CS 4 UD 12. LA DICTADURA
FRANQUISTA: RÉGIMEN POLÍTICO, EVOLUCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA.
Francisco Franco, con uniforme de gala como Jefe del Estado.
INTRODUCCIÓN.
Resumen.
1. EL RÉGIMEN
POLÍTICO: EL FRANQUISMO.
1.1. CARACTERÍSTICAS
DEL RÉGIMEN.
Un régimen
personal.
La concentración
de poderes.
El proceso
fáctico de legitimación legal.
La
legitimación ideológica: Victoria, Patria y Dios.
Restricciones
a las libertades.
1.2. INSTITUCIONES
DEL RÉGIMEN.
Leyes
Fundamentales del régimen: carencia de Constitución.
Las instituciones
políticas y sociales.
1.3. LOS
APOYOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL RÉGIMEN.
La Iglesia
católica.
El Ejército.
La Falange.
Los monárquicos.
Los tecnócratas.
1.4. LA OPOSICIÓN
POLÍTICA Y SINDICAL.
2. EVOLUCIÓN
POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.
2.1. EL PERIODO
1939-1950: LA AUTARQUÍA.
POLÍTICA INTERIOR.
POLÍTICA EXTERIOR.
Neutralidad
durante la II Guerra Mundial (1939-1945).
Aislamiento
internacional del régimen (1945-1949).
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
2.2. EL PERIODO
1950-1959: LA APERTURA.
POLÍTICA INTERIOR.
POLÍTICA EXTERIOR.
Apertura
y acuerdos con los EE UU (1950-1959).
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
2.3. EL PERIODO
1959-1973: EL DESARROLLO.
POLÍTICA INTERIOR.
El contraste
del estancamiento político y la modernización económico-social.
Los cambios
legislativos.
La evolución
del gobierno y la oposición.
POLÍTICA EXTERIOR.
Orientación
europea (1959-1973).
La descolonización
en África.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
La apertura
económica.
La modernización
social.
2.4. EL PERIODO
1974-1975: LA CRISIS FINAL.
La crisis
económico-social.
La crisis
política.
Después
de Franco: el inicio de la Transición.
INTRODUCCIÓN
La UD trata
sobre el régimen político del franquismo y su evolución social y económica entre
1939 y 1975, por lo que se descartan dos procesos muy directamente relacionados:
la Guerra Civil en 1936-1939 que lo fundamentó y el
proceso de la Transición democrática posterior a la muerte de Franco en 1975. El régimen franquista se estudia de un modo sincrónico, como un sistema básicamente estable, de
modo que su evolución política interna será muy lenta, aunque su política exterior sí sufrió importantes
cambios.
Resumen.
Desde 1936 en
la zona nacional y 1939 en todo el país y hasta la muerte de Franco, en
noviembre de 1975, España padeció los efectos de una dictadura política. Coincidiendo
con una dura posguerra que se alargó hasta los años 50, se consolidó un régimen
político basado en la concentración del poder en manos del jefe del Estado. Se estableció
entonces un único cauce de acceso a la vida política, primero a través del partido
FET y de las JONS, y más tarde de su sucesor, el Movimiento Nacional. Casi de inmediato
se impuso una política económica autárquica, con fuerte intervención del Estado,
que estancó en la pobreza al país. El régimen fue criticado internacionalmente
e, incluso, sancionado en el aspecto diplomático y económico.
Pero el inicio
de la guerra fría a finales de los 40 conllevó una actitud internacional más benévola
hacia el régimen franquista por parte del mundo occidental, que, a cambio de la
entrada de España en su sistema defensivo, en los años 50 puso fin al bloqueo
económico y reanudó las relaciones diplomáticas. Pero, además, se esperaba de
Franco una apertura política hacia la democracia, lo que no se produjo.
Los años 60
fueron años de fuerte expansión de la economía capitalista, y sus efectos penetraron
también en el país (crecimiento industrial y comercial, descenso del paro, migraciones
a la ciudad, consumismo...). En los años 60 se aprobaron una serie de leyes que
mostraban ciertos atisbos aperturistas, como la Ley de Prensa (que establecía la
autocensura, en vez de la censura previa) y la designación en 1969 por Franco
de su sucesor, el príncipe Juan Carlos de Borbón, en la Jefatura del Estado con
el título de rey.
El atentado
de ETA de 20 de diciembre de 1973 en el que pereció el almirante Luis Carrero
Blanco, reciente presidente del gobierno, eliminó al hombre que aseguraba un
futuro de continuidad política al morir Franco y precipitó la disolución del
régimen en sus últimos años, hasta el fallecimiento del dictador el 20 de noviembre
de 1975. Sobrevino entonces no una ruptura, sino un proceso reformista pactado entre
las fuerzas dominantes del régimen y de la oposición, en lo que fue un exitoso modelo
histórico de transición de la dictadura a la democracia.
1. EL RÉGIMEN
POLÍTICO: EL FRANQUISMO.
1.1. CARACTERÍSTICAS
DEL RÉGIMEN.
Se trata, en
resumen, de una dictadura, un régimen diferente a las democracias europeas
occidentales y muy cercano al portugués.
Un régimen
personal.
Durante casi
40 años el general Franco gobernó España con un régimen personal en que todos los
poderes estaban acumulados en sus manos. Este régimen posee en su origen dos particularidades
que lo diferencian del resto de los regímenes europeos: su origen en una guerra
civil y su carencia de un acto constituyente. La ideología de Franco era militarista,
nacionalista, católica, conservadora en lo político y social, con un gran pragmatismo.
Según el historiador Raymond Carr sólo le preocupaba mantener el orden público
y la soberanía exterior, y combatir el liberalismo y la partitocracia, sus enemigos.
En cambio, nunca se preocupó de la política económica y social, que dejó en manos
de sus ministros. Siempre repartió el poder entre los clanes y familias del régimen,
de modo que ninguno fuese demasiado poderoso para predominar ni demasiado débil
para desaparecer. Siempre se resistió a cualquier reforma real del régimen político,
porque creía (como tantos dictadores) que una dictadura que se reformase al
final siempre se hundiría. Sólo desde 1969, cuando se le declaró el mal de Parkinson
y apoyado en su mano derecha, Carrero Blanco, se retiró parcialmente a la vida
familiar.
La concentración
de poderes.
Además de por
sus orígenes atípicos el régimen se caracterizó por la concentración de poder en
una sola persona. Franco era a la vez el Jefe del Estado, el Presidente del Gobierno,
el Generalísimo de los Ejércitos, el Jefe Nacional del Movimiento.
Se le rendía
un auténtico culto, al ser considerado el Caudillo de España, una figura de corte
fascista similar al Führer (Hitler en Alemania) y al Duce (Mussolini en Italia)
de la Europa de los años de entreguerras. La propaganda se consagró a exaltar
las virtudes de un Franco, que era presentado como un hombre providencial. Los
historiadores estudian la “francolatría”, el culto a Franco: el régimen mostró evidente
afición para las concentraciones multitudinarias en las que se vitoreaba el nombre
del Jefe.
Con Franco no
existió la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; encarnaba
la soberanía del Estado e incluso podía nombrar a su sucesor (lo hizo en 1969,
nombrando al príncipe Juan Carlos de Borbón, que procedería a “desmontar” el
régimen desde su cargo).
Franco tenía
los principales poderes.
- El poder legislativo:
podía legislar por decreto o decreto-ley. Hasta 1942 no existieron Cortes, pero
cuando se abrieron se convirtieron únicamente en un órgano corporativo, compuesto
por procuradores franquistas, que se limitaba a respaldar las indicaciones del
Jefe del Estado, quien les había nombrado. No existía debate y los acuerdos se
tomaron, durante muchos años, por unanimidad.
- El poder ejecutivo:
como presidente del Gobierno nombraba los ministros y todos los cargos importantes,
aprobaba los presupuestos, las inversiones y las medidas de política económica.
- El poder
judicial supremo, por cuanto administraba el derecho de gracia y designaba o revocaba
a los jueces.
El proceso
fáctico de legitimación legal.
El régimen careció
de un acto constituyente “clásico”, como, por ejemplo, unas elecciones y una
votación en el Parlamento (así subieron al poder Hitler y Mussolini) o una
transmisión por herencia (como en la monarquía). Simplemente el general en jefe
del bando ganador en la guerra civil fue designado sucesivamente para encabezar
los ejércitos, ocupar la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado, y
jefe del partido único, en un proceso muy rápido:
- La Junta
de Defensa de la zona nacional, presidida por el general Cabanellas, nombró a
Franco como Generalísimo de los Ejércitos (12-IX-1936), Jefe de Gobierno
(29-IX) y Jefe de Estado (1-X). Poco después, Franco se autonombró Jefe Nacional
del partido único, gracias al Decreto de Reunificación (19-IV- 1937) que unió a
todas las fuerzas políticas de la derecha (falangistas, carlistas, cedistas y
monárquicos) en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y que suprimió
al resto de los partidos y organizaciones nacionales.
La legitimación
ideológica: Victoria, Patria y Dios.
La legitimación
del régimen se asentó en tres pilares ideológicos, estrechamente ligados entre
sí: el militarismo, el nacionalismo y el catolicismo. Estos tres pilares se ligaban
entre sí: la Victoria se presentaba como un milagro “querido por Dios” para salvar
a la Patria católica por excelencia.
- El franquismo
fue el resultado de una Victoria en una guerra civil. Por lo tanto, fue un
régimen de vencedores que deseaban obtener una compensación por su triunfo y
que legitimaban el poder en que lo habían conquistado por la fuerza. Esto explica
en gran parte que el Ejército asumiera durante mucho tiempo unas funciones ejecutivas
y de policía.
- Defendía
la ideología nacionalista (Patria). La Patria era Una, Grande y Libre: Una
para evitar todo separatismo o nacionalismo disgregador, Grande para extenderse
(en los primeros años de soñado imperialismo) o para engrandecerse interiormente,
Libre del comunismo y la masonería que la debilitasen.
Franco en la guerra, apoyado por la Iglesia.
- Defendía
la ideología religiosa del catolicismo (Dios). El franquismo se caracterizó por
un catolicismo conservador, a diferencia del nazismo y del fascismo (oficialmente
laicos).
Además, en
teoría el régimen se nutría ideológicamente del ideario corporativista de la Falange,
pero en la práctica lo que hizo fue adaptar el falangismo a sus propios intereses
(lo que se evidencia en los sindicatos).
Las restricciones
a las libertades.
Al rechazar el
liberalismo y el sufragio universal se negaron los derechos de expresión,
reunión, asociación, manifestación, huelga...
- La prensa
fue sometida a la censura previa, hasta la ley de Prensa de 1966, que mejoró algo
la situación, al prever penas posteriores por los artículos críticos al régimen
(era una autocensura). La Televisión y la Radio fueron controladas estrechamente
y este control permitió una propaganda tenaz, en la que se aseguraba que España
era la admiración del mundo y mucho más adelantada que Europa.
- Para que
un grupo de 20 personas pudiera reunirse legalmente se necesitaba un permiso del
gobernador civil.
- Estuvieron
prohibidos los partidos políticos, acusados de sembradores de divisiones.
- Los cargos
políticos no eran ocupados mediante elección sino mediante designación.
1.2. INSTITUCIONES
DEL RÉGIMEN.
Leyes
Fundamentales del régimen: carencia de Constitución.
El régimen
nunca se dotó de una Constitución al estilo occidental y la misma palabra parecía
sospechosa, por sus connotaciones liberales, por lo que no deben interpretarse
las Leyes Fundamentales como una Constitución bis, sino como una recopilación
de las normas estatales más importantes, pues regulaban las instituciones del Estado
y sus relaciones internas.
Las instituciones
políticas y sociales.
- El Jefe del
Estado. Concentraba todos los poderes.
- El Consejo
del Reino. El órgano consultivo máximo.
- Las Cortes.
Se instauraron el 17-VII-1942. Sus miembros, según la Ley de Cortes, sólo tenían
poderes de deliberación y asesoramiento, dentro de una “democracia orgánica”.
- El Movimiento
Nacional (inicialmente FET y de las JONS). Aunque se presentaba como una “comunión
de principios”, de hecho era el partido único, la única vía de acceso a la vida
política.
- El Gobierno.
Tenía el poder político y administrativo.
- Los gobernadores
civiles. Eran los jefes provinciales de la Administración y del Movimiento.
- Los sindicatos
verticales. Se basaban en la concepción falangista de unos sindicatos únicos en
los que estuvieran encuadrados patronos y obreros (por esto llamados verticales),
para impedir la lucha de clases y resolver por arbitraje los conflictos sociales.
Estaban regulados por la Ley de Unidad Sindical. Controlaban a los obreros y regulando
los salarios y, a cambio, se impuso un contrato laboral prácticamente vitalicio.
El sistema se completó con la subordinación de los sindicatos al gobierno porque
el delegado nacional de sindicatos tuvo cargo de ministro. Se prohibieron las
huelgas e incluso la utilización de la palabra “huelga” en la prensa.
- La Justicia.
Era un poder mediatizado por el poder político, que nombraba a los jueces.
1.3. LOS
APOYOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL RÉGIMEN.
Franco consiguió
hábilmente un equilibrio entre las fuerzas políticas y sociales que le apoyaban,
aunque no había partidos políticos. El bando nacional, durante la guerra civil,
reunió a los partidos monárquicos (borbónicos y carlistas), católicos, conservadores
y la CEDA, junto a la Falange y los pequeños partidos fascistas. Su base social
era el ejército, el clero, los terratenientes, la alta burguesía y la pequeña
burguesía.
La Iglesia
católica.
- La Iglesia
católica gozó de un inmenso protagonismo en la vida política y social, sobre todo
porque recuperó sus antiguos privilegios en la educación, y su impronta ideológica
se manifestaba en asociaciones católicas que formaban parte importante de las instituciones.
- El grupo político
de los católicos procedía de la Editorial Católica y constituyó la fuerza predominante
en los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores. En los años 60 le sucedió
la influencia del Opus Dei, con varios ministros.
- A pesar de
ello, otros sectores católicos mantuvieron actitudes críticas frente al régimen,
sobre todo al final, cuando la Iglesia, dirigida por el cardenal Tarancón, abogó
por la democracia, influida por la doctrina del Concilio Vaticano II y una
firma colectiva, Tácito, solicitaba desde el diario “Ya” la reforma política.
El Ejército.
El apoyo de
Franco en el ejército vencedor fue muy fuerte desde el principio. La mayoría de
los oficiales y jefes militares le profesaron una gran devoción, afirmada por
la gloria militar y las ventajas que gozaron de prestigio social, poder político
y beneficios económicos.
En los gabinetes
llegó en los primeros años a ocupar seis carteras, de un total de 14, proporción
que disminuyó después. En principio jugaron un papel influyente los principales
generales vencedores en la guerra, como Varela y Yagüe; más tarde, los amigos personales
de Franco, como Camilo Alonso Vega y el almirante Carrero Blanco. Muchos otros militares
asumieron en los primeros años destacados puestos en la administración civil y
las empresas. A los tribunales militares se les encomendó la persecución de los
delitos políticos, de oposición al régimen.
No obstante,
al no dar Franco paso a la monarquía, como se esperaba, a partir de 1945 los generales
monárquicos se distanciaron del régimen, aunque no peligró el dominio franquista
sobre el ejército. Desde 1950 la participación militar en la vida política disminuye
progresivamente, a fin de hacer más presentable al régimen en el exterior. Habremos
de esperar al final del régimen, cuando ya muchos militares no hayan participado
en la guerra civil, para que el ejército no se alinee masivamente con el régimen
franquista.
La Falange.
Los falangistas
protagonizaron la primera etapa junto a los militares. La mayoría de sus
figuras provenían de la pequeña burguesía urbana y de los medianos propietarios
de Castilla, una clase social que temía confundirse con el proletariado. Franco
les encomendó dentro del régimen las áreas de los medios de comunicación y los
sindicatos. Los falangistas accedieron a los ministerios en plena juventud, alrededor
de los 30 años, lo que permitió gestiones prolongadas, como la de Girón en el Ministerio
de Trabajo, que desarrolló una política social realmente avanzada en algunos
aspectos. Girón llegó a afirmar: “La Falange es, en su doctrina, el Estado mismo”.
Pero la apertura gradual del régimen, que deseaba borrar su imagen totalitaria
del principio, implicó que la Falange perdiera influencia con los años, sobre todo
después de 1950, y derivara en una estructura burocrática de control cada vez menos
eficaz de la sociedad.
Los monárquicos.
- Tras una temprana
etapa de colaboración ante la esperanza del regreso de la monarquía borbónica,
se apartaron a finales de los años 40 por lealtad al pretendiente Don Juan de Borbón,
aunque mantuvieron cierta presencia en el ejército y la alta administración.
- Algunas personalidades
de la rama carlista ocuparon la cartera de Justicia y la presidencia de las Cortes.
Los tecnócratas.
Son los vinculados
al mundo de los negocios y la Banca, a de la alta burguesía. Ocuparon desde el
principio los cargos principales en los ministerios económicos y técnicos.
A partir de
1957 surge un grupo de personas que ya se autodenominan “tecnócratas”: se consideran
apolíticos, pero en realidad pretenden una apertura económica sin reforma política.
La mayoría son miembros del Opus Dei (lo que les enlaza con el grupo católico,
al que en realidad suceden) y los encabeza Laureano López Rodó, autor de los
Planes de Desarrollo y del Plan de Estabilización de 1959 que abrió España a la
prosperidad de los años 60. En 1969 este grupo chocó con los falangistas y ambos
fueron alejados del poder.
1.4. LA OPOSICIÓN
POLÍTICA Y SINDICAL.
Durante el
franquismo el partido dominante en la izquierda, por su mejor organización,
fue el comunista PCE, que padeció, junto al PSOE y otras organizaciones, una eficaz
represión. Asimismo los sindicatos UGT y CNT fueron muy débiles en la oposición,
desde que fueron casi aniquilados en los años 40 y 50 y no se volvieron a reconstruir
hasta mediados de los años 60, sobre todo alrededor del sindicato comunista
CCOO.
Hay tres fases
en la oposición: 1) 1939-1952. 2) 1952-1966. 3) 1966-1975.
1) 1939-1952.
Los partidos y los sindicatos sufrieron una dura represión y fueron aplastados,
fracasando el maquis (guerrilla) del norte, que duró unos años
(1946-1949).
2)
1952-1966. En esta etapa la oposición, muy débil, promovió huelgas y disturbios,
también duramente reprimidos (1952, 1962...).
3)
1966-1975. En esta etapa la oposición despliega su actividad con creciente fuerza,
sobre todo con el PCE (PSUC en Cataluña) y el sindicato Comisiones Obreras
(CCOO), nacido en 1966, con una ideología comunista. La actividad de la oposición
comenzó a crecer en las universidades, las empresas, la calle, con el apoyo de
los jóvenes universitarios, los obreros y de la burguesía urbana.
La oposición
se fue radicalizando a medida que el régimen se desmoronaba y desaparecían sus
figuras históricas, Carrero Blanco y, por fin, Franco.
2. EVOLUCIÓN
POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA.
A continuación
vamos a seguir la política interior y exterior del país en conexión con los periodos
más importantes de su evolución social y económica.
El régimen político
franquista no cambió significativamente entre los años 40 y 70. En el interior
fue muy estable: un Estado unitario, autoritario, sin participación democrática,
muy represivo. Hubo, naturalmente, cambios en las personas y adaptaciones ideológicas,
pero sus políticas sólo variaron esencialmente en los aspectos exterior y económico.
En cambio,
hubo una intensa evolución social y económica durante el franquismo. Posiblemente
fue una auténtica revolución, aunque no prevista por el régimen, que conllevaría
unas transformaciones que disolverían finalmente el franquismo.
2.1. EL PERIODO
1939-1950: LA AUTARQUÍA.
POLÍTICA INTERIOR.
El Gobierno.
En este periodo
Franco gobernó con un equilibrio entre los distintos sectores que habían luchado
en el bando vencedor. Mantenía los ministros según su confianza personal, pero
cuidando la composición del Gobierno, cuyas funciones parecen repartidas en funciones
según su ideología:
- Los falangistas
solían ocupar las carteras de Trabajo, Agricultura y Sindicatos (unida a la Secretaría
General de FET y las JONS); los carlistas ocupaban Justicia; los católicos Educación;
los militares las tres de Defensa; unas personalidades técnicas y conservadoras
las de Hacienda, Obras Públicas, Industria y Comercio.
La política
interior.
- La ideología
externa del régimen cambia en estos años, al socaire de la política exterior.
Si los primeros son años de preparación para una “misión imperial” lo segundos
son de moderación. )Por qué este cambio? Al
principio, los países del Eje parece que ganarán la guerra y el franquismo toma
características fascistas, sobre todo tras el nombramiento del falangista Serrano
Suñer para el ministerio de Asuntos Exteriores (17-X-1940). Pero desde mediados
de 1942, con las primeras previsiones de la victoria de los aliados, el régimen
franquista evoluciona para ofrece un rostro más amable al exterior y reduce la
represión interna de la oposición, aparentemente desmantelada, y Serrano Suñer
cesa en agosto de 1942, mientras que la Falange pierde poder político.
- Los primeros
años (1939-1941) son de implacable represión sobre los republicanos: Ley de Responsabilidades
Políticas (1939), Ley de represión de la Masonería y el Comunismo (1940), Ley
de Seguridad del Estado (1940). Los opositores son purgados, encarcelados, a menudo
ejecutados. Las libertades clásicas del régimen liberal son restringidas.
- La política
cultural es tradicionalista pues los valores católicos, históricos e imperiales
son exaltados. Es una política represora de los valores modernos, lo que causa el
exilio o depuración de los intelectuales liberales; se prohíbe la enseñanza y el
uso público de las lenguas vasca y catalana. El Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC, 1939), sigue las pautas del neotomismo.
- La política
educativa favorece la enseñanza privada, en manos de órdenes religiosas dedicadas
a la enseñanza, que alcanzan su apogeo en los años 50.
Entre 1945 y
1948 se realizaron varios intentos de acabar con el franquismo, aprovechando el
apoyo internacional. El príncipe Juan de Borbón lanzó el Manifiesto de Estoril
(una propuesta de restauración de la monarquía) y los republicanos reanudaron el
maquis en el Norte.
La respuesta
del régimen fue la represión interior contra el maquis y la exaltación del nacionalismo,
presentando la presión internacional como una injerencia (masiva manifestación
de diciembre de 1945 en Madrid). Al mismo tiempo se procedió a institucionalizar
el régimen, mediante leyes que le presentasen exteriormente como una democracia
al menos parcial: Ley de Cortes (1942), Fuero de los Españoles (1945) —formulando los derechos básicos democráticos, aunque no eran
reales por las fuertes limitaciones de sus leyes de desarrollo—, Ley Municipal, Ley de Referéndum (1945), Ley de Sucesión en
la Jefatura del Estado (1947) —que establecía que a Franco
le sucedería la monarquía—. Era un modo de encauzar
la participación política sin aceptar la democracia liberal y de separarse de
la imagen fascista de la guerra civil.
POLÍTICA EXTERIOR.
Neutralidad
durante la II Guerra Mundial (1939-1945).
Durante la
guerra mundial España fue oficialmente neutral, pero hubo una evolución en esta
neutralidad, en dos etapas:
En una primera
etapa el régimen mostró su simpatía por Alemania e Italia, que habían ayudado a
los nacionales en la guerra civil y que tenían muchos apoyos entre los militares
y los falangistas. Durante años España suministró minerales estratégicos (wolframio
sobre todo) a Alemania, y al final de la guerra su territorio sirvió de asilo a
muchos nazis.
- Antes de acabada
la Guerra Civil la España ‘nacional’ ya estaba alienada con el Eje y poco después
se salió de la Sociedad de Naciones (8-V-1939). Cuando estalló la guerra mundial
en septiembre, al principio se aseguró la neutralidad, con la “declaración de
neutralidad” (IX-1939 a
VI-1940). Se temía que los aliados invadiesen España para restablecer la República,
pero la victoria alemana en Francia alejó el peligro y se pasó a una declaración
de “no beligerancia”, que era de no agresión contra los aliados, pero apoyo al
Eje. Se ocupó Tánger (VI-1940) y se planeó la intervención en la guerra a cambio
de territorios en Marruecos y la recuperación de Gibraltar.
Esta línea política
se profundizó cuando el falangista Serrano Suñer, cuñado de Franco, desempeñó
la cartera de Asuntos Exteriores (17-X-1940 a IX-1942). En la entrevista de Hendaya entre
Hitler y Franco (X-1940), este propuso entrar en la guerra a cambio de suministros
bélicos y el Marruecos francés, lo que Hitler no aceptó. De haberlo hecho, España
hubiera figurado en el bando del Eje y el régimen franquista hubiera sucumbido
hacia 1944. En el segundo semestre de 1941 el Estado Mayor alemán preparó la “Operación
Isabella”, que preveía la ocupación de la Península para conquistar Gibraltar,
pero Hitler desistió ante la falta de preparación militar de España.
Cuando la
URSS fue invadida por el ejército nazi en junio de 1941, Franco decidió el envío
de la División Azul al frente ruso, constituida en general por voluntarios.
- En una segunda
etapa, se evolucionó hacia una neutralidad más clara porque se comprendió que el
fascismo iba a perder la guerra. Jordana, nuevo ministro de Asuntos Exteriores
desde septiembre de 1942, mostró ser un aliadófilo. En octubre de 1943 Franco cambió
su política de “no beligerancia” a “neutralidad” y retira del frente ruso la
División Azul (XII-1943). Desde entonces, sin romper con Alemania, se procuró
un acercamiento a los aliados.
Aislamiento
internacional del régimen (1945-1949).
Al acabar la
guerra, en 1945, y sobre todo en 1946, a los ojos de los vencedores el régimen español
constituía un residuo del fascismo al que había que aislar para favorecer su
caída.
El 18 de
julio de 1945 Franco nombra nuevo gobierno en España, con fuerte participación
de católicos, para ofrecer una imagen más favorable. Comienza por entonces el
maquis en España, hasta que es derrotado hacia 1948.
Comienzan
las sanciones internacionales al régimen, con cierre de fronteras, sanciones comerciales,
retirada general de embajadores... La ONU rechaza
(18-VI-1945) la adhesión de España y en febrero de 1946 condena al régimen
franquista (resolución nº 32) y Francia cierra su frontera con España. En abril
hay una moción de Polonia para que se declare que la supervivencia del régimen
de Franco es una amenaza para la paz. El 2 de diciembre la ONU recomienda la
retirada de embajadores (resolución nº 39). En la sesión del 4 de diciembre,
Dinamarca y Suecia apoyan un cambio de régimen. El 12 de diciembre de 1946 la
ONU condena otra vez al régimen y afirma que la dictadura de Franco es ‹‹por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general
un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte gracias a la ayuda
de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini››. Pronto se retiran los embajadores, salvo los de la Santa
Sede, Portugal, Suiza y Argentina.
El aislamiento
provocó graves problemas económicos. El único intercambio internacional en este
periodo fue con Portugal y las remesas de trigo argentino ordenadas por Perón,
que ayudaron a paliar la escasez de grano.
Pero desde
1948 (crisis de Berlín, Guerra Fría) mejoran las relaciones de EE UU con España.
Francia abre la frontera con España también en 1948.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
Hubo una vuelta
a un régimen económico autárquico e ineficiente, que arruinó las mejoras que había
registrado la economía desde 1917, de modo que sólo en 1951 se recuperó el nivel
económico de 1935. La pobreza era terrible: hambre, racionamiento de productos
básicos (hasta 1953), mercado negro... y no había la válvula de escape de la emigración
a las ciudades o al extranjero.
La política
económica autárquica de los años 40.
La política económica
se movió entre dos hechos: la necesidad de reconstruir el país y la imposibilidad
de hallar apoyo exterior para hacerlo. Esto se debía al aislamiento comercial
por la crisis mundial que provocó la II Guerra durante la guerra y la posguerra,
así como al boicot internacional desde 1945. Por ello, se impuso la solución de
la autarquía económica: el Estado era muy intervencionista: precios, salarios, empresas
públicas, nacionalizaciones, obras hidráulicas...
Aunque se
logró reconstruir (hacia 1945) la mayor parte de lo destruido en la guerra, es evidente
que, en general, este sistema fracasó lastimosamente, ahondando la crisis española
de los años 40 y 50, como señalan Fusi y Palafox:
‹‹La instauración
de un Estado Nuevo basado en los denominados ideales del 18 de julio tras la guerra
civil supuso una abrupta y decisiva ruptura histórica. Las repercusiones económicas
fueron tan significativas como destacadas, al pretender lograr la autosuficiencia
frente al exterior, y aspirar también a sustituir los precios de mercado por los
decididos en los despachos de la Administración. En el corto plazo, la política
económica del franquismo dejó a España fuera de la primera fase del milagro económico
europeo, condujo a la etapa de estancamiento económico más prolongada del siglo
XX y sumió a buena parte de los españoles en el hambre y la miseria. En el largo
plazo, la discrecionalidad de las autoridades, cuando no la pura arbitrariedad,
aumentó considerablemente el peso de las actividades no competitivas, y, sobre
todo, modificó profundamente las pautas de comportamiento de los agentes económicos,
consolidando como elementos relevantes de la actuación de no pocos la especulación,
el tráfico de influencias —disfrazado bajo justificaciones
ideológicas— y, en bastantes ocasiones,
la corrupción.›› [Fusi, Juan Pablo; Palafox, Jordi. España: el desafío de la
modernidad. “El País” (14-XI-1997) 15. Ambos consideran positivo el balance
de España en los s. XIX y XX, cuando se construyó un Estado liberal y una
economía desarrollada, pese a los problemas políticos y económicos de políticas
autárquicas y antiliberales.]
Entre las medidas
intervencionistas destacan:
- La nacionalización
de las industrias bélicas y de la red de ferrocarriles (RENFE, 1941).
- La industrialización
con el fomento estatal, con la creación de muchas industrias nuevas (ENDESA, ENHER,
ENSIDESA, ENASA, SEAT...) y del Instituto Nacional de Industria (INI).
- Un control
estricto del escaso comercio exterior (licencias de importación y exportación).
- Una política
moderada de fomento agrario: creación del Instituto Nacional de Colonización
(1939), asentamiento de colonos, concentración parcelaria, regadíos... que fracasó
por múltiples causas: falta de auténtica voluntad política, lentitud e ineficacia
burocrática, la resistencia del latifundismo, técnicas anticuadas, poca maquinaria,
escasos abonos, escasos rendimientos, malas condiciones climáticas...
- El hambre
y la escasez intentaron ser suplidos con el racionamiento y los precios de
tasa, pero se produjeron especulación, contrabando, mercado negro...
La política
social falangista.
Si la sociedad
vivía una profunda miseria, en cambio la política social del régimen era relativamente
avanzada aunque dentro de un régimen conservador, recogiendo la ideología falangista
(el ministro de Trabajo entre 1941 y 1957 fue el falangista José Antonio
Girón): el “nacionalsindicalismo” o corporativismo, que intentaba superar tanto
al socialismo como al capitalismo, mediante el intervencionismo del Estado en
las relaciones entre empresarios y trabajadores, y el control de los derechos y
obligaciones laborales.
- Supresión
de los sindicatos obreros y de las patronales, e integración en sindicatos verticales,
que reunían empresarios y trabajadores.
- El Gobierno
fijaba los salarios en cada rama de la producción.
- Supresión
del derecho de huelga. Se compensaba con la casi prohibición del despido.
- Desarrollo
de la Seguridad Social: pensiones de Seguro Obligatorio de Enfermedad, Maternidad,
Vejez, Invalidez, Accidentes y Enfermedades Profesionales, Desempleo, Seguridad
Social Agraria.
Pese la redistribución
de la renta era mínima, porque la capacidad financiera del Estado era escasa,
ya que el sistema tributario era poco progresivo, gravando sobre todo las rentas
del trabajo y el consumo, mientras que era usual el fraude fiscal en las rentas
del capital y los beneficios empresariales.
2.2. EL PERIODO
1950-1959: LA APERTURA.
POLÍTICA INTERIOR.
Desde 1945 el
régimen se había ido alejando de la parafernalia fascista, y reconvertido en un régimen autoritario, católico
y anticomunista. En los años 50 este proceso de cambio de imagen se profundiza,
a fin de legitimar al régimen. La represión es igual de dura pero cada vez más
selectiva, concentrada en los dirigentes políticos y sindicales de la oposición.
Desde 1948
Franco se había acercado a los monárquicos (llega a España el príncipe Juan Carlos
para iniciar su educación con vistas a suceder a Franco). Cuando cambie el gobierno
en 1951 es el principio del declive de los falangistas y del auge de los “católicos”.
El 18 de julio de 1951 se nombra nuevo gobierno, con personalidades católicas
aperturistas como el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, que promueve
la I Bienal Hispanoamericana de Arte e inicia la apertura artística y cultural,
y el de Comercio, Manuel Arburúa, que comienza la liberalización económica. La
figura clave, como segundo hombre del régimen desde 1951, será el almirante Luis
Carrero Blanco, ministro Subsecretario de la Presidencia, el primer ministro de
hecho, cargo para el que será nombrado oficialmente en 1973.
Comienzan
las primeras huelgas: en marzo de 1951 en Barcelona hay una huelga del transporte
público y conflictos en fábricas y la universidad, promovidos por los anarquistas,
que son reprimidos. La represión policial desarticula en 1953 la UGT y el PSOE
clandestinos.
El conflicto
más grave estalla en febrero de 1956: agitación universitaria con luchas callejeras
entre estudiantes demócratas y falangistas; el 10 de febrero se suspenden varios
derechos civiles y al poco son cesados los ministros Ruiz Giménez, de Educación,
y Fernández Cuesta, del Movimiento. Al mismo tiempo hay una crisis económica y
social (1956-1957), con huelgas, por lo que Franco nombra nuevo gobierno en
febrero de 1957. El Opus Dei y los tecnócratas alcanzan el poder político.
POLÍTICA EXTERIOR.
Apertura
y acuerdos con los EE UU (1950-1959).
El anticomunismo
del régimen y la Guerra Fría permitieron cambiar la situación internacional de España.
EE UU comenzó a considerar a Franco, en vez de cabeza de un régimen fascista, como
líder anticomunista, y por tanto a España como un posible aliado en la lucha para
frenar la expansión del comunismo. La Asamblea General de la ONU anuló (X-1950)
su resolución de 1946 y comenzó el regreso de los embajadores, con lo que finaliza
el aislamiento de España y recomienzan las relaciones diplomáticas con EE UU
(I-1951) y los otros países occidentales.
El proceso
de inserción en la vida internacional continuó con los acuerdos firmados con EE
UU y el Concordato con el Vaticano (ambos en 1953) y culminó con la entrada en
la ONU (1955).
Los acuerdos
con EE UU constituyen el pivote de esta etapa. El texto habla de un tratado defensivo,
que supone la ayuda militar mutua y la ayuda económica de EE UU a España. No obstante,
fue acompañado de pactos secretos que suponían recortes de la soberanía española;
así la decisión de activar las bases conjuntas de Torrejón, Rota y Zaragoza, en
caso de emergencia, correspondía a los norteamericanos.
Mapa de las bases estadounidenses en España.
El presidente estadounidense Eisenhower y Franco en la visita del primero a España en 1959.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
Comienza una
tímida apertura económica, apoyada en el comercio exterior, el naciente turismo,
préstamos de EE UU, una fuerte emigración a Europa y Latinoamérica. El crecimiento
permite terminar el racionamiento (marzo-abril 1952). La inflación y el primer
éxodo a las ciudades promueven los primeros disturbios en 1952.
La economía
crece hasta que entra en crisis en 1956 por la inflación (40% en 1956-1957),
las huelgas, el grave déficit exterior, la caída de las reservas de divisas, la
falta de productividad. El gran capital catalán comienza a reivindicar más liberalización
económica en el interior pero proteccionismo aduanero contra el exterior.
La situación
del campo no había mejorado. Seguía habiendo superpoblación rural y las rentas
agrarias eran muy bajas. El principal problema era el desequilibrio social, por
el latifundismo del sur y el minifundismo del norte. En 1959 los latifundios de
más de 300 hectáreas ocupaban el 41% de las tierras, los de más de 100 hectáreas
ocupaban el 53,5% con sólo el 0,86% de los propietarios. En cambio, los minifundios
de menos de 10 hectáreas ocupaban el 19% de las tierras con el 91,5% de los
propietarios. Esta desigualdad explica la baja productividad y rentabilidad de
la agricultura y el inicio de su éxodo rural en este decenio, que se convierte en
masivo en los años 60.
Pero, en conjunto,
hacia 1960 la economía y la sociedad españolas habían mejorado mucho respecto a
la situación de 1940, aun teniendo en cuenta el bajo nivel de partida después
de la guerra civil. La población española había crecido significativamente en
1940-1960, al pasar de 26 millones a casi 31 millones de habitantes. La población
activa agraria había bajado del 51% al 41%. La población en las ciudades de más
de 100.000 habitantes era ya un tercio del total. La renta nacional se había doblado.
El consumo de electricidad se había multiplicado (de 4.000 millones Kw/h a
18.600 millones). Era un desarrollo muy inferior al de las sociedades occidentales
en el mismo periodo, pese a que estas habían comenzado a recuperarse más tarde,
en 1945, pero en España, en suma, estaban sentadas las bases para el gran desarrollo
de los años 60.
2.3. EL PERIODO
1959-1973: EL DESARROLLO.
POLÍTICA INTERIOR.
El contraste
del estancamiento político y la modernización económico-social.
Los mayores aciertos
de la política interior del régimen en este periodo son los cambios en la política
económica, cuya liberalización promueve el desarrollo, aunque no exento de claroscuros. Es una política de modernización
económica y social, para satisfacer las necesidades materiales de la población,
pero sin conceder cambios políticos para satisfacer sus necesidades democráticas,
un proceso similar al del despotismo ilustrado del siglo XVIII y al actual de la
China comunista. Pero este desfase llevó a una polarización de la vida política
del país, entre los afectos al régimen autoritario y la oposición democrática,
que se organizó eficazmente. Además, la falta de democracia impedía la plena entrada
de España en la CEE (solicitada en II-1962).
Los cambios
legislativos.
En el aspecto
legislativo hubo una tímida apertura:
- Ley de Principios
del Movimiento Nacional (1958), que establecía que el Estado era una monarquía
católica y orgánica.
- Ley de Convenios
Colectivos (1958), que dejaba la fijación de salarios en manos de la negociación
de patrones y trabajadores.
- Ley de Prensa
(1966), que suprimía la censura previa.
- Ley Orgánica
del Estado (1966), que regulaba la “democracia orgánica” (familia, municipio y
sindicato), con la elección de 1/3 de las Cortes por votación de cabezas de familia
y mujeres casadas.
- La reforma
en 1967 de las leyes de Cortes de 1942 y del Fuero de los Españoles de 1945.
- Ley de Libertad
Religiosa (1967).
- Ley de Educación
(1970) que extendía la educación hasta los 14 años.
Por contra,
se limitaba el régimen a una “democracia orgánica”: Ley de Principios Fundamentales
del Movimiento (1958), Ley Orgánica del Estado (1966), Ley Sindical (1971).
La evolución
del gobierno y la oposición.
Tras unos años
de tranquilidad, desde 1962 se mueve la vida política.
- En 1962 renace
la organización sindical clandestina. Hay huelgas (IV-VI 1962) en Asturias, Madrid,
Cataluña... En junio se reúne la oposición en Múnich, excepto el PCE, y los participantes
son represaliados. Se nombra (10-VII-1962) nuevo gobierno, con fuerte participación
del Opus Dei y con Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo.
- En 1963 se
intensifica la represión sobre las organizaciones de izquierdas. Es fusilado
(IV-1963) el líder comunista Julián Grimau.
- En 1964 la
oposición avanza. Nacen las CCOO de Cataluña (XI-1964), primer grupo obrero bien
estructurado desde 1939. Aparece la revista “Cuadernos para el diálogo”, promovida
por Ruiz Giménez, con una ideología demócrata cristiana de izquierda, abierta a
toda la oposición y la revista “Triunfo” comienza también su labor progresista.
- En 1965 es
suprimido el oficial Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), al fracasar
en organizar y adoctrinar a los estudiantes.
- En 1966 se
funda el Sindicat Democràtic d'Estudiants en la Universidad de Barcelona y comienza
la oposición de los estudiantes al régimen. La Ley de Prensa inicia una apertura
informativa. Comienza en diciembre la represión contra CCOO.
- En 1967 se
promulga la Ley Orgánica del Estado, que sienta nuevas bases institucionales del
régimen franquista y continúa la represión de la creciente oposición. Las CCOO
son declaradas ilegales. ETA, una organización terrorista vasca fundada en 1959
que abogaba por el independentismo, se radicaliza y comienza sus atentados en
serie.
- En 1968,
se reproducen las huelgas y manifestaciones estudiantiles. La revista “Destino”
es suspendida dos meses y su director, Néstor Luján, cesado. Se declara el “estado
de excepción” (sólo se hizo en 1968 y 1975).
- En 1969 se
intenta perpetuar el régimen. Franco nombra sucesor al príncipe Juan Carlos
(22-VII-1969). Ante los rumores de pronta sucesión estalla la lucha en el Gobierno
entre el Opus Dei y el grupo liderado por Fraga. Triunfa (29-X-1969) el Opus
Dei y Fraga es cesado en el nuevo Gobierno, sustituido en Información por Sánchez
Bella (hasta 1974). Fraga inicia acto seguido su dominio del reformismo conservador.
- En 1970 y
los años siguientes la represión continúa: desde el 3 de diciembre de 1970 se
juzga a 16 separatistas vascos en el proceso de Burgos. Durante esas semanas se
multiplican los actos de protesta: huelgas, manifestaciones, actos públicos entre
los que destaca el encierro voluntario de opositores en el monasterio de Montserrat.
La presión interior e internacional consigue la conmutación de las penas de muerte.
- En 1971
sigue la represión.
- En 1972 estalla
una huelga masiva en la Universidad española, comenzada en Madrid. Aparece un conflicto
social en el campo con protestas de los pequeños campesinos. Nacen movimientos
reivindicativos de asociaciones de vecinos en las ciudades.
- En 1973
Franco cede la Jefatura de Gobierno a Carrero Blanco (VI a XII-1973), reservándose
la del Estado. En el nuevo gobierno desaparece el Opus Dei. Pero al poco Carrero
Blanco es asesinado en un atentado de ETA (20-XII-1973).
POLÍTICA EXTERIOR.
La política
exterior estuvo dirigida con eficacia por Castiella, ministro de Asuntos Exteriores
(1957-1969), que mejoró las relaciones diplomáticas con casi todos los países, incluso
con los comunistas del Este. En el periodo final (1974-1975) la política exterior
no varió, por lo que se incluye aquí.
Orientación
europea (1959-1975).
En la década
de los 60 España necesitaba completar la amistad norteamericana con la participación
en los movimientos de unificación de Europa, y en 1962 solicitó la entrada en
la Comunidad Económica Europea, en vano, porque esta entendió que España no
reunía los requisitos democráticos.
La descolonización
en África.
Se completó
la descolonización:
- España entregó
en 1954 el protectorado del Rif al nuevo reino de Marruecos, reservándose Ceuta
y Melilla.
- Cedió el territorio
de Ifni (1968) a Marruecos. Antes se sufrió un breve conflicto (XI-1957),
cuando los marroquíes atacaron el territorio.
- Concedió
la independencia a Guinea Ecuatorial (1968).
- Se evacuó el
Sahara Occidental (1975) en beneficio de Marruecos y Mauritania, impelidos por
la Marcha Verde de 100.000 marroquíes, realizada durante la agonía de Franco.
Únicamente
subsistieron los problemas coloniales de Gibraltar (el gran reto de la política
exterior española) y las plazas norteafricanas, porque Marruecos mantenía su reclamación
sobre Ceuta y Melilla.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
España vive en
este periodo un espectacular desarrollo económico y social, el más elevado del
mundo occidental tras Japón. Es el llamado “milagro español”, que será aprovechado
por el régimen para legitimarse ante la opinión pública. Sus causas principales
son tres:
- El aceptable
nivel de partida alcanzado hacia 1960.
- La liberalización
de las fuerzas económicas latentes en el país que se realiza por el gobierno entre
1957 y 1961 y que rompe los últimos restos de la autarquía.
- Una favorable
coyuntura económica internacional.
Gráfico del aumento de la renta per cápita de España en el siglo XX comparada con la de Portugal y México. Se observa la caída de 1936-1939, el estancamiento de 1940-1959 y el crecimiento a partir de 1960.
Gráfico del aumento de la renta per cápita de España en el siglo XX comparada con la de Portugal y México. Se observa la caída de 1936-1939, el estancamiento de 1940-1959 y el crecimiento a partir de 1960.
La apertura
económica.
Hacia 1957,
para superar la crisis económica iniciada en 1956, se comienza una clara apertura
económica al exterior, que llevará al Plan de estabilización de 1959 que fue el
aldabonazo definitivo para la liberalización económica y el abandono de la autarquía.
Básicamente consistió en una gran liberalización interna (eliminación de reglamentos
burocráticos) y exterior (reducción de tasas aduaneras, cambio real de moneda a
60 pesetas/un dólar, aceptación de inversiones extranjeras). Primero provocó
una crisis deflacionaria pero pronto se reinició la expansión económica. La economía
se abrió al exterior, con un enorme aumento de las importaciones y exportaciones.
Los Planes
de Desarrollo (el primero de 1964-1967, el segundo en 1969-1972) fijaron los objetivos
y las medidas para conseguir estos: polos de desarrollo regional, regadíos, comunicaciones...
Pero en conjunto tuvieron poco éxito.
Son años de
gran crecimiento económico. El PIB industrial creció en 1960-1973 al 10% de media
anual. La población activa agraria bajó del 41% en 1960 al 25% en 1970.
El capital para
las inversiones y la importación de bienes de equipo procedió de los ingresos del
turismo, las remesas de los inmigrantes y las inversiones y créditos extranjeros.
Aumentaron sobre todo las inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios,
la inexistencia de huelgas y la facilidad de controlar el mercado español.
La modernización
de la agricultura (mecanización, abonos, regadíos, comercialización...) aumentó
la productividad agrícola, lo que posibilitó el éxodo rural.
La industrialización
y terciarización de la economía avanzaron en los años 60, gracias al desarrollo
del turismo y de las industrias de la siderurgia, química, textil, construcción
naval, construcción, etc. Las obras públicas mejoraron notablemente las comunicaciones
en carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, para cuidar el turismo.
Las empresas de banca y seguros se expandieron.
Aspectos negativos
fueron el retraso tecnológico, la dependencia del exterior, el elevado déficit
de la balanza comercial, la incapacidad de generar suficiente empleo (aliviado
por la emigración), la insuficiencia del aparato financiero, el retraso del sistema
de transportes y comunicaciones.
La modernización
social.
Son años de
aumento de la población obrera y estudiantil (en la Universidad se dobla entre
1962 y 1968, al pasar de 87.000
a 169.000 estudiantes), que se opondrán más tarde al franquismo.
Continuó la emigración
a Europa (2 millones de personas), así como un gran éxodo rural a las ciudades:
millones de campesinos abandonan el campo para buscar su futuro, primero en la emigración
al extranjero y desde finales de los años 50 en las regiones industriales.
Aumentó el desarrollo
urbano: las ciudades y las zonas costeras se expanden en detrimento de las zonas
rurales. Madrid pasa de 2,26 millones de habitantes en 1960 a 3 millones en 1970.
Queda atrás
la miseria y España se occidentaliza en sus gustos. El consumismo se manifiesta
en los años 60 en la difusión de electrodomésticos, televisores, automóviles...
En 1960 sólo el 4% de las familias tenían automóvil y el 1% televisor, y en
1970 ya son el 40% y el 85%, en un salto espectacular.
En suma,
hubo una modernización social:
- El definitivo
ascenso de la burguesía como clase social hegemónica.
- La
expansión de las clases medias y de los obreros industriales.
- La disminución
de los jornaleros agrarios...
- El cambio
de la familia tradicional (rural) a la moderna, más móvil y con miembros más independientes.
- La incorporación
de la mujer al mundo laboral.
- La extensión
de la educación secundaria y universitaria a amplias capas sociales, junto al
aumento de la información y del consumo cultural.
2.4. EL PERIODO
1974-1975: LA CRISIS FINAL.
La crisis
económico-social.
La crisis económica
internacional provocada por el aumento de precios del petróleo (desde X-1973)
se unió a la crisis interior del régimen para precipitar el inicio de una fuerte
crisis económico-social. La económica era todavía pequeña, porque la política económica
expansiva permitió frenarla unos años, al precio de que esta fuese mucho más
profunda después. Pero la social es rápida, por el cierre de los países europeos
a la inmigración, más la destrucción de empleos en el campo y en las industrias
obsoletas, que produce desde entonces un terrible y constante aumento del paro,
que ha pervivido hasta finales de siglo como un problema estructural de la sociedad
y la economía del país.
La crisis
política.
Tras el asesinato
del almirante Carrero Blanco el nuevo gobierno es presidido por Arias Navarro
(I-1974 a
1-VII-1976), que se enfrenta a la oposición democrática, a los sindicatos obreros
y a los estudiantes, mientras que ha perdido el apoyo de la Iglesia y la burguesía.
Mientras, la sucesión de Franco se acerca.
- En 1974 Arias
Navarro dirige un nuevo gobierno, con bastantes aperturistas y lanza un tímido
programa de liberalización política: el “programa del 12 de febrero”, que fracasará
por la irresolución de Arias y por su represión de la oposición más radical. Con
todo, en esta etapa se liberaliza bastante la vida política gracias a la mayor
libertad de prensa auspiciada por el ministro Pío Cabanillas y a la tolerancia
respecto a la oposición moderada (desde la democracia cristiana hasta al PSOE).
Surge un conflicto con la Iglesia, por una pastoral del obispo de Bilbao, Añoveros
(al que se intenta expulsar del país), en defensa de los derechos del pueblo
vasco (II-1974). Es ejecutado el anarquista Puig Antich (III-1974), acusado de
terrorismo. Se forma la Junta Democrática (VII-1974), que reúne a gran parte
de la oposición. El aperturista Pío Cabanillas, ministro de Información desde enero,
dimite (X-1974) por la debilidad reformista de Navarro.
- En 1975 fracasan
los intentos de abrir la participación a nuevos sectores sociales, ante la insuficiencia
del Estatuto de Asociaciones que Arias presenta: no sólo es rechazado por la oposición,
sino incluso por los reformistas más cercanos al régimen como Areilza, Fraga, Cabanillas
o Fernández Ordóñez.
Se constituye
la Plataforma Democrática (VI-1975), con los otros partidos de la oposición. La
Junta y la Plataforma exigen unos puntos mínimos: amnistía, libertad de partidos
políticos y convocatoria de Cortes constituyentes.
Se produce
una oleada terrorista (verano 1975). Se ejecuta (27-IX-1975) a dos militantes
de ETA y tres del FRAP. Llega la última enfermedad de Franco, que fallece
(20-XI-1975).
Después
de Franco: el inicio de la Transición.
La muerte de
Franco y la sucesión del rey Juan Carlos permitieron iniciar el dificilísimo pero
exitoso proceso de la Transición a un régimen democrático. Perdido el apoyo de
la Iglesia y la burguesía, la situación de falta de legitimidad y consenso social
del régimen se había hecho insostenible y era evidente la necesidad de una reforma
o de una ruptura:
- Reforma desde
las instituciones franquistas, con dos opciones: a) hacia una democracia limitada
(es la tesis de Arias Navarro y los partidarios de un franquismo bis),
b) hacia una democracia plena (propugnada por los reformistas más conscientes,
siendo uno de los principales inspiradores de esta transición pacífica el monárquico
Torcuato Fernández Miranda, vicepresidente del gobierno Carrero entre 1969 y
1973, y presidente de las Cortes en esta etapa.
Torcuato Fernández Miranda y el rey Juan Carlos.
- Ruptura con
un régimen nuevo, democrático, sea monárquico o republicano. Es la tesis de la
oposición.
Ganará la primera
opción. El 25-XII-1975 se da el indulto de una parte de los prisioneros políticos
y de los dirigentes sindicales. El 27-XII se produce la coronación del rey Juan
Carlos e inicio de una difícil transición a la democracia, primero con Arias
Navarro como jefe de su segundo gobierno, con reformistas como Fraga, Areilza y
Garrigues.
- En 1976 la
presión popular debilita al gobierno de Arias, que se niega a legalizar a todos
los partidos políticos. En enero y febrero estalla la mayor oleada huelguística
desde la Guerra Civil. Se unen la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia
en un solo organismo de la oposición, Coordinación Democrática (III-1976), que
pide la ruptura y lucha por la amnistía. La represión se endurece y peligra la
situación.
Entonces el
rey consigue la dimisión de Arias y nombra como nuevo jefe de gobierno al joven
ministro del Movimiento, Adolfo Suárez (VII-1976), que pese a los temores de
que sea un hombre del pasado, relanza la reforma con éxito con la Ley de Reforma
Política, que acepta la convocatoria de Cortes Constituyentes. Suárez legaliza
progresivamente a todos los partidos y da una amnistía a los presos políticos,
uniendo así los programas de la Reforma y la Ruptura. La Transición, difícil,
no exenta de problemas, será un éxito y asienta el régimen de libertades que
gozará el país desde entonces.
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de la España fanática se forjó en el siglo XX y fue utilizada por Primo de Rivera
y Franco.
Artículos.
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del franquismo.
Barciela, Carlos. Los
años del hambre. “El País” Negocios 1.370 (5-II-2012) 22-23. La década de los
cuarenta del siglo XX. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’. “El País” Negocios (2012).
Barciela es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
de Alicante.
Sudrià, Carles.
El ajuste económico en la Transición.
“El
País” Negocios 1.371 (12-II-2012) 22-23. La crisis de 1973-1985. En Llopis, Enrique (coord.).
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Riquer, Borja de. La larga sombra del franquismo historiográfico. “El País” (26-V-2012)
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AA.VV. Crueldad bajo palio. Once historiadores diseccionan la figura del dictador
Franco. “El País” Domingo (29-VII-2012) 8-9.
Morales, Manuel. Desclasificados los papeles británicos sobre sobornos a militares de Franco.
“El País” (24-V-2013) 43. El MI6 pagó para que España no entrara en la II Guerra
Mundial.
Aizpeoloa, Luis R. El cráter del régimen. “El País” (19-XII-2013)
8-9. El asesinato del Carrero Blanco.
Casanova, Julián. El guardián del orden de Franco. “El País” (20-XII-2013) 18. El perfil
histórico de Carrero Blanco, en el treinta aniversario de su asesinato por ETA.
Vilanova, Francesc. 26 de gener: el dia després. “El País” Quadern 1.511 (23-I-2014) 1-2. El inicio del régimen franquista
en Barcelona.
Pérez Vallverdú, Eulàlia. Barcelona, la nova Pompeia. “El País” Quadern 1.511 (23-I-2014) 2 y 4. Propaganda franquista y
nacionalista española en la Barcelona de 1943.
Marín, Martí. L’alcalde preferit de Franco. “El País” Quadern
1.511 (23-I-2014) 3. Miquel Mateu, alcalde de Barcelona en la posguerra.
Gassol, Olivia. Amb tinta blava. “El País” Quadern 1.511 (23-I-2014)
4. La situación cultural y de los medios de comunicación en la Cataluña de los años
40.
Constenla, Tereixa. Franco, ¡presente!.. en libros amigos.
“El País” (29-IX-2014) 34. Se multiplican los libros que rescatan al dictador, aunque
tienen pocas ventas. Resalta el último libro de Stanley G. Payne y Jesús Palacios,
que echan la culpa del alzamiento y la guerra civil a la izquierda y que consideran
que Franco tuvo éxito en modernizar España y que la corrupción durante su mandato
fue menor que durante la democracia posterior.
APÉNDICES.
Historia oral.
Los alumnos
pueden encuestar a sus padres, abuelos u otros familiares respecto a la vida política,
económica, social y cultural en la posguerra, procurando enlazar las diferentes
opiniones en un conjunto inteligible.
Un experto en
el tema, es Pere Gabriel. Les formes d'articulació social i política.
(IEB, ponencia de 16-X-1997). La historiografía está evolucionando desde el estudio
del franquismo hacia el de la sociedad en el franquismo, en toda su complejidad
global. Se constata que hay demasiadas publicaciones sobre los antifranquistas
y pocas sobre los franquistas, aunque el personal político local está bastante
bien investigado, en la continuidad de longue durée respecto a antes de
la Guerra Civil. Se constata asimismo que la alta cultura catalana de los años
40 y 50 se hacía en gran parte en pisos particulares (Ferran Soldevilla daba
clases en una habitación de su casa). ¿Cómo se articulaba la opinión pública catalana?
Casi siempre en grupos privados, muy pequeños, que difundían cotidianamente sus
ideas.
La crisis económica en los años 40 y
50 del franquismo autárquico.
Barciela, Carlos.
Los años del hambre. “El País” Negocios
1.370 (5-II-2012) 22-23. La
década de los cuarenta del siglo XX. En Llopis, Enrique (coord.). Serie ‘Las grandes crisis de la economía española’.
“El País” Negocios (2012). Barciela es catedrático de Historia e Instituciones Económicas
de la Universidad de Alicante y su artículo resume (es un estado de la cuestión)
cómo la nefasta política autárquica del franquismo devastó la economía española.
Los alumnos pueden usar los conceptos de este texto para dilucidar si corresponden
con la percepción de sus familias así como otros textos, concordantes o no.
‹‹España vivió una larga y dura posguerra. La autarquía, fruto
del nacionalismo exagerado del régimen de Franco, tuvo efectos devastadores en
la economía. Hasta 1952 el país no empezó a recuperar los niveles de vida de
1935.
Los resultados
de las investigaciones en la historia económica del franquismo son unánimes y
coinciden en señalar la profundidad y duración de la depresión que sufrió la economía
española durante los años cuarenta. Basta echar un vistazo a la evolución de
las macromagnitudes más significativas —producción agraria e industrial,
comercio exterior, inversión, PIB o PIB per cápita— para hacerse una idea de
la magnitud del desastre.
Para la mayor
parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del estraperlo,
de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades,
de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento
de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los
sabañones.
La otra cara
de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación de los
beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los
grandes estraperlistas protegidos del Régimen y el restablecimiento de los privilegios
de la Iglesia y el Ejército.
Además de su
intensidad, el otro rasgo característico de la depresión de los cuarenta fue su
larga duración: hasta 1951 y 1952 no se recuperaron los índices del PIB y PIB per
cápita, respectivamente, de 1935. No obstante, debe señalarse que la recuperación
de los niveles de bienestar fue más tardía, como consecuencia de la apuesta del
Régimen por la industria pesada, a costa del abandono de la agricultura y las industrias
de consumo. Así, el nivel de consumo alimenticio de preguerra, en términos de calorías
totales, solo se alcanzó a mediados de los años cincuenta y el consumo de algunos
productos alimenticios de calidad se retrasó hasta entrados ya los sesenta. Comparativamente,
la depresión posbélica española fue mucho más intensa y larga que la de los
países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial.
Para el Régimen,
la grave y prolongada depresión fue debida a los daños causados por la Guerra
Civil, al aislamiento internacional y a las adversas condiciones climáticas.
Las destrucciones
de la guerra deben ser, sin embargo, matizadas: fueron limitadas sectorial y territorialmente.
Tan solo fueron verdaderamente importantes en los transportes y las infraestructuras.
A ello hay que añadir la pérdida de las reservas internacionales, el endeudamiento,
la desarticulación económica y los problemas monetarios. Los daños fueron
pequeños en la agricultura, aunque algo mayores en la ganadería, muy escasos en
la industria y la minería, limitados y muy localizados en la vivienda. En todo
caso, fueron muy inferiores a los que sufrieron los países afectados por la Segunda
Guerra Mundial.
Las pérdidas
más graves, curiosamente olvidadas por el Régimen, fueron las de vidas humanas.
Los cientos de miles de muertos en los frentes de batalla y en las retaguardias;
las miles de víctimas de la represión tras el final de la guerra; los fallecidos
por hambre, privaciones y enfermedades. Pero no solo fueron los muertos. Cientos
de miles de españoles fueron víctimas de variados tipos de represalias y depuraciones,
y la población penitenciaria alcanzó cifras extraordinarias. Finalmente, hay
que tener en cuenta el capítulo de los exiliados, particularmente importante desde
el punto de vista del capital humano. Resulta muy llamativo que incluso un personaje
como Himmler aconsejara a Franco, durante su visita a Madrid, una política de menor
rigor represivo y más favorable a la integración de la clase obrera en las estructuras
del “Nuevo Estado”. La depuración ideológica
y el retorno del fundamentalismo religioso fueron una pesada losa que impidió el
desarrollo de la libertad y la iniciativa. La sociedad española fue una sociedad,
además de empobrecida, temerosa. Para colmo de males, el lugar que dejaron vacío
los científicos, intelectuales y maestros republicanos fue ocupado por elementos
del Régimen que, generalmente, carecían de las cualidades y la preparación técnica
necesaria.
El aislamiento
internacional de España también debe matizarse. En primer lugar, hay que decir
que fue más espectacular, por la retirada de embajadores y la condena de la ONU,
que efectivo en términos económicos. Franco había contado con las simpatías de
Churchill, de las grandes empresas americanas y de las finanzas internacionales;
el comercio con Reino Unido y otros países europeos nunca se interrumpió, y la
ayuda de Argentina fue fundamental para la supervivencia del Régimen.
Lo cierto es
que, por encima de cualquier circunstancia, la duración y profundidad de la crisis
no puede ser entendida sin situar en un primer plano la esencia política del
Régimen, sus fundamentos y objetivos y la propia política económica desarrollada.
Un Régimen nacido del apoyo directo de las potencias totalitarias y que se alineó
de manera entusiasta con ellas hasta casi el final de la guerra. La situación
de España en 1945 fue el resultado de una opción voluntaria de Franco que resultó
equivocada.
El denominado
bando nacional estaba conformado por una abigarrada mezcla de fuerzas conservadoras
(burguesía y grandes propietarios agrarios), reaccionarias, como los tradicionalistas,
el Ejército y la Iglesia e, incluso, algunas autoproclamadas revolucionarias, como
Falange y las JONS. Estaban unidas por su oposición al progresismo de la República
y por una serie de principios: nacionalismo, autoritarismo, corporativismo,
ansias imperiales y rechazo del liberalismo, del socialismo y de las influencias
culturales exteriores. Eran viejas ideas. Lo original en el Movimiento Nacional
fue el carácter extremado de estos planteamientos.
Algunos
dirigentes, entre los que podemos señalar al propio Franco y a su gran amigo el
ingeniero naval militar Juan Antonio Suanzes, tenían ideas propias sobre economía
y sobre la historia económica de España. Franco llegó a afirmar que las concepciones
económicas del Nuevo Estado provocarían cambios en las teorías económicas vigentes.
Sobre la situación del país, consideraban que el modelo liberal había sido el responsable
del fracaso de España durante el siglo XIX, por lo que correspondía al Estado
la tarea de industrializar el país. Un Estado fuerte, totalitario, capaz de imponer
sus designios. Y no hablamos de personajes secundarios. Recordemos que Suanzes
desempeñó la presidencia del INI desde su creación hasta 1963 y que ocupó la cartera
de Industria y Comercio y la presidencia del Instituto Español de Moneda
Extranjera entre 1945 y 1951.
El nacionalismo
y el rechazo a lo extranjero culminaron en el ideal de la autarquía. Con el tiempo,
y a la vista del fracaso, los dirigentes del Régimen intentaron cambiar la historia,
afirmando que la autarquía había sido impuesta desde el exterior. Lo cierto es
que las bibliotecas están llenas de libros y revistas donde se pueden encontrar
centenares de textos de los más destacados dirigentes y economistas franquistas
defendiendo el proyecto autárquico. El propio general no dejó dudas al respecto:
“España es un país privilegiado que puede bastarse a sí mismo.
Tenemos todo lo que hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficientemente
abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidad de importar
nada”.
Desgraciadamente
para el país, el objetivo autárquico era una quimera y partía de la ignorancia
de la teoría económica vigente. Para España, un país pequeño y atrasado, con un
mercado interior pobre, con insuficiente ahorro, subdesarrollado científica y tecnológicamente,
con un alto nivel de analfabetismo, con grave escasez de materias primas y bienes
intermedios, mal dotado de productos energéticos, y carente absolutamente
de petróleo, era un suicidio.
El logro de
la autarquía exigía el control estricto del comercio exterior. Los aranceles quedaron
arrumbados ante instrumentos más poderosos de intervención como el comercio de Estado,
las licencias y contingentes, los acuerdos bilaterales y, sobre todo, el control
de cambios y el monopolio del comercio de divisas. En definitiva, las decisiones
sobre lo que se podía o no importar se sustraían del ámbito empresarial y quedaban
en manos de las autoridades. Para colmo de males, Franco, como otros dictadores,
consideraba el tipo de cambio como un símbolo del prestigio internacional del
país. El tipo de cambio de la peseta estuvo permanentemente sobrevalorado,
agudizando los problemas de la balanza de pagos.
España se había
beneficiado de manera extraordinaria de su neutralidad durante la Primera Guerra
Mundial. Los países que permanecieron neutrales durante la Segunda Guerra lograron,
igualmente, importantes beneficios. De manera inversa, la autarquía y la posición
favorable al Eje perjudicaron gravemente al país.
La confianza
del Régimen en que la autoridad, ejercida sin vacilaciones y acompañada de sanciones
(incluida la pena de muerte), podía conseguir un orden económico más eficiente
que el del mercado se consagró, incluso, como ley fundamental del Nuevo Estado.
El Fuero del Trabajo proclamaba, en uno de sus puntos, de manera rotunda y castrense:
“Se disciplinarán los precios”. La idea de que los precios
podían “disciplinarse”, que podían someterse a
las órdenes de la autoridad, muestra ignorancia y desprecio de los más elementales
mecanismos económicos. Para desgracia de la mayor parte de los españoles, los
precios, indisciplinados y maliciosos, se burlaron de las normas que pretendían
sujetarlos bajo montañas de papel del BOE y se escaparon de las férreas, pero incompetentes,
manos de los interventores, elevándose de forma incontenible.
La fijación
de precios, el establecimiento de cupos y el racionamiento, así como la larga
vigencia de estos mecanismos —que pueden tener un cierto
éxito temporal en momentos de excepcionalidad-, tuvo efectos devastadores, aunque
perfectamente esperables conforme a la teoría económica (previa a la revolución
nacional-sindicalista, claro). Fijar precios oficiales por debajo de los que se
alcanzarían en el mercado tiende a reducir la oferta, provoca un mayor deseo de
consumo y genera un mercado negro. Los productores tenderán a producir bienes alternativos
no sometidos a intervención y, por lo tanto, de precios libres, e intentarán reducir
los costes, utilizando menos y peores insumos. En último extremo, preferirán dedicar
sus productos a usos alternativos antes de entregarlos a los organismos de intervención
a los bajos precios oficiales. En cualquiera de los casos, el resultado será el
mismo: reducción de la oferta y precios más altos en el mercado negro. Estos efectos
depresivos fueron particularmente graves en sectores como el energético y el de
la construcción y rehabilitación de viviendas, consecuencia de la fijación de
bajas tarifas y la congelación de los alquileres.
El establecimiento
de racionamientos y cupos tuvo efectos similares. Resultaba imposible hacer coincidir
los deseos de consumidores y productores con las cantidades asignadas y los precios
que estaban dispuestos a pagar. Era frecuente el caso de un industrial cuyo
cupo de una materia prima fuera insuficiente y estuviera dispuesto a adquirir
cantidades adicionales a precios más altos. O el de un consumidor que tuviera derecho
al racionamiento de un producto que para él carecía de valor, pero cuya cotización
en el mercado fuera muy elevada. En todos estos casos de desajuste entre la demanda
y los cupos o racionamientos asignados, el equilibrio solo podía conseguirse acudiendo
a transacciones ilegales. Paradójicamente, el mercado negro sirvió para resolver,
aunque fuera con extraordinarios costes, algunas de estas ineficiencias.
Evidentemente,
había otra solución más barata y segura de conseguir cupos más elevados: acudir
directamente a los organismos interventores. Si se contaba con las influencias
políticas adecuadas, se podían conseguir pingües beneficios. La corrupción se convirtió
así en otro de los rasgos característicos de la posguerra.
Socialmente,
el mercado negro tuvo dos caras. Por un lado, la de los estraperlistas, una
clase de nuevos ricos con hábitos de consumo y ostentación de riqueza que se hicieron
célebres. Por otra parte, las clases populares de las grandes ciudades industriales,
de mayoritaria filiación republicana.
Desde un punto
de vista económico, el Nuevo Estado mostró una debilidad extrema. El raquitismo
del presupuesto, consecuencia de un sistema fiscal insuficiente, anticuado, inflexible,
ineficaz, injusto y minado por el fraude, dificultó la reconstrucción del país.
Las elevadas exigencias de los gastos militares y de los cuerpos de seguridad y
las necesidades del servicio de la deuda dejaban exhausto el presupuesto. Los
gastos que podían mejorar las infraestructuras, el nivel educativo y la salud
de los ciudadanos quedaron bajo mínimos. Acabar con aquella situación exigía
una reforma fiscal que, necesariamente, tendría que haber afectado a los poderosos,
y eso era, dada la esencia del Régimen, imposible.
Sin recursos
y sin capacidad de aumentar los ingresos, el déficit de la hacienda resultaba inevitable.
Los gobernantes optaron por una solución fácil a corto plazo, pero con efectos
letales a medio y largo plazo. Se procedió a la emisión de deuda que, adquirida
por los bancos, era monetizada mediante su pignoración en el Banco de España.
La monetización
del déficit fue una fuente permanente de inflación y un saneado negocio para la
banca que consolidó su poder sobre la economía española. Además, aumentó la injusticia
fiscal ya que la inflación golpeó más duramente a las capas más desfavorecidas
de la sociedad.
La inversión
privada se mostró sumamente débil como consecuencia de las grandes incertidumbres
generadas por la intervención y el futuro del Régimen. Por su parte, muchos de
los recursos (tan escasos y valiosos) canalizados en inversiones públicas terminaron
en grandiosos fracasos. Así sucedió con ENCASO, el buque insignia del INI, incapaz
de suministrar los productos nacionales sustitutivos del petróleo.
En 1951 se
produjo un cambio de Gobierno que incluía algunos ministros —Cavestany, Arburúa y Gómez de Llano— más o menos críticos con
la política autárquica y partidarios de introducir reformas de signo liberalizador.
Este cambio se había venido gestando desde hacía bastante tiempo. Los españoles,
víctimas de tantas penalidades, empezaron a manifestar abiertamente su malestar,
desencadenándose las primeras huelgas y protestas. También comenzaron a expresarse
opiniones, dentro del propio Régimen, favorables a un cambio de rumbo.
Pero los cambios
vinieron impulsados, fundamentalmente, desde el exterior, desde Estados Unidos,
la gran potencia dominante en el mundo occidental. El estallido de la guerra
fría, la caída de China en manos del Partido Comunista, la fabricación de la bomba
atómica por la URSS y la guerra de Corea impulsaron el proceso de acercamiento
hacia España. La ayuda americana, vital para el Régimen, tuvo, sin embargo, limitaciones
cuantitativas y cualitativas; fue condicionada; exigió importantes contrapartidas
y se mantuvo en un ámbito estrictamente bilateral.
Nuestro país
estaba fuera de los organismos creados en Bretton Woods y del GATT; excluido del
Plan Marshall y de la OECE; al margen de la UEP, de la CECA, del Acuerdo Monetario
Europeo y del Tratado de Roma. La dictadura y la persistencia de planteamientos
autárquicos e intervencionistas impidieron que España se beneficiase plenamente
de la época dorada del capitalismo. A finales de los años cincuenta, la virtual
quiebra exterior obligó a adoptar un programa de excepción, de nuevo gestado en
el exterior: el Plan de Estabilización de 1959.
Tras el éxito
del Plan, los años sesenta fueron, finalmente, los del desarrollo. Las causas
no hay que buscarlas en la política económica interna, sino en el efecto de arrastre
de una economía mundial en la mejor década de la historia. Sin embargo, el modelo
de industrialización ocultaba problemas y carencias que se manifestarían al acabar
la etapa de prosperidad: la economía seguía intervenida y fuertemente protegida,
la hacienda mantenía todos sus defectos, el sistema financiero continuaba
gozando de su posición oligopolista, persistía el atraso tecnológico, científico
y educativo y se había levantado un sector industrial basado en tecnologías maduras
y de elevados consumos energéticos.››
Sudrià, Carles.
El ajuste económico en la Transición.
“El
País” Negocios 1.371 (12-II-2012) 22-23. La crisis de 1973-1985. En serie de Llopis, Enrique
(coord.). ‘Las grandes crisis de la economía
española’. El artículo resume la situación económica de España en medio de
la Transición a la democracia y cómo el acuerdo entre los partidos, plasmado en
los Pactos de la Moncloa, ayudó a salir de la crisis iniciada al final del franquismo.
‹‹El 6 de octubre
de 1973, día del Yom Kipur, o del Perdón, para los judíos, las tropas de los
países árabes vecinos lanzaron una ofensiva a gran escala contra Israel. Tras
tres semanas de combates, los israelíes —contando con la ayuda de EEUU— lograron
restablecer su hegemonía. Esta breve guerra iba a dejar un rastro profundo, y
no solo en Oriente Próximo. Sabedores del soporte occidental al Estado hebreo,
los países árabes decidieron utilizar el petróleo como arma económica y bloquearon
los envíos previstos a los países que apoyaban a Israel. Los precios se triplicaron
en muy pocas semanas y aún aumentarían más en los años siguientes. Fue el detonante
del fin de la época dorada —la larga etapa de crecimiento económico que siguió
a la Segunda Guerra Mundial—, que en aquellos momentos sufría ya los efectos de
la crisis del sistema monetario internacional y las consiguientes presiones inflacionistas.
Pocas
semanas después, el 20 de diciembre, moría asesinado en Madrid el almirante Luis
Carrero Blanco, presidente del Gobierno español y hombre de confianza de Francisco
Franco, el anciano dictador de 81 años. La muerte de Carrero, delfín y garante
del régimen, significaba el inicio de un proceso de transición abierto a todo
tipo de incertidumbres.
Estos dos acontecimientos
y sus secuelas iban a presidir la trayectoria económica de España en los años
siguientes. Para comprender el proceso es necesario que nos detengamos primero en
el estado de la economía española en vísperas de la crisis del petróleo. Después
del inapelable desastre que significó la autarquía, la liberalización impulsada
por el Plan de Estabilización de 1959, si bien incompleta, abrió el paso a una
etapa de crecimiento económico sin precedentes. Este fue un proceso estrechamente
vinculado a la gran expansión que se producía paralelamente en toda Europa Occidental.
De Europa vinieron los turistas y los capitales que permitieron a España adquirir
la maquinaria y la tecnología con la que se modernizó y amplió el sector industrial.
A Europa fueron centenares de miles de trabajadores que contribuyeron con sus remesas
a la mejora del país, tanto a escala macroeconómica como familiar.
La economía española
creció entre 1960 y 1973 más que ninguna otra de Europa, una diferencia que se
explica en gran medida por la magnitud del atraso anterior. Las estimaciones
más fiables nos hablan de que el PIB por habitante de España era el 62% del de
los principales países europeos antes de la Guerra Civil y que descendió 20 puntos
en los años de la autarquía. El gran crecimiento de los años sesenta permitió recuperar
la cota perdida, pero no ir mucho más allá: hacia 1973, el PIB por habitante español
era el 64% del europeo. En cualquier caso, esta etapa de fuerte expansión alteró
profundamente la estructura económica de España. La industria se diversificó y
extendió sus raíces más allá de las regiones industriales tradicionales, mientras
el auge del turismo impulsaba la construcción y los servicios. Consecuencia de
todo ello, un fortísimo proceso migratorio convirtió a millones de campesinos empobrecidos
en trabajadores urbanos mejor remunerados y, sobre todo, con mejores expectativas
de futuro.
Este decenio
largo de crecimiento acelerado, sin duda globalmente positivo, no se produjo sin
sombras. Algunas de ellas iban a convertirse en amargos costes en cuanto cesara
la expansión. El más importante de estos débitos derivaba de los efectos que
las veleidades políticas del Estado franquista impusieron sobre el proceso de
crecimiento.
Mediante la
concesión de vías privilegiadas de crédito y de otras ventajas a determinados sectores
y empresas públicas y privadas, los Gobiernos de Franco provocaron que la inversión
industrial se distribuyera en función de los intereses políticos o particulares
de los dirigentes de turno y no conforme a la rentabilidad o a las expectativas
de futuro de cada sector. No olvidemos que el poder se ejercía sin control democrático
alguno y bajo la férula de la represión. La economía española presentaba así, a
comienzos de los años 1970, una estructura deforme en la que habían adquirido
un peso excesivo actividades que nunca fueron rentables y que pronto devendrían
insostenibles.
Una segunda
sombra surgida en los años del desarrollo fue una fuerte tendencia a la inflación
que obligaba a adoptar medidas de reajuste periódicamente. El alza de los precios
se tornó especialmente intensa en los ejercicios previos a la crisis petrolera
debido en parte a las condiciones internacionales, pero también a factores internos.
Entre 1970 y 1973, los precios subieron en España a un ritmo superior al 9% anual.
Sobre este escenario
de desequilibrio estructural y de fuerte inflación impactó la multiplicación
súbita de los precios del petróleo. El barril de Arabia ligero (el de mayor consumo
en España) pasó de 3 a 11,70 dólares entre octubre de 1973 y enero de 1974. Dos
terceras partes del consumo energético español dependían de las importaciones
de crudo. La factura a pagar aumentó en 2.500 millones de dólares, lo que
significaba, por sí solo, un incremento del déficit comercial del 50%. Un impacto
de esta magnitud iba a tener, inevitablemente, importantes consecuencias. A corto
plazo implicaba un empobrecimiento colectivo por transferencia neta de recursos
al exterior, un aumento de las presiones inflacionistas y la aparición de serios
desajustes fiscales. A nivel más profundo, el cambio en los precios relativos
de la energía conllevaba una alteración de las condiciones de producción y hacía
inevitable un reajuste de carácter estructural. Todo ello en un contexto internacional
de gran incertidumbre.
Ante este
panorama, las autoridades se vieron abocadas a tomar decisiones que iban a tener
consecuencias de amplio calado. La primera de ellas, y la más trascendente a corto
plazo, era la referida a los precios de venta interior de los derivados del
petróleo. Una repercusión plena del alza del crudo implicaba (como mínimo) doblar
los precios de venta de los productos derivados, algo que hubiera tenido repercusiones
depresivas inmediatas sobre la actividad económica. No se trataba solo del
transporte; recordemos que la mayor parte de la electricidad se producía en centrales
térmicas consumidoras de fuel.
Ante esta eventualidad,
el último Gobierno de Franco optó por una repercusión tan solo parcial, absorbiendo
el Estado una parte del aumento del coste del crudo por la vía de reducir los impuestos
que gravaban el consumo de derivados. Así, mientras los precios de las gasolinas
y el fuel aumentaban tan solo en torno a un 20% en términos reales, los ingresos
del Estado por la venta de derivados del petróleo disminuían un 35%.
El mismo objetivo
de soslayar los efectos de la crisis internacional tuvo la segunda gran decisión
de estos meses cruciales: el mantenimiento de una política monetaria laxa destinada
a evitar dificultades de financiación a las empresas. Se trataba de sostener la
demanda interior ante el fuerte declive que estaba experimentando la demanda
exterior. Tengamos en cuenta que, a diferencia de España, los países europeos
de nuestro entorno adoptaron de inmediato políticas de ajuste, transfiriendo los
aumentos del precio del crudo a los consumidores y adoptando al tiempo medidas
de control de la oferta monetaria. La consiguiente contracción económica de estos
países tuvo efectos inmediatos sobre España: en términos reales, los ingresos
procedentes del turismo descendieron más de un 30%, y las exportaciones, casi
un 8%.
Esta política
acomodaticia o compensatoria continuó tras la muerte de Franco y el inicio efectivo
de la Transición. Sus resultados fueron, por un lado, un retraso en el proceso
de ajuste, con el consiguiente mantenimiento de tasas de crecimiento relativamente
altas, pero a costa de un agravamiento de los desequilibrios de fondo. Entre
1973 y 1976, el PIB español creció un 16%, mientras que en los principales países
de Europa Occidental el crecimiento fue tan solo del 5,5%. Pero en julio de
1976, cuando la dimisión forzada de Carlos Arias Navarro —legatario de Franco—
permitió el acceso de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno, la situación
ya era muy delicada. La inflación interanual se acercaba al 20%, el déficit de
la balanza exterior por cuenta corriente superaba los 4.000 millones de dólares
y el déficit del Estado aumentaba. La permisividad monetaria no había podido evitar,
por otro lado, el ascenso del desempleo, que afectaba ya a más de medio millón
de personas, el triple que tres años antes.
Los meses
siguientes fueron los más intensos de la transición política. La prioridad otorgada
al delicado proceso de demolición del régimen autoritario hizo que la adopción
de medidas económicas correctoras tuviera que esperar a la elección del primer
Gobierno democrático. A primeros de julio de 1977, el presidente Suárez, ratificado
en las primeras elecciones libres, nombraba vicepresidente del Gobierno para
asuntos económicos al profesor Enrique Fuentes Quintana, uno de los más prestigiosos
economistas del país. Se iniciaba una nueva etapa en la que el ajuste económico
se convertiría en el elemento central del escenario público.
El retorno al
equilibrio exigía, en primer lugar, poner fin a la enloquecida espiral de aumentos
de precios y salarios que estaba en la base del desbordamiento inflacionario. El
Estado, por otro lado, debía reducir el déficit público y el consecuente recurso
a la deuda, para evitar que el endeudamiento alcanzara niveles insoportables.
Una operación de este calado resultaba imposible, en aquella situación, sin contar
con el consenso de los estamentos sociales más relevantes. Recordemos que el partido
gobernante, la UCD de Adolfo Suárez, no disponía más que de mayoría relativa en
el Parlamento y que el ajuste económico se iba a implementar mientras se desarrollaba
el debate sobre la nueva Constitución democrática que habría de regir los destinos
del país. El Gobierno, en consecuencia, promovió una negociación multilateral en
la que, además del propio Ejecutivo, participaron las fuerzas políticas con representación
parlamentaria, los sindicatos y las entidades patronales, y que desembocó en los
llamados Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977. Los elementos fundamentales
del acuerdo pueden resumirse en dos:
1. Un ajuste
económico a corto plazo basado en la contención salarial, una política monetaria
restrictiva, la reducción del déficit público y la adopción de un sistema de cambios
flotantes para la peseta, con la consiguiente devaluación.
2. La introducción
de algunas reformas consideradas indispensables en el nuevo contexto político:
modernización del sistema fiscal, aprobación de un nuevo marco legal para las relaciones
laborales y liberalización del sistema financiero.
Los efectos estabilizadores
de las medidas adoptadas se observaron a lo largo de 1978 y 1979: la devaluación
hizo que la balanza por cuenta corriente se tornara positiva, mientras la política
monetaria y el acuerdo de rentas permitían reducir la tasa de inflación del 25%
al 15%. Como era de esperar, el enfriamiento económico tuvo efectos sobre el crecimiento,
que se contrajo y se convirtió en levemente negativo en 1979.
Cuando el ajuste
parecía próximo a completarse y se empezaba a detectar cierta recuperación, la economía
mundial —y la española— se vio sacudida por la segunda crisis del petróleo. Esta
vez, la razón fue el derrocamiento del sah y la instalación de un régimen de
base religiosa en Irán, uno de los principales países productores de crudo, y el
inmediato estallido de una guerra abierta entre ese país y el vecino Irak, asimismo
un gran productor. De nuevo, los precios se multiplicaron: de 12,70 dólares por
barril de principios de 1979 se pasó a 26 dólares a principios de 1980 y a 37
dólares a finales de ese mismo año.
La elevación
de los precios del crudo produjo otra vez un fuerte desajuste macroeconómico.
La inflación dejó de reducirse y se mantuvo durante varios años en torno al 15%
anual, mientras que el déficit público pasaba del 1,7% a casi el 6% del PIB y
la balanza por cuenta corriente se volvía de nuevo negativa por unos 5.000 millones
de dólares anuales. El Gobierno optó en esta ocasión por repercutir en los consumidores
el incremento de los precios del crudo. El precio del fuel pasó de 8.300 a más
de 20.000 pesetas por tonelada. La economía española se estancó de nuevo y no volvió
a la senda de la recuperación hasta bien entrado 1982. Los años siguientes, ya
bajo Gobierno socialista, la recuperación prosiguió hasta alcanzarse tasas de
crecimiento del producto en torno al 3%.
En buena medida,
sin embargo, la crisis de estos años se cerró en falso. La economía volvió a crecer,
pero sin haber solventado algunos desequilibrios básicos. Como indicábamos más arriba,
la indispensable reconversión industrial solo se abordó a la llegada del partido
socialista al poder, y aún entonces de forma harto tímida. La inflación había descendido
hasta el 7%, pero seguía siendo más elevada que la de los países vecinos. Finalmente,
esta crisis dejó enquistado el problema del paro. La intensidad del ajuste industrial
significó una gran sangría de puestos de trabajo. El desempleo llegó a afectar
a tres millones de personas (un 22% de la población activa; ver gráfico 2). Lo
más significativo, sin embargo, es que solo cuando el crecimiento fue superior al
3% se produjo aumento neto de empleo. Un rasgo de nuestra economía que ha seguido
vigente hasta hoy.
En definitiva,
la crisis de los años 1973-1985 fue una crisis de carácter mundial, pero que
tuvo en España características específicas que podemos resumir en dos: la debilidad
de los Gobiernos que tuvieron que afrontarla y una economía con graves defectos
estructurales, surgidos de un crecimiento fuertemente intervenido y protegido
de la competencia exterior. Las necesarias decisiones de ajuste se tomaron con
retraso y arrostraron en consecuencia un mayor coste, y las deformaciones estructurales
pasaron su factura en forma de unas tasas de paro muy superiores y más persistentes
que las sufridas por otros países. Aunque la crisis se superó a mediados de la
década de 1980, quedó por realizar buena parte de la reestructuración industrial
y empresarial. Algo que finalmente tuvo que hacerse unos años después con no pocas
dificultades.
Dicho esto, el
lado positivo del balance no debe olvidarse. En aquellos años turbulentos, España
consiguió transitar en paz de un sistema autoritario a la democracia en un proceso
que, con todas sus limitaciones, cabe calificar de éxito. Sin duda se cometieron
errores en la gestión de los asuntos económicos, tanto en las decisiones adoptadas
como en las eludidas, pero considero que sería injusto olvidar que el objetivo
prioritario era entonces la transición política y que a ello hubieron de supeditarse
otros objetivos, por importantes que fuesen.
Algunos de los rasgos de aquella crisis parecen comunes
a los de la crisis actual: un origen exterior, una economía con serios problemas
estructurales y, por razones diferentes, cierta debilidad en la acción política.
No me corresponde analizar tales similitudes, pero resulta interesante constatar
que la crisis que hoy padecemos es ya en estos momentos mucho más grave que la
vivida hace tres décadas. La contracción máxima del PIB que se produjo entonces
no llegó al 1%, mientras que desde principios de 2008 la caída ha sido ya del
5%. En lo que atañe al desempleo, los cinco millones actuales de afectados representan
el 22% de la población activa, la proporción máxima alcanzada en 1985.››
