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viernes, 5 de junio de 2015

HE UD 21. Economía y sociedad en el franquismo.

HE UD 21. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL FRANQUISMO.


Francisco Franco, con uniforme de gala como Jefe del Estado.

INTRODUCCIÓN.
Resumen
EVOLUCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.
1. EL PERIODO 1939-1950: LA AUTARQUÍA.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
2. EL PERIODO 1950-1959: LA APERTURA.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
3. EL PERIODO 1959-1973: EL DESARROLLO.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
La apertura económica.
La modernización social.
4. EL PERIODO 1974-1975: LA CRISIS FINAL.
La crisis económico-social.

INTRODUCCIÓN
La UD trata sobre la evolución social y económica del franquismo entre 1939 y 1975, por lo que se descartan dos procesos muy directamente relacionados: la Guerra Civil en 1936-1939 que lo fundamentó y el proceso de la Transición democrática posterior a la muerte de Franco en 1975. 
Resumen.
Desde 1936 en la zona nacional y 1939 en todo el país y hasta la muerte de Franco, en noviembre de 1975, España padeció los efectos de una dictadura política. Coincidiendo con una dura posguerra que se alargó hasta los años 50, se consolidó un régimen político basado en la concentración del poder en manos del jefe del Estado. Se estableció entonces un único cauce de acceso a la vida política, primero a través del partido FET y de las JONS, y más tarde de su sucesor, el Movimiento Nacional. Casi de inmediato se impuso una política económica autárquica, con fuerte intervención del Estado, que estancó en la pobreza al país. El régimen fue criticado internacionalmente e, incluso, sancionado en el aspecto diplomático y económico.
Pero el inicio de la guerra fría a finales de los 40 conllevó una actitud internacional más benévola hacia el régimen franquista por parte del mundo occidental, que, a cambio de la entrada de España en su sistema defensivo, en los años 50 puso fin al bloqueo económico y reanudó las relaciones diplomáticas. Pero, además, se esperaba de Franco una apertura política hacia la democracia, lo que no se produjo.
Los años 60 fueron años de fuerte expansión de la economía capitalista, y sus efectos penetraron también en el país (crecimiento industrial y comercial, descenso del paro, migraciones a la ciudad, consumismo...). En los años 60 se aprobaron una serie de leyes que mostraban ciertos atisbos aperturistas, como la Ley de Prensa (que establecía la autocensura, en vez de la censura previa) y la designación en 1969 por Franco de su sucesor, el príncipe Juan Carlos de Borbón, en la Jefatura del Estado con el título de rey.
El atentado de ETA de 20 de diciembre de 1973 en el que pereció el almirante Luis Carrero Blanco, reciente presidente del gobierno, eliminó al hombre que aseguraba un futuro de continuidad política al morir Franco y precipitó la disolución del régimen en sus últimos años, hasta el fallecimiento del dictador el 20 de noviembre de 1975. Sobrevino entonces no una ruptura, sino un proceso reformista pactado entre las fuerzas dominantes del régimen y de la oposición, en lo que fue un exitoso modelo histórico de transición de la dictadura a la democracia.

EVOLUCIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.
A continuación vamos a seguir la política interior y exterior del país en conexión con los periodos más importantes de su evolución social y económica.
El régimen político franquista no cambió significativamente entre los años 40 y 70. En el interior fue muy estable: un Estado unitario, autoritario, sin participación democrática, muy represivo. Hubo, naturalmente, cambios en las personas y adaptaciones ideológicas, pero sus políticas sólo variaron esencial­mente en los aspectos exterior y económico.
En cambio, hubo una intensa evolución social y económica durante el franquis­mo. Posiblemente fue una auténtica revolución, aunque no prevista por el régimen, que conllevaría unas transformaciones que disolverían finalmente el franquismo.

1. EL PERIODO 1939-1950: LA AUTARQUÍA.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
Hubo una vuelta a un régimen económico autárquico e ineficiente, que arruinó las mejoras que había registrado la economía desde 1917, de modo que sólo en 1951 se recuperó el nivel económico de 1935. La pobreza era terrible: hambre, racionamiento de productos básicos (hasta 1953), mercado negro... y no había la válvula de escape de la emigración a las ciudades o al extranjero.


Miseria en los años 40.

La política económica autárquica de los años 40.
La política económica se movió entre dos hechos: la necesidad de reconstruir el país y la imposibilidad de hallar apoyo exterior para hacerlo. Esto se debía al ais­lamiento comercial por la crisis mundial que provocó la II Guerra durante la guerra y la posguerra, así como al boicot internacional desde 1945. Por ello, se impuso la solución de la autarquía económica: el Estado era muy intervencionista: precios, salarios, em­presas públicas, nacionalizaciones, obras hidráulicas...
Aunque se logró reconstruir (hacia 1945) la mayor parte de lo destruido en la guerra, es evidente que, en general, este sistema fracasó lastimosamente, ahondando la crisis española de los años 40 y 50, como señalan Fusi y Palafox:
‹‹La instauración de un Estado Nuevo basado en los denominados ideales del 18 de julio tras la guerra civil supuso una abrupta y decisiva ruptura histórica. Las repercusiones económicas fueron tan significativas como destacadas, al pretender lograr la autosuficiencia frente al exterior, y aspirar también a sustituir los precios de mercado por los decididos en los despachos de la Administración. En el corto plazo, la política económica del franquismo dejó a España fuera de la primera fase del milagro económico europeo, condujo a la etapa de estancamiento económico más prolongada del siglo XX y sumió a buena parte de los españoles en el hambre y la miseria. En el largo plazo, la discrecionalidad de las autoridades, cuando no la pura arbitrariedad, aumentó considerablemente el peso de las actividades no competitivas, y, sobre todo, modificó profundamente las pautas de comportamiento de los agentes económicos, consolidando como elementos relevantes de la actuación de no pocos la especulación, el tráfico de influencias disfrazado bajo justificaciones ideológicas y, en bastantes ocasiones, la corrupción.›› [Fusi, Juan Pablo; Palafox, Jordi. España: el desafío de la modernidad. “El País” (14-XI-1997) 15. Ambos consideran positivo el balance de España en los s. XIX y XX, cuando se construyó un Estado liberal y una economía desarrollada, pese a los problemas políticos y económicos de políticas autárquicas y antiliberales.]
Entre las medidas intervencionistas destacan:
- La nacionalización de las industrias bélicas y de la red de ferrocarriles (RENFE, 1941).
- La industrialización con el fomento estatal, con la creación de muchas industrias nuevas (ENDESA, ENHER, ENSIDESA, ENASA, SEAT...) y del Instituto Nacional de Industria (INI).
- Un control estricto del escaso comercio exterior (licencias de importación y exportación).
- Una política moderada de fomento agrario: creación del Instituto Nacional de Colonización (1939), asentamiento de colonos, concentración parcelaria, regadíos... que fracasó por múltiples causas: falta de auténtica voluntad política, lentitud e ineficacia burocrática, la resistencia del latifundismo, técnicas anticuadas, poca maquinaria, escasos abonos, escasos rendimientos, malas condiciones climáticas...
- El hambre y la escasez intentaron ser suplidos con el racionamiento y los precios de tasa, pero se produjeron especulación, contrabando, mercado negro...

La política social falangista.
Si la sociedad vivía una profunda miseria, en cambio la política social del régimen era relativamente avanzada aunque dentro de un régimen conservador, recogiendo la ideología falangista (el ministro de Trabajo entre 1941 y 1957 fue el falangista José Antonio Girón): el “nacionalsindicalismo” o corporativismo, que intentaba superar tanto al socialismo como al capitalismo, mediante el intervencionismo del Estado en las relaciones entre empresarios y trabajadores, y el control de los derechos y obligaciones laborales.
- Supresión de los sindicatos obreros y de las patronales, e integración en sindicatos verticales, que reunían empresarios y trabajadores.
- El Gobierno fijaba los salarios en cada rama de la producción.
- Supresión del derecho de huelga. Se compensaba con la casi prohibición del despido.
- Desarrollo de la Seguridad Social: pensiones de Seguro Obligatorio de Enfermedad, Maternidad, Vejez, Invalidez, Accidentes y Enfermedades Profesionales, Desempleo, Seguridad Social Agraria.
Pese la redistribución de la renta era mínima, porque la capacidad financiera del Estado era escasa, ya que el sistema tributario era poco progresivo, gravando sobre todo las rentas del trabajo y el consumo, mientras que era usual el fraude fiscal en las rentas del capital y los beneficios empresariales.

2. EL PERIODO 1950-1959: LA APERTURA.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
Comienza una tímida apertura económica, apoyada en el comercio exterior, el naciente turismo, préstamos de EE UU, una fuerte emigración a Europa y Latinoamérica. El crecimiento permite terminar el racionamiento (marzo-abril 1952). La inflación y el primer éxodo a las ciudades promueven los primeros disturbios en 1952.
La economía crece hasta que entra en crisis en 1956 por la inflación (40% en 1956-1957), las huelgas, el grave déficit exterior, la caída de las reservas de divisas, la falta de productividad. El gran capital catalán comienza a reivindicar más liberalización económica en el interior pero proteccionismo aduanero contra el exterior.
La situación del campo no había mejorado. Seguía habiendo superpoblación rural y las rentas agrarias eran muy bajas. El principal problema era el desequilibrio social, por el latifundismo del sur y el minifundismo del norte. En 1959 los latifundios de más de 300 hectáreas ocupaban el 41% de las tierras, los de más de 100 hectáreas ocupaban el 53,5% con sólo el 0,86% de los propietarios. En cambio, los minifundios de menos de 10 hectáreas ocupaban el 19% de las tierras con el 91,5% de los propietarios. Esta desigualdad explica la baja productividad y rentabilidad de la agricultura y el inicio de su éxodo rural en este decenio, que se convierte en masivo en los años 60.
Pero, en conjunto, hacia 1960 la economía y la sociedad españolas habían mejorado mucho respecto a la situación de 1940, aun teniendo en cuenta el bajo nivel de partida después de la guerra civil. La población española había crecido significati­vamente en 1940-1960, al pasar de 26 millones a casi 31 millones de habitantes. La población activa agraria había bajado del 51% al 41%. La población en las ciudades de más de 100.000 habitantes era ya un tercio del total. La renta nacional se había doblado. El consumo de electricidad se había multiplicado (de 4.000 millones Kw/h a 18.600 millones). Era un desarrollo muy inferior al de las sociedades occidentales en el mismo periodo, pese a que estas habían comenzado a recuperarse más tarde, en 1945, pero en España, en suma, estaban sentadas las bases para el gran desarrollo de los años 60.

3. EL PERIODO 1959-1973: EL DESARROLLO.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
España vive en este periodo un espectacular desarrollo económico y social, el más elevado del mundo occidental tras Japón. Es el llamado “milagro español”, que será aprovechado por el régimen para legitimarse ante la opinión pública. Sus causas princi­pales son tres:
- El aceptable nivel de partida alcanzado hacia 1960.
- La liberalización de las fuerzas económicas latentes en el país que se realiza por el gobierno entre 1957 y 1961 y que rompe los últimos restos de la autarquía.
- Una favorable coyuntura económica internacional.


Gráfico del crecimiento de la renta per cápita de España comparada con Portugal y México. Obsérvense la caída en 1936-1939, el estancamiento en 1940-1959 y el notable aumento a partir de 1960.

La apertura económica.


Los principales tecnócratas responsables del Plan de Estabilización.

Hacia 1957, para superar la crisis económica iniciada en 1956, se comienza una clara apertura económica al exterior, que llevará al Plan de estabilización de 1959 que fue el aldabonazo definitivo para la liberalización económica y el abandono de la autarquía. Básicamente consistió en una gran liberalización interna (eliminación de reglamentos burocráticos) y exterior (reducción de tasas aduaneras, cambio real de moneda a 60 pesetas/un dólar, aceptación de inversiones extranjeras). Primero provocó una crisis deflacionaria pero pronto se reinició la expansión económica. La economía se abrió al exterior, con un enorme aumento de las importaciones y ex­portaciones.
Los Planes de Desarrollo (el primero de 1964-1967, el segundo en 1969-1972) fijaron los objetivos y las medidas para conseguir estos: polos de desarrollo regional, regadíos, comunicaciones... Pero en conjunto tuvieron poco éxito.
Son años de gran crecimiento económico. El PIB industrial creció en 1960-1973 al 10% de media anual. La población activa agraria bajó del 41% en 1960 al 25% en 1970.
El capital para las inversiones y la importación de bienes de equipo procedió de los ingresos del turismo, las remesas de los inmigrantes y las inversiones y créditos extranjeros. Aumentaron sobre todo las inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios, la inexistencia de huelgas y la facilidad de controlar el mercado español.
La modernización de la agricultura (mecanización, abonos, regadíos, comercialización...) aumentó la productividad agrícola, lo que posibilitó el éxodo rural.
La industrialización y terciarización de la economía avanzaron en los años 60, gracias al desarrollo del turismo y de las industrias de la siderurgia, química, textil, construcción naval, construcción, etc. Las obras públicas mejoraron notablemente las comunicaciones en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, para cuidar el turismo. Las empresas de banca y seguros se expandieron.
Aspectos negativos fueron el retraso tecnológico, la dependencia del exterior, el elevado déficit de la balanza comercial, la incapacidad de generar suficiente empleo (aliviado por la emigración), la insuficiencia del aparato financiero, el retraso del sistema de transportes y comunicaciones.
La modernización social.
Son años de aumento de la población obrera y estudiantil (en la Universidad se dobla entre 1962 y 1968, al pasar de 87.000 a 169.000 estudiantes), que se opondrán más tarde al franquismo.
Continuó la emigración a Europa (2 millones de personas), así como un gran éxodo rural a las ciudades: millones de campesinos abandonan el campo para buscar su futuro, primero en la emigración al extranjero y desde finales de los años 50 en las regiones industriales.
Aumentó el desarrollo urbano: las ciudades y las zonas costeras se expanden en detrimento de las zonas rurales. Madrid pasa de 2,26 millones de habitantes en 1960 a 3 millones en 1970.
Queda atrás la miseria y España se occidentaliza en sus gustos. El consumismo se manifiesta en los años 60 en la difusión de electrodomésticos, televisores, automóviles... En 1960 sólo el 4% de las familias tenían automóvil y el 1% televisor, y en 1970 ya son el 40% y el 85%, en un salto espectacular.
En suma, hubo una modernización social:
- El definitivo ascenso de la burguesía como clase social hegemónica.
- La expansión de las clases medias y de los obreros industriales.
- La disminución de los jornaleros agrarios...
- El cambio de la familia tradicional (rural) a la moderna, más móvil y con miembros más independientes.
- La incorporación de la mujer al mundo laboral.
- La extensión de la educación secundaria y universitaria a amplias capas sociales, junto al aumento de la información y del consumo cultural.

4. EL PERIODO 1974-1975: LA CRISIS FINAL.
La crisis económico-social.
La crisis económica internacional provocada por el aumento de precios del petróleo (desde X-1973) se unió a la crisis interior del régimen para precipitar el inicio de una fuerte crisis económico-social. La económica era todavía pequeña, porque la política económica expansiva permitió frenarla unos años, al precio de que esta fuese mucho más profunda después. Pero la social es rápida, por el cierre de los países europeos a la inmigración, más la destrucción de empleos en el campo y en las industrias obsoletas, que produce desde entonces un terrible y constante aumento del paro, que ha pervivido hasta finales de siglo como un problema estructural de la sociedad y la economía del país.

BIBLIOGRAFÍA.
Internet.


Exposiciones.

*<40 años con Franco>. Zaragoza. Palacio de Montemuzo y Casa de los Morlanes (abril 2015). Comisario: Julián Casanova. Reseña de Constenla, T. Los tiempos de ‘una, grande y libre’. “El País” (19-IV-2015) 43.

Libros.
Benet, Josep. L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Abadia de Montserrat. Barcelona. 1995. 534 pp.
Carr, Raymond. España 1808-1975. Ariel. Barcelona. 1982. 826 pp.
Casanova, Julián (ed.). 40 años con Franco. Crítica. Barcelona. 416 pp. Fragmento: El fascismo que sobrevivió a Hitler. “El País” Domingo (15-II-2015) 10.
Gracia. Jordi. Estado y cultura. Anagrama. Barcelona. 2006. 444 pp. Sobre los intelectuales críticos en el franquismo. Reseña de Conte, Rafael. Acerca de la ‘resistencia’. “El País”, Babelia 787 (23-XII-2006) 10.
Martínez, Jesús A. (dir). Historia de la edición en España 1939-1975. Marcial Pons. Madrid. 2015. 1.000 pp. 32 capítulos por 23 expertos. Reseña de Morales, Manuel. Vivir del libro en época de Franco. “El País” (26-III-2015) 49.

Martínez Rus, Ana. La persecución del libro. Trea. Gijón. 2014. 224 pp. La censura franquista en 1936-1951.
Otero Carvajal, Luis Enrique (ed.). La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo. Complutense. Madrid. 2006. 384 pp. Reseña de Mainer, José-Carlos. Depurados y delatores. “El País”, Babelia 788 (30-XII-2006) 5.
Payne, Stanley G. El Régimen de Franco. Alianza. Madrid. 1987. 682 pp.
Ruiz, Julius. La justicia de Franco. Trad. de Albino Santos. Prólogo de Jorge M. Reverte. RBA. Barcelona. 2012. 464 pp. Reseña de Núñez Florencio, Rafael. “El Cultural” (29-VI-2012) 20.
Samsó, Joan. La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951). Abadia de Montserrat. Barcelona. 1995. 2 vols.
Suárez Fernández, Luis. Francisco Franco y su tiempo. Una obra de un historiador especializado en Historia de España medieval y moderna, que defiende que Franco fue “el caudillo de la neutralidad” y que la política del franquismo durante la II Guerra Mundial fue favorable a los aliados.
Tamames, Ramón. La República. La era de Franco. en Artola, Miguel (dir.). Historia de España. v. VII. Alianza. Madrid. 1988. 373 pp.
Treglown, Jeremy. La cripta de Franco. Viaje por la memoria y la cultura del franquismo. Trad. de Joan Andreano Weyland. Ariel. Barcelona. 2014. 357 pp. Treglown, profesor de Literatura Comparada, estudia las huellas de la guerra civil y el franquismo en la cultura de la España de Franco y en la actual. Reseña de Moradiellos, Enrique. El franquismo no fue un páramo cultural. “El País” Babelia 1.206 (3-I-2015) 7. Señala varios errores en los datos.
Tuñón de Lara, Manuel (dir.). Historia de España Labor. Labor. Barcelona. v. X. Biescas, José Antonio; Tuñón de Lara, M. España bajo la dictadura franquista. 1982. 605 pp. Biescas, José Antonio. Estructuras y coyunturas económicas (21-166). Tuñón de Lara, M. El poder y la oposición (167-434). Tuñón de Lara, M. Cultura e ideología (435-522). v. X. Tuñón de Lara, M.; García Delgado, José Luis; Santos, Juliá; Mainer, José-Carlos; Serrano Sanz, José María. Transición y democracia. 1991. 542 pp. Tuñón de Lara, M.; García Delgado, José Luis; Juliá, Santos. Sociedad y política (29-188). Mainer, José-Carlos. Economía (189-314). Serrano Sanz, José María. Cultura (315-451).

Artículos.
Barciela, Carlos. Los años del hambre. “El País” Negocios 1.370 (5-II-2012) 22-23. La década de los cuarenta del siglo XX. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’. “El País” Negocios (2012). Barciela es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante.
Sudrià, Carles. El ajuste económico en la Transición“El País” Negocios 1.371 (12-II-2012) 22-23. La crisis de 1973-1985. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’.
Marín, Martí. L’alcalde preferit de Franco“El País” Quadern 1.511 (23-I-2014) 3. Miquel Mateu, alcalde de Barcelona en la posguerra.
Gassol, Olivia. Amb tinta blava“El País” Quadern 1.511 (23-I-2014) 4. La situación cultural y de los medios de comunicación en la Cataluña de los años 40.

APÉNDICES.
Historia oral.
Los alumnos pueden encuestar a sus padres, abuelos u otros familiares respecto a la vida política, económica, social y cultural en la posguerra, procurando enlazar las diferentes opiniones en un conjunto inteligible.
Un experto en el tema, es Pere Gabriel. Les formes d'articulació social i política. (IEB, ponencia de 16-X-1997). La historiografía está evolucionando desde el estudio del franquismo hacia el de la sociedad en el franquismo, en toda su complejidad global. Se constata que hay demasiadas publicaciones sobre los antifranquistas y pocas sobre los franquistas, aunque el personal político local está bastante bien investigado, en la continuidad de longue durée respecto a antes de la Guerra Civil. Se constata asimismo que la alta cultura catalana de los años 40 y 50 se hacía en gran parte en pisos particulares (Ferran Soldevilla daba clases en una habitación de su casa). ¿Cómo se articulaba la opinión pública catalana? Casi siempre en grupos privados, muy pequeños, que difundían cotidianamente sus ideas.

La crisis económica en los años 40 y 50 del franquismo autárquico.
Barciela, Carlos. Los años del hambre. “El País” Negocios 1.370 (5-II-2012) 22-23. La década de los cuarenta del siglo XX. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’. “El País” Negocios (2012). Barciela es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante y su artículo resume (es un estado de la cuestión) cómo la nefasta política autárquica del franquismo devastó la economía española. Los alumnos pueden usar los conceptos de este texto para dilucidar si corresponden con la percepción de sus familias así como otros textos, concordantes o no.
‹‹España vivió una larga y dura posguerra. La autarquía, fruto del nacionalismo exagerado del régimen de Franco, tuvo efectos devastadores en la economía. Hasta 1952 el país no empezó a recuperar los niveles de vida de 1935.
Los resultados de las investigaciones en la historia económica del franquismo son unánimes y coinciden en señalar la profundidad y duración de la depresión que sufrió la economía española durante los años cuarenta. Basta echar un vistazo a la evolución de las macromagnitudes más significativas —producción agraria e industrial, comercio exterior, inversión, PIB o PIB per cápita— para hacerse una idea de la magnitud del desastre.
Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones.
La otra cara de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los grandes estraperlistas protegidos del Régimen y el restablecimiento de los privilegios de la Iglesia y el Ejército.
Además de su intensidad, el otro rasgo característico de la depresión de los cuarenta fue su larga duración: hasta 1951 y 1952 no se recuperaron los índices del PIB y PIB per cápita, respectivamente, de 1935. No obstante, debe señalarse que la recuperación de los niveles de bienestar fue más tardía, como consecuencia de la apuesta del Régimen por la industria pesada, a costa del abandono de la agricultura y las industrias de consumo. Así, el nivel de consumo alimenticio de preguerra, en términos de calorías totales, solo se alcanzó a mediados de los años cincuenta y el consumo de algunos productos alimenticios de calidad se retrasó hasta entrados ya los sesenta. Comparativamente, la depresión posbélica española fue mucho más intensa y larga que la de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial.
Para el Régimen, la grave y prolongada depresión fue debida a los daños causados por la Guerra Civil, al aislamiento internacional y a las adversas condiciones climáticas.
Las destrucciones de la guerra deben ser, sin embargo, matizadas: fueron limitadas sectorial y territorialmente. Tan solo fueron verdaderamente importantes en los transportes y las infraestructuras. A ello hay que añadir la pérdida de las reservas internacionales, el endeudamiento, la desarticulación económica y los problemas monetarios. Los daños fueron pequeños en la agricultura, aunque algo mayores en la ganadería, muy escasos en la industria y la minería, limitados y muy localizados en la vivienda. En todo caso, fueron muy inferiores a los que sufrieron los países afectados por la Segunda Guerra Mundial.
Las pérdidas más graves, curiosamente olvidadas por el Régimen, fueron las de vidas humanas. Los cientos de miles de muertos en los frentes de batalla y en las retaguardias; las miles de víctimas de la represión tras el final de la guerra; los fallecidos por hambre, privaciones y enfermedades. Pero no solo fueron los muertos. Cientos de miles de españoles fueron víctimas de variados tipos de represalias y depuraciones, y la población penitenciaria alcanzó cifras extraordinarias. Finalmente, hay que tener en cuenta el capítulo de los exiliados, particularmente importante desde el punto de vista del capital humano. Resulta muy llamativo que incluso un personaje como Himmler aconsejara a Franco, durante su visita a Madrid, una política de menor rigor represivo y más favorable a la integración de la clase obrera en las estructuras del Nuevo Estado. La depuración ideológica y el retorno del fundamentalismo religioso fueron una pesada losa que impidió el desarrollo de la libertad y la iniciativa. La sociedad española fue una sociedad, además de empobrecida, temerosa. Para colmo de males, el lugar que dejaron vacío los científicos, intelectuales y maestros republicanos fue ocupado por elementos del Régimen que, generalmente, carecían de las cualidades y la preparación técnica necesaria.
El aislamiento internacional de España también debe matizarse. En primer lugar, hay que decir que fue más espectacular, por la retirada de embajadores y la condena de la ONU, que efectivo en términos económicos. Franco había contado con las simpatías de Churchill, de las grandes empresas americanas y de las finanzas internacionales; el comercio con Reino Unido y otros países europeos nunca se interrumpió, y la ayuda de Argentina fue fundamental para la supervivencia del Régimen.
Lo cierto es que, por encima de cualquier circunstancia, la duración y profundidad de la crisis no puede ser entendida sin situar en un primer plano la esencia política del Régimen, sus fundamentos y objetivos y la propia política económica desarrollada. Un Régimen nacido del apoyo directo de las potencias totalitarias y que se alineó de manera entusiasta con ellas hasta casi el final de la guerra. La situación de España en 1945 fue el resultado de una opción voluntaria de Franco que resultó equivocada.
El denominado bando nacional estaba conformado por una abigarrada mezcla de fuerzas conservadoras (burguesía y grandes propietarios agrarios), reaccionarias, como los tradicionalistas, el Ejército y la Iglesia e, incluso, algunas autoproclamadas revolucionarias, como Falange y las JONS. Estaban unidas por su oposición al progresismo de la República y por una serie de principios: nacionalismo, autoritarismo, corporativismo, ansias imperiales y rechazo del liberalismo, del socialismo y de las influencias culturales exteriores. Eran viejas ideas. Lo original en el Movimiento Nacional fue el carácter extremado de estos planteamientos.
Algunos dirigentes, entre los que podemos señalar al propio Franco y a su gran amigo el ingeniero naval militar Juan Antonio Suanzes, tenían ideas propias sobre economía y sobre la historia económica de España. Franco llegó a afirmar que las concepciones económicas del Nuevo Estado provocarían cambios en las teorías económicas vigentes. Sobre la situación del país, consideraban que el modelo liberal había sido el responsable del fracaso de España durante el siglo XIX, por lo que correspondía al Estado la tarea de industrializar el país. Un Estado fuerte, totalitario, capaz de imponer sus designios. Y no hablamos de personajes secundarios. Recordemos que Suanzes desempeñó la presidencia del INI desde su creación hasta 1963 y que ocupó la cartera de Industria y Comercio y la presidencia del Instituto Español de Moneda Extranjera entre 1945 y 1951.
El nacionalismo y el rechazo a lo extranjero culminaron en el ideal de la autarquía. Con el tiempo, y a la vista del fracaso, los dirigentes del Régimen intentaron cambiar la historia, afirmando que la autarquía había sido impuesta desde el exterior. Lo cierto es que las bibliotecas están llenas de libros y revistas donde se pueden encontrar centenares de textos de los más destacados dirigentes y economistas franquistas defendiendo el proyecto autárquico. El propio general no dejó dudas al respecto: España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo. Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar nada.
Desgraciadamente para el país, el objetivo autárquico era una quimera y partía de la ignorancia de la teoría económica vigente. Para España, un país pequeño y atrasado, con un mercado interior pobre, con insuficiente ahorro, subdesarrollado científica y tecnológicamente, con un alto nivel de analfabetismo, con grave escasez de materias primas y bienes intermedios, mal dotado de productos energéticos, y carente absolutamente de petróleo, era un suicidio.
El logro de la autarquía exigía el control estricto del comercio exterior. Los aranceles quedaron arrumbados ante instrumentos más poderosos de intervención como el comercio de Estado, las licencias y contingentes, los acuerdos bilaterales y, sobre todo, el control de cambios y el monopolio del comercio de divisas. En definitiva, las decisiones sobre lo que se podía o no importar se sustraían del ámbito empresarial y quedaban en manos de las autoridades. Para colmo de males, Franco, como otros dictadores, consideraba el tipo de cambio como un símbolo del prestigio internacional del país. El tipo de cambio de la peseta estuvo permanentemente sobrevalorado, agudizando los problemas de la balanza de pagos.
España se había beneficiado de manera extraordinaria de su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial. Los países que permanecieron neutrales durante la Segunda Guerra lograron, igualmente, importantes beneficios. De manera inversa, la autarquía y la posición favorable al Eje perjudicaron gravemente al país.
La confianza del Régimen en que la autoridad, ejercida sin vacilaciones y acompañada de sanciones (incluida la pena de muerte), podía conseguir un orden económico más eficiente que el del mercado se consagró, incluso, como ley fundamental del Nuevo Estado. El Fuero del Trabajo proclamaba, en uno de sus puntos, de manera rotunda y castrense: Se disciplinarán los precios. La idea de que los precios podían disciplinarse, que podían someterse a las órdenes de la autoridad, muestra ignorancia y desprecio de los más elementales mecanismos económicos. Para desgracia de la mayor parte de los españoles, los precios, indisciplinados y maliciosos, se burlaron de las normas que pretendían sujetarlos bajo montañas de papel del BOE y se escaparon de las férreas, pero incompetentes, manos de los interventores, elevándose de forma incontenible.
La fijación de precios, el establecimiento de cupos y el racionamiento, así como la larga vigencia de estos mecanismos —que pueden tener un cierto éxito temporal en momentos de excepcionalidad-, tuvo efectos devastadores, aunque perfectamente esperables conforme a la teoría económica (previa a la revolución nacional-sindicalista, claro). Fijar precios oficiales por debajo de los que se alcanzarían en el mercado tiende a reducir la oferta, provoca un mayor deseo de consumo y genera un mercado negro. Los productores tenderán a producir bienes alternativos no sometidos a intervención y, por lo tanto, de precios libres, e intentarán reducir los costes, utilizando menos y peores insumos. En último extremo, preferirán dedicar sus productos a usos alternativos antes de entregarlos a los organismos de intervención a los bajos precios oficiales. En cualquiera de los casos, el resultado será el mismo: reducción de la oferta y precios más altos en el mercado negro. Estos efectos depresivos fueron particularmente graves en sectores como el energético y el de la construcción y rehabilitación de viviendas, consecuencia de la fijación de bajas tarifas y la congelación de los alquileres.
El establecimiento de racionamientos y cupos tuvo efectos similares. Resultaba imposible hacer coincidir los deseos de consumidores y productores con las cantidades asignadas y los precios que estaban dispuestos a pagar. Era frecuente el caso de un industrial cuyo cupo de una materia prima fuera insuficiente y estuviera dispuesto a adquirir cantidades adicionales a precios más altos. O el de un consumidor que tuviera derecho al racionamiento de un producto que para él carecía de valor, pero cuya cotización en el mercado fuera muy elevada. En todos estos casos de desajuste entre la demanda y los cupos o racionamientos asignados, el equilibrio solo podía conseguirse acudiendo a transacciones ilegales. Paradójicamente, el mercado negro sirvió para resolver, aunque fuera con extraordinarios costes, algunas de estas ineficiencias.
Evidentemente, había otra solución más barata y segura de conseguir cupos más elevados: acudir directamente a los organismos interventores. Si se contaba con las influencias políticas adecuadas, se podían conseguir pingües beneficios. La corrupción se convirtió así en otro de los rasgos característicos de la posguerra.
Socialmente, el mercado negro tuvo dos caras. Por un lado, la de los estraperlistas, una clase de nuevos ricos con hábitos de consumo y ostentación de riqueza que se hicieron célebres. Por otra parte, las clases populares de las grandes ciudades industriales, de mayoritaria filiación republicana.
Desde un punto de vista económico, el Nuevo Estado mostró una debilidad extrema. El raquitismo del presupuesto, consecuencia de un sistema fiscal insuficiente, anticuado, inflexible, ineficaz, injusto y minado por el fraude, dificultó la reconstrucción del país. Las elevadas exigencias de los gastos militares y de los cuerpos de seguridad y las necesidades del servicio de la deuda dejaban exhausto el presupuesto. Los gastos que podían mejorar las infraestructuras, el nivel educativo y la salud de los ciudadanos quedaron bajo mínimos. Acabar con aquella situación exigía una reforma fiscal que, necesariamente, tendría que haber afectado a los poderosos, y eso era, dada la esencia del Régimen, imposible.
Sin recursos y sin capacidad de aumentar los ingresos, el déficit de la hacienda resultaba inevitable. Los gobernantes optaron por una solución fácil a corto plazo, pero con efectos letales a medio y largo plazo. Se procedió a la emisión de deuda que, adquirida por los bancos, era monetizada mediante su pignoración en el Banco de España.
La monetización del déficit fue una fuente permanente de inflación y un saneado negocio para la banca que consolidó su poder sobre la economía española. Además, aumentó la injusticia fiscal ya que la inflación golpeó más duramente a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
La inversión privada se mostró sumamente débil como consecuencia de las grandes incertidumbres generadas por la intervención y el futuro del Régimen. Por su parte, muchos de los recursos (tan escasos y valiosos) canalizados en inversiones públicas terminaron en grandiosos fracasos. Así sucedió con ENCASO, el buque insignia del INI, incapaz de suministrar los productos nacionales sustitutivos del petróleo.
En 1951 se produjo un cambio de Gobierno que incluía algunos ministros —Cavestany, Arburúa y Gómez de Llano— más o menos críticos con la política autárquica y partidarios de introducir reformas de signo liberalizador. Este cambio se había venido gestando desde hacía bastante tiempo. Los españoles, víctimas de tantas penalidades, empezaron a manifestar abiertamente su malestar, desencadenándose las primeras huelgas y protestas. También comenzaron a expresarse opiniones, dentro del propio Régimen, favorables a un cambio de rumbo.
Pero los cambios vinieron impulsados, fundamentalmente, desde el exterior, desde Estados Unidos, la gran potencia dominante en el mundo occidental. El estallido de la guerra fría, la caída de China en manos del Partido Comunista, la fabricación de la bomba atómica por la URSS y la guerra de Corea impulsaron el proceso de acercamiento hacia España. La ayuda americana, vital para el Régimen, tuvo, sin embargo, limitaciones cuantitativas y cualitativas; fue condicionada; exigió importantes contrapartidas y se mantuvo en un ámbito estrictamente bilateral.
Nuestro país estaba fuera de los organismos creados en Bretton Woods y del GATT; excluido del Plan Marshall y de la OECE; al margen de la UEP, de la CECA, del Acuerdo Monetario Europeo y del Tratado de Roma. La dictadura y la persistencia de planteamientos autárquicos e intervencionistas impidieron que España se beneficiase plenamente de la época dorada del capitalismo. A finales de los años cincuenta, la virtual quiebra exterior obligó a adoptar un programa de excepción, de nuevo gestado en el exterior: el Plan de Estabilización de 1959.
Tras el éxito del Plan, los años sesenta fueron, finalmente, los del desarrollo. Las causas no hay que buscarlas en la política económica interna, sino en el efecto de arrastre de una economía mundial en la mejor década de la historia. Sin embargo, el modelo de industrialización ocultaba problemas y carencias que se manifestarían al acabar la etapa de prosperidad: la economía seguía intervenida y fuertemente protegida, la hacienda mantenía todos sus defectos, el sistema financiero continuaba gozando de su posición oligopolista, persistía el atraso tecnológico, científico y educativo y se había levantado un sector industrial basado en tecnologías maduras y de elevados consumos energéticos.››

Sudrià, Carles. El ajuste económico en la Transición“El País” Negocios 1.371 (12-II-2012) 22-23. La crisis de 1973-1985. En serie de Llopis, Enrique (coord.). ‘Las grandes crisis de la economía española’. El artículo resume la situación económica de España en medio de la Transición a la democracia y cómo el acuerdo entre los partidos, plasmado en los Pactos de la Moncloa, ayudó a salir de la crisis iniciada al final del franquismo.
‹‹El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kipur, o del Perdón, para los judíos, las tropas de los países árabes vecinos lanzaron una ofensiva a gran escala contra Israel. Tras tres semanas de combates, los israelíes —contando con la ayuda de EEUU— lograron restablecer su hegemonía. Esta breve guerra iba a dejar un rastro profundo, y no solo en Oriente Próximo. Sabedores del soporte occidental al Estado hebreo, los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma económica y bloquearon los envíos previstos a los países que apoyaban a Israel. Los precios se triplicaron en muy pocas semanas y aún aumentarían más en los años siguientes. Fue el detonante del fin de la época dorada —la larga etapa de crecimiento económico que siguió a la Segunda Guerra Mundial—, que en aquellos momentos sufría ya los efectos de la crisis del sistema monetario internacional y las consiguientes presiones inflacionistas.
 Pocas semanas después, el 20 de diciembre, moría asesinado en Madrid el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español y hombre de confianza de Francisco Franco, el anciano dictador de 81 años. La muerte de Carrero, delfín y garante del régimen, significaba el inicio de un proceso de transición abierto a todo tipo de incertidumbres.
Estos dos acontecimientos y sus secuelas iban a presidir la trayectoria económica de España en los años siguientes. Para comprender el proceso es necesario que nos detengamos primero en el estado de la economía española en vísperas de la crisis del petróleo. Después del inapelable desastre que significó la autarquía, la liberalización impulsada por el Plan de Estabilización de 1959, si bien incompleta, abrió el paso a una etapa de crecimiento económico sin precedentes. Este fue un proceso estrechamente vinculado a la gran expansión que se producía paralelamente en toda Europa Occidental. De Europa vinieron los turistas y los capitales que permitieron a España adquirir la maquinaria y la tecnología con la que se modernizó y amplió el sector industrial. A Europa fueron centenares de miles de trabajadores que contribuyeron con sus remesas a la mejora del país, tanto a escala macroeconómica como familiar.
La economía española creció entre 1960 y 1973 más que ninguna otra de Europa, una diferencia que se explica en gran medida por la magnitud del atraso anterior. Las estimaciones más fiables nos hablan de que el PIB por habitante de España era el 62% del de los principales países europeos antes de la Guerra Civil y que descendió 20 puntos en los años de la autarquía. El gran crecimiento de los años sesenta permitió recuperar la cota perdida, pero no ir mucho más allá: hacia 1973, el PIB por habitante español era el 64% del europeo. En cualquier caso, esta etapa de fuerte expansión alteró profundamente la estructura económica de España. La industria se diversificó y extendió sus raíces más allá de las regiones industriales tradicionales, mientras el auge del turismo impulsaba la construcción y los servicios. Consecuencia de todo ello, un fortísimo proceso migratorio convirtió a millones de campesinos empobrecidos en trabajadores urbanos mejor remunerados y, sobre todo, con mejores expectativas de futuro.
Este decenio largo de crecimiento acelerado, sin duda globalmente positivo, no se produjo sin sombras. Algunas de ellas iban a convertirse en amargos costes en cuanto cesara la expansión. El más importante de estos débitos derivaba de los efectos que las veleidades políticas del Estado franquista impusieron sobre el proceso de crecimiento.
Mediante la concesión de vías privilegiadas de crédito y de otras ventajas a determinados sectores y empresas públicas y privadas, los Gobiernos de Franco provocaron que la inversión industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares de los dirigentes de turno y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas de futuro de cada sector. No olvidemos que el poder se ejercía sin control democrático alguno y bajo la férula de la represión. La economía española presentaba así, a comienzos de los años 1970, una estructura deforme en la que habían adquirido un peso excesivo actividades que nunca fueron rentables y que pronto devendrían insostenibles.
Una segunda sombra surgida en los años del desarrollo fue una fuerte tendencia a la inflación que obligaba a adoptar medidas de reajuste periódicamente. El alza de los precios se tornó especialmente intensa en los ejercicios previos a la crisis petrolera debido en parte a las condiciones internacionales, pero también a factores internos. Entre 1970 y 1973, los precios subieron en España a un ritmo superior al 9% anual.
Sobre este escenario de desequilibrio estructural y de fuerte inflación impactó la multiplicación súbita de los precios del petróleo. El barril de Arabia ligero (el de mayor consumo en España) pasó de 3 a 11,70 dólares entre octubre de 1973 y enero de 1974. Dos terceras partes del consumo energético español dependían de las importaciones de crudo. La factura a pagar aumentó en 2.500 millones de dólares, lo que significaba, por sí solo, un incremento del déficit comercial del 50%. Un impacto de esta magnitud iba a tener, inevitablemente, importantes consecuencias. A corto plazo implicaba un empobrecimiento colectivo por transferencia neta de recursos al exterior, un aumento de las presiones inflacionistas y la aparición de serios desajustes fiscales. A nivel más profundo, el cambio en los precios relativos de la energía conllevaba una alteración de las condiciones de producción y hacía inevitable un reajuste de carácter estructural. Todo ello en un contexto internacional de gran incertidumbre.
Ante este panorama, las autoridades se vieron abocadas a tomar decisiones que iban a tener consecuencias de amplio calado. La primera de ellas, y la más trascendente a corto plazo, era la referida a los precios de venta interior de los derivados del petróleo. Una repercusión plena del alza del crudo implicaba (como mínimo) doblar los precios de venta de los productos derivados, algo que hubiera tenido repercusiones depresivas inmediatas sobre la actividad económica. No se trataba solo del transporte; recordemos que la mayor parte de la electricidad se producía en centrales térmicas consumidoras de fuel.
Ante esta eventualidad, el último Gobierno de Franco optó por una repercusión tan solo parcial, absorbiendo el Estado una parte del aumento del coste del crudo por la vía de reducir los impuestos que gravaban el consumo de derivados. Así, mientras los precios de las gasolinas y el fuel aumentaban tan solo en torno a un 20% en términos reales, los ingresos del Estado por la venta de derivados del petróleo disminuían un 35%.
El mismo objetivo de soslayar los efectos de la crisis internacional tuvo la segunda gran decisión de estos meses cruciales: el mantenimiento de una política monetaria laxa destinada a evitar dificultades de financiación a las empresas. Se trataba de sostener la demanda interior ante el fuerte declive que estaba experimentando la demanda exterior. Tengamos en cuenta que, a diferencia de España, los países europeos de nuestro entorno adoptaron de inmediato políticas de ajuste, transfiriendo los aumentos del precio del crudo a los consumidores y adoptando al tiempo medidas de control de la oferta monetaria. La consiguiente contracción económica de estos países tuvo efectos inmediatos sobre España: en términos reales, los ingresos procedentes del turismo descendieron más de un 30%, y las exportaciones, casi un 8%.
Esta política acomodaticia o compensatoria continuó tras la muerte de Franco y el inicio efectivo de la Transición. Sus resultados fueron, por un lado, un retraso en el proceso de ajuste, con el consiguiente mantenimiento de tasas de crecimiento relativamente altas, pero a costa de un agravamiento de los desequilibrios de fondo. Entre 1973 y 1976, el PIB español creció un 16%, mientras que en los principales países de Europa Occidental el crecimiento fue tan solo del 5,5%. Pero en julio de 1976, cuando la dimisión forzada de Carlos Arias Navarro —legatario de Franco— permitió el acceso de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno, la situación ya era muy delicada. La inflación interanual se acercaba al 20%, el déficit de la balanza exterior por cuenta corriente superaba los 4.000 millones de dólares y el déficit del Estado aumentaba. La permisividad monetaria no había podido evitar, por otro lado, el ascenso del desempleo, que afectaba ya a más de medio millón de personas, el triple que tres años antes.
Los meses siguientes fueron los más intensos de la transición política. La prioridad otorgada al delicado proceso de demolición del régimen autoritario hizo que la adopción de medidas económicas correctoras tuviera que esperar a la elección del primer Gobierno democrático. A primeros de julio de 1977, el presidente Suárez, ratificado en las primeras elecciones libres, nombraba vicepresidente del Gobierno para asuntos económicos al profesor Enrique Fuentes Quintana, uno de los más prestigiosos economistas del país. Se iniciaba una nueva etapa en la que el ajuste económico se convertiría en el elemento central del escenario público.
El retorno al equilibrio exigía, en primer lugar, poner fin a la enloquecida espiral de aumentos de precios y salarios que estaba en la base del desbordamiento inflacionario. El Estado, por otro lado, debía reducir el déficit público y el consecuente recurso a la deuda, para evitar que el endeudamiento alcanzara niveles insoportables. Una operación de este calado resultaba imposible, en aquella situación, sin contar con el consenso de los estamentos sociales más relevantes. Recordemos que el partido gobernante, la UCD de Adolfo Suárez, no disponía más que de mayoría relativa en el Parlamento y que el ajuste económico se iba a implementar mientras se desarrollaba el debate sobre la nueva Constitución democrática que habría de regir los destinos del país. El Gobierno, en consecuencia, promovió una negociación multilateral en la que, además del propio Ejecutivo, participaron las fuerzas políticas con representación parlamentaria, los sindicatos y las entidades patronales, y que desembocó en los llamados Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. Los elementos fundamentales del acuerdo pueden resumirse en dos:
1. Un ajuste económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación.
2. La introducción de algunas reformas consideradas indispensables en el nuevo contexto político: modernización del sistema fiscal, aprobación de un nuevo marco legal para las relaciones laborales y liberalización del sistema financiero.
Los efectos estabilizadores de las medidas adoptadas se observaron a lo largo de 1978 y 1979: la devaluación hizo que la balanza por cuenta corriente se tornara positiva, mientras la política monetaria y el acuerdo de rentas permitían reducir la tasa de inflación del 25% al 15%. Como era de esperar, el enfriamiento económico tuvo efectos sobre el crecimiento, que se contrajo y se convirtió en levemente negativo en 1979.
Cuando el ajuste parecía próximo a completarse y se empezaba a detectar cierta recuperación, la economía mundial —y la española— se vio sacudida por la segunda crisis del petróleo. Esta vez, la razón fue el derrocamiento del sah y la instalación de un régimen de base religiosa en Irán, uno de los principales países productores de crudo, y el inmediato estallido de una guerra abierta entre ese país y el vecino Irak, asimismo un gran productor. De nuevo, los precios se multiplicaron: de 12,70 dólares por barril de principios de 1979 se pasó a 26 dólares a principios de 1980 y a 37 dólares a finales de ese mismo año.
La elevación de los precios del crudo produjo otra vez un fuerte desajuste macroeconómico. La inflación dejó de reducirse y se mantuvo durante varios años en torno al 15% anual, mientras que el déficit público pasaba del 1,7% a casi el 6% del PIB y la balanza por cuenta corriente se volvía de nuevo negativa por unos 5.000 millones de dólares anuales. El Gobierno optó en esta ocasión por repercutir en los consumidores el incremento de los precios del crudo. El precio del fuel pasó de 8.300 a más de 20.000 pesetas por tonelada. La economía española se estancó de nuevo y no volvió a la senda de la recuperación hasta bien entrado 1982. Los años siguientes, ya bajo Gobierno socialista, la recuperación prosiguió hasta alcanzarse tasas de crecimiento del producto en torno al 3%.
En buena medida, sin embargo, la crisis de estos años se cerró en falso. La economía volvió a crecer, pero sin haber solventado algunos desequilibrios básicos. Como indicábamos más arriba, la indispensable reconversión industrial solo se abordó a la llegada del partido socialista al poder, y aún entonces de forma harto tímida. La inflación había descendido hasta el 7%, pero seguía siendo más elevada que la de los países vecinos. Finalmente, esta crisis dejó enquistado el problema del paro. La intensidad del ajuste industrial significó una gran sangría de puestos de trabajo. El desempleo llegó a afectar a tres millones de personas (un 22% de la población activa; ver gráfico 2). Lo más significativo, sin embargo, es que solo cuando el crecimiento fue superior al 3% se produjo aumento neto de empleo. Un rasgo de nuestra economía que ha seguido vigente hasta hoy.
En definitiva, la crisis de los años 1973-1985 fue una crisis de carácter mundial, pero que tuvo en España características específicas que podemos resumir en dos: la debilidad de los Gobiernos que tuvieron que afrontarla y una economía con graves defectos estructurales, surgidos de un crecimiento fuertemente intervenido y protegido de la competencia exterior. Las necesarias decisiones de ajuste se tomaron con retraso y arrostraron en consecuencia un mayor coste, y las deformaciones estructurales pasaron su factura en forma de unas tasas de paro muy superiores y más persistentes que las sufridas por otros países. Aunque la crisis se superó a mediados de la década de 1980, quedó por realizar buena parte de la reestructuración industrial y empresarial. Algo que finalmente tuvo que hacerse unos años después con no pocas dificultades.
Dicho esto, el lado positivo del balance no debe olvidarse. En aquellos años turbulentos, España consiguió transitar en paz de un sistema autoritario a la democracia en un proceso que, con todas sus limitaciones, cabe calificar de éxito. Sin duda se cometieron errores en la gestión de los asuntos económicos, tanto en las decisiones adoptadas como en las eludidas, pero considero que sería injusto olvidar que el objetivo prioritario era entonces la transición política y que a ello hubieron de supeditarse otros objetivos, por importantes que fuesen.
Algunos de los rasgos de aquella crisis parecen comunes a los de la crisis actual: un origen exterior, una economía con serios problemas estructurales y, por razones diferentes, cierta debilidad en la acción política. No me corresponde analizar tales similitudes, pero resulta interesante constatar que la crisis que hoy padecemos es ya en estos momentos mucho más grave que la vivida hace tres décadas. La contracción máxima del PIB que se produjo entonces no llegó al 1%, mientras que desde principios de 2008 la caída ha sido ya del 5%. En lo que atañe al desempleo, los cinco millones actuales de afectados representan el 22% de la población activa, la proporción máxima alcanzada en 1985.››