La democracia, interrumpida tras el final de la Guerra Civil por una dictadura de casi cuarenta años, retornó finalmente a España a partir de 1975.
El rey Juan Carlos I fue un importante agente del cambio político al optar por la vía reformista. Forzó la dimisión del presidente continuista Arias Navarro y ofreció la Presidencia del Gobierno al reformista Adolfo Suárez, quien impulsó una ambiciosa reforma política con la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos, los decretos de amnistía de los presos políticos y por delitos de terrorismo, la supresión de los tribunales especiales y el reconocimiento de hecho de las instituciones nacionales del País Vasco y de Cataluña, que fueron hitos que jalonaron los primeros años de la Transición y que condujeron a la Constitución de 1978.
Desde entonces en España impera un sistema democrático y social de monarquía parlamentaria con una importante descentralización autonómica (el llamado Estado de las autonomías) y ha superado las amenazas del terrorismo de ETA y otras organizaciones violentas, así como un frustrado golpe de Estado de los franquistas el 23 de febrero de 1981. Se han sucedido en el poder sucesivamente los gobiernos de los partidos UCD (1978-1983) con los presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, PSOE (1983-1996) con Felipe González, PP (1996-2004) con José María Aznar, PSOE (2004-2011) con José Luis Rodríguez Zapatero y nuevamente PP desde 2011 con Mariano Rajoy.
El primer Gobierno reformista de Adolfo Suárez (1976-1978).
El nombramiento de Adolfo Suárez fue un hito. Tras complejas negociaciones Fernández-Miranda consiguió que el Consejo del Reino, órgano que asesoraba al monarca y que tenía como misión elaborar una terna de candidatos a presidente del Gobierno, incluyese como candidato en la terna preceptiva para la elección del nuevo presidente del gobierno, en sustitución de Arias Navarro, a Adolfo Suárez, un hombre joven proveniente de la Falange, apoyado en su ascenso por un prohombre del régimen, Herrero Tejedor, y con suficiente experiencia como gobernador civil de provincia y director de la Radio y Televisión Pública (RTVE), puesto en el que ya había logrado la atención positiva del Rey. En aquel momento era ministro Secretario General del Movimiento y apenas hacía un mes antes había defendido ante las cortes franquistas la Ley sobre Derecho de Asociación Política.
El Rey eligió a Suárez el 3 de julio de 1976, como presidente del Gobierno. El nombramiento de Suárez fue mal visto por la oposición, dado su origen falangista, y asimismo por los sectores reformistas del franquismo al considerarle poco capacitado para ejercer su nuevo puesto. Muchos se negaron a entrar en su Gobierno (luego se arrepentirían). A Suárez no le quedó más remedio que formar un Gobierno lleno de segundones que fue calificado, despectivamente, como un gobierno de “penenes” (profesores interinos de universidad). El Rey contaba ya con los hombres que habían sido llamados a transformar el sistema franquista: Gutiérrez Mellado al frente del Ejército, Torcuato FernándezMiranda (desde el Consejo del Reino y la presidencia de las Cortes) y Adolfo Suárez (desde la presidencia del Gobierno). Todos estos políticos procedían del franquismo y no de la oposición política, por lo que la reforma se iba a llevar a cabo desde dentro del mismo sistema. El Rey sería el “motor” del cambio y Suárez se quedaba con el papel de principal “actor”. Comenzaba así una nueva tentativa de reforma, que esta vez sí sería definitiva.
La oposición.
La convergencia de las alianzas opositoras en el exterior se organizó en la primavera de 1976 en la llamada Platajunta (Plataforma de Coordinacion Democrática), donde convergían las dos principales organizaciones que englobaban a los partidos de oposición: la Junta Democrática (dirigida por el PCE) y Plataforma de Convergencia (liderada por el PSOE), para aunar su actuación con varios objetivos:
- Ruptura pactada con el gobierno a través de un periodo constituyente.
- Liberalización de los presos políticos y retorno a España de los exiliados.
- Restablecimiento de las libertades y derechos humanos.
- Legalización de partidos políticos y sindicatos.
- Reconocimiento de las autonomías regionales.
El desmantelamiento del franquismo y el camino hacia la democracia (1976-1977).
Suárez impuso un ritmo frenético y sobreponiéndose a las adversidades de la desconfianza, la contestación huelguística y el terrorismo, comenzó a desmontar el franquismo desde dentro y adentrar el país en la democracia. actuando en dos frentes:
- Negociar secretamente con la oposición, incluidos todos los socialistas y comunistas, y aceptar la realidad de los nacionalismos mediante la amnistía.
- Liquidar las Cortes franquistas, para lo que contó con la aportación de Fernández-Miranda.
Los pasos más importantes en este proceso fueron:
Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976).
En virtud de esta ley se constituirían las futuras Cortes bicamerales (Congreso y Senado), ambas cámaras elegidas por el voto de los ciudadanos. Aunque dicha ley suponía la liquidación de las estructuras franquistas y de las mismas Cortes, éstas la aprobaron por amplísima mayoría (429 votos a favor, frente a 59 en contra y 13 abstenciones). Era la liquidación política del franquismo. Esta ley marcaba el punto de llegada: un sistema parlamentario similar al de los países europeos de nuestro entorno, era, en definitiva, la pieza clave para la transición legal hacia la democracia.
Tras una tensa campaña electoral cuajada de atentados del GRAPO y de ETA, el 15 de diciembre de 1976 el pueblo español la aprobó en referéndum por abrumadora mayoría (94% se pronunciaron por el Sí y un 2,5% por el No).
Simultáneamente, Suárez llevó a cabo una amplia amnistía política y la legalización de los símbolos nacionalistas: ikurriña, senyera catalana…
La legalización de los partidos políticos (febrero de 1977).
Entre enero y junio de 1977 Suárez usó el decreto-ley (leyes aprobadas por el Gobierno sin pasar por las Cortes) para agilizar las reformas. Entre estos decretos se incluía la legalización de los partidos políticos democráticos que aun no lo habían sido.
La legalización del partido comunista (PCE) era la verdadera prueba de fuego para el Gobierno, en ella se vería hasta donde quería llegar, además, su credibilidad internacional estaba en juego. Si se querían convocar elecciones verdaderamente democráticas era imprescindible que el PCE pudiera presentarse, pese a que poco antes Suárez había prometido a la cúpula militar que no lo permitiría. El día 1 de abril se disolvió el Movimiento Nacional y el 9 de abril, domingo de Resurrección, era legalizado el Partido Comunista lo que originó una gran tormenta política e intentos involucionistas por parte de los franquistas puros. Estaba claro que el camino reformista iniciado era irreversible.
La regulación de las normas electorales (23 de marzo de 1977).
En un decreto-ley se aprobaron las normas electorales por las que las elecciones se harían por sufragio universal directo. Además se reconocía el derecho a la huelga, la libertad de expresión…
De acuerdo con estas leyes el 15 de abril del mismo año se convocaron las elecciones a cortes constituyentes, que habrían de celebrarse dos meses después, es decir el 15 de junio. Previamente don Juan cedía los derechos del trono español a su hijo Juan Carlos, cerrándose así un motivo más de incertidumbre. Junto con todas estas medidas se produjo una segunda amnistía y se restableció con carácter provisional algunas instituciones autonómicas como la Generalitat de Catalunya y el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, volvió a Barcelona, para presidirla en un periodo interino, con lo que la Reforma suarista consiguió el apoyo de amplios sectores catalanes. También se puso en marcha un gobierno preautonómico en el País Vasco.
Las principales dificultades.
Los primeros meses de 1977 constituyen la etapa más difícil y delicada de la transición. Las tensiones en la calle eran muy fuertes tanto por parte de la extrema derecha como de la extrema izquierda. ETA seguía matando, contribuyendo a desestabilizar el país y a enervar a los militares. De la misma manera, los sectores inmovilistas llevaron a cabo atentados, el más famoso fue el asesinato por pistoleros de extrema derecha de cinco abogados laboralistas del sindicato CC OO (del PCE) en su despacho de la calle Atocha de Madrid. El PCE respondió con una impresionante manifestación silenciosa. Por otra parte la inestable situación económica generaba continuas huelgas y manifestaciones que caldeaban todavía más el clima social y político contribuyendo a dar una sensación de anarquía y caos que era utilizado demagógicamente por los últimos partidarios del régimen franquista.
Las elecciones de 15 de junio de 1977.
Convocadas las elecciones se procedió a la formación de diversas coaliciones electorales de los partidos que habían proliferado
La ultraderecha se presentaba atomizada en un mosaico de partidos sin posibilidades reales de éxito. El más relevante de ellos era Fuerza Nueva (FN), dirigido por Blas Piñar.
La derecha más conservadora se aglutinaba en Alianza Popular (AP), encabezada por Manuel Fraga Iribarne, que acogía a varios ex ministros de Franco, aunque aspiraba a ocupar el centro político, pronto fue el partido en el que se integraron muchos nostálgicos del régimen franquista.
En el centro destacaba la Unión de Centro Democrático (UCD), conglomerado de partidos de ideología democristiana, socialdemócrata, liberal, ex falangistas y alguno regionalista; la dirigía Adolfo Suárez, que había conseguido un gran prestigio.
Apuntaba a partido importante la Democracia Cristiana, heredera de la CEDA de José María Gil Robles y ahora dirigida por Joaquin Ruiz-Giménez, un exministro reformista de Franco que había evolucionado hacia posiciones plenamente democráticas. Pero las elecciones la dejaron en nada.
En la izquierda destacaba el Partido Socialista Obrero (PSOE), dirigido por Felipe González, que contaba con muchos apoyos internacionales y una imagen de responsabilidad por su programa electoral moderado.
Otro partido socialista, que luego se integraría en el PSOE, fue el Partido Socialista Popular (PSP), presidido por el intelectual Enrique Tierno Galván.
Más allá en la izquierda descollaba el Partido Comunista de España (PCE), dirigido por Santiago Carrillo, que concurrió en solitario con muchos candidatos ancianos, como Dolores Ibarruri, la célebre Pasionaria de la Guerra Civil, o l poeta Rafael Alberti. El PCE pregonaba su moderación y un espíritu de reconciliación, pero lo miraban como un grupo revolucionario del pasado.
A la izquierda del PCE se presentaron un sinnúmero de partidos que daban una imagen de confusión de siglas y mensajes, como el Partido Comunista de España Marxista-Leninista, el Partido del Trabajo, el Partido Obrero Revolucionario…
Los partidos nacionalistas se presentaron con ambiciones en sus territorios.
En Cataluña se presentaron varios partidos y coaaliciones, el más importante fue Pacte Democràtic per Catalunya, una coalición de varios grupos de los cuales el más importante era Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), dirigido por Jordi Pujol desde 1974. Unió Democrática de Catalunya era un partido democristiano, dirigido por Antón Cañellas, y se presentó en coalición con al Democracia Cristiana estatal. El Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) era la marca regional del PCE. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) era un partido histórico.
En el País Vasco, además de los partidos de ámbito nacional se presentaron el Partido Nacionalista Vasco (PNV), de ideología democristiana. En la izquierda se presentó Euskadiko Ezkerra (EE) de tendencia marxista.
Los resultados electorales de las elecciones generales celebradas el 15 de junio de 1977 fueron sorprendentes para muchos. En un clima de libertad, en el que todos los partidos pudieron defender su programa, se alcanzó el 78,7 % de participación.
UCD consiguió 6.400.000 votos y 165 diputados de los 350 que tenía el Congreso de los diputados. Le siguió el PSOE, que obtuvo 5.371.000 votos y 118 diputados. Los comunistas (PCE y PSUC) obtuvieron 20 diputados y los franquistas de AP, solo 16. De los partidos nacionalistas de Cataluña, el Pacte Democratic per Catalunya consiguió 11 diputados, Unió Democratica de Catalunya llegó a 2, y Esquerra Republicana de Catalunya solo 1. En el País Vasco, el PNV obtuvo 8 diputados y EE solo 1.
Como inmediato resultado de estas elecciones el gobierno de la II República en el exilio se autodisolvió al reconocer que en España se había recuperado la soberanía popular.
El primer Gobierno democrático de Suárez (1977-1979) y el proceso constituyente.
Adolfo Suárez fue investido presidente del gobierno, aunque le faltaban 20 diputados para obtener la mayoría absoluta, circunstancia que le obligó a una política de pactos con los partidos de oposición, especialmente los nacionalistas catalanes.
Las Cortes tenían como objetivo político fundamental elaborar una Constitución que sirviera de base para iniciar la normalidad democrática, de ahí el carácter constituyente de la legislatura.
El Gobierno tenía como fin económico primordial combatir la grave crisis económica y social. En 1974 y 1975 los sucesivos gobiernos habían aplazado la toma de decisiones impopulares y en 1976 la situación era insostenible: inflación próxima al 40%, aumento del paro, déficit exterior galopante… El Gobierno propuso un pacto a las principales fuerzas políticas y sindicales para combatir la crisis.
Fueron los conocidos Pactos de la Moncloa, aprobados el día 15 de octubre de 1977, para limitar los aumentos salariales, garantizar las ayudas sociales, evitar las huelgas... El consenso fue la tónica dominante en los años siguientes entre los partidos, la patronal y a los sindicatos. Este apoyo al Gobierno fue imprescindible para poder avanzar en el camino hacia la democracia.
La Constitución de 1978. Los principios constitucionales y el desarrollo institucional.
La política de consenso culminó en la elaboración de la Constitución, cuya redacción recayó en una Comisión Constitucional formada por conocidos expertos, siete diputados procedentes de los distintos grupos políticos: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de UCD, Jordi Solé Tura del PCE-PSUC, Gregorio Peces Barba del PSOE. Manuel Fraga Iribarne de AP y Miguel Roca de CiU. Se criticó a esta comisión por la ausencia de un representante del nacionalismo vasco, apartado porque el PNV tenía peticiones maximalistas.
El acuerdo final exigió pactos de consenso fuera del Parlamento entre la UCD y el PSOE, logrados en una ardua negociación entre sus principales negociadores, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra.
El 31 de agosto de 1978 el proyecto fue discutido en las Cortes, tanto el Senado como el Congreso lo aprobaron por amplia mayoría, a excepción de los nacionalistas vascos (que se abstuvieron) y la extrema izquierda.
El 6 de diciembre de ese mismo año se celebró un referéndum y el pueblo español la aprobó con el 87,9% de los votos, con una clara mayoría favorable en todas las provincias, lo que le otorgó una gran legitimidad democrática para el futuro.
La Constitución consta de 1 preámbulo, 11 títulos y 169 artículos, además de 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
Los principios y valores se concretan en general en el Título Preliminar, y desarrollan en sus diferentes apartados. Nuestro texto constitucional señala en su atículo 1.1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Los cinco principios inspiradores del régimen constitucional son:
- Estado democrático: La Constitución sitúa la soberanía en el pueblo, reconoce el pluralismo político y social, al mismo tiempo que establece una serie de instancias para que el pueblo participe en las decisiones que le afectan.
- Estado de Derecho: La Constitución de 1978 aprueba la primacía de la Ley como fundamento de la sociedad moderna, ley a la que todo debe estar sometido, ese sometimiento a la ley se denomina Estado de Derecho, y se basa también en la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona.
- Estado Social: Cabe afirmar que el Estado Social que se propugna en el primer artículo es un Estado decididamente intervencionista, un Estado activo. Especialmente en el Capítulo 3º del Título I donde se contienen los principios rectores de la política social y económica del nuevo Estado donde los poderes políticos se comprometen a actuar en los ámbitos familiar, social, laboral, cultural y económico.
- Monarquía parlamentaria. El artículo 1.3 señala que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. La monarquía adoptada por la Constitución ha adquirido ya la legitimidad democrática desde el momento que ha sido refrendada por la voluntad del pueblo. Se trata de una auténtica monarquía arbitral en la que los poderes del Rey son más simbólicos y moderadores que efectivos.
- La descentralización del Estado (o Estado de de las autonomías). Es el último principio que caracteriza al Estado configurado por la Constitución de 1978, esto es, su carácter de poder descentralizado, aparece como una respuesta al Estado franquista anterior, muy centralista. El espíritu del Estado descentralizado tiene como precedentes a las dos Repúblicas.
Las instituciones principales son:
El Rey: ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Sus atribuciones están subordinadas a la Constitución (el rey reina pero no gobierna) y consisten en la representación simbólica de la nación, la sanción de las leyes aprobadas por las Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.
La Constitución española de 1978 reconoce la separación e independencia de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
El poder ejecutivo es responsabilidad del Gobierno, que se compone del presidente, los vicepresidentes y los ministros. El presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del rey. Los ministros son nombrados por el rey a propuesta del presidente del Gobierno.
El poder legislativo se basa en un sistema bicameral porque las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras elegidas por sufragio universal directo. De todas formas, el Congreso tiene muchas más atribuciones que el Senado, que, de hecho, sólo tiene funciones de segunda lectura para los proyectos que han sido aprobados por el Congreso. El Congreso se compone de un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, elegidos mediante un sistema proporcional. El Senado es una cámara de representación territorial; la mayor parte de los senadores son elegidos por los electores de cada provincia mediante un sistema mayoritario, mientras que el resto son designados por los parlamentos de cada comunidad autónoma.
El poder judicial está integrado por jueces y magistrados, que son inamovibles, no son objeto de elección popular, pero se encuentran sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal constitucional (máximo órgano constitucional, que en puridad no pertenece al poder judicial sino que arbitra entre todos los poderes). Existe el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, que es el órgano judicial superior en todos los órdenes, salvo en materias constitucionales, que son competencia del Tribunal Constitucional.
El Estado de las autonomías y su evolución.
Frente al Estado fuertemente centralizado del franquismo se abre paso un modelo descentralizado, siguiendo el ejemplo de la Constitución de 1931. Antes de abordar este asunto en el texto constitucional, ya se habían inaugurado regímenes preautonómicos en Cataluña y el País Vasco, con lo que se restauraba el autogobierno y el reconocimiento del carácter peculiar y diferente de esos territorios.
La Constitución de 1978 declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar decisiones políticas. Las comunidades autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno, dentro de la indisoluble unidad de España. Para acceder a la autonomía hay dos vías. La primera es el artículo 151 que es un camino rápido, y con un alto nivel de autogobierno, a él se acogieron las llamadas comunidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia). Por esta vía entró también Andalucía al ser aprobada por mayoría en referéndum la petición de autonomía.
La vía más lenta es la del artículo 143, que se aplicó al resto de comunidades y, aunque preveía un techo competencial más bajo, todas las comunidades alcanzaron más tarde un nivel similar al de las históricas. En cuanto a la división territorial, España quedó dividida en 17 comunidades y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). En lo temporal los estatutos se aprueban entre 1979 (Cataluña y País Vasco) y 1983 (Extremadura y Castilla y León). Las dos ciudades autónomas obtuvieron sus respectivos estatutos en 1995. Posteriormente los distintos estatutos han sufrido algunas reformas, la última en la actualidad.
En cuanto a las competencias, el Gobierno Central se reserva la exclusividad las competencias sobre relaciones internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario y Hacienda.
Las Comunidades Autónomas tienen las competencias de: urbanismo, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con parlamento propio y elige a su presidente de Gobierno propio y los impuestos que en cada una se puedan crear segñun sus estatutos. También disponen de recursos económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante los impuestos cedidos por el Estado Central, salvo en el caso del País Vasco y Navarra, cuyos proceso es inverso, mediante un sistema de cupos negociados (dan una cantidad anual para los gastos generales del país).
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS: UN RESUMEN.
Los gobiernos de UCD (1979-1982): Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo.
El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981).
Cumplida su tarea constituyente, las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 para constituir un parlamento ordinario de acuerdo con la constitución recién aprobada. Las urnas volvieron a dar la victoria a la UCD, seguida de cerca por el PSOE. A distancia se situaban el PCE y la Coalición Popular (la derecha de AP). Nueve formaciones regionalistas, encabezadas por CiU, con ocho escaños, entraron en el Congreso.
Con estos resultados Suárez procedió a la formación de un nuevo Gobierno. Del espíritu de consenso de la etapa anterior se pasó al de confrontación, los dos principales partidos de izquierda realizaron una dura oposición al gobierno de Suárez. En los meses siguientes se recrudecieron los actos terroristas, y las presiones involucionistas añadieron dificultades a las negociaciones de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco.
En Cataluña se restableció la Generalitat, Josep Tarradellas, que era presidente en el exilio era confirmado en su cargo. En el País Vasco el primer lehendakari, con carácter provisional, no fue el presidente en el exilio sino el socialista Ramón Rubial, líder del partido más votado en las elecciones generales de 1977. Ese año de 1979 Cataluña y el País Vasco vieron redactados y aprobados sus estatutos de autonomía de acuerdo con la Constitución. Las demás regiones iniciarían la elaboración de sus respectivos estatutos siguiendo el ejemplo de las anteriores.
En abril de 1979 se convocaron las primeras elecciones municipales democráticas, en la mayoría de las grandes ciudades el triunfo fue para los partidos de izquierdas del PSOE y el PCE, un importante revés para el Gobierno.
Pero los problemas principales de Suárez no venían de la oposición o de los fracasos electorales, sino que venían del interior de su propio partido. La UCD era una coalición muy poco cohesionada y sin una dirección efectiva, donde cada líder de un sector intentaba hacer valer sus ideas y donde los enfrentamientos y rivalidades eran frecuentes. Los principales “barones” ucedistas obstaculizaban continuamente la labor del presidente que veía como sus apoyos se reducían en el interior de la Unión de Centro Democrático.
Por si fuera poco en 1979 se inició una nueva crisis del petróleo que conllevó un encarecimiento de los productos con elevado consumo energético y un aumento del déficit comercial y de la balanza de pagos de España.
En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos casos: Convergencia i Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en Cataluña y Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el País Vasco. Estos resultados no hicieron sino incrementar las tensiones en el interior de la UCD.
Paralelamente la oposición se crecía y en mayo de 1980 el líder socialista Felipe González presentó una moción de censura contra el gobierno de Suárez, aunque venció el presidente, la figura del líder de la oposición salió reforzada y se convertía en un candidato más creíble para la sociedad.
Harto de toda esta situación Suárez dimitió el día 29 de enero de 1981. El rey designó a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia. La segunda ronda para su investidura como presidente del Gobierno quedó fijada para el día 23 de febrero.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Los ánimos en un ejército, donde la mayoría de sus mandos era de formación franquista, eran tensos y esa tensión aumentaba ante la escalada terrorista de ETA y la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, percibidos por los sectores ultraconservadores como una amenaza contra la unidad de la patria. La ultraderecha, varios sectores militares y grupos reaccionarios pedían abiertamente una insurrección. El momento propicio para ellos se presentó el día en el que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido presidente. Tres cabecillas dirigieron el pronunciamiento: el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero; el teniente general Milans del Bosch capitán de la III Región Militar con sede en Valencia; y el general de de división Alfonso Armada.
El golpe se inició poco después de las seis de la tarde, Tejero con un grupo de guardias civiles entraba a tiros en el Congreso secuestrando a los diputados, y anunciando la comparecencia de una autoridad militar superior para hacerse cargo de la situación. Entretanto Milans del Bosch sacaba los tanques en Valencia y publicaba un bando similar al de Mola en 1936. La operación descansaba en dos puntos básicos: la ocupación de Madrid por la División Acorazada Brunete, y el apoyo del rey. El jefe de la citada división se puso en contacto con la Zarzuela y se le informó de que el rey no estaba con los golpistas. La tarde se desarrolló entre las negativas de varios mandos militares a secundar la insurrección y los contactos del Rey Juan Carlos con todas las autoridades militares dando órdenes estrictas de acatar la legalidad democrática. Las horas pasaban y el tiempo estaba contra los golpistas que veían desvanecerse sus esperanzas.
Hacia la una de la madrugada el Rey se dirigió al país con uniforme de capitán general: “… ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”. En las horas siguientes los golpistas fueron abandonando las armas y por la mañana la normalidad se restableció.
El golpe fracasó pero demostró la fragilidad que aún tenía la democracia en España. Millones de ciudadanos salieron a las calles al dia siguiente en manifestaciones de repulsa contra el golpe.
El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982).
El día 24 de febrero Calvo Sotelo era nombrado presidente de un gobierno que apenas duró año y medio y que estaría marcado por las disensiones internas en el seno de la UCD.
Durante su etapa de gobierno tuvo lugar la aprobación de muchos de los estatutos de autonomía (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid que se aprobarían el 25 de febrero de 1983). Galicia y Andalucía quedaron constituidas como comunidades históricas, como Cataluña y el País Vasco. En este periodo se produjo también una transferencia continua de competencias del gobierno central a las comunidades autónomas. También es de destacar la colaboración de los partidos nacionalistas con el Gobierno (PNV y CiU) que aportaron sus apoyos a un gobierno débil. Desde el punto de vista social el hecho más relevante fue la aparición del escándalo del aceite de colza, un envenenamiento masivo por la venta fraudulenta de aceite en mal estado, que ocasionó cientos de muertes. También en 1981 aparició en España el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), que mató en los decenios siguientes a decenas de miles de personas. Con la aprobación de la ley del divorcio se ganó el Gobierno la crítica, además, de la Iglesia.
Una de las últimas medidas de Calvo Sotelo fue la tramitación del ingreso de España en la OTAN, que se veía como la antesala al ingreso en la Comunidad Económica Europea. La medida fue masivamente criticada por la izquierda, el PSOE llegó incluso a reunir 600.000 firmas contra este hecho y prometió convocar un referéndum si ganaba las elecciones.
Pero no sólo la UCD tenía problemas, en la izquierda el PCE sufría una aguda crisis. Por el contrario el PSOE asistía al reforzamiento del liderazgo de Felipe González, que logró una mayor moderación en su ideario, abandonando posturas demasiado radicales.
En este contexto Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de 1982 que pondrían fin a la etapa centrista e inaugurarían la etapa de gobiernos socialistas que estarían en el poder hasta 1996.
El Gobierno del PSOE: Felipe González (1983-1996).
La primera legislatura socialista (1982-1986).
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al PSOE, con el mensaje electoral del “cambio” y a su líder Felipe González Márquez, con más de diez millones de votos favorables y la mayoría absoluta en las Cortes Generales (202 de 350 diputados). Esta mayoría absoluta, repetida en las elecciones de 1986 y de 1989, unida a la alcanzada en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, permitió al PSOE gobernar en solitario a lo largo de un decenio (1982-1992).
La segunda fuerza más votada, el Partido Popular (denominación que adoptó Alianza Popular tras su Congreso de 1989), lideró la oposición desde la derecha si bien prestó su apoyo en campos como la seguridad, el desarrollo autonómico o las relaciones internacionales. Izquierda Unida (IU), coalición dirigida por el PCE, representó la oposición por la izquierda.
El primer problema que tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido resuelto durante la Transición, era el de la grave situación económica, que requería medidas urgentes. Para solucionar la crisis económica se tomaron medidas muy duras: devaluación de la peseta, subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas empresas siderometalúrgicas que no eran rentables. También se expropió al holding de Rumasa (controlada por el empresario José María Ruiz Mateos), una empresa gigantesca que amenazaba quiebra y que hubiera dejado en el paro a decenas de miles de personas.
El objetivo era sanear la economía, pero las recetas eran muy duras, tras dos años de ajustes se inició nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en la segunda mitad de los ochenta.
Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985, sin incidentes), también se reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía implacable con atentados diarios. En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las universidades para aumentar la autonomía de estos centros. También se reformó la justicia. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de despenalización del aborto que fue duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica.
En cuanto a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), que era como se llamaba entonces la Unión Europea UE), el día 1 de enero de 1986.
El PSOE dio un gran viraje político en el asunto de la permanencia o no en la OTAN, uno de los ejes de su campaña electoral, Felipe González pasó del no a la OTAN a apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó un referéndum y salió el sí; los medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente amenazó con dimitir si salía el no.
La segunda legislatura socialista (1986-1989).
El PSOE repitió mayoría absoluta en las elecciones de 1986, Coalición Popular repitió resultados y Fraga renunció como líder abriéndose en el partido una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de José María Aznar como presidente del partido. Izquierda Unida estuvo a partir de ahora dirigida por Julio Anguita. En esta legislatura se configuró definitivamente el Estado autonómico.
El logro más trascendente de estos años fue el espectacular crecimiento económico motivado por las medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura y la etapa de prosperidad a nivel internacional y que perduró hasta 1992. El aumento de la recaudación y la llegada de fondos europeos permitieron llevar a cabo una política de inversiones públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de vías férreas, mejora de los servicios sanitarios y educativos… Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el aumento de las desigualdades sociales y el crecimiento del paro estructural. Estos hechos fueron denunciados por los sindicatos que el día 14 de diciembre de 1988 convocaron una huelga general que fue seguida por cerca del 90% de la población.
La tercera legislatura socialista (1989-1993).
El PSOE volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta pero esta vez con un descenso significativo del número de votantes.
El Gobierno emprendió la preparación de dos grandes acontecimientos internacionales de 1992: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para ambos eventos se realizaron enormes inversiones económicas: AVE Madrid-Sevilla, modernización de los aeropuertos, reordenación de las dos ciudades… Fueron exitosos.
Hasta el año 1992 continuó el crecimiento económico, esto permitió completar los planes de carreteras y las dotaciones sociales. Especial importancia tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de centros escolares debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 1991.
Pero a partir de mediados de 1992 y más en 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó profundamente a España por las enormes inversiones realizadas en 1992. En pocos meses se hundió el consumo, se disparó la inflación, creció el paro hasta los tres millones y quebraron muchas empresas.
En política internacional España participó en la guerra del Golfo en 1991 y además, fue sede la Conferencia de Paz de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos por la que se inició una aproximación entre los dos enemigos acérrimos. En la lucha contra el terrorismo España se vio beneficiada por la colaboración francesa y por la unión de casi todas las fuerzas políticas contra el terrorismo. Sin embargó, estalló el escándalo de los GAL, un grupo armado antietarra integrado por un grupo de policías y mercenarios, salió a la luz pública cuando dos de esos policías fueron condenados y acusaron al ministro del Interior. También a finales de esta legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción: el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra fue acusado de tráfico de influencias; y el escándalo de Filesa, una trama de empresas que tenían como objetivo financiar de manera ilegal al PSOE.
La cuarta legislatura socialista (1993-1996).
Las nuevas elecciones dieron nuevamente el mayor número de votos al PSOE, pero esta vez los socialistas no tenían la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con Convergencia i Unió (CiU).
En esta etapa se evidenciaron numerosos casos de corrupción y delincuencia. Unos fueron estrictamente financieros (intervención de Banesto…); otros venían de la etapa anterior (GAL y Filesa); pero el caso que más desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de una estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales por la contratación de obra pública en los cuarteles. Otro escándalo fue la identificación de los cadáveres de dos supuestos etarras, Lasa y Zabala, que fueron secuestrados, torturados y asesinados en circunstancia extrañas; las pruebas apuntaban a miembros de la Guardia Civil.
Debido a todos estos escándalos el clima político era irrespirable, aunque la economía estaba saliendo con fuerza de la crisis, con una gestión muy eficaz del ministro Pedro Solbes. En 1995 CiU, aliado indispensable para el Gobierno, votó contra los presupuestos, Felipe González asumió su derrota y convocó elecciones para mayo de 1996.
La primera legislatura (1996-2000) del Gobierno del PP con José María Aznar.
La primera legislatura gobernada por el Partido Popular (1996-2000) comenzó tras las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, que dieron una ajustada victoria al PP, que obtuvo 156 diputados mientras que el PSOE consiguió 141. José María Aznar fue elegido presidente del gobierno con el apoyo parlamentario de los catalanistas de CiU y de los regionalistas canarios.
La victoria del PP se confirmó en las siguientes elecciones municipales y autonómicas de 1999, en las que conquistó muchas ciudades importantes y la mayoría de los gobiernos autónomos, menos Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Cataluña. La necesidad de contar con el apoyo parlamentario de CiU impulso que el Gobierno aprobara medidas proautonomistas, como la cesión del 30 % del IRPF a las comunidades autónomas y la supresión de los gobernadores civiles, sustituidos por delegados del Gobierno.
El PP aplicó un programa neoliberal de desregulación del suelo, lo que favoreció un enorme boom del sector de la construcción y la especulación inmobiliaria, a loo que se añadió la privatización de las grandes empresas de titularidad pública, entre las cuales estaba la petrolera Repsol y la compañía de telecomunicaciones Telefónica. Las expectativas de entrada en el euro favorecieron las inversiones extranjeras y la bajada de los tipos de interés. Todo esto impulsó la sensación psicológica de una mayor riqueza, el capitalismo popular y favoreció la entrada en las arcas públicas de una ingente inyección de dinero, con lo que se cumplieron los criterios de convergencia económica europea marcados por el tratado de Maastricht, con el objetivo de avanzar hacia el euro, la moneda única europea, para conseguir la cual España aprobó el examen final.
Una de las consecuencias imprevistas del auge económico fue la llegada de un gran número de inmigrantes, en muchos casos ilegales, procedentes sobre todo de Latinoamérica y del norte de África, lo que provocó, situaciones dramáticas en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como tragedias en las pateras en las que se arriesgaban a cruzar el mar hasta las costas españolas.
El problema del terrorismo siguió menguando al debilitar la acción policial y judicial a ETA, que proclamó una tregua en 1998, debida en parte a la masiva protesta por el asesinado de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. La tregua acercó al PNV hacia Herri Batasuna, el brazo político de ETA, y llegaron a formar un frente único a favor de la independencia en el pacto de Lizarra. Esto ocasionó la ruptura entre el gobierno de José Mª Aznar y el PNV. En 1999 se acabó la tregua y la organización terrorista volvió a matar; una de sus víctimas más conocidas fue el exministro socialista Ernest Lluch.
El Gobierno impulsó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, con una importante reducción de efectivos, lo que conllevó la supresión del servicio militar obligatorio.
La segunda legislatura (2000-2004) del Gobierno del PP con José María Aznar.
El 12 de marzo de 2000 se celebraron nuevas elecciones generales, que dieron una abrumadora victoria al PP, que obtuvo mayoría absoluta con 183 diputados y el 44,5 % de los votos. Al no tener que contar con CiU el PP pudo aplicar sin recortes todo su programa electoral. El nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva financiación autonómica. Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza y el apoyo a EE UU en la guerra de Irak, apoyo este último que fue contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos.
Por su parte, el PSOE inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del partido tras los intentos de ocupar el liderazgo del partido por Joaquín Almunia y Josep Borrell.
El día 1 de enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los países comunitarios: el euro. Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, tras un brutal atentado terrorista de Al Qaeda en Madrid el día 11, del que muchos votantes responsabilizaron a la política exterior de Aznar, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del Gobierno, el quinto de la democracia.
El Gobierno del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
La primera legislatura del PSOE (2004-2008).
Una de las primeras medidas de José Luis Rodríguez Zapatero fue la retirada de las tropas de Irak (18-IV-2004) al día siguiente de ser investido presidente, y la derogación del trasvase del Ebro en junio del mismo año, corrigiendo decisiones del ejecutivo de Aznar. Otras medidas de carácter social fueron la regularización de 580.000 inmigrantes, la reforma de la ley del divorcio y la ley del matrimonio homosexual, todas ellas en 2005. De 2006 es la primera ley antitabaco, endurecida en enero de 2007.
Con respecto a ETA, se produce una tregua un alto el fuego por parte de la banda terrorista que abría nuevas expectativas de paz, pero la esperanza fue truncada por el asesinato en la T-4 de Barajas el penúltimo día del año 2006. De 2006 es también el carnet de conducir por puntos y la nueva ley de educación (LOE). El contexto económico de finales de la legislatura es de incertidumbre ante una crisis incipiente, originada por las hipotecas subprime en EE UU y que se extiende por Europa y España, que el Gobierno no reconoce a tiempo.
La segunda legislatura del PSOE (2008-2011).
Zapatero gana, el día 9 de marzo de 2008, sus segundas elecciones con 169 escaños de los 350. De abril es su primer plan anticrisis. En agosto de 2008 se produce un accidente de aviación de la compañía Spanair donde mueren 154 personas al estrellarse un avión en Barajas. Mientras, ETA sigue matando, aunque la presión policial y la colaboración con Francia logran desarticular la cúpula etarra. El 28 de enero de 2009 España entra en recesión (decrecimiento de la economía o crecimiento negativo) de manera oficial. En 2009 hay elecciones en el País Vasco y en Galicia, en el primer caso una coalición de PSOE-PP desbanca al PNV y en el segundo los populares acceden al poder. En lo económico la situación va de mal en peor y el 29 de marzo de 2009 es intervenida CCM. La crisis económica y financiera se va profundizando y la presión de los mercados genera que el día 15 de mayo de 2010 Zapatero haga el mayor recorte social de la democracia hasta ese momento: reducción del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones… De 2010 es también otra ley polémica: la reforma laboral que implica un abaratamiento del despido.
En noviembre de 2010 CiU gana las elecciones en Cataluña y supone el primer varapalo al partido en el Gobierno. Del 10 de enero de 2011 es una nueva declaración de alto el fuego de una ETA debilitada por el constante acoso policial. En abril de 2011 Zapatero declara que no se presentará a las próximas elecciones; mientras, a finales de ese mes el paro alcanza la cifra récord de 4.910.200 personas.
El 22 de mayo el PP arrasa en las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE se hunde y Bildu, coalición nacionalista vasca, consigue un importante éxito en el País Vasco y Navarra.
El 29 de julio Zapatero decide adelantar las elecciones al 20 de noviembre, cuatro meses antes de lo previsto. El candidato socialista es el veterano ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, derrotado por el PP de Mariano Rajoy que obtiene una mayoría absoluta.
Informe: Las protestas del 15-M de 2011.
Las manifestaciones del 15-M de 2011 en las principales ciudades españolas fueron una respuesta a la crisis política, económica y social iniciada en 2008, que vino acompañada de grandes recortes en el Estado de bienestar y un aumento extraordinario de la desigualdad, que afectaron sobremanera a la clase media y a la juventud, tanto en EE UU como en Europa. Aglutinó a sectores provenientes tanto de la derecha como sobre todo de la izquierda, rebeldes contra un sistema que veían caduco y carcomido por la corrupción. De este movimiento surgió en España el partido Podemos, que en las siguientes elecciones rompió el bipartidismo que había imperado desde 1978, y soñó durante un tiempo en convertirse en el hegemónico de la izquierda, hasta su decadencia como UP. Sin embargo, perdura la fragmentación política, con partidos nuevos como UP, Ciudadanos, Vox y los Verdes.
En otros países hubo movimientos análogos en esas fechas o en el decenio posterior, como la Primavera Árabe (al menos en sus inicios en Túnez), Occupy Wall Street en Nueva York, Syriza en Grecia, los Chalecos Amarillos en Francia…
El Gobierno del PP: Mariano Rajoy (2011-2018).
El Gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, acometió en 2011-2015, gozando de mayoría absoluta, una política con reformas que se enmarcan en la ideología neoconservadora, que han reducido los salarios y dañado el Estado de bienestar, aunque esta deflación competitiva ha favorecido las exportaciones. En el aspecto político se han producido hechos especialmente relevantes: la confirmación de la casi desaparición de ETA, el auge del independentismo en Cataluña y la aparición de dos partidos nuevos de ámbito nacional, el centrista Ciudadanos y el radical populista Podemos.
El PP perdióla mayoría absoluta en las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016, pero se mantuvo en el poder con un apoyo parlamentario de Ciudadanos y la abstención del PSOE.
En 2017-2018 afrontó el problema del intento secesionista de la Generalitat catalana, tal vez el mayor peligro para la democracia española desde 1978.
El Gobierno del PSOE: Pedro Sánchez (2018-).
En junio de 2018 el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ganó una moción de censura contra el Gobierno del PP y comenzó una difícil andadura, con la ayuda de Unidas Podemos y otros partidos de izquierda y nacionalistas, ganando las siguientes elecciones en 2019 y afrontando una crisis tan dura como la pandemia del covid-19 en 2020-2021 y sus desastrosos efectos económicos y sociales, además de la difícil situación catalana.
Tras una dura sentencia por el caso de corrupción denominado Gürtel, que afectaba al la financiación del PP, una moción de censura descabalgó a Rajoy, sustituido por el socialista Pedro Sánchez, sostenido por una variada unión temporal de partidos: PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC...Su programa, para una legislatura breve, renovada después en 2020 con un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, se centra en medidas sociales pagadas con un aumento de impuestos a las empresas y las rentas más altas, junto a un diálogo institucional para mejorar la cuestión catalana, y una política exterior europeísta.
La catastrófica pandemia del coronavirus en 2020 y la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 trastocaron las favorables expectativas, pero las políticas sanitaria y económica favorecieron una salida positiva de ambas crisis, aunque con grandes costes sociales.
APÉNDICE. * Comentario de textos sobre economía, para los alumnos en clase.
Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, explica en Las grandes recuperaciones de la economía española / 5. El éxito de los Pactos de la Moncloa [“El País” Negocios 1.898 (20-III-2022). / https://elpais.com/economia/negocios/2022-03-20/el-exito-de-los-pactos-de-la-moncloa.html] que España solucionó la crisis energética de los años setenta gracias al control de la inflación, las devaluaciones de la peseta y la expansión del gasto público. Un gráfico compara la evolución del PIB de España y la UE (de 15 países) entre 1970 y 1991, mostrando cómo la primera estuvo por debajo entre 1975 y 1985.
‹‹La economía española sufrió con especial intensidad la crisis energética de los años setenta, que se desarrolló en el complejo e inestable marco de la transición política hacia la democracia y afectó de forma particular a la industria. Sin embargo, la radical transformación institucional que experimentó España en la segunda mitad de esa década dotó de creciente capacidad a los gobiernos para la gestión de la crisis y puso los cimientos para la adhesión de nuestro país a la Unión Europea, una sólida garantía de progreso. A continuación, analizamos brevemente ese proceso.
La larga expansión de las economías desarrolladas después de finalizada la II Guerra Mundial mostró signos de debilitamiento al finalizar la década de los sesenta, llevando a las autoridades económicas de los países más desarrollados, con EE UU a la cabeza, a facilitar estímulos monetarios que revitalizaron la actividad económica durante 1972 y 1973, pero con el coste de generar crecientes tensiones inflacionistas, toda vez que los sindicatos defendieron con gran contundencia el poder adquisitivo de sus salarios. España destacó en los primeros años setenta por el elevado aumento del PIB (6,6% de media anual entre 1971 y 1974) y de los precios (10,9% como media en los cuatro años mencionados).
En este marco de inflación, que aconsejaba medidas dirigidas a desacelerar la demanda nacional, a finales de 1973, los precios del crudo petrolífero se multiplicaron por cuatro, como consecuencia del embargo decretado en octubre por la OPEC a EE UU y otros países desarrollados, en represalia por su apoyo a Israel en la guerra árabe-israelí del Yom Kipur.
España encontró mayores dificultades para ajustarse a la nueva situación que los países entonces integrados en la Europa comunitaria no sólo por su mayor dependencia del petróleo, que se reflejaría en un mayor ascenso de su índice general de precios, sino también porque este incremento fue seguido por elevaciones de los salarios nominales de superior magnitud, en el contexto especial de la transición política, en el que las centrales sindicales, aún en la clandestinidad, hicieron valer su fortaleza reivindicativa para forzar su legalización. Se creó así una espiral salarios-precios que situó la tasa de inflación en el 24,4% en 1977, frenando el consumo de las familias, la producción y la inversión productiva, y aumentando el desempleo.
El alza de los precios también afectó a la marcha de las exportaciones españolas, conduciendo a un gran déficit exterior que obligó a la autoridad económica, presidida entonces por Enrique Fuentes Quintana [vicepresidente del Gobierno de Suárez, en la Transición democrática], a decretar en 1977 una de las mayores devaluaciones de la peseta, de un 24,9%, que pronto se mostraría insuficiente para defender la competitividad exterior de los productos españoles.
En definitiva, ante unas centrales sindicales fuertemente reivindicativas y en un marco institucional inestable, no cabía una respuesta adecuada a una crisis que exigía que todos los ciudadanos asumieran su parte en la pérdida de renta real que el país sufría a favor de los países exportadores de petróleo. En 1979 se produjo una segunda elevación del precio del petróleo frente a la que, afortunadamente, se reaccionaría de manera muy distinta.
Mirada al exterior.
Durante la década de 1960, la industria española había crecido a un ritmo formidable, superior al de sus competidoras europeas, y aún lo hizo más en el periodo 1971-1974, en el que el valor añadido de las manufacturas aumentó a una tasa anual promedio del 11,2%.
Sin embargo, las empresas industriales españolas dependían en un grado muy elevado del mercado interior, de forma que sufrieron en sus ventas y beneficios la intensa desaceleración que registró la demanda interna. Por otra parte, el alza de sus costes energéticos y laborales mermó su competitividad exterior, sólo temporalmente aliviada por la devaluación de la peseta en 1977. Aun así, hicieron un extraordinario esfuerzo por buscar mercados en otros países, y sus exportaciones crecieron a ritmos importantes, ayudadas por desgravaciones fiscales.
Las empresas más afectadas fueron aquellas con producciones menos sofisticadas tecnológicamente y más intensivas en mano de obra, que, por otra parte, se enfrentaron a mayores alzas en los salarios (carbón, siderurgia, productos metálicos, buques, textiles y confección, electrodomésticos y fertilizantes). Estas actividades sufrían ya desde el comienzo de la década de 1970 una creciente competencia por parte de países de nueva industrialización (Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Brasil y México, principalmente) y no dejarían de perder peso en la producción industrial durante toda la crisis.
La transición a la democracia transformó de forma profunda las instituciones españolas, siguiendo patrones semejantes a los vigentes en los países integrados en la Comunidad Económica Europea. Los cambios más trascendentales se produjeron entre 1977 y 1980. En efecto, en 1977 fueron legalizadas las centrales sindicales y se celebraron las primeras elecciones democráticas. En 1978 se aprobó la actual Constitución española, que configuraba un nuevo marco legal e institucional, semejante al de otros países democráticos, y despejaba incertidumbres con respecto a la naturaleza del sistema económico que prevalecería en España. Por último, en 1980 se sancionó el Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogía la posibilidad de despido improcedente, que no había contemplado el paternalismo franquista.
Estas transformaciones habrían de permitir la puesta en marcha de nuevas políticas económicas, dirigidas a cortar la espiral salarios-precios, mejorar la instrumentación de la política macroeconómica y poner en marcha una reconversión industrial.
En este sentido, tuvieron una especial relevancia y resonancia los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de noviembre de 1997 entre el Gobierno presidido por Adolfo Suárez y los partidos políticos de la oposición parlamentaria, con tibio apoyo de las asociaciones empresariales y de la central sindical CC OO. Serían sobre todo determinantes para detener la escalada de precios, al lograr que los trabajadores ajustaran sus demandas salariales a las previsiones de inflación realizadas por el Gobierno para el año que se iniciaba, confiando en ellas, y no al aumento de los precios en el año ya transcurrido, práctica que sólo conseguía que la tasa de inflación de un año se trasladara al siguiente, haciéndose permanente, cuando no creciente.
En el ámbito de las políticas macroeconómicas también se produjeron cambios trascendentales. Desde 1973 se fueron definiendo mejor los objetivos e instrumentos de la política monetaria española, logrando un mejor control por parte del Banco de España de la evolución de los agregados monetarios. Además, con el fin de facilitar el crédito, en 1974 se inició un proceso de liberalización del sistema financiero; después, ya en 1977, se acometió una gran reforma fiscal que modernizaría de forma radical el sistema tributario español, haciendo por fin viable un Estado de bienestar y aumentando la capacidad de intervención de las administraciones públicas, algo fundamental en un momento de crisis como el que entonces se vivía.
El tercer Gobierno de Suárez trasladó por completo la nueva elevación del precio del petróleo a los precios de los productos derivados (lo que no se había hecho en 1973), consiguiendo con ello un fuerte descenso del consumo de carburantes. Aun así, el déficit exterior creció. Además, la concertación social sólo permitió un descenso gradual de la tasa de inflación, que aún en 1980 seguía siendo del 15%, castigando la competitividad de las exportaciones españolas.
Los años 1979-1981 fueron especialmente críticos, con escasos avances del consumo privado y la inversión productiva. Sólo el gasto público y las exportaciones sostuvieron la producción, que, aun así, se redujo en 1981 por primera vez en todo el periodo de crisis, aunque sólo una décima porcentual. Detrás de esta evolución se encontraba una importante disminución del empleo, bastante superior a la que ya se había producido anteriormente, que reflejaba un acelerado ajuste del tejido productivo a los nuevos costes de producción, mediante la eliminación de los puestos de trabajo y los establecimientos con una menor productividad laboral.
Ante la complicada situación descrita, una de las primeras medidas que tomaría el Gobierno socialista elegido en octubre de 1982, presidido por Felipe González, sería la devaluación de la peseta, que redujo su valor en un 8% en diciembre. A partir de ese mismo año, la economía volvió a crecer, aunque a ritmos suaves, siguiendo a cierta distancia la recuperación europea. No obstante, los importantes desequilibrios creados tendieron a corregirse. El déficit exterior desapareció ya en 1984 y la rentabilidad de las empresas mejoró sensiblemente, con aumentos sostenidos de sus excedentes en los años siguientes. De esta manera se establecieron las condiciones para la recuperación de la inversión productiva, que recibiría un gran estímulo adicional de la adhesión de España a la CEE en 1985.
Por otra parte, en 1984, el Gobierno había aprobado una reforma laboral para hacer frente a la elevada tasa de paro (que alcanzaba ya el 16,7%) e impulsar la creación de empleo. Ante la dificultad de acordar con las centrales sindicales una flexibilización del mercado de trabajo que hiciera más sensible la evolución de los salarios a la tasa de desempleo y aumentara su sincronización con el avance de la productividad del trabajo, la reforma aludida se centró en facilitar el empleo temporal en todas las actividades productivas. De esta forma, la flexibilización buscada se lograría facilitando la entrada y salida del mercado, pero creando un amplio segmento de trabajadores de contratación temporal. Sobre esta nueva base, el empleo crecería muy rápidamente desde 1986, pero la productividad del trabajo lo haría moderadamente.
La integración en el espacio comunitario suponía un desarme de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, que habría de producirse de forma gradual hasta 1992. Era, pues, un reto para las empresas españolas, por cuanto las exponía a la competencia de sus pares europeos, pero también representaba una gran oportunidad al abrirles las puertas de los mercados comunitarios. Buscando aprovechar esta oportunidad, las empresas, sobre todo las manufactureras, se lanzaron a una intensa renovación de sus técnicas productivas y de sus equipamientos, para lo que recibieron el apoyo del Estado, tanto a través de desgravaciones fiscales como de la posibilidad de amortizar de forma instantánea los nuevos equipos adquiridos en 1985 y 1986. Ello hizo crecer la inversión productiva a tasas muy elevadas durante estos dos años (superiores al 10% en el apartado de bienes de equipo), facilitando el aumento de la renta de empresas y hogares, e impulsando el consumo privado. Este encontró también un estímulo, tanto en las expectativas favorables acerca del futuro económico que creó la anhelada pertenencia a la Europa comunitaria como en el abaratamiento de las mercancías de importación, llegando a aumentar un 7,8% en un solo año, 1987, y ofreciendo nuevos estímulos a la inversión productiva, esta vez dirigida a la ampliación de las capacidades instaladas, cerrándose de esta forma el círculo virtuoso de la recuperación.
Retorno de la inversión.
Por otra parte, la inversión productiva contó con dos grandes estímulos. El primero, y más importante, el retorno de la inversión extranjera, que, multiplicando por más de tres sus volúmenes entre 1984 y 1988, pareció confirmar las nuevas oportunidades que se abrían para España en el seno de la UE. El segundo, la política de reconversión industrial puesta en marcha, con la que el Gobierno socialista persiguió eliminar los excedentes laborales de los sectores industriales en crisis, creando Fondos de Promoción de Empleo en las regiones afectadas, así como reestructurar sus producciones, lo que, entre otras medidas, exigió capitalizar a las grandes empresas públicas establecidas en los sectores de siderurgia y construcción naval, cuyas plantillas se redujeron un 45% entre 1981 y 1988.
Aunque la industria manufacturera protagonizó la recuperación de la mano de sectores más intensivos en tecnología, como el automóvil, el químico o el electrónico, no consiguió incrementar su peso en el PIB, salvo en 1987, huérfana de una política tecnológica e industrial de relieve.
A partir de 1986, el crecimiento del PIB español superaría ya el comunitario, y aumentaría por encima de su nivel potencial, aun cuando este se expandía rápidamente, a un ritmo superior al 3% anual, reflejando las ganancias logradas en eficiencia y en capacidad productiva. Surgieron, pues, nuevas tensiones inflacionistas que condujeron a nuevas alzas salariales y obligaron al Banco de España a adoptar medidas de contención monetaria, y al Gobierno a moderar ligeramente la expansión del gasto público, firmemente comprometida desde 1985 con el desarrollo de las infraestructuras de transporte por carretera y ferrocarril y de telecomunicaciones, claves para la competitividad de nuestra economía. Además, con el fin de reducir los grados de libertad de su política monetaria, y ayudar a atemperar las expectativas de inflación, el Gobierno introdujo la peseta en el marco disciplinario del Sistema Monetario Europeo (SME) en 1989.
El déficit exterior volvería a crecer como consecuencia del imparable avance de las importaciones procedentes de la Europa comunitaria, gradualmente libres de barreras, y del lento crecimiento inicial de las exportaciones. Sólo a partir de 1991, las empresas responderían adecuadamente a las oportunidades que ofrecían los mercados europeos, con una potente expansión de sus ventas exteriores, que, sin embargo, no sería suficiente para volver al equilibrio exterior. Este sólo se recuperaría en 2012, aunque esta vez para mantenerlo hasta hoy, como un testigo de la profunda transformación experimentada por la economía española.
Como resultado de la fuerte recuperación tras la crisis energética, la economía española había recobrado en 1991 buena parte del empleo destruido desde 1974 y mantenido el nivel relativo de producción que tenía en esa fecha con respecto a los países que hoy integran la eurozona. Pero su posición relativa en términos de renta per cápita se había deteriorado como consecuencia de un crecimiento más rápido de la población. No se recuperaría hasta 1995, en las puertas de una nueva y larga etapa expansiva.››
UD FUENTES.
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