432 del Código Penal, el que castiga la malversación de fondos públicos por parte de autoridades o funcionarios (uno de los delitos angulares de la corrupción). Hasta ahora, la ley no hacía distinción entre quienes desviaban dinero público para lucrarse personalmente y quienes lo hacían con otra motivación (beneficiar a su partido político, financiar la causa ideológica propia, pagar favores a terceros...). El castigo era siempre el mismo, porque lo que se penalizaba era el daño al patrimonio público. Las penas eran de dos a seis años de cárcel e inhabilitación, pudiendo llegar a los ocho años (y 20 de inhabilitación) si se producía un “grave daño o entorpecimiento al servicio público” o si la cantidad malversada superaba los 50.000 euros. En el caso de que la cantidad excediera de 250.000 euros, la pena de cárcel podía alcanzar los 12 años. Esa modalidad agravada es la que se impuso a los condenados del procés (aunque la pena exacta por malversación que recibieron es difícil de calcular, porque se aplicó en concurso medial con la sedición).

A partir de ahora se establece una distinción en el delito de malversación, dependiendo de si produce o no enriquecimiento personal. Las penas que recogía el Código Penal anterior (un máximo de 12 años de cárcel) quedan reservadas para la autoridad o funcionario público que, “con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo”. Si no existe ánimo de lucro el castigo se reduce mucho, con dos variantes: quien destine a “usos privados” el dinero público será castigado con entre seis meses y tres años de cárcel (siempre que restituya lo malversado). El segundo caso es el que, según el Gobierno, recogería lo ocurrido en el procés: la autoridad o funcionario que dé al patrimonio público “una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado”, produciendo un “daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años. Pero en este segundo escenario hay también un matiz: si se considera que no se ha producido ese “daño o entorpecimiento grave” del servicio público, la pena será solo de inhabilitación (entre uno y tres años), no de cárcel.

En resumen, la pena máxima por malversación pasa de 12 años de cárcel a 4. Y no habrá cárcel si no se prueba el daño grave al servicio público. El Gobierno (…) confía en que esta modificación del Código Penal no derive en rebajas de penas para otros condenados o encausados por corrupción. (….)

Enriquecimiento ilícito sin explicaciones.

El Código Penal introduce un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, que el Gobierno ha querido presentar como una prueba de que su lucha contra la corrupción no se debilita pese a la rebaja de la malversación. Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros y que no puedan justificar ese aumento podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel, inhabilitación de dos a siete años y una multa del triple del beneficio obtenido.››

 

FUENTES.

Blogs.

Dosier: Los delitos de odio.*

Dosier: Derecho y delitos de expresión.*

Dosier: Las cárceles y los derechos de los presos en España.*

Dosier: Crimen y delincuencia en la actualidad.*

Noticias.

Gutiérrez Calvo, Vera. El Código Penal del PP da nuevos pasos para endurecer los castigos. “El País” (21-IX-2013) 18. El proyecto entra en el Congreso e incluye la prisión permanente revisable y que las faltas se convierten en delitos leves.

García, Jesús. Poco que hacer frente a los violadores libres. “El País” (27-XI-2013) 40-41.

Fabra, María; Pérez, Fernando J. Los expertos coinciden en que la ‘ley Fernández’ recorta garantías y derechos. “El País” (1-XII-2013) 16.

Jiménez Gálvez, J. 14 presos ‘compran’ su libertad con falsos contratos de trabajo adquiridos a una banda. “El País” (15-I-2014) 14.

Garea, Fernando. El Gobierno deja aparcada una de las reformas estrella de Gallardón. “El País” (20-IV-2014) 11. No se aprobará la Ley Procesal Penal.

Sevillano, E. G.; Álvarez, P. Agredir a sanitarios y profesores será penado con hasta cuatro años. “El País” (30-III-2015) 30.

Garea, F. Los jueces pierden la potestad sobre tres millones de infracciones. “El País” (28-VI-2015) 22. La reforma del Código Penal.

Jiménez Gálvez, J. El 25% de las penas judiciales son por conducir ebrio. “El País” (31-VII-2015) 22.

Garea, F. La fiscal general cuestiona la reforma procesal del Gobierno. “El País” (10-X-2015) 18.

Garea, F. El Gobierno no frenará la reforma procesal pese al rechazo unánime. “El País” (17-X-2015) 20.

Garea, F. Justicia asume ideas del PSOE para pactar la reforma penal. “El País” (27-XI-2016). Se avanza hacia un pacto PP, C’s y PSOE.

Ceberio, Mónica. Adiós, juez instructor. “El País” Ideas 85 (24-XII-2016).

Álvarez, P. El debate sobre la reforma del Código Penal sigue pendiente. “El País” (6-XII-2018). Hay que revisar la tipificación de los delitos sexuales.

Sevillano, E. G. El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales. “El País” (26-X-2019). El Tribunal Supremo repasa en una sentencia la jurisprudencia sobre el delito de blanqueo de capitales, el ‘punto débil’ de las redes criminales.

Romero, J. M. La reforma legal aparta al juez de la investigación penal en favor del fiscal. “El País” (19-XI-2020).

Rincón, Reyes. El Gobierno pone en marcha la reforma del proceso penal. “El País” (25-XI-2020).

Ordaz, P. La reforma del proceso penal vista por los jueces. “El País” (30-XI-2020).

Gálvez, J. J. El controvertido freno a la acusación popular. “El País” (7-XII-2020). Abogados de partidos y sindicatos critican que el proyecto de ley elimina su posibilidad de intervención como acusación popular.

Gómez, M. V. El fin de la pesadilla en las huelgas. “El País” (21-IV-2021). Se despenaliza la coacción en los piquetes. Ahora será aplicable el delito de coacción.

Brunet, J. M. El Constitucional respalda la prisión permanente y rechaza cambios para suavizarla. “El País” (7-X-2021). Tres de los 10 miembros la consideran inconstitucional.

Brunet, J. M. De la prevención del delito a la reinserción. “El País” (7-X-2021).

Brunet, J. M. El Constitucional afirma que la prisión permanente no es inhumana ni degradante. “El País” (27-X-2021).

Rincón, R. El Gobierno no derogará la prisión permanente. “El País” (3-XI-2021). El Gobierno acata la decisión del TC y no derogará ahora esta pena tan controvertida y esperará un tiempo para estudiarla con calma y consenso.

Rincón, Reyes. Un delito desaparece, otros se transforman. “El País” (11-XI-2022). La reforma del delito de sedición va junto a la de otras figuras del código penal.

Análisis y opiniones.

Bacigalupo, Silvina. Una cultura empresarial irrenunciable. “El País” (14-VIII-2019). El reciente y muy importante avance del reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica (corporación, sociedad…).

Barber, Virginia. La criminalización de la enfermedad mental. “El País” (12-X-2021). [https://elpais.com/opinion/2021-10-12/la-criminalizacion-de-la-enfermedad-mental.html]  Más del 90% de las personas con trastornos mentales nunca cometen actos violentos. Los datos no justifican la privación de libertad permanente. Es precisa una reevaluación y considerar más terapias que la medicación.

Crespo Barquero, Pedro. Límites a la investigación penal. “El País” (15-X-2015) 12. La reforma del Gobierno sobre la limitación temporal de la investigación es un error, porque dificulta la aplicación de la Justicia.

De Buerba, Adriana. La reforma del proceso penal. “El País” (7-XII-2020).

De la Quadra-Salcedo, Tomás. Sobre la reforma del Código Penal. “El País” (17-II-2020). Cómo tipificar el delito de rebelión.

Díez Ripollés, José Luis. Las penas de nuestro Código Penal. “El País” (29-I-2020). El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga aconseja una reforma del Código Penal para evitar un rigor excesivo en delitos menores.

Editorial. Un giro necesario, pero con garantías. “El País” (1-XII-2020). Hay que mejorar la autonomía de los fiscales en la reforma del proceso penal.

González Vega, Ignacio. Juez y ministerio fiscal, en la investigación penal. “El País” (2-XII-2020). La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882 y no ha sido reformada totalmente en democracia.

Hernández García, Javier. Culpable sin sentencia. “El País” (29-XII-2018). E magistrado, presidente de la Audiencia de Tarragona, critica los linchamientos mediáticos.

Lascuraín, Juan Antonio. Reformen la reforma penal. “El País” (22-VII-2014) 27-28. Critica la reforma penal propuesta, en especial la cadena perpetua.

Mena, José María. La gran reforma de la Fiscalía. “El País” (3-XII-2020). 

Quintero, Gonzalo. La prevaricación vulgarizada. “El País” (12-VII-2016). El catedrático de Derecho Penal cuestiona la vulgarización de dos conceptos penales asociados a la corrupción: la prevaricación y la malversación.

Torres-Dulce, Eduardo. Sobre el Código Penal. “El País” (26-IV-2018). El exfiscal general del Estado entre 2011 y 2014 y profesor de Derecho Penal urge a reformar en consenso el Código Penal.

El debate sobre la prisión permanente revisable.

Noticias.

Gutiérrez Calvo, Vera. El Código Penal del PP da nuevos pasos para endurecer los castigos. “El País” (21-IX-2013) 18. El proyecto entra en el Congreso e incluye la prisión permanente revisable y que las faltas se convierten en delitos leves.

Garea, F. El PP reinstaura la cadena perpetua bajo la figura de ‘prisión revisable’. “El País” (22-I-2015) 14.

Redacción. Un castigo extendido en Europa. “El País” (22-I-2015) 15.

Marín, Maribel. Cadena perpetua sobre cadena perpetua. “El País” (2-II-2015) 12-13. Críticas de los expertos a la prisión permanente revisable. 

Díez, Anabel. La mayoría de los españoles avala la cadena perpetua revisable. “El País” (9-II-2015) 10.

Garea, Fernando. Jueces y fiscales denuncian la entrada en vigor de una ‘ley de punto final’. “El País” (16-X-2015) 18.

Ceberio, M. La obsesión por eternizar las penas de prisión. “El País” (10-II-2018).

Alberola, Miquel. PP y Ciudadanos se valen de las víctimas para defender la prisión permanente. “El País” (16-III-2018).

Redacción. ¿Qué es la prisión permanente revisable? Todas las claves. “El Periódico” (30-IX-2019). [https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190930/que-es-prision-permanente-revisable-7658763]

Análisis y opiniones.

Amón, Rubén. Gabriel y la obscenidad de la política. “El País” (16-III-2018).

Bescansa, Carolina. Prisión permanente revisable. “El País” (22-III-2018).

Cervelló, Vicenta. No había impunidad. “El País” (10-II-2018). La catedrática de Derecho Penal es contraria a la prisión permanente revisable.

Del Rosal, Bernardo. Contra la pena emocional. “El País” (8-II-2018). El catedrático de Derecho Penal critica la intención del Gobierno de aumentar la prisión permanente revisable.

Editorial. Salto hacia atrás. “El País” (22-I-2015) 30.

Editorial. Utilizar a las víctimas. “El País” (16-III-2018). El PP alimenta la bochornosa bronca política sobre la prisión permanente.

Jaén, Manuel. Necesaria para casos de alta peligrosidad. “El País” (10-II-2018). El magistrado y profesor está a favor de la prisión permanente revisable en ciertos casos extremos.

Lascuraín, Juan Antonio. Reformen la reforma penal. “El País” (22-VII-2014) 27-28. Critica la reforma penal propuesta, en especial la cadena perpetua.

Lascuraín, J. A. ¿Prisión permanente revisable? “El País” (13-II-2018). El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid aboga por la resocialización de los presos, incompartible con la prisión perpetua.

Trueba, David. Penas. “El País” (13-II-2018). A favor de una justicia reinsertadora del delincuente y no vengativa. Además de las cuestiones éticas, un argumento más es la eficacia: la violencia excesiva del Estado fomenta la violencia de sus ciudadanos (que imitan a sus instituciones), como prueba que los estados norteamericanos que mantienen la pena de muerte sean los que sufren más asesinatos.

Vives, Tomás S. La dignidad de todas las personas. “El País” (30-I-2015) 35. Critica la prisión permanente revisable, pese a que cuente con apoyo ciudadano.

La reforma de los delitos de sedición y malversación.

Noticias.

Müller, E. La fiscalía alemana pide entregar a Puigdemont por alta traición. “El País” (4-IV-2018).

Carbajosa, A.; Müller, E. La justicia alemana niega el delito de rebelión y excarcela a Puigdemont. “El País” (6-IV-2018).

Hernández, J. A. Las razones del Supremo para dar la batalla. “El País” (8-IV-2018).

Carbajosa, A. El tribunal alemán insiste en negar el delito de rebelión de Puigdemont. “El País” (23-V-2018).

Carbajosa, A. La fiscalía alemana pide la entrega de Puigdemont por rebelión y malversación. “El País” (2-VI-2018).

Carbajosa, A.; Rincón, R. Alemania cierra la puerta a que Puigdemont sea juzgado por rebelión. “El País” (13-VII-2018). Solo acepta la malversación.

Doncel, L. Las claves de la decisión alemana. “El País” (13-VII-2018).

Rincón, R. El juez renuncia a la entrega de Puigdemont. “El País” (20-VII-2018). El TS no acepta traerlo a España solo por un delito de malversación.

Rincón, R. La estrategia fallida de Llarena. “El País” (23-VII-2018). 

Carbajosa, A. Políticos alemanes cuestionan el sistema judicial español. “El País” (10-IV-2018).

Hernández, J. A.; Carbajosa, A. La fiscalía aportará más pruebas para convencer a Alemania de la rebelión. “El País” (12-IV-2018).

Hernández, J. A.; Rincón, R. España entrega a Alemania vídeos que demuestran la violencia del ‘procés’. “El País” (13-IV-2018).

Brunet, J. M. El Constitucional avala todas las condenas del ‘procés’ en 10 fallos con votos discrepantes. “El País” (25-III-2022). Tres magistrados del sector progresista creen desproporcionas las penas del Tribunal Supremo aunque admiten la gravedad de los delitos. Ahora los condenados acudirán a la justicia europea.

García de Blas, E.; Cué, C. E. El PP da un frenazo al pacto judicial. “El País” (28-X-2022). Feijóo rompe las negociaciones para obligar al Gobierno a no reformar el delito de sedición.

Cué, C. E. Sánchez inicia la reforma de la sedición. “El País” (11-XI-2022). El delito se llamará “desorden público agravado” y rebaja la pena máxima de 15 a 5 años.

Gutiérrez Calvo, Vera. Una ley para reducir las penas a los líderes del ‘procés’. “El País” (11-XI-2022).

Rincón, Reyes. Un delito desaparece, otros se transforman. “El País” (11-XI-2022). La reforma del delito de sedición va junto a la de otras figuras del código penal.

Cué, C. E.; Hermida, X. El PSOE defiende el fin de la sedición como solución al conflicto catalán. “El País” (12-XI-2022).

García de Blas, Elsa; Martínez, Virginia. Feijóo promete derogar la reforma si gobierna. “El País” (12-XI-2022).

Baquero, C. S. Pere Aragonès reivindica el “acuerdo” logrado con Sánchez. “El País” (12-XI-2022).

Casqueiro, J. La reforma exprés cuenta con una mayoría holgada. “El País” (12-XI-2022).

Rincón, R. Puigdemont se enfrentará a penas elevadas pese a la reforma legal. “El País” (12-XI-2022).

Rincón, R. El delito de resistencia violenta en otros países. “El País” (12-XI-2022).

Cué, C. E.; Baquero, C. S. El portazo de Feijóo aceleró el pacto sobre la sedición. “El País” (13-XI-2022). PSOE y ERC pactaron eliminar el delito de sedición a cambio del nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de hasta cinco años, y se mantiene el delito de rebelión.

Piñol, À. La derogación agudiza la división en el seno del independentismo. “El País” (13-XI-2022).

Cué, C. E.; Piñol, À. Sánchez abre la puerta a reformar también el delito de malversación. “El País” (14-XI-2022).

Brunet, J. M: Dos magistrados del Constitucional, contra la actual pena de la sedición. “El País” (14-XI-2022). 

Rincón, R. La administración desleal, clave del delito de malversación desde 2015. “El País” (15-XI-2022).

Marcos, J.; Casqueiro, J. El Gobierno marca límites a la reforma penal de la malversación. “El País” (15-XI-2022).

Casqueiro, J.; Hermida, X. ERC desliga los Presupuestos de su propuesta sobre la malversación. “El País” (16-XI-2022).

Rakipaj, Eliona. Gallardón dice que la reforma del delito en 2015 se hizo para perseguir la corrupción. “El País” (16-XI-2022). La reforma del delito de malversación.

Cué, C. E. Sánchez evita aclara si se reformará la malversación. “El País” (17-XI-2022).

Baquero, C. S. Hermida, X. Los grupos, incluido ERC, enfrían la reforma de la malversación. “El País” (21-XI-2022). Temen que favorezca a los corruptos.

Hermida, X. La reforma de la sedición: a toda prisa y en horario de baja audiencia. “El País” (2-XII-2022). El Gobierno espera terminar los trámites en tres semanas.

Cué, C. E. Sánchez se abre a reformar el delito de malversación como plantea ERC. “El País” (7-XII-2022). La condición es no bajar las penas por corrupción. También sopesa “ajustes técnicos” en la ley del “solo sí es sí”.

Baquero, C. S. La reforma de la malversación libraría de la cárcel a 12 cargos de ERC. “El País” (8-XII-2022). También ayudaría a Puigdemont.

Casqueiro, J.; Baquero, C. S. La Moncloa negocia con ERC ajustes en los cambios de malversación. “El País” (9-XII-2022).

Redacción. Barones socialistas ponen líneas rojas ante la reforma del delito. “El País” (9-XII-2022).

Romero, J. M. Políticos de PP y PSOE se beneficiarían de una rebaja de penas por malversar sin lucro. “El País” (9-XII-2022).

Baquero, C. S. ERC propone tres años de cárcel para la malversación sin ánimo de lucro. “El País” (10-XII-2022).

Gálvez, J. J. El riesgo de que beneficie a corruptos encausados. “El País” (10-XII-2022).

Casqueiro, J. El Gobierno justifica la reforma legal exprés por el “secuestro” judicial del PP. “El País” (10-XII-2022).

Cué, C. E. Sánchez cambiará el plan de ERC pero rebajará la pena de malversación. “El País” (11-XII-2022).

Baquero, C. S. Al menos 37 independentistas, pendientes de la reforma. “El País” (11-XII-2022).

Cué, C. E. PSOE y UP suavizan la malversación del ‘procés’, pero no la despenalizan. “El País” (12-XII-2022).

Casqueiro, J. PSOE y ERC acuerdan rebajar las penas para la malversación sin lucro. “El País” (13-XII-2022).

Rincón, R. Puigdemont verá rebajada su pena de cárcel con la propuesta del PSOE. “El País” (13-XII-2022). También se recorta la inhabilitación de Junqueras y otros condenados por el ‘procés’.

Cué, C. E.; Rovira, M. El Gobierno descarta el referéndum en Cataluña que pide Esquerra. “El País” (14-XII-2022). Sánchez considera que la reforma de los delitos penales es el último paso para normalizar la situación en Cataluña.

Rovira, M. El Govern catalán redoblará su apuesta para pactar una consulta. “El País” (14-XII-2022). Se muestra confiado en lograr un referéndum de independencia tras haber conseguido la reforma de los delitos penales.

Marcos, J. García-Page: “No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena”. “El País” (14-XII-2022).

Hermida, X. La reforma supera la oposición del catalanismo más duro y la derecha. “El País” (14-XII-2022).

Baquero, C. S. Frialdad del independentismo frente al entusiasmo de Sánchez por el texto. “El País” (14-XII-2022).

García, J. La nueva malversación favorece a 21 excargos catalanes. “El País” (14-XII-2022).

Gálvez, J. J. Dos de las tres asociaciones de fiscales auguran rebajas de penas a los corruptos. “El País” (14-XII-2022).

Gálvez, J. J. Luzón alerta sobre “los pasos atrás en la lucha contra la corrupción”. “El País” (15-XII-2022). El fiscal Anticorrupción teme que la reforma traiga muchas rebajas de condenas.

Marcos, J. El cambio en la malversación desata la inquietud entre los cuadros del PSOE. “El País” (15-XII-2022).

Hermida, X. El Congreso aprueba la reforma penal en una sesión tumultuosa. “El País” (16-XII-2022). Incluye la reforma para desbloquear el TC.

Marcos, J. El Senado aprueba las reformas de la sedición y la malversación. “El País” (23-XII-2022). El PP teme que su política en el CGPJ y TC se vuelva en su contra.

Gutiérrez Calvo, Vera. Una reducción de penas con riesgos en el horizonte. “El País” (23-XII-2022).

Marcos, J. El Senado aprueba las reformas de la sedición y la malversación. “El País” (23-XII-2022). El PP teme que su política en el CGPJ y TC se vuelva en su contra.

Romero, J. M.; Brunet, J. M. Los jueces contradicen las reformas del Gobierno con criterios dispares. “El País” (14-I-2023).

Rincón, R. Los fiscales no apoyarán rebajas de penas en los casos más graves de malversación. “El País” (26-I-2023).

Brunet, J. M. El Supremo frustra el plan del Gobierno para rebajar las penas del ‘procés’. “El País” (14-II-2023). El TS mantiene las penas de inhabilitación por desobediencia y malversación a Junqueras y otros condenados, y estima por unanimidad que el lucro es cualquier apropiación para fines ilegales y no solo apoderarse del dinero para provecho particular. Subraya que la reforma, al eliminar el delito de sedición, puede dejar “impunes” futuros ataques a la Constitución que no encajen en los “desórdenes públicos agravados”.

Rincón, R. Los tribunales esquivan la reforma del delito de malversación. “El País” (8-IV-2023).

Análisis y opinión.

Amat, Jordi. La coartada de la sedición. “El País” (30-X-2022). El delito de sedición, mal dispuesto en nuestra legislación como se ha visto con el ‘procés’ en 2017, debería haberse regulado hace años de acuerdo con el derecho comparado europeo, pero esta reforma se ha retrasado hasta que la situación ha empeorado.

Amat, J. Todos a la cárcel. “El País” (18-XII-2022). Advierte del peligro político si los políticos implicados en el ‘procés’ son condenados por malversación a largas penas, porque soliviantará a gran parte de la sociedad catalana.

Cancio, Manuel. Una reforma penal asistemática. “El País” (11-XII-2022). El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma opina que hay debilidades de la reforma del Código Penal en las figuras de la sedición (cuya eliminación es positiva pero es errónea la articulación de su sustituto, el delito de desórdenes públicos graves), el delito contra los derechos de los trabajadores (mejor sería reforzar la Inspección de Trabajo), la malversación y su sustituto, el delito de enriquecimiento injusto (que tiene problemas de constitucionalidad por no cumplir con la norma de la carga de la prueba). Aconseja no tener prisas y hacer una reforma más sólida legalmente.

Carmona, Ana. Cuando el fin no justifica los medios. “El País” (13-XII-2022). Critica la premura en las reformas de la sedición, la malversación y la renovación del TC.

Cebrián, Juan Luis. Los delitos y las penas. “El País” (14-XI-2022). Abomina de la reforma del delito de sedición, que evidencia la sumisión a la paranoia independentista.

Cué, C. E. Así se fraguó una decisión difícil: la apuesta de Sánchez para cerrar el ‘procés’. “El País” (18-XII-2022).

De la Quadra-Salcedo, Tomás. Delitos contra la Constitución: rebelión y sedición. “El País” (28-XI-2022). Critica el proyecto de reforma penal, porque España ha de reforzar la protección del orden constitucional frente a los utilizan las instituciones y las leyes contra la Constitución, la integridad territorial y la democracia. Explica que las penas en Europa son más duras que en España, incluso cuando no hay violencia.

Díez Ripollés, José Luis. Rebelión y sedición: una propuesta de reforma. “El País” (15-VII-2021).

Editorial. Revés judicial. “El País” (6-IV-2018). El tribunal alemán no aprecia rebelión en el caso Puigdemont.

Editorial. Ponderación. “El País” (25-IX-2020). El Gobierno ofrece reformar el delito de sedición.

Editorial. Reforma de la sedición. “El País” (13-XI-2022). La propuesta del Gobierno rebela a la vez a la derecha española y al independentismo irredento.

Editorial. .. y una catarata legislativa. “El País” (11-XII-2022). La apresurada reforma legislativa del Código Penal.

Editorial. El auto de Llarena. “El País” (14-I-2023). La primera intervención judicial de la reforma de la sedición y la malversación contradice los objetivos del Gobierno.

Editorial. La resistencia del Supremo. “El País” (15-II-2023). El TS mantiene las penas de inhabilitación por desobediencia y malversación a Junqueras y otros condenados. El TS yerra al hacer valoraciones políticas de la reforma penal y criticar la eliminación del delito de sedición; pierde la apariencia de imparcialidad y la credibilidad, con lo que abona el camino a los recursos de los independentistas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Gallego-Díaz, Soledad. ¿Para qué hablar de sanidad pública? “El País” Ideas 393 (20-XI-2022). La sociedad española no afronta la crisis de la sanidad pública en Madrid (la peor comunidad en comparación) y el resto de España, pese a la masiva manifestación en Madrid. Otro problema es la reforma del delito de sedición, mal explicada, y que deja muchos recovecos sin solucionar, como el de la figura no prevista de los delitos contra la Constitución, que existe en otros países europeos.

Gallego-Díaz, S. Los políticos toman riesgos: los tribunales, no. “El País” Ideas 397 (18-XII-2022). Sánchez se ha atrevido a tomar riesgos para desactivar el conflicto catalán, pero podría fracasar. Siempre quedará aplicar el artículo 155 de la Constitución pero parece una medida dura y tal vez faltaría una norma de menor grado.

García Fontanet, Á. Impresiones sobre la sentencia. “El País” (21-XI-2019). Los condenados pagan por sus delitos.

Gascón, Daniel. La audacia del presidente. “El País” (17-XI-2022). Irónica critica a Sánchez, quien resuelve los delitos de los secesionistas con la genial solución de eliminar las normas que los condenan, poniéndose de acuerdo con los sediciosos y los malversadores

Gascón, D. Pedro Sánchez no se equivoca. “El País” (15-XII-2022). Critica los engaños del Gobierno en la reforma de los delitos del ‘procés’, en lo que más que un error podría ser una estrategia.

Gascón, D. Leyes antisistema. “El País” (26-I-2023). El dislate de la reforma penal de la sedición y la malversación, tan mal hecha que ni siquiera sirve para los fines propuestos por el Gobierno, pero que lastima al Estado de derecho.

González, Enric. Así se jodió el Perú. “El País” Ideas 396 (11-XII-2022). Advierte que la política de Perú se degradó por la falta de respeto a la ley, y que España puede caer en lo mismo con errores como cambiar las leyes para beneficiar a personas concretas.

González-Cuéllar Serrano, Nicolás. Euro(des)orden: dos bofetadas. “El País” (23-V-2018). El catedrático de Derecho Procesal critica la doble negativa de la justicia alemana y belga de entregar a los encausados por el ‘procés’.

González-Cuéllar, N. Matar al mensajero. “El País” (24-II-2023). El Catedrático de Derecho Procesal critica los reproches a las resoluciones judiciales de Llarena y Marchena sobre el ‘procés’, que han cumplido con su obligación en el Código Penal de exponer al Gobierno las lagunas legales, y afirma que la reforma penal sitúa en la impunidad conductas subversivas de orden constitucional.

Grijelmo, Álex. El sentido del lucro. “El País” Ideas 402 (22-I-2023). El lucro, en la filología y la jurisprudencia, no es solo coger el dinero para sí sino también para aprovecharse de él para cualquier objetivo que no sea el legal. El PSOE, UP y ERC no conocían esta realidad o ignoraron el consejo de los expertos, así que se equivocaron en su reciente reforma penal.

Gutiérrez-Calvo, Vera. Cataluña, 2017: ¿delitos o contencioso? “El País” (25-XI-2022). Critica que la nueva figura jurídica de desórdenes agravados podría aplicarse a los militantes pero no a los dirigentes de un nuevo ‘procés’.

Jiménez Villarejo, Carlos. El independentismo, bajo reproche penal. “El País” (17-XI-2019). ERC pide que se deje de perseguir judicialmente a los independentistas, pero el analista explica que el Poder Judicial no puede dejar de investigar y sancionar los delitos que han cometido.

Lloria García, Paz. La rebaja de las penas y su aplicación retroactiva. “El País” (15-XII-2022). La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia critica la reforma legal de los delitos del ‘procés’.

Mena, José María. La sedición, patata caliente. “El País” (3-XI-2022). La sedición es un delito mal configurado en el Derecho español, con penas excesivas para el Derecho comparado, e incluso podría ser eliminado porque hay otras figuras adecuadas para casos como los del ‘procés’: desórdenes públicos, coacciones, desobediencias a las órdenes de tribunales y autoridades, y malversaciones. Pero su eliminación no es hoy políticamente viable.

Muñoz Molina, Antonio. Los malversadores. “El País” (17-XII-2022). El mal uso del dinero público provoca un gran rechazo social.

Noguer, Miquel. Pinchar el globo para salir del lío. “El País” (12-XI-2022).

Romero, José Manuel. Censura a la reforma penal. “El País” (13-I-2023). El juez Llarena critica en su nuevo auto sobre los fugados del ‘procés’ la reforma de los delitos de sedición y malversación.

Romero, J. M. Una chapuza legislativa inocua. “El País” (8-IV-2023).

Sánchez-Cuenca, Ignacio. Fin de la sedición, ¿fin de un relato? “El País” (15-XI-2022). Para superar la mala situación política primero se dieron los indultos y ahora la eliminación del delito de sedición. Falta la reforma territorial.

Vidal-Folch, Xavier. Cataluña en paz y el PP desarmado. “El País” (12-XI-2022).

Vidal-Folch, X. Sedición, el final de la agonía. “El País” (24-XI-2022). El periodista se muestra favorable a la derogación del arcaico delito de sedición (artículo 544 del Código Penal), sustituido por el de desórdenes públicos agravados. Desmonta los argumentos legales de los juristas y políticos que pretenden mantener la sedición. Empero, advierte que falta configurar un delito intermedio entre la rebelión armada y la mera desobediencia o el desorden callejero grave, y sugiere las figuras de la resistencia a la autoridad, la desobediencia reforzada o la deslealtad constitucional, y para configurarlos de modo eficaz sería mejor tramitar la ley por un procedimiento parlamentario participativo.