España. Dosier: el derecho social a la vivienda.

            ESPAÑA. DOSIER: EL DERECHO SOCIAL A LA VIVIENDA.  

Índice.

Introducción.

El derecho social a la vivienda.

La deuda hipotecaria y el debate comprar/alquilar vivienda.

Las ocupaciones y los allanamientos de vivienda.

Las hipotecas y sus cláusulas.

Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias.

Los escraches por el derecho a la la vivienda en España y otras causas.

Introducción.

España tiene un grave problema de vivienda desde siempre, caracterizado por:

- La desigual distribución del parque de viviendas, con zonas en la que sobran, sobre todo en áreas rurales, y zonas con escasa oferta, en especial en las periferias cercanas a las grandes y medianas ciudades.

- La escasa inversión pública en vivienda: en 2022 solo se presupuestaron 3.472 millones de euros, mientras que los expertos llegan a triplicar la necesidad de recursos.

- La falta de un mercado de vivienda pública para alquiler, en llamativo contraste con los ejemplos de países europeos como Austria o Países Bajos, en los que los ayuntamientos ofrecen alquiler de vivienda a precios tasados y asequibles.

- La gran dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, sea en propiedad o en alquiler, y emanciparse, debido a la alta especulación y la precariedad laboral.

El derecho social a la vivienda.

El artículo 47 de la Constitución española establece:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Sin embargo, este derecho es solo indicativo: el Estado y sus instituciones (Gobierno central, Comunidades Autónomas, Diputaciones o Ayuntamientos) "promoverán", no necesariamente "satisfarán", por lo que su aplicación ha sido muy desigual y siempre insuficiente, quedando cientos de miles de familias sin disfrutar de este derecho.

El economista Antón Costas sostiene en La vivienda, un derecho social para el siglo XXI [“El País” Negocios 1.723 (11-XI-2018)] que la política pública debe dejar de dirigirse a grupos acomodados para atender a los más desfavorecidos:

‹‹La vivienda asequible en este inicio del siglo XXI como uno de los problemas sociales más dramáticos y urgentes al que nos enfrentamos. Un problema especialmente agobiante en las grandes ciudades, que se están viendo presionadas por nuevos factores. Por un lado, el hecho de que la crisis ha desplazado población desde localidades pequeñas hacia las ciudades más grandes. Por otro, el hecho de que las nuevas plataformas digitales facilitan la sustitución del uso residencial por usos turísticos de una parte del escaso parque de vivienda de alquiler existente.La vivienda atiende a muchos fines esenciales para una vida digna. Protege del frío y del calor; guarda los bienes de las personas; da a los niños un lugar en el que crecer sanos; ofrece a los mayores un sitio que los protege; da privacidad a la vida familiar; hace, en definitiva, a las personas mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos.

La escasez y el elevado precio en relación con los ingresos familiares para costearla hacen que la vivienda en España actúe al modo de una tijera de la pobreza, cuestión de la que hablé en una columna publicada hace unos meses. Pero las consecuencias van más allá. Por un lado, la falta o la mala calidad de la vivienda asequible influyen en la salud y en el porvenir de los niños que viven en esos hogares. Por otro, impide la emancipación de los jóvenes a la edad —la década de los veinte— en que han de hacerse responsables de sus vidas. El impacto de este retraso emancipatorio en la cultura moral de los jóvenes es tremendo. Sin olvidar el efecto que ese retraso tiene en la capacidad de innovación social, política y económica.

Así las cosas, sorprende la desidia con la que los gobiernos de la etapa democrática han abordado la cuestión de la vivienda asequible. No digo que no haya existido ningún tipo de política pública. La ha habido, pero ha ido dirigida a la compra de vivienda privada por parte de los grupos acomodados. Una política instrumentada fundamentalmente a través de las exenciones fiscales a la compra. Una política que ha hecho que España sea el país europeo con mayor proporción de propiedad en relación con la cantidad total de vivienda residencial existente.

Pero ese tipo de políticas no tienen efectos directos sobre la gente con escasos recursos. Para ellos la política de vivienda tiene que ser diferente. En varios sentidos. Uno es que el mercado privado por sí sólo no puede resolver esta necesidad social; se requiere la implicación directa de los sectores públicos estatales, autonómicos y locales. Otro es que el criterio no puede ser la eficiencia de los instrumentos públicos empleados sino la equidad: ayudar a acceder a la vivienda a las familias pobres es un objetivo moralmente válido en sí mismo.

¿Por qué los gobiernos democráticos no se han visto compelidos a actuar de forma más contundente? En mi opinión, la desidia tiene que ver con el hecho de que la vivienda asequible no está aún contemplada, ni en la legislación ni en la cultura política, como un derecho social básico con la misma intensidad con que lo están la educación, la sanidad, el paro o las pensiones. La redistribución operada por el Estado social que se construyó a partir de la segunda Guerra Mundial para erradicar la elevada desigualdad y pobreza existente en las primeras décadas del siglo XX respondió a dos grandes impulsos. Por un lado, al principio de igualdad en el acceso a bienes básicos como la educación y la sanidad. Por otro, una lógica de derechos relacionada con la falta de cobertura de ingresos para atender a la pobreza de los mayores que venía de las situaciones de desempleo y de la jubilación. Hoy tenemos que ampliar esa lógica de derechos a la vivienda. Y quizá también a la cultura.

En la primera mitad del siglo XX fueron las guerras las que hicieron tabla rasa con el pasado y acabaron con el mal endémico de la desigualdad y con la pobreza de los mayores. Hoy la desigualdad y la nueva pobreza de niños y jóvenes vuelven a ser un problema endémico. Una pobreza que viene en gran parte de la falta de vivienda asequible. Necesitamos construir un nuevo contrato social para el siglo XXI que contemple la vivienda asequible como un derecho social exigible de forma efectiva. Y diseñar nuevas instituciones y políticas públicas que abordan, tanto de forma justa como eficaz, la cobertura de este derecho.››

La deuda hipotecaria y el debate comprar/alquilar vivienda..

En EE UU la deuda hipotecaria a finales de 2017 era de 15 billones de dólares según la Oficina Federal de Estadística [https://www.usa.gov/statistics], en comparación con los 0,56 de España.

En cuanto a si es más rentable comprar o alquilar, el consenso de los economistas es que depende del precio, la calidad de la vivienda, las expectativas de residir en un lugar a largo plazo y las alternativas de inversión. Un ejemplo baste: la inmensa mayoría de los economistas con Premio Nobel de los que tenemos datos biográficos eran o son propietarios (no hay generalmente información sobre sus hipotecas) de sus viviendas, excepto los que son profesores (o funcionarios) itinerantes. Para una familia tener una parte razonable de su patrimonio en su vivienda permanente es una medida de seguridad y rentabilidad, aunque es erróneo meter todos los ahorros en ello. Diversificar es lo mejor.

Las hipotecas y sus cláusulas.

Una sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2018 sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y su posterior revisión por el pleno del mismo Tribunal, en sentido contrario, conmocionó el mercado hipotecario español, tanto a los bancos (intermediarios del cobro), las comunidades autónomas (las CC AA receptoras últimas del dinero) como a los compradores (los pagadores), porque introducía una gran inseguridad jurídica, al encarecer de improviso para los bancos los costes de gestión que se acumulan a los costes financieros y a la prima de riesgo, por lo que los bancos deberían subir inevitablemente el precio de las hipotecas. Lo peor era sin embargo la posible retroactividad del impuesto, porque podía llevar a los bancos a devolver a los usuarios hasta 16.000 millones de euros, que los bancos no se habían quedado sino que habían entregado a las CC AA. Un problema descomunal pues siembra la suda de cómo ofrecer un producto hipotecario si una sentencia posterior puede variar enormemente los costes reales.

Al final, todos pierden, pues los compradores futuros deben pagar más caras las hipotecas aunque sea porque los bancos elevan la prima de riesgo, los compradores anteriores no recuperan el dinero y además desvalorizan su propiedad actual, los partidos se deslizan al populismo al intentar atraerse con promesas inviables e inciertas a los votantes, los bancos y el Tribunal Supremo sufren en su imagen al cuestionarse su eficiencia y su probidad, y la economía española sufre la desconfianza de los mercados internacionales.

Facua considera una "absoluta aberración" decisión Supremo sobre hipoteca. Agencia EFE (6-XI-2018). 1:10. [https://www.youtube.com/watch?v=zfntdHEHHUY]

Otras cláusulas, conocidas como 'de suelo', 'multidivisa', 'gestión de apertura', 'seguro asociado' ... han sido cuestionadas en los últimos años.

De Barrón resume en Todo lo que paga el comprador cuando firma un préstamo [“El País” (9-XI-2018)]

‹‹Las comisiones, de apertura o cancelación, son fáciles de advertir y son un elemento de negociación habitual al firmar el crédito. Sin embargo, las vinculaciones son más difíciles de cuantificar. Por eso, las asociaciones de consumidores y los comparadores, aconsejan rebajar estos compromisos, que son una forma de venta cruzada de productos.

Las vinculaciones más habituales son los seguros de vida y los del hogar, la domiciliación de la nómina, contratación de tarjetas, así como mantener un plan de pensiones con un mínimo de aportaciones anuales. Hasta hace poco, las entidades podían mezclar en el precio de la hipoteca el coste de esos productos. Tras la última modificación legal, deben separar la tasa fija o variable del coste de los productos, pero eso no ha terminado con el problema.

El mayor inconveniente está habitualmente en los seguros, sobre todo de vida. Bankinter, una de las entidades que más vinculaciones requiere para obtener un buen precio, solicita la firma de un seguro de vida por el 100% del importe de la hipoteca con Bankinter Seguros de Vida.

El cliente firma un precio el primer año, pero la prima irá subiendo en las próximas renovaciones. Esta situación se vuelve perversa cuando el cliente no está conforme con el precio que le ofrece su entidad. Con la aparición de los comparadores por Internet, es fácil averiguar los precios de otras aseguradoras. Si son menores que los de su banco, es decir, que la aseguradora de su entidad, el cliente entra en un conflicto difícil de resolver. Si no suscribe el seguro, la hipoteca subirá de media 0,60 puntos —una cantidad muy relevante en los primeros años del préstamo— y, si firma el seguro, puede estar pagando más de lo que otras aseguradoras ofrecen en el mercado.

Algo similar puede ocurrir con el seguro de hogar, con una cobertura de un contenido mínimo que establece el banco y un capital por el continente equivalente a la tasación del inmueble. Esta prima también puede elevarse con el tiempo hasta que el banco exija un precio fuera de mercado. No hay que olvidar que las filiales de seguros son importantes fuentes de beneficios de la banca.››

Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias.

El principal problema de decenas de miles de familias españolas que sufren la crisis económica iniciada en 2007, es la figura jurídica del desahucio, que priva a los propietarios morosos de su vivienda para devolverla a los prestatarios, casi todos ellos bancos, o por impago del alquiler. Una amenaza que pende sobre cientos de miles de familias más. Los suicidios se cuentan por decenas, personas a las que han quebrantado su capacidad de soportar la miseria o el miedo a caer en ella.

La presión popular, encauzada en su mayor parte en la asociación PAH, ha sido muy intensa desde 2012 a favor de cambiar la actual ley, muy desfavorable para los deudores. Una iniciativa legislativa popular respaldada por un millón y medio de firmas ha llegado a las Cortes, con el apoyo tardío, pero apoyo al fin, de los partidos de izquierda, desde el PSOE a Podemos-IU. 

Gráfico de la evolución de los desahucios en España en 2008-2011.

El comentarista político y económico Xavier Vidal-Folch, en Impedir o evitar los desahucios [“El País” (4-IV-2013)] presenta los peligros de unas medidas poco meditadas y propone una soluciones ponderadas que afronten el meollo del problema sin causar otros a la larga peores:

‹‹Hay dos maneras de acabar con la tragedia de los desahucios. Una es impedirlos. La otra, evitarlos. Y quizá puedan combinarse.

La tragedia humana es hiriente. Los suicidios de deudores al filo del desalojo se han parado momentáneamente, gracias a la alarma social, a la movilización cívica y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los jueces detener los procesos si median acusaciones de cláusulas abusivas. Pero ahí están, para vergüenza de todos nosotros. De todos.

Las cifras, aunque fueron invisibles, son espeluznantes: 391.032 desahucios en el quinquenio 2008-2012 (a tercer trimestre). Los que están en trámite son 198.000. Claro que suman todo tipo de evicciones, desde viviendas a despachos o garajes. En todo caso, muchas son de hogares familiares: el 88% de los créditos hipotecarios a la vivienda se concentra en las primeras residencias.

La manera de impedir por la brava los desahucios es la dación en pago que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)  que tiene como portavoz a Ada Colau. No pretende la posibilidad de entrega del hogar como pago de la hipoteca con carácter universal, contra lo que se dice, sino en el caso de primera residencia.

La propuesta tiene una ventaja: es clara, radical, y suministraría un alivio inmediato a muchos ciudadanos. Y en cierto sentido, es proporcionada, pues el error del excesivo endeudamiento cometido por la familia es el envés del error de la entidad de crédito que se lo concedió, a veces con fórceps. No ha habido en la historia un boom inmobiliario sin la complicidad de un sistema bancario que lo financiase. Ningún Poncio puede lavarse las manos, todos los Pilatos deberán aportar algo a la solución.

El impacto negativo de esta fórmula, que con demasiada rapidez descarta el Gobierno, es triple. Toda medida retroactiva provoca inseguridad jurídica, aunque pueda alegarse fuerza mayor y la legislación vecina.

Además, encarecería las hipotecas futuras, pues los bancos las concederían a cambio de muchas más garantías y a tipos más altos que cubrieran el susto de que les devolviesen el ladrillo: eso dificultaría el acceso a la vivienda de los menos instalados, lo que quizá conviene desde el punto de vista de la responsabilidad individual y colectiva, —así como fomentar el alquiler—, pero no sería un logro social del que enorgullecerse.

Y estropearía las cuentas de la banca, lo que interesa poco a la ciudadanía, si acaba pagando sus platos rotos. ¿Cuánto las estropearía? Hasta ahora la banca ha estimado el roto en unos 4.000 millones de euros. Si sólo es eso, no debería haber problema para encontrarlos, incluso queda un amplio remanente del rescate bancario que, negociando con la UE, quizá podría usarse. Juega en favor de un perjuicio limitado la tendencia de las familias a sacrificarlo todo, antes que impagar la hipoteca. Y en consecuencia, la muy modesta morosidad de la vivienda: el 3,49 del total de los créditos, apenas un tercio de la mora total.

Pero la cifra de pérdidas podría aumentar: el paro dispara la mora, y a ésta hay que añadirle los pisos ya adjudicados a la banca. En un escenario adverso, la auditoría de Oliver Wyman del 28 de septiembre preveía un 5,5% de pérdidas. Y se deteriorarían las cédulas hipotecarias que empaquetan esos créditos, que totalizan 425.000 millones.

 Por eso, una dación en pago con carácter muy amplio para todos los casos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión que impida buena parte de los desahucios, podría completarse con otra fórmula, que los evite. Y que permita que las familias sigan viviendo en sus casas y los bancos no se hundan.

La aplicó Franklin Delano Roosevelt el 13 de junio de 1933, a los dos meses de estrenar presidencia, y a los cuatro años de la Gran Depresión. Montó la HOLC (Home Owner's Loan Corporation), organismo público que compró a los bancos posiciones acreedoras en las hipotecas, a cambio de bonos. Y desde esas posiciones reestructuró la deuda de las familias caídas en el desempleo y asfixiadas por la crisis: dio quitas; amplió plazos desde los habituales cinco años hasta 20; y bajó tipos de interés, una operación que salvó a 25 millones de familias, por 4.750 millones de euros, el 8,4% del PIB de EE UU. Redujo “sustancialmente” el número de desahucios, el de suspensiones de pagos individuales, y el esfuerzo del pago de la hipoteca. La historia de esta iniciativa la encontrarán en Dealing with household debt, el capítulo 3 del World Economic Outlook publicado por el FMI el pasado abril. ¿La copiamos?››

El editorial Inquilinos desahuciados [“El País” (20-IV-2018)] resume el problema y sugiere directrices para solucionarlo:

‹‹Un mercado de alquiler vigoroso es condición necesaria para frenar burbujas inmobiliarias como la que llevó a la gravísima recesión española reciente. Pero no basta con observar cómo aumentan sin cesar los precios de los alquileres —según sean las tasaciones y las localizaciones, entre el 9% y el 18% en 2017— para dar por hecho que el mercado funciona sin distorsiones. En los últimos 18 meses se advierte un desequilibrio que debería ser corregido con la acción conjunta del Gobierno y los Ayuntamientos. El número de desahucios atribuidos a impagos del alquiler aumentan de forma preocupante, al tiempo que disminuyen los causados por impago de hipotecas.

Muchos propietarios de las viviendas están aplicando con rigor la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013. Inician un proceso de desahucio al primer impago, en espera de nuevos inquilinos que paguen mensualidades más elevadas. Los efectos moderadores de un mercado de alquiler se producen no sólo porque ofrecen una opción distinta de la propiedad, sino porque ofrecen una vivienda estable a quienes la necesitan para desarrollar o aspirar a un trabajo estable. Por eso son admirables los sistemas de alquiler en Reino Unido o los países nórdicos: comprometen al propietario por largos periodos de tiempo, muy superiores a los tres años que reconoce la ley española.

Si la propiedad es cara e inaccesible y también se disparan los alquileres, el mercado de la vivienda tiene un grave problema social. Pero la ampliación legal de la duración mínima de los contratos de alquiler y la renovación automática que proponen algunos partidos no resuelven el problema, puesto que tienden a retraer la oferta. Es necesario explorar otras fórmulas. Por ejemplo, que los Ayuntamientos hagan censos de viviendas alquilables e incentiven fórmulas contractuales más largas para el inquilino y más seguras para los propietarios.››

Gente sin casa. La historia de los desahucios en España. Canal Social UGT (10-XII-2014). 48: 45. [https://www.youtube.com/watch?v=82lxL6GiX4k]

Los escraches por el derecho a la vivienda y otras causas.

Ante el grave problema de los desahucios y la cerrazón del Gobierno a negociar una reforma que resuelva la situación, la respuesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y de otros grupos sociales ha sido apelar a los escraches, una forma de presión popular directa, nacida en Argentina durante crisis anteriores, que afecta a los políticos en su entorno privado, sean sus domicilios, sus lugares de trabajo (incluido el Parlamento) o en sus viajes. El escrache ha sido mayormente aceptado por la mayoría de la sociedad  pero es cierto que vulnera en ocasiones el derecho a la privacidad de los políticos, de sus familiares y de sus vecinos, y debe ser rechazado con carácter general si no se ciñe a límites estrictos.

La protesta legal y proporcionada de los ciudadanos en este caso de los desahucios (y en multitud de otros supuestos) es necesaria e incluso deseable porque muestra el compromiso con la justicia social y con los derechos de los desfavorecidos, pero sobrepasar los niveles legales e incurrir, aunque sea ocasionalmente, en prácticas antidemocráticas sólo puede traer consecuencia negativas a largo plazo, dando una excusa a los políticos conservadores o que no atienden los problemas ciudadanos para desestimar las imprescindibles reformas.

Y poniéndonos en lo peor, un escrache ilegítimo puede dar un barniz de legitimidad a que esa misma presión se ejerza mañana sobre otros colectivos. ¿O es que nadie recuerda la presión de los grupos de ultraderecha sobre el anterior Gobierno del PSOE, al que acusaban de connivencia con ETA? ¿O la presión que se ejerce en muchos países sobre los médicos que practican abortos o sobre los gitanos y otros colectivos a los que se acusa de delincuentes?

En suma, no debemos caer en la trampa retórica de confundir a los escrachadores con los fanáticos nazis, como desearían algunos interesados en que todo se quede igual, pero tampoco debemos caer en la trampa de legitimar la violencia física o psicológica en las protestas, porque el fin no justifica los medios.

El editorial En las casas, no [“El País” (10-IV-2013)] presenta una razonable visión sobre el problema:

‹‹Los escraches amenazan con instalarse en España como un instrumento político más: es hora de decir que ese método es inaceptable. La protesta en ningún caso debe llevarse al ámbito privado, porque los electores no eligen a los familiares ni a los vecinos de los políticos y no se puede implicar a terceros en formas de presión que conlleven gritos, abucheos, escarnios o un afán de señalamiento público. No se trata, naturalmente, de cercenar la libertad de expresión de los ciudadanos en el espacio público. Los ciudadanos tienen todo el derecho a presionar al Gobierno y a los diputados para que se pronuncien de determinado modo o cambien una intención de voto. En espacios públicos, sin violencia y cumpliendo la normativa que rige para estos efectos.

El desprestigio de la clase política alcanza cotas inquietantes para la propia democracia, pero eso no justifica degradar la convivencia hasta el punto de destruir todo respeto a las personas. La Constitución y las leyes garantizan los derechos de reunión y manifestación, lo mismo que el de huelga, y precisamente los reventadores suelen ser uno de los riesgos de esos actos de protesta; no pretendamos ahora reventarlo todo a base de actos de repudio que hoy se dirigen contra los políticos en sus casas, como se ha hecho antes contra clínicas abortistas y mañana, quizá, contra profesores que suspenden a los alumnos. Lo mismo que un conflicto laboral se desarrolla en la empresa o en forma de manifestaciones, y no se lleva a la casa del empresario.

Es verdad que la defensa de los afectados por los desahucios es una causa popular, que goza de gran apoyo ciudadano. Las ejecuciones hipotecarias han crecido enormemente en este país y lanzar a la calle a moradores de viviendas, sin ayuda social, provoca rechazo público. Pero no conviene olvidar lo ocurrido en Cuba con las llamadas “acciones de repudio”, o en Argentina, donde los escraches —palabra utilizada en la jerga de los bajos fondos bonaerenses— comenzaron señalando a los militares de la dictadura y se extendieron a políticos o periodistas. España no es una dictadura ni una democracia de baja intensidad; está necesitada de fuertes e importantes reformas. Banalizar el acoso colectivo no ayudará en esta urgente tarea.

El Gobierno y el PP tampoco pueden dejarse llevar por los nervios, aunque se hayan producido situaciones indeseables. No hay que tratar de criminalizar los escraches como si fueran formas de kale borroka. El problema no se resuelve solo lanzando a la fiscalía y a la policía contra los escrachadores, sino abriendo cauces entre representantes y representados para que las aspiraciones de estos puedan ser defendidas en los lugares de trabajo de los políticos. No se pueden aceptar derivas autoritarias: pedir a los diputados que rompan la disciplina de voto no es ningún crimen, ni tiene sentido pretender la equiparación de esa disciplina a la militar. Cuidado que en aras de la defensa de la libertad del diputado se cercene la libertad de expresión de la ciudadanía.

La facilidad con que el Parlamento rechaza las iniciativas legislativas populares, sin explicaciones, es otro elemento de tensión. El diputado no tiene que cambiar su voto por miedo a los escrachadores ni por temor al acoso que puedan sufrir sus familias, sino, en el caso de que sea así, porque ha escuchado previamente los argumentos de los ciudadanos. A escucharles, precisamente, debe dedicar gran parte de su tiempo. Una de las razones para justificar tantos escaños vacíos es que sus titulares inviertan tiempo en atender a sus representados. Y los ciudadanos, si no les hacen caso, tienen todo el derecho a protestar: pacíficamente, ante los lugares de trabajo de los políticos. No en sus casas ni delante de sus hijos.››

Josep Ramoneda, en El victimismo del PP [“El País” Cataluña (16-IV-2013)] lanza una puya contra los excesos verbales de Cospedal respecto a los escrachadores.

‹‹Las noticias judiciales sobre el alcalde de Badalona han coincidido con la ofensiva del PP contra los escraches. Sin duda la libertad de manifestación tiene un límite en la violencia y siempre hay espacio para la discusión sobre lo que se puede permitir y lo que no. Pero el PP se equivoca si quiere aparecer como víctima frente a las personas que han sido expulsadas de sus casas por desahucio. Por incómodo que sea que un puñado de personas grite a la puerta de tu casa, ¿qué es esto al lado de quedarte sin ella? Buscando para sí el papel de víctima, el PP solo gana en arrogancia y alejamiento de la ciudadanía. Y prueba de ello es la facilidad con la que llegan los excesos verbales. El PP está nervioso. Y se nota. Dolores de Cospedal, la jefa del partido por delegación de Rajoy, ha dicho algo que no se puede dejar pasar impunemente: que los escraches son “nazismo puro”. Es sencillamente una ofensa a la memoria de las víctimas del genocidio nazi. Cospedal debería saber —y seguro que lo sabe— que las personas señaladas por las turbas nazis se las iba a buscar a su casa, se las cargaba en un tren y se las mandaba a un campo de exterminio. ¿A esta tragedia compara la suerte de sus compañeros diputados?

Se entiende la desesperación del PP que se hunde en las encuestas y que ve cómo la conflictividad social aumenta sin ser capaz de hacer nada para mejorar la situación de los ciudadanos. Pero la gravedad de la circunstancia requiere mesura y comprensión. Y no admite la construcción de parapetos increíbles sobre los que ocultar la falta de coraje para explicar lo que realmente se está haciendo. Que el PP pretenda convertirse en víctima es la más ridícula de las defensas, sencillamente porque no es creíble. Y además es humillante para los perdedores de verdad.››

El escritor Javier Marías, implacable y pertinaz látigo del Gobierno del PP, se opone empero al escrache en el artículo Denigradores que se denigran [“El País” Semanal 1.909 (28-IV-2013)]. Es una dura crítica moral de esta presión a la que llamaría mejor vituperación o execración:

‹‹Siempre hay algo de despreciable y vil en la delación y el señalamiento, así sea indignante la conducta de los “expuestos”.›› Y se extiende: ‹‹Es cierto: los actuales gobernantes del PP no son sólo mediocres, ineptos, embusteros, destructores, injustos y desfachatados. Son también los más irritantes de las últimas décadas, (…) [pero] Teniendo la opinión que tengo de nuestros políticos, no puedo estar más en desacuerdo con esta práctica. Ya se han señalado los riesgos que implica: hoy se los presiona para que pongan remedio a la grave situación de los desahucios y a muchos les parece bien, por lo justo de la causa; pero mañana serán las asociaciones “provida” las que cercarán las casas de quienes quieran una ley del aborto en España y los llamarán asesinos y los instarán a votar una que los penalice, en todos los casos; al día siguiente se presentará una muchedumbre ante la vivienda de un periodista cuyas opiniones no le gustan y tratará de que las cambie por las suyas; al otro, una multitud de beatos execrará a los diputados y jueces que han legalizado el matrimonio homosexual, etc.  (…) En esas vituperaciones a domicilio no sólo se presiona, sino que se señala, es decir, se delata. Una masa individualiza a una persona y la somete a escarnio, no en su lugar de trabajo y en el ejercicio de sus funciones, sino en su casa, ante sus hijos y vecinos, que también se ven afectados sin tener arte ni parte. El espectáculo no es distinto del que ofrecería una turba llamando “pederasta” a quien tal vez lo fuera, y que aun así sólo habría de responder ante un tribunal por sus actos, no ante esa turba improvisada o más bien artificial y convocada; tampoco se diferencia del que dan esos “justicieros” o “virtuosos” que se apostan a la puerta de los juzgados para insultar a gusto a los detenidos famosos o acusados de crímenes llamativos. Siempre hay algo de repugnante y cobarde en la comandita de muchos contra uno, más aún si esos muchos se aprovechan de su número para envalentonarse y preservar su anonimato; siempre hay algo de despreciable y vil en la delación y el señalamiento, así sea indignante la conducta de los “expuestos”; siempre hay algo de rastrero en la intimidación y la vituperación masivas, independientemente del repudio que causen los intimidados y vituperados. (…)››

Desde 2013 la reducción del número de escraches ha sido muy evidente, gracias a la normativa que permite sancionar las manifestaciones no permitidas a menos de 300 metros de los políticos, pero cada año ocurren incidentes que mantienen viva la polémica.

FUENTES.

General.

Blogs.

España. Dosier: La construcción y los servicios públicos. Las empresas.*

[https://oikosaboix.blogspot.com/2022/03/espana-dosier-la-construccion-y-los.html]

España. Dosier: El mercado de la vivienda y su precio.*

[https://oikosaboix.blogspot.com/2022/03/espana-dosier-la-vivienda-y-su-precio.html] 

Noticias.

Pellicer, Lluís. Guerra al piso vacío. “El País” (15-IV-2013) 28-29. El debate sobre la expropiación de viviendas, una figura legal existente en Francia y Reino Unido.

Martínez, Juan Carlos. 3,4 millones de viviendas vacías. “El País” (19-IV-2013) 16.

López Letón, Sandra. El arrendador transige con el inquilino. “El País” Negocios 1.516 (23-XI-2014) 28.

Rincón, Reyes. El Supremo pone límites al lucro de la banca en la venta de pisos embargados. “El País” (21-II-2015) 24.

Rincón, Reyes. El comprador puede renunciar a la casa si se retrasa la entrega. “El País” (21-II-2015) 24. De resultas, no quedaría obligado a mantener la hipoteca.

Pellicer, Lluís. Más de 13.500 pisos sociales vacíos en un país con 330.000 demandantes. “El País” (11-V-2015) 29.

Fabra, M. Andalucía no podrá expropiar el uso de casas vacías. “El País” (27-V-2015) 22. El Tribunal Constitucional sentencia que las CC AA no tienen competencias para expropiar el uso de las viviendas, sino solo el Estado.

Pellicer, Lluís; Delgado, Cristina. Los precios del alquiler se colocan por encima de la era de la burbuja. “El País” (2-VII-2017).

Maqueda, A. El Supremo declara nula las hipotecas multidivisa por opacas. “El País” (16-XI-2017).

Rincón, R. El Supremo falla a favor de los bancos en los casos de hipotecas ligadas al IRPH. “El País” (23-XI-2017).

De Barrón, Í; Marcos, J. Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo en 2017. “El País” (20-I-2018).

Delgado, C. Los bancos pueden cargar al cliente el impuesto por la firma de la hipoteca. “El País” (1-III-2018).

Pellicer, Lluís. La construcción de vivienda social cae a niveles de los años cincuenta. “El País” (25-VI-2018).

Pellicer, Lluís. Cuando la llamada del casero te hace temblar. “El País” (1-VII-2018). La corta duración de los contratos de alquiler y el aumento del precio asusta a los inquilinos.

López Letón, Sandra. España vuelve a especular con la vivienda. “El País” Negocios 1.713 (2-IX-2018). El arrendamiento sube en exceso en las ciudades principales, en relación a los bajos salarios.

Aranda, José Luis. Alquilar se pone imposible (y no solo por el precio). “El País” (7-X-2018). Las cláusulas abusivas dificultan el alquiler de viviendas.

Maqueda, A. El banco solo podrá ejecutar la hipoteca si el cliente impaga entre el 3% y el 7% del crédito. “El País” (21-XI-2018). Un acuerdo parlamentario. 

González, J. S. Los impuestos a la vivienda en España figuran entre los más altos de la OCDE. “El País” (6-XII-2018).

Aranda, José Luis; Marcos, José. El Gobierno alarga el plazo de alquiler sin limitar el alza de precios. “El País” (15-XII-2018).

López Letón, Sandra. Los jóvenes ya no pueden ni comprar ni alquilar. “El País” Negocios 1.725 (25-XI-2018).

Díez, A.; Casqueiro, J.; Marcos, A. El Gobierno sufre su peor derrota en el Congreso por la ley del alquiler. “El País” (23-I-2019). Podemos no apoya al Gobierno en la convalidación del decreto-ley. Se vuelve a la legislación del PP.

Redacción. Siete recetas europeas ante la subida del alquiler. “El País” (24-I-2019). La normativa en Bruselas, París, Berlín, Viena, Lisboa, Roma y Londres.

Aranda, J. L. El decreto del alquiler limita al IPC las subidas en los cinco años del contrato. “El País” (28-II-2019).

Aranda, J. L. El decreto de alquiler exige más garantías para los desahucios. “El País” (2-III-2019).

Aranda, J. L. Castigo (a medias) a los pisos vacíos. “El País” (25-III-2019). El decreto de alquileres permite a los Ayuntamiento imponer recargos del IBI a los pisos vacíos pero solo es posible en algunas comunidades.

Maqueda, A. Los hogares más pobres dedican más de la mitad de su renta a la hipoteca. “El País” (13-V-2019).

Aranda, J. L. España, un debate cerrado en falso. “El País” (30-VI-2019). No hay consenso sobre las medidas para regular los alquileres, desbocados.

Redacción. El Supremo confirma la nulidad de las tasas de Colau a pisos vacíos. “El País” (2-VII-2019).

Delgado, C. Comprar casa cuesta un 21% menos que en 2007 y alquilar, un 11% más. “El País” (9-VIII-2019).

Aranda, J. L. Fomento saca a la luz el precio real del alquiler. “El País” (26-IX-2019).

Aranda, J. L. La epidemia se interpone en el plan del Gobierno para limitar el alquiler. “El País” (27-IV-2020).

Cué, C. E.; Aranda, J. L.; Gómez, M. V. El Gobierno prorroga las ayudas en vivienda para familias vulnerables. “El País” (7-VII-2020).

Aranda, J. L. La justicia europea respalda limitar los pisos turísticos para preservar los alquileres. “El País” (23-IX-2020).

Aranda, J. L. El Fondo reclama un parque de vivienda social más amplio. “El País” (14-XI-2020). El informe del FMI señala que la crisis de la pandemia golpea más a los inquilinos.

Aranda, J. L. Solo uno de cada diez pisos protegidos del último lustro era para alquiler. “El País” (16-IV-2021).

López Letón, Sandra. El agujero negro del alquiler de viviendas. “El País” Negocios 1.851 (2-V-2021). La escasez de oferta volverá a encarecer los precios cuando acabe la pandemia.

Saldaña, C.; Gosálvez, P. Una generación en busca de futuro / 4. ‘Solo hay cuevas donde vivir’. “El País” (27-VI-2021). Los jóvenes sufren la escasez de vivienda digna a precio aceptable, en alquiler o compra.

Blanchar, Clara. La obligación de edificar un 30% de pisos sociales aleja a los inversores. “El País” (12-X-2021). Barcelona aplica desde 2018 una de las medidas del reciente paquete del Gobierno central y los efectos han sido muy escasos porque los promotores entienden que reduce su margen de beneficio.

Aranda, J. L. Sánchez aplaza para la próxima legislatura los límites al alquiler. “El País” (22-X-2021). El Gobierno se da un plazo de 18 meses para crear el índice de rentas para grandes caseros.

Aranda, J. L. Los ricos desalojan a los pobres. “El País” (6-XII-2021). El aumento de los alquileres reduce a los más pobres la posibilidad de vivir en el centro de las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas.

Aranda, J. L. Los precios del alquiler tocan máximos en todas las ciudades. “El País” (30-X-2022). Apartados para casos extremos: Ibiza y Girona.

Bohórquez, L.; Galindo, C. Baleares plantea vetar la compra de vivienda a extranjeros. “El País” (15-I-2023). Alarma por la excesiva subida de los precios de la vivienda en el archipiélago. Se estudian las posibles medidas para restringir la compra.

Bohórquez, L. Ruedas para escapar de la jungla inmobiliaria balear. “El País” (4-II-2023). En Mallorca algunos invierten en autocaravanas para tener un lugar donde vivir por el alto precio del alquiler y las viviendas.

López Letón, Sandra. Así son los chanchullos en la vivienda protegida. “El País” Negocios 1.944 (5-II-2023).

Aranda, J. L. El complicado despegue de la vivienda protegida de alquiler. “El País” (26-III-2023). Solo un 25,6% de las casas en régimen de VPO acabadas en 2022 en España fueron para arrendar.

Jiménez Barca, A.; Aranda, J. L. Todas las burbujas en un solo portal. “El País” (26-III-2023). El ejemplo de un edificio en Málaga que muestra la crisis del modelo residencial en España: propietarios envejecidos cuyos hijos abandonaron el barrio, inquilinos obligados a compartir piso, muchos apartamentos turísticos...

Cué, C. E. El Gobierno pacta la ley de vivienda a las puertas de la campaña del 28-M. “El País” (15-IV-2023). Incluye el apartado: Las claves de una norma de complicada gestación. Un acuerdo de PSOE, UP, ERC y Bildu para limitar al 3% el aumento del alquiler en 2024, que en 2023 sigue siendo el 2%. Todos los alquileres en áreas tensionadas serán topados, sean grandes tenedores o pequeños propietarios.

Martínez, V.; Blanchar, C. Feijóo carga contra el acuerdo: “Disminuirá la oferta y subirá los precios”. “El País” (15-IV-2023).

Delle Femmine, L.; et al. La ley de vivienda frente a las autonomías rebeldes. “El País” (16-IV-2023). Parte de su aplicación depende de las comunidades, de modo que las gobernadas por el PP podrán marcar su propia ruta. Madrid, Andalucía critican el “intervencionismo” y Murcia no declarará zonas tensionadas.

Marcos, J. Sánchez moviliza 50.000 pisos del banco malo para jóvenes y familias. “El País” (17-IV-2023). Promete elevar del 3% al 20% el parque público de viviendas.

Aranda, J. L. El plan de vivienda social dependerá de la voluntad de las comunidades. “El País” (18-IV-2023). La Sareb tiene casi el 50% de sus pisos en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos han de comprar o acceder a cesiones de inmuebles para uso social.

García de Blas, E.; Marcos, J. Feijóo plantea avalar a los jóvenes el 15% del precio de su primera vivienda. “El País” (18-IV-2023). El PSOE replica que Núñez Feijóo está del lado “de la burbuja y de la especulación” y desgrana su desastrosa gestión de la vivienda en Galicia desde 2010, con una implacable reducción de las nuevas viviendas protegidas y apunta un dato impactante: entre 2014 y 2018 solo se destinó una vivienda protegida para alquiler social.

Aranda, J. L. La Comunidad Valenciana tiene el 25% de los pisos que ofrece la Sareb. “El País” (19-IV-2023). Unas 12.000 de las 21.000 casas están pendientes de alguna obra de adecuación.

Aranda, J. L. El borrador de la ley prevé un 20% de vivienda social en zonas tensionadas. “El País” (19-IV-2023).

Aranda, J. L. Los planes anunciados por el Ejecutivo suman más de 160.000 pisos sociales. “El País” (20-IV-2023). La mayoría tardarán años en estar construidos.

Aranda, J. L.; Blanchar, C. Madrid y Barcelona: políticas opuestas, mismos resultados. “El País” (23-IV-2023). La ciudad catalana, con un modelo restrictivo, sufre alquileres altos. La madrileña, con un modelo liberal, tiene precios de compraventa disparados. El problema fundamental en ambas es la escasez de oferta para una demanda muy alta, que crece por la presión turística.

Aranda, J. L.; Blanchar, C. Madrid y Barcelona: políticas opuestas, mismos resultados. “El País” (23-IV-2023). La ciudad catalana, con un modelo restrictivo, sufre alquileres altos. La madrileña, con un modelo liberal, tiene precios de compraventa disparados. El problema fundamental en ambas es la escasez de oferta para una demanda muy alta, que crece por la presión turística.

Cué, C. E.; Aranda, J. L. Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de Defensa. “El País” (26-IV-2023).

Aranda, J. L. Ni “chollo” para okupas ni irrelevante para el casero. “El País” (26-IV-2023). Los cambios que introduce la nueva ley en la relación entre propietarios e inquilinos.

Casqueiro, J. El Congreso aprueba la primera ley de vivienda de la democracia. “El País” (28-IV-2023). Sale con los votos de la izquierda y el rechazo de la derecha.

Rakipaj, Eliona. El agujero negro de los pisos protegidos. “El País” (28-IV-2023). Un informe del Defensor del Pueblo en 2019 alertó de la drástica caída de la inversión en viviendas sociales.

López, Denise. Sin topes al alquiler turístico. “El País” (28-IV-2023). Un resumen de los aspectos novedosos de la ley.

Aranda, J. L. Más grandes propietarios, más personas sin casa propia. “El País” (5-V-2023).

Bárcena, Selina. El Gobierno destina 2.500 millones a avalar hipotecas de jóvenes y familias. “El País” (10-V-2023). También invertirá 4.000 millones más en promoción y rehabilitación de casas de alquiler social.

Aranda, J. L.; Bárcena, S.; Lomba, P. El alquiler social de las autonomías se limita al 1,2% del parque de viviendas. “El País” (19-VI-2023). Las comunidades autónomas controlan 211.000 casas, más que hace cuatro años. El total de vivienda social se estima entre 290.000 y 300.000 casas.

López Letón, Sandra. Con 40 años y tengo que volver a vivir con mis padres. “El País” Negocios 1.978 (1-X-2023). La carestía del alquiler y de las hipotecas y la precariedad laboral azotan a los jóvenes que desean independizarse.

Análisis y opiniones.

Amat, Jordi. En el frente de guerra. “El País” (30-IV-2023). Su vivencia de un mercado de alquiler menguante, por el embate del alquiler turístico.

Aranda, José Luis; López-Letón, Sandra. La vivienda echa el freno en 2020. “El País” (5-I-2020). El sector ralentiza el aumento de precios. Las cuestiones serán la sostenibilidad, el alquiler y las políticas de acceso a vivienda social.

Aranda, José Luis. El pulso por el alquiler: así quieren limitar los precios. “El País” (20-III-2021). Un resumen de las distintas posiciones de los partidos y expertos.

Aranda, José Luis.; Gosálvez, Patricia. La misión imposible de alquilar con el salario mínimo. “El País” (10-X-2021). Se complementa con un resumen de las soluciones desplegadas por comunidades (Cataluña, Baleares, Valenciana, Andalucía y País Vasco) y ayuntamientos, en Redacción. Dos décadas de guerra a la vivienda vacía.

Aranda, J. L. Lo mejor y lo peor de la ley de vivienda. “El País” (14-V-2023). Cinco expertos analizan la norma: José García Montalvo, Carlos Bravo, Ferran Font, Montse Junyent y Enric Aragonès.

Aranda, J. L.; Blanchar, C. Los expertos en vivienda creen que sobra división y faltan recursos. “El País” (14-V-2023). Los análisis de Carlos Delclós, Carme Trillas y José García Montalvo, con matices diversos, critican algunos errores de la ley de vivienda como la figura del gran tenedor con una normativa distinta y avisa de que la inseguridad jurídica desincentiva la oferta  de vivienda en alquiler. Hay que ayudar a los inquilinos y a los propietarios, aumentando el presupuesto de la política de vivienda.

Ayala, Luis. Desigualdades en vivienda durante la pandemia. “El País” Negocios 1.829 (29-XI-2020).

López Letón, S. Helena Beunza / Secretaria general de Vivienda. ‘Es urgente modificar el régimen fiscal’. “El País” Negocios 1.713 (2-IX-2018).

Carbó, Santiago. La vivienda ante las nuevas hipotecas. “El País” (11-VI-2019). La enorme dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda en propiedad o alquiler.

Carbó, S. Crédito incierto. “El País” (2-VII-2019). Baja el préstamo hipotecario.

Carbó, S. De nuevo la ley de vivienda. “El País” (7-II-2023). La importancia de elaborar una ley eficaz, sin medidas como topar el precio del alquiler que a la postre empeoran la situación.

 

Costas, Antón. La vivienda, un derecho social para el siglo XXI. “El País” Negocios 1.723 (11-XI-2018).

Díez, José Carlos. Precios de alquiler. “El País” (31-I-2020). Prohibir la subida de los precios de alquiler al final reduce la oferta. Es mejor liberalizar el mercado y aumentar la oferta de vivienda pública.

Editorial. Moderar los alquileres. “El País” (22-XII-2018). La mejor manera de moderar los precios es estimular la oferta, no imponer precios máximos.

Editorial. Salvar el alquiler. “El País” (28-I-2019). Urgen las políticas que actúen sobre los precios, según experiencias de probada eficacia en Europa.

Editorial. El primer paso en vivienda. “El País” (23-II-2019). La nueva Ley Hipotecaria será más eficaz con una reforma del alquiler.

Editorial. Necesario y urgente. “El País” (8-III-2019). El decreto que regula el precio del alquiler de vivienda.

Editorial. Alquiler pactado. “El País” (1-VII-2019). Urge un plan pactado entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Editorial. Más alquiler público. “El País” (25-I-2020). La política más eficaz para bajar los precios del alquiler es aumentar la oferta de vivienda social.

Editorial. Vivienda: primeros pasos. “El País” (28-X-2021). La importante aunque insuficiente novedad del anteproyecto de la ley de vivienda.

Editorial. La pesadilla del alquiler. “El País” (31-X-2022). La excesiva subida del precio del alquiler de vivienda.

Editorial. Chabolismo. “El País” (22-XI-2022). Las instituciones han de tomar medidas para remediar el chabolismo en lugares como la Cañada Real Galiana de Madrid, porque la infravivienda afecta gravemente a los grupos sociales más desfavorecidos, como los niños.

Editorial. El drama de la vivienda. “El País” (26-III-2023).

Editorial. Políticas de vivienda. “El País” (17-IV-2023). La nueva ley y las viviendas de la Sareb para alquiler social deberían aliviar las necesidades de jóvenes y familias.

García Fontanet, Ángel. El problema de la vivienda. “El País” (8-VIII-2019). El Estado no afronta el problema con un plan integral.

García Montalvo, José. Soluciones milagrosas. “El País” (20-II-2021). Critica la idea de controlar los precios de la vivienda, porque la economía ha demostrado que reducirá la oferta y empeorará el problema. La mejor solución es aumentar la oferta.

García Montalvo, José. Tenemos ley, pero ¿tenemos solución? “El País” (16-IV-2023). La ley de vivienda tiene aspectos positivos como la  nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los incentivos fiscales a los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler, pero comete un gran error porque limita el precio del alquiler, lo que desincentivará la oferta. La solución debería ser aumentar la oferta con más promoción pública y privada.

Garicano, Luis. El alquiler y la vivienda: ¿Hay que regularlo? “El País” Negocios 1.7120 (21-X-2018). En contra de regular el mercado de alquiler poniendo controles de precios, porque desincentiva la construcción y la oferta de viviendas, lo único que conseguiría reducir el precio de los alquileres.

Lapuente, Víctor. Navidades sin techo. “El País” (24-XII-2019). En un mundo opulento pero desigual crece el número de personas sin una vivienda digna o que directamente malviven en la calle. En San Francisco ha crecido un 19% en dos años, en Los Ángeles un 16% en un año, en la UE ha crecido un 70% desde la crisis de 2008 y en España son ya 40.000 personas los sin techo. La política más ineficaz y contraproducente es limitar el precio de los alquileres porque reduce la oferta. La mejor es fomentar la construcción de viviendas públicas o privadas, como en Finlandia y Japón, los países que menos porcentaje tienen de personas sin vivienda.

Lapuente, V. Vivir de éxito. “El País” (7-II-2023). En la política de vivienda hay que aumentar la oferta de viviendas, tanto la privada como la pública. Otra posibilidad es dar cheques y consejo a los arrendatarios para que encuentren una vivienda conveniente. No sirve topar el precio porque tiene el efecto contrario de reducir la oferta ya que los inversores y propietarios se alejan del alquiler; pero esto es lo que algunos políticos pretenden.

García Jaén, Braulio. Jesús Leal. “Las ciudades muy polarizadas son más ingobernables”. “El País” Ideas 413 (9-IV-2023). Jesús Leal (Cartagena, 1944), catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, investigador y profesor invitado en las universidades de París y Berkeley, redactor del Libro Blanco de la Vivienda en España, y autor de La dimensión de la ciudad (CIS), La política de vivienda en España (editorial Pablo Iglesias) y Housing and Welfare in Southern Europe (Blackwell). Opina que no hay casi vivienda vacía en las grandes ciudades y que hay que invertir con iniciativa público-privada en una vivienda social cuyo alquiler tenga en cuenta las posibilidades de los inquilinos.

Leira, Eduardo. Lecciones del alquiler; ¿manca finezza? “El País” Negocios 1.724 (18-XI-2018). Critica a Garicano por negarse a limitar los alquileres.

Romero, J. M. David Lucas / Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. “Hemos puesto en marcha 65.000 viviendas en cinco años. El PP lo sabe”. “El País” (29-IV-2023).

Martín Urriza, Caros; Zarapuz, Luis. Un gran paso en la buena dirección. “El País” (16-IV-2023).

Mas-Colell, Andreu. Vivienda de regulación pública. “El País” (22-I-2019). La solución no es subvencionar o limitar los precios de los alquileres, sino aumentar el parque de viviendas con regulación pública, garantizando la rentabilidad a los inversores.

Maudos, Joaquín. ¿Precio del alquiler? Solo sé que no sé nada. “El País” (9-VIII-2019).

Mendiluce, Eduard. Regular los alquileres a favor de los ciudadanos. “El País” Negocios 1.726 (2-XII-2018).

Missé, Andreu. Acabar con la ley antisocial de vivienda. “El País” (10-XII-2018).

Missé, A. El valor de las paredes. “El País” (28-I-2019). El peligro de los fondos inmobiliarios que invierten en viviendas y las encarecen.

Missé, A. 10 años de la PAH. “El País” (11-II-2019). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha realizado una labor extraordinaria.

Missé, A. Vuelven los subasteros. “El País” (27-V-2019).

Missé, A. Derecho a la vivienda y ocupación. “El País” (4-XI-2019).

Missé, A. El despiste del PP en vivienda. “El País” (11-X-2021).

Missé, A. Vivienda: errores que matan. “El País” (16-I-2023). Critica la falta de viviendas sociales: un 2% a 3% del total en España, frente al 34% en Países Bajos o el 15% en Reino Unido y Francia. Los dos errores de los Gobiernos del PP en el Estado y las comunidades autónomas han sido bajar la inversión pública en vivienda social y sobre todo privatizar las Viviendas de Protección Oficial (VPO), pues si esto no se hubiera hecho serían el 38% del total, por encima de la media europea. El Gobierno de coalición ha multiplicado mucho la inversión, pero no es suficiente para compensar el daño anterior. Otro error es no implicar a la empresa privada en solucionar el problema.

Missé, A. Jóvenes sin casa, al límite. “El País” (2-X-2023).

 

Pérez Oliva, Milagros. Los invisibles del trastero. “El País” (20-I-2019). Gente sin vivienda que recurre a vivir en un espacio de almacenamiento, como Rosario Planas, que vive con su hijo discapacitado en un trastero de cinco metros cuadrados en Valencia.

Pérez Royo, Javier. Objetivo y razonable. “El País” (13-IV-2013) 16. Aplaude la iniciativa andaluza de expropiar para mejorar el parque de vivienda social.

Redacción. Europa se rearma para combatir la crisis inmobiliaria. “El País” (23-IV-2023). La comparación de las políticas de vivienda en España, Alemania, Portugal, Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y Reino Unido.

Roger Fernández, Gerardo. El derecho a la vivienda. “El País” (21-IX-2019). El arquitecto y urbanista, profesor de Urbanismo, critica la burbuja del alquiler y propone medidas sociales.

Sabaté, Irene. La burbuja del alquiler. “El País” (22-XI-2018). Regular los precios del alquiler no es abolir el negocio inmobiliario, sino proteger la convivencia.

Aranda, J. L.; López Letón, S. Raquel Sánchez / Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. “El control de precios no soluciona por sí solo el problema de la vivienda”. “El País” (22-IV-2023). Hay que crear un parque público de viviendas.

Saura, Pedro. Recuperar la política de vivienda. “El País” Negocios 1.721 (28-X-2018).

Aranda, J. L. Pedro Saura / Secretario de Estado de Transportes y Agenda Urbana. ‘Un control de alquileres radical disminuiría la oferta’. “El País” (29-III-2021).

Trillas Bellart, Carmen. Ley de vivienda: para qué sirve y para qué no. “El País” (19-IV-2023). Falta un presupuesto adecuado.

Trillas, C. De aquellos polvos, estas okupaciones. “El País” (15-V-2023). El doble problema de los desahucios y de la ocupación de vivienda se originó en el descalabro de la burbuja inmobiliaria en 2007, que dejó un millón de viviendas vacías y casi un millón de familias sin una casa para vivir, abocando a una parte de ellas a ocupar esas viviendas vacías.

Trillas, Ariadna. Vivienda pública de por vida. “El País” (4-II-2019). Alaba el modelo vasco, que desde 2003 declara permanente el carácter protegido de la vivienda de protección oficial, lo que corta la especulación.

Vallejo, Irene. Castillos en el aire. “El País” Semanal 2.340 (1-VIII-2021). La sempiterna búsqueda de una vivienda para emanciparse, desde la Roma antigua a hoy.

Vidal-Folch, Xavier. El volcán del alquiler. “El País” (3-I-2019).

Vidal-Folch, X. Otros 100.000 pisos. “El País” (22-IV-2023). La propuesta de ley de vivienda del Gobierno acierta al proponer una gran inversión en un parque público de vivienda social, pero hay tres problemas graves: las comunidades autónomas (las gobernadas por el PP) pueden no participar, la desclasificación de las VOP no queda prohibida con lo que estas podrán privatizarse, y los topes administrativos de precios carecen de un plazo final (es preferible que sean excepcionales y temporales porque a largo plazo reducen la oferta).

Villagómez, Alfonso. Una medida legal y constitucional. “El País” (13-IV-2013) 13. La iniciativa andaluza de expropiar para mejorar el parque de vivienda social.

La ocupación y el allanamiento de viviendas.

Noticias.

Narváez, Diego; Díez, Anabel. Andalucía expropiará porque su parque de vivienda social está ocupado. “El País” (13-IV-2013) 13.

Betim, Felipe. Bandas organizadas revientan pisos vacíos en Madrid para ‘venderlos’. “El País” (23-I-2014) 21. Ponen a ‘la venta’ casas desahuciadas con agua y luz por unos 1.000 euros de entrada o por unos 200 de alquiler mensual. Hasta que los expulsen pueden pasar meses o incluso años. En Madrid hay 306.000 casas vacías.

Domínguez, Íñigo. Una dudosa alarma sobre los okupas. “El País” (6-IX-2020). Los expertos aseguran que no hacen falta más leyes ni hacerlas más duras, y que la inmensa mayoría de ocupaciones son de viviendas de bancos o sin habitar. Los propietarios de primera y segunda vivienda están bien protegidos porque si invaden sus casas es un delito de allanamiento de morada castigado con hasta dos años de cárcel y la expulsión es en horas o pocos días.

Brunet, José María. La Fiscalía anuncia una instrucción para actuar contra las okupaciones de casas. “El País” (8-IX-2020).

Martín, María. Objetivo: echar hasta al último okupa. “El País” (4-VII-2021). El caso de Horche, un pueblo de Guadalajara de 3.000 habitantes, que se rebela contra los 200 okupas de unas viviendas de CaixaBank.

García, Jesús. Lágrimas de niños para ablandar a la policía. “El País” (7-II-2023). Un grupo mafioso, comandado por el colombiano Plinio C, de ocupación de pisos en Barcelona y L’Hospitalet, usó a madres con menores para aparentar vulnerabilidad.

García, Jesús. Plinio C., ocupa y gestor inmobiliario. “El País” (8-II-2023).

López-Fonseca, Ó. La okupación de viviendas se frena pese a los discursos alarmistas. “El País” (27-II-2023). El Ministerio de Interior recibió 16.726 denuncias en 2022 por allanamiento de morada y usurpación de inmuebles, un 3% menos que en 2021.

López-Fonseca, Ó. La Fiscalía confirma el descenso en la ocupación de casas. “El País” (10-IX-2023). En 2022 bajó un 9% el número de casos penales, con mayores bajadas en Cataluña, Valencia y Madrid.

Análisis y opinión.

Missé, Andreu. Derecho a la vivienda y ocupación. “El País” (4-XI-2019).

Las hipotecas y sus cláusulas.

Internet.

[https://www.elconfidencial.com/vivienda]

[https://elpais.com/tag/clausula_suelo/a]

[https://www.notariosyregistradores.com/web/tag/clausulas-abusivas/]

[https://www.xlsemanal.com/temas/clausulas-hipotecarias]

Noticias.

De Barrón, Íñigo. Adiós a las ‘cláusulas suelo’ de las hipotecas. “El País” (13-VI-2013) 29. El Tribunal Supremo invalida las cláusulas abusivas de tipo de interés mínimo.

De Barrón, Íñigo. La banca deja de recurrir las ‘cláusulas suelo’ de hipotecas y acepta negociar. “El País” (17-XI-2014) 21.

Pérez, C. La justicia europea obliga a la banca a devolver todas las cláusulas suelo. “El País” (22-XII-2016). La banca española deberá devolver entre 4.200 y 7.000 millones, con total retroactividad, incluso hasta antes de mayo de 2013.

Delgado, C.; Pellicer, Ll. Las entidades no reintegrarán el dinero de forma automática. “El País” (22-XII-2016).

Redacción. Los tribunales españoles resolverán si hubo abuso. “El País” (22-XII-2016).

Rincón, Reyes. El Supremo obliga a devolver también las cláusulas suelo anteriores a 2013. “El País” (16-II-2017).

Muñoz, Ramón. Las sentencias firmes sobre las cláusulas suelo no serán revisadas. “El País” (6-IV-2017). El Tribunal Supremo dicta que no se revisarán las sentencias dictadas anteriores al 21 de diciembre de 2016 y no se devolverán las cantidades indebidamente cobradas antes del 9 de mayo de 2013.

Maqueda, Antonio. Los requisitos para ejecutar serán más blandos que en la UE. “El País” (7-IV-2017). El anteproyecto de ley de contratos inmobiliarios establece que los bancos no podrán ejecutar hipotecas hasta que el impago alcance entre el 3% y el 5%.

Rincón, Reyes. La banca pagará las costas de pleitos de las cláusulas suelo anuladas. “El País” (7-VII-2017). El Tribunal Supremo rectifica las sentencias que imponían los costes a los clientes.

Gutiérrez, Hugo. El gran embudo judicial de las cláusulas suelo. “El País” (16-IX-2017). Los 54 juzgados especializados están sobrepasados por las 57.000 demandas recibidas en el primer trimestre. 

Maqueda, A. El Supremo declara nula las hipotecas multidivisa por opacas. “El País” (16-XI-2017).

Rincón, R. El Supremo falla a favor de los bancos en los casos de hipotecas ligadas al IRPH. “El País” (23-XI-2017).

De Barrón, Í; Marcos, J. Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo en 2017. “El País” (20-I-2018).

Delgado, C. Los bancos pueden cargar al cliente el impuesto por la firma de la hipoteca. “El País” (1-III-2018).

De Barrón, Íñigo. La Audiencia de Castellón considera abusiva la cláusula de apertura de una hipoteca. “El País” (1-V-2018).

Sevillano, E. G. El gran colapso judicial de las cláusulas hipotecarias. “El País” (7-X-2018).

Rincón, R. La banca deberá asumir el impuesto hipotecario que pagan los clientes. “El País” (19-X-2018). Polémica sentencia del Supremo que tendría efectos de enorme cuantía.

Rincón, R. El Supremo sume en la confusión el pago del impuesto de la hipoteca. “El País” (20-X-2018). El Supremo reconsiderará su decisión.

Rincón, R. Tres años de caos judicial en el impuesto de las hipotecas. “El País” (24-X-2018).

Aranda, José Luis. La zona cero del caos hipotecario. “El País” (28-X-2018). El abogado y el alcalde de Rivas Vaciamadrid que originaron el pleito de la controvertida sentencia.

Rincón, R. La división en el pleno del Supremo aplaza la decisión sobre las hipotecas. “El País” (6-XI-2018).

De Barrón, Í. La banca coincide en que no se puede devolver lo no cobrado. “El País” (6-XI-2018). Las haciendas autonómicas cobraron el dinero así que ellas deberían asumirlo retroactivamente, no los bancos.

Rincón, R. Un Supremo dividido decide por dos votos que el cliente pague el impuesto. “El País” (7-XI-2018).

Delle Femmine, Laura. ‘Aberrante’ e ‘inaudito’, según las asociaciones de consumidores. “El País” (7-XI-2018).

Doncel, L. El Gobierno estudia cambios para que la banca asuma más gastos de la hipoteca. “El País” (7-XI-2018).

Cué, C. E. Sánchez reclama autocrítica al Tribunal Supremo por la crisis de las hipotecas. “El País” (8-XI-2018).

Cué, C. E. La banca pagará ya el impuesto de la hipoteca y no lo podrá deducir. “El País” (9-XI-2018).

De Barrón, Í. Todo lo que paga el comprador cuando firma un préstamo. “El País” (9-XI-2018).

Delgado, C.; González, J. S. Los bancos no pagarán el impuesto de las hipotecas que den a la Iglesia y el Estado. “El País” (10-XI-2018).

Rincón, R. Relato de dos jornadas sin precedentes en el Supremo. “El País” (11-XI-2018).

Maqueda, A. El banco pagará todos los gastos de la firma de la hipoteca salvo la tasación. “El País” (14-XI-2018).

Maqueda, A. La autoridad que protegerá al hipotecado podrá imponer sus decisiones a la banca. “El País” (15-XI-2018).

Maqueda, A. El precio de las hipotecas en España se sitúa por encima de la media de la zona euro. “El País” (16-XI-2018).

Maqueda, A. El banco solo podrá ejecutar la hipoteca si el cliente impaga entre el 3% y el 7% del crédito. “El País” (21-XI-2018).

Sevillano, E. G. La banca pierde la macrodemanda y debe devolver todas las cláusulas suelo. “El País” (24-XI-2018). Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que afecta a 9.000 perjudicados. El coste total para los bancos será entre 3.000 y 5.000 millones de euros.

Rincón,  R. La sentencia de las hipotecas refleja el duro enfrentamiento entre los jueces. “El País” (28-XI-2018). El acta de la sentencia muestra los votos particulares, que evidencian la contraposición doctrinal de los jueces.

Redacción. Un aluvión de críticas al pleno entre los 11 votos discrepantes. “El País” (28-XI-2018).

Maqueda, A. Amortizar antes la hipoteca será más barato. “El País” (5-XII-2018).

Redacción. El Supremo avala dividir los gastos notariales de la hipoteca. “El País” (25-I-2019).

López-Letón, Sandra. IRPH, el índice que quita el sueño a la banca. “El País” Negocios 1.733 (20-I-2019). El índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH, una alternativa al euríbor y al míbor), afecta a un millón de personas en España y la batalla judicial podría costar entre 7.000 y 44.000 millones de euros a la banca.

Maqueda, A.; Ferluga, G. El Congreso saca adelante la ley que pone coto a los abusos en las hipotecas. “El País” (22-II-2019).

De Barrón, Í. Los bancos se enfrentan a nuevas reclamaciones multimillonarias. “El País” (11-III-2019).

Maqueda, A. Las hipotecas son más caras desde que la banca para el impuesto, según el supervisor. “El País” (28-VI-2019).

Cué, C. E.; Maqueda, A. Calviño rechaza que el cambio legal encarezca las hipotecas como dice el Banco de España. “El País” (29-VI-2019).

Pellicer, Ll. El abogado de la UE abre la puerta a anular hipotecas ligadas al IRPH. “El País” (11-IX-2019).

Ponce, Antonio. ‘No sabía qué era el euríbor y mucho menos el IRPH’. “El País” (12-IX-2019). Los hipotecados confían en la decisión del Tribunal de Justicia de la UE.

Pellicer, Ll. El abogado de la U avala los actos sobre cláusulas suelo si el cliente está informado. “El País” (31-I-2020).

De Miguel, B. Los jueces decidirán caso a caso si las hipotecas con el IRPH son abusivas. “El País” (4-III-2020). El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado que el Índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) puede ser considerado abusivo y anulado por los jueces, pero no señala cuál es el índice sustitutivo en tal caso.

De Barrón, Í. La banca cree que la sentencia desincentiva las demandas. “El País” (4-III-2020).

Aranda, José Luis. Dos sentencias europeas avivan el fantasma de los litigios bancarios. “El País” (5-VII-2020). El TJUE decidirá en breve sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios.

Aranda, J. L. Europa abre la vía para reclamar los gatos hipotecarios abusivos. “El País” (17-VII-2020). El TJUE obliga a la banca a devolver todos los costes salvo los que permita la ley nacional.

Aranda, J. L. Comisiones de apertura, la próxima batalla hipotecaria. “El País” (25-VII-2020).

Aranda, J. L. El Supremo falla que el IRPH es poco transparente pero no abusivo. “El País” (22-X-2020).

Ferluga, Gabriele. Los usuarios critican la sentencia por dejarlos ‘desprotegidos’. “El País” (22-X-2020).

Aranda, J. L. Vivienda de ‘desprotección oficial’ por culpa del IRPH. “El País” (22-XI-2020). Miles de compradores de VPO han pagado préstamos más caros, porque mientras el euríbor y el TS les ha cerrado la vía judicial. Ahora piden soluciones políticas.

Aranda, J. L. Atrapadas en una hipoteca sin fin. “El País” (13-VI-2021). Muchas personas sufren las oscuras hipotecas con anatocismo (interés compuesto) que suben el principal pese a pagar lo convenido.

De Barrón, Í. El Constitucional endosa a los bancos las costas judiciales en las causas por cláusulas suelo. “El País” (1-X-2021).

Aranda, J. L. El último susto de las hipotecas multidivisa. “El País” (1-XI-2021).

Aranda, J. L. Cuando el hipotecado se encadena a un seguro. “El País” (13-VI-2022). La prima única financiada es retada en los tribunales.

Gutiérrez, Hugo. Uno de cada cuatro hipotecados podrá prorrogar el pago hasta siete años. “El País” (23-XI-2022).

Aranda, J. L.; Gutiérrez, H. Un escudo social para hipotecados agrietado por los interrogantes. “El País” (28-XI-2022). Las asociaciones de consumidores critican algunos puntos de la nueva normativa de ayudas a hipotecados vulnerables.

Gómez, M. V. El Tribunal de la UE apoya que se revisen las comisiones de apertura de las hipotecas. “El País” (17-III-2023). El TJUE responde al Tribunal Supremo que los jueces pueden decidir si la cláusula es abusiva.

Análisis y opiniones.

Carbó, Santiago. Desestabilización hipotecaria. “El País” (30-X-2018). El cambio de jurisprudencia sobre el impuesto hipotecario pone en peligro el mercado al socavar la seguridad jurídica.

De Barrón, Í. Ni la banca lo esperaba. “El País” (7-XI-2018). La decisión final que mantiene la jurisprudencia anterior restablece la seguridad jurídica pero desprestigia a la banca y a la justicia.

De Barrón, Í. Todo lo que paga el comprador cuando firma un préstamo. “El País” (9-XI-2018).

De Barrón, Í. Un ‘dejà vu’ de las cláusulas suelo. “El País” (11-IX-2019).

Díez, J. C. Precios de la vivienda. “El País” (2-III-2019).

Editorial. Mejora insuficiente. “El País” (10-IV-2017). La legislación española está todavía lejos de los derechos de los clientes europeos.

Editorial. Más preguntas que respuestas. “El País” (24-X-2018). El desastre de una sentencia poco clarificadora sobre el impuesto de las hipotecas.

Editorial. Despropósito. “El País” (8-XI-2018). El Tribunal Supremo es el gran perdedor de la crisis del impuesto de las hipotecas.

Editorial. Hipotecas liberadas. “El País” (17-XI-2018).

Editorial. El primer paso en vivienda. “El País” (23-II-2019). La nueva Ley Hipotecaria será más eficaz con una reforma del alquiler.

Editorial. Litigio hipotecario. “El País” (11-IX-2019). El dictamen sobre la cláusula del IRPH.

Editorial. Dudas hipotecarias. “El País” (4-III-2020). La sentencia del Tribunal de Justicia europeo desata inseguridad jurídica.

Editorial. Ayudar a los hipotecados. “El País” (24-XI-2022). Las medidas adoptadas por el Gobierno y la banca compensan a las familias más vulnerables por la subida de los tipos de interés.

Rincón, Reyes. Nicolás Maurandi / Magistrado del TS. ‘El Supremo ha dado la imagen de que la justicia toca a rebato por los bancos’. “El País” (2-XII-2018).

Missé, Andreu. 10 años de la PAH. “El País” (11-II-2019). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha realizado una labor extraordinaria.

Missé, A. La ley hipotecaria llega muy tarde. “El País” (25-II-2019).

Missé, A. El ex juez Orduña tenía razón. “El País” (3-II-2020). Por una mejor protección de los ciudadanos ante los bancos en el tema de las cláusulas suelo.

Missé, A. El valor de la transparencia. “El País” (9-III-2020). La importancia de la transparencia en las cláusulas de las hipotecas.

Missé, A. El Supremo confina la transparencia. “El País” (26-X-2020). El TS no apoya la transparencia de los servicios financieros en el caso del IRPH.

Missé, A. El Supremo y las instituciones que atrasan. “El País” (9-XI-2020). Critica la lentitud con que el Tribunal Supremo aplica el derecho europeo a las cláusulas hipotecarias.

Missé, A. Las contradicciones del Supremo. “El País” (16-XI-2020). Sigue protegiendo más a los bancos que a los consumidores en los asuntos de las cláusulas hipotecarias.

Missé, A. Trastorno económico a los consumidores. “El País” (8-III-2021). Critica a los tribunales españoles por su insuficiente protección a los ciudadanos frente a los bancos.

Missé, A. 97.8%. “El País” (28-III-2022). El porcentaje de sentencias condenatorias a la banca por cláusulas abusivas durante 2021. Los bancos deberían cejar en sus malas prácticas.

Missé, A. Las pequeñas ideas pueden crecer. “El País” (18-IV-2022). Aplaude la lucha para ilegalizar las cláusulas hipotecarias de interés abusivo, las IRPH.

Missé, A. El Tribunal Supremo, contra los consumidores. “El País” (11-VII-2022).

Missé, A. Sufrimientos evitables. “El País” (28-XI-2022). Las nuevas ayudas a los hipotecados vulnerables.

Missé, A. Un año para frenar a los fondos buitre. “El País” (9-I-2023). España ha de adaptar en 2023 la directiva europea que protege a los ciudadanos que han visto cómo sus hipotecas impagadas eran vendidas a fondos a precios muy devaluados (hasta solo la décima parte) que les exigían el 100% de su precio nominal. 

Mota, Jesús. Lo racional es que el impuesto lo paguen los bancos. “El País” (11-XI-2018).

Papp, Paula; Morales, Jesús. Precios hipotecarios. “El País” Negocios 1.721 (28-X-2018). Explican que la sentencia sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados introduce una grave inseguridad jurídica que afecta al mercado hipotecario, pues encarece de improviso los costes de gestión, que se acumulan a los costes financieros y la prima de riesgo, por lo que los bancos deberán subir el precio de las hipotecas. Lo peor será si hay retroactividad.

Roldán, José María. Un buen mercado hipotecario. “El País” (2-III-2017). Defiende el buen hacer de los bancos españoles en las hipotecas.

Vidal-Folch, Xavier. El tribunal de la UE es Gary Cooper. “El País” (22-XII-2016).

Vidal-Folch, X. Clientes y Europa 5, banca 0. “El País” (16-II-2017).

Vidal-Folch, X. Las hipotecas, desde Europa. “El País” (25-X-2018).

Vidal-Folch, X. La banca decente. “El País” (15-XI-2018). Habrá bancos competitivos que no repercutan el impuesto hipotecario a los clientes.

Vidal-Folch, X. Los bancos y los clientes. “El País” (29-XI-2018). Hay que recuperar la relación de confianza entre los bancos y los clientes.

Zabalza, Antoni. El lío de las hipotecas. “El País” (31-X-2018). Una sentencia innecesaria porque lo que importa es la voluntad de las partes al firmar el contrato. Es errónea la rectificación del sujeto pasivo y, peor aun, aplicar la retroactividad.

Los desahucios y las ejecuciones hipotecarias.

Noticias.

Cañas, Gabriela. Terminen con una ley injusta. “El País” (12-XI-2012) 38. Exige una revisión de la ley de desahucios.

Cué, C. E.; Noceda, M.Á. El PSOE presiona al Gobierno para cambiar la legislación hipotecaria. “El País” (14-XI-2012) 8-9. Y artículos de AA.VV. sobre el derecho comparado en Europa sobre los desahucios.

Cué, Carlos E. Freno muy limitado a los desahucios. “El País” (16-XI-2012) 10-11.

García de Blas, Elsa. Los jueces destapan la ‘arbitrariedad’ del decreto de Rajoy sobre desahucios. “El País” (17-XI-2012) 12.

Blanchar, C.; Morán, C. Los afectados critican que el decreto excluye a la mayoría de las familias. “El País” (17-XI-2012) 13.

Irujo, José María. Batalla contra los abusos de una ley. “El País” Domingo (18-XI-2012) 2-4. La lucha popular contra la ley hipotecaria que regula los desahucios.

Morán, Carmen; Nogueira, Charo. La vida entre tabiques de cartón. “El País” (22-XII-2012) 34-35.

Elola, Joseba. El sistema de desahucios encara una recta final. “El País” (10-II-2013) 24. El martes se vota en el Congreso una iniciativa legislativa popular respaldada por 1.400.000 firmas.

Díez, Anabel. El PP da marcha atrás y accede a debatir la iniciativa popular sobre desahucios. “El País” (13-II-2013) 14.

Doncel, Luis; Ceberio, Mónica. Varapalo de la UE a la ley hipotecaria. “El País” (15-III-2013) 20-21.

Sosa, María; Pareja, Pol; Tejedor, Esther. La ley que hipoteca el pasado. “El País” (28-III-2013) 18.

Díez, Anabel. El PP no cederá en la dación en pago ni ‘ahora ni en el trámite de la ley’. “El País” (28-III-2013) 18.

Lucio, Lourdes. Andalucía expropiará pisos a los bancos para impedir desahucios. “El País” (10-IV-2013) 14.

De Barrón, Iñigo. Un desahucio cada 15 minutos. “El País” (12-IV-2013) 10-11.

Cué, Carlos E.; Lucio, Lourdes. Los desahucios desatan una batalla política entre el Gobierno y el PSOE. “El País” (13-IV-2013) 12.

Elola, Joseba. Los jueces se coordinan ante el desahucio. “El País” (14-IV-2013) 13.

Blanchar, Clara. La dación tampoco es un chollo. “El País” (15-IV-2013) 14.

Díez, Anabel. El PP aprueba solo la ley de desahucios tras intentar atraer a otros grupos. “El País” (19-IV-2013) 14-15.

Andreu, Jerónimo. Mucho ruido y pocas casas. “El País” (21-IV-2013) 17.

Elola, Joseba. Anatomía de un decreto limitado. “El País” (28-IV-2013) 20-21.

Álvarez, Pilar. El problema de la vivienda persiste pese al freno a los nuevos desahucios. “El País” (20-X-2013) 24.

Blanchar, Clara. Mil y once dramas menos. “El País” Domingo (23-II-2014) 2-4. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que ha logrado parar más de un millar de desahucios.

Hernández, J. A. 184 desahucios al día en 2013. “El País” (29-III-2014) 19. Un total de 67.189 desalojos.

Romero, Álvaro. Más desahucios pese a la nueva ley. “El País” (20-V-2014) 23. En 2013 hubo más de 50.000 desahucios de vivienda, un 11% más que en 2012. La ley reduce los acuerdos y las daciones en pago.

Jiménez, Miguel; Sérvulo González, Jesús. Hacienda suprime el castigo fiscal a los afectados por la dación en pago. “El País” (23-VI-2014) 21.

Pérez-Lanzac, Carmen. El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria. “El País” (18-VII-2014) 16.

Delgado, Cristina. La banca acepta 2.124 daciones en pago por el ‘código antidesahucios’. “El País” (29-VII-2014) 23. Un 9% de las familias cancela con su casa la deuda y un 27% la reestructura.

Romero, Álvaro. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas subieron el 7,4% en 2014. “El País” (6-III-2015) 31.

Gómez, Luis. Las ejecuciones hipotecarias subieron un 500%. “El País” (3-V-2015) 30-31.

Méndez, Ricardo. El inmobiliario en los juzgados. “El País” (3-V-2015) 31.

Morán, Carmen. Cero desahucios: tres modelos que funcionan. “El País” (15-VII-2015) 17. Los casos de Castilla y León, Terrassa y Fuenlabrada.

Vallespín, Ivanna. Terrassa gana la primera sentencia contra un banco por un piso vacío. “El País” (22-VII-2015) 22.

García, Jesús. Los jueces deniegan desahucios a bancos que vendieron las hipotecas a fondos de inversión. “El País” (8-II-2016) 33.

López Letón, S. Desahucios exprés que no funcionan. “El País” Negocios 1.587 (3-IV-2016). Los procesos se retrasan durante meses y los arrendadores pierden dinero.

Salvatierra, Javier. Un juez dicta que un solo impago no basta para ejecutar una hipoteca. “El País” (12-IX-2017).

Maqueda, Antonio. El banco solo podrá ejecutar la hipoteca si el cliente deja de pagar entre 9 y 12 cuotas. “El País” (4-XI-2017).

Salvatierra, Javier. La subida del precio de la vivienda en alquiler eleva los desahucios. “El País” (15-IV-2018).

Doncel, L. Los fondos calientan los desahucios. “El País” (26-VIII-2018). Los fondos que han comprado carteras inmobiliarias a los bancos presionan a los deudores con desahuciarlos, pero muchos también les ofrecen liquidar la hipoteca con descuentos.

López Letón, Sandra. Los desahucios por no pagar el alquiler crecen un 6,1%. “El País” (9-X-2018).

Quesada, J. D. Desahucio mortal en la vida de Alicia. “El País” (2-XII-2018). La mujer de 65 años que se suicidó cuando iban a desalojarla de su piso en Madrid ocultó sus problemas a la poca gente que frecuentaba. Daba ropa y comida a la Iglesia pese a su precaria situación económica.

López Letón, S. Los desahucios por alquiler suponen ya el 65% del total. “El País” (11-XII-2018).

González, J. S. Los desahucios por alquileres encadenan seis trimestres al alza. “El País” (2-III-2019).

Maqueda, A. El Congreso considera que los desahucios fueron un error estratégico de la banca. “El País” (10-III-2019).

Pellicer, Ll. La justicia europea avala el desahucio si el cliente impagó tres cuotas o más. “El País” (27-III-2019).

Missé, A. Los jueces empiezan a denegar desahucios tras la sentencia europea. “El País” (5-V-2019).

Rincón, R. El Supremo impide los desahucios en curso con menos de 12 impagos. “El País” (12-IX-2019).

Aranda, José Luis. Los desahucios de inquilinos bajaron en el primer semestre por primera vez en tres años. “El País” (8-X-2019).

Aranda, J. L. La epidemia deja en mínimos los desahucios de inquilinos. “El País” (26-IX-2020). Caen un 90% los desahucios.

Aranda, J. L. Los desahucios que no cesan. “El País” (27-XI-2020). Los colectivos sociales ven insuficiente la legislación actual para frenar desalojos.

Aranda, J. L. Los desahucios caen un 30% respecto a un año antes. “El País” (4-XII-2020).

Tolosa, Lucía. Desalojados en plena pandemia. “El País” (4-XII-2020). Tres casos de familias desahuciadas.

Aranda, J. L. El escudo social antipandemia amortigua los desahucios. “El País” (5-III-2022). En 2021 hubo 41.359 lanzamientos, la cantidad más baja desde 2013. Se teme un repunte cuando expire en octubre la normativa especial.

Aranda, J. L. Dos familias desesperadas y un solo desahucio. “El País” (16-IV-2022). Colectivos sociales estiman que la norma que impide los desalojos carece de precisión.

Bárcena, Selina. Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual caen un 5% tras dos años al alza. “El País” (7-III-2023). En 2022 hubo 11.556 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas. En 2020 habían subido un 41,6% y en 2022 un 60,3%.

López Letón, Sandra. Mi inquilino lleva tres años sin pagarme. “El País” Negocios 1.947 (26-II-2023). En España hay unos 80.000 pequeños propietarios de viviendas afectados por las declaraciones de vulnerabilidad que protegen a sus inquilinos.

 

 

Análisis y opinión.

Blanchar, Clara. Ada Colau / Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). ‘Si el PP desoye un millón de firmas, en España no hay democracia’. “El País” (11-II-2013) 21.

Editorial. La fuerza de la razón. “El País” (13-XI-2012) 30. Exige una revisión de la ley de desahucios.

Editorial. Desahucios bajo tutela. “El País” (15-III-2013) 42.

Editorial. Una ley contestada. “El País” (19-IV-2013) 36.

Editorial. Inquilinos desahuciados. “El País” (20-IV-2018).

Editorial. Desahucios clarificados. “El País” (16-IX-2019).

Editorial. Frenar desahucios. “El País” (7-XII-2020).

Elorza, Antonio. Desahucios. “El País” (17-XI-2012) 13.

Missé, Andreu. Riesgo de aluvión de desahucios. “El País” (12-XI-2018). La nueva normativa sobre el impuesto de hipotecas puede desencadenar una multiplicación de desahucios.

Missé, A. Injustificable retraso del Supremo. “El País” (29-VII-2019). El Tribunal Supremo español tarda en aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las ejecuciones hipotecarias.

Missé, A. Los desahuciados esperaban justicia. “El País” (16-IX-2019). Malestar por la sentencia del TS sobre vencimiento anticipado.

Missé, A. El salvavidas de la abogada Kokott. “El País” (7-XI-2022). El afán de la justicia europea para resolver los excesos de la legislación española sobre los desahucios de viviendas.

Moncloa, Gonzalo. “Per què continúen els desnonaments? “El País” Quadern 1.907 (20-XI-2022). La crisi habitacional a Catalunya, al capdavant dels desallotjaments a tot Espanya, s’accentua malgrat les diverses lleis aprovades al Parlament.

Sartorius, Nicolás. Desahucios. “El País” (29-VI-2015) 12. Los desahucios injustos vulneran los derechos constitucionales.

Valls, Francesc. Desahucios exprés. “El País” (29-IV-2018). Critica que se proteja a los propietarios pero no a los carecen de una vivienda.

Vidal-Folch, Xavier. Impedir o evitar los desahucios. “El País” (4-IV-2013) 23. Un interesante artículo con propuestas eficaces y prudentes para aliviar el problema.

Vidal-Folch, X. Banqueros y desahuciados. “El País” (6-II-2017). Crítica a los excesos de la banca española en el asunto de los desahucios y las garantías hipotecarias.

Los escraches por el derecho a la la vivienda y otras causas.

Noticias.

Manetto, F.; Fernández, M. Cospedal advierte sobre los escraches: ‘La violencia genera violencia’. “El País” (16-IV-2013) 14. Cospedal tilda de nazis a los escrachadores.

Álvarez, Pilar; Reventós, Laia. ‘¡Volveremos a las calles!’. “El País” (19-IV-2013) 15. Los antidesahucios protestan.

Álvarez, Pilar. ‘Los escraches no tienen el mismo sentido después de la votación’. “El País” (20-IV-2013) 13. La PAH sopesa aparcar las protestas en casas y seguir la ‘desobediencia civil’.

Pérez, Fernando J. La Audiencia de Madrid archiva la causa contra el escrache a la vicepresidenta. “El País” (5-II-2014) 12. Considera que la protesta ante la casa de Soraya Sáenz de Santamaría fue un medio de “participación democrática” y que no hubo coacciones.

Fabra, María. La legalidad de la ‘doctrina escrache’. “El País” (7-II-2014) 14.

Análisis y opinión.

Editorial. En las casas, no. “El País” (10-IV-2013) 26. Señala que es antidemocrático presionar a los políticos en sus domicilios.

Editorial. No a los escraches. “El País” (17-V-2019).

Gascón, Daniel. Contra los escraches. “El País” (18-V-2019).

Gil Calvo, Enrique. Escraches. “El País” (15-IV-2013) 13. Defiende el derecho al escrache si es proporcionado.

Grijelmo, Álex. Escrache de ida y vuelta. “El País” (16-IV-2013) 31-32.

Marías, Javier. Denigradores que se denigran. “El País” Semanal 1.909 (28-IV-2013) 106.

Molina Foix, Vicente. El sueño de sus señorías. “El País” (21-IV-2013) 31-32. Analiza las grandes semejanzas del escrache con el outing que utilizaban los militantes gay hace pocos decenios.

Ramoneda, Josep. Sobre el respeto a los demás. “El País” (28-III-2013) 20. Sobre la airada y excesiva reacción del PP ante el escrache (la presión popular a los políticos).

Ramoneda, Josep. El victimismo del PP. “El País” Cataluña (16-IV-2013) 2. Una puya contra los excesos verbales de Cospedal respecto a los escrachadores.

Unzueta, Patxo. Escraches: un problema de democracia. “El País” (18-IV-2013) 33. Rechaza esta forma de protesta por antidemocrática.