HMA 3. España. Dosier: las fuerzas de seguridad.
La reforma privatizadora de la seguridad.
El Gobierno del PP promocionó (pero no aplicó) varias reformas para aumentar la capacidad policial de represión, a través de una futura Ley de Seguridad Ciudadana, así como una mayor participación de las empresas privadas en los servicios de seguridad, esto es una privatización poco encubierta. Fue un evento dentro de una tendencia a la privatización de los servicios sociales básicos, incluido el de la fundamental seguridad ciudadana.
El editorial Policías privadas [“El País” (12-XII-2013)] explicaba:
‹‹Las funciones hasta ahora ejercidas por personal de seguridad privada —protección de instalaciones, escolta de personas— se amplían a los espacios públicos en virtud de una nueva ley. La seguridad privada no está reñida con la pública, pero sí necesitada de un cuidadoso encuadramiento. No es eso lo que se observa en el proyecto de ley, todavía pendiente del Senado, regulador de una materia que afecta al ejercicio de las libertades fundamentales.
En los términos del artículo 41, la protección privada seguirá ejerciéndose en urbanizaciones, polígonos industriales o acontecimientos deportivos, pero se extiende a zonas comerciales peatonales “o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos”, así como a “espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”. La ambigüedad del texto deja abierta su aplicación a todo tipo de lugares —aunque no a conflictos políticos ni laborales—, con la caución de que es preciso un permiso previo para hacerlo y la obligación de poner a los detenidos a disposición de la fuerza pública. Los agentes privados no podrán interrogar a los detenidos, pero sí averiguar, comprobar o anotar "sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.
La formación de un agente privado es menos exigente que la de la fuerza pública, y trabaja para empresas que, aun sometidas a trámites habilitantes, no implican un encuadramiento jerárquico similar al de las fuerzas de seguridad del Estado, autonómicas o locales. Hay que tener mucho cuidado con la calidad de la protección de los derechos fundamentales, porque si esta ya varía según sea la fuerza pública actuante, todavía más desigual puede ser la prestada por una diversidad de compañías. Al tiempo, la ley consagra una protección jurídica del agente privado “análoga a la de los agentes de la autoridad”, frente a “las agresiones o desobediencias” de que puedan ser víctimas.
Otro rompecabezas es la naturaleza de las funciones que desarrollan. Proteger una zona comercial de la pequeña delincuencia es una cosa; y otra, muy distinta, el desarrollo de actividades privadas de investigación que, como ha puesto de relieve el caso Método 3 (la agencia de detectives a la que Alicia Sánchez-Camacho, dirigente del PP catalán, ha perdonado el pinchazo de una de sus conversaciones) resultan muy difíciles de esclarecer.
El Gobierno se arriesga a hacer dejación de las funciones del Estado, al profundizar en la dualidad de seguridad de la población a proteger: por una parte, la que se paguen los ciudadanos, empresas o instituciones; por otra, la que pueda ejercer la autoridad pública con las fuerzas que dependen de ella o del poder judicial. La seguridad privada es un sector tan vasto como lucrativo y de potencialidad demostrada en otros países. Pero la decisión de generalizarla ha sido adoptada con un debate demasiado escaso e impreciso para dar un paso de tanto calado.››
La limitación de los derechos y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Los Ministerios de Interior y de Justicia han sido a veces englobados en un mismo ministerio, lo que prueba su carácter de vasos comunicantes y la dificultad política de separarlos plenamente. Hay argumentos a favor o en contra de su unidad, pero en España ha ganado la preferencia por separarlos, aunque no siempre se ha dicho el principal motivo, la necesidad de separar el control de las fuerzas de seguridad y el poder judicial para evitar tentaciones contra la democracia.
Una de esas tentaciones es usar las fuerzas policiales para fines partidistas, como se ha visto en algunos casos. Otra es limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos con el pretexto de auimentar la seguridad, sea por el terrorismo o, en 2020, por el control sanitario de la pandemia del coronavirus.
La problemática de las fuerzas de seguridad españolas.
En la Transición española las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil y la Policía Nacional sufieron las dificultades presupuestarias de los años setenta y primeros ochenta por la crisis económica, el peligro mortal del terrorismo etarra durante varios decenios y la tentación de algunos policías de caer en un antiterrorismo también delictivo, y la sostenida presencia en sus filas de ultraderechistas antidemocráticos, como se vio en el golpe de Estado del 23-F.
Con el tiempo la democracia se consolidó y también los cuerpos de seguridad vivieron una evolución relativamente tranquila hacia la democratización, pues los presupuestos mejoraron, la carrera profesional se abrió al mérito, los salarios aumentaron aunque hay en 2020 todavía diferencias entre los de los cuerpos (los policías autonómicos de Cataluña y País Vasco tienen mayores ingresos), ETA fue derrotada por completo y los excesos antiterroristas y delictivos generalmente fueron bien depurados, pero ha perdurado, pese a los cambios positivos, la infiltración en las fuerzas de seguridad de miembros antidemocráticos que han usado su posición institucional para cometer delitos en la promoción de intereses partidistas como revelan el 'caso de la policía patriótica' y el 'caso 8-M', muy relacionados entre sí, o económicos como el 'caso Villarejo'.
FUENTES.
General.
Noticias.
Duva, Jesús. Los vigilantes privados conquistan la calle. “El País” (15-XII-2013) 22. Los guardas privados podrán actuar en espacios abiertos.
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Tobella, Alba. Los vigilantes no son policías. “El País” (30-XII-2013) 30-31.
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Marcos, José. La policía ha perdido un 9,9% de agentes y la Guardia Civil un 6,4% desde que gobierna Rajoy. “El País” (27-I-2017). La Policía Nacional ha bajado de 72.457 agentes en diciembre de 2011 a 65.287 en octubre de 2016. La Guardia Civil, en las mismas fechas, ha bajado de 82.692 a 77.427.
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López-Fonseca, Ó. Policía y Guardia Civil critican los cambios en Interior. “El País” (29-VII-2017). La eliminación de los directores generales operativos y las malas formas no gustan en ambos cuerpos.
Ortega, P.; López-Fonseca, Ó. Interior pone término a la ‘brigada patriótica’ con una nueva cúpula policial. “El País” (24-XI-2017).
Carranco, R. Marlaska destituye al jefe de la UCO tras tensiones internas. “El País” (3-VIII-2018). El coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí había suspendido sin autorización superior las operaciones vinculadas a fondos reservados. Hay un malestar interno por los cambios realizados por el nuevo Gobierno socialista.
Carranco, R.; González, M. Interior investiga el correo que hizo caer al jefe de la UCO. “El País” (4-VIII-2018).
Ortega, P.; López-Fonseca, Ó. Marlaska depura la cúpula policial con la destitución de otros tres mandos. “El País” (24-X-2018).
Gómez, M. V.; Sosa, M. Ejército y Policía deberán admitir a portadores del VIH y diabéticos. “El País” (1-XII-2018). Se elimina el veto sanitario a los enfermos de muchas patologías.
Martín-Arroyo, J.; Sevillano, E. G. Interior dio sin concurso durante dos décadas un negocio de 70 millones al año. “El País” (7-I-2020). La gestión de las comunicaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un total de 85.000 líneas, ha estado en manos de Telefónica sin un concurso público.
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Cañas, J. A. Los agentes que se pasaron al lado oscuro del narco. “El País” (3-VIII-2020). En dos años, 27 guardias civiles han sido detenidos en el Campo de Gibraltar acusados de colaborar con traficantes.
González, M. Celos, violencia y espionaje en la comandancia. “El País” (20-VIII-2020). Un caso real en Asturias, con tres agentes involucrados en un caso de celos patológicos.
Dosier: El 'caso 8-M'.*
Dosier: El caso ‘Policía Patriótica’*
El ‘caso Villarejo’ y sus variantes.*
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