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sábado, 4 de enero de 2014

La cuestión del aborto en España.

España: la cuestión del aborto. 
La cuestión del derecho o no al aborto, o su penalización o despenalización, es uno de los temas más controvertidos, desde los debates escolares a los blogs de Internet, pasando por las manifestaciones en la calle de los partidarios a favor o en contra, y afecta a decenas de millones de mujeres en el mundo. Por ello los profesores deben ser muy conscientes de que deben favorecer un debate sereno y respetuoso con las diferentes opciones, así como el cumplimiento del marco legal que libremente el pueblo decida a través de sus representantes legítimos. No obstante, la libertad de cátedra también debe ser cumplida y los profesores tienen el derecho de emitir su opinión a favor o en contra sin que esto sea entendido como adoctrinamiento de sus alumnos.


Cartel y manifestaciones de campaña a favor del derecho al aborto.



Cartel y manifestación de campaña en contra del derecho al aborto.

Mapa comparativo del derecho al aborto en Europa en 2010.


Encuesta en países de la UE sobre la legalización del aborto. [http://lamoqueta.blogspot.com.es/2009/03/por-que-interesa-radicalizar-el-debate.html]

El ministro de Justicia del Gobierno del PP, Alberto Ruiz Gallardón, anunció en enero de 2012 que presentaría una nueva Ley del Aborto que incluiría la eliminación de la norma de plazos. La oposición lo ha criticado porque reduciría los derechos de la mujer.
Un editorial, La contrarreforma, del diario “El País” (1-II-2012) apuntaba las preocupaciones de una gran parte de la sociedad ante ese proyecto legislativo:
‹‹El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, confirmó ayer su proyecto de reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 (…). Consecuente con la ideología de su partido, pero también y, sobre todo, extremadamente permeable al sector más reaccionario del mismo, Ruiz-Gallardón no pretende únicamente derogar el artículo que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres. También anunció, sin más concreciones, que se pondrá fin al modelo de plazos.
El PP, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra parte de la norma de 2010, siempre se ha opuesto a que las menores puedan abortar sin consentimiento parental. Legalmente tiene sentido porque los jóvenes de 16 y 17 años, según la Ley de Autonomía del Paciente, pueden someterse libremente a una operación quirúrgica y están facultados para casarse y tener hijos. El proyecto del PP devuelve la cuestión a la situación anterior, en la que una joven podía decidir tener un hijo, pero no lo contrario.
Pero más allá del asunto de las menores, que efectivamente cuenta con un respaldo social más frágil, la contrarreforma de Ruiz-Gallardón amenaza con hurtar de nuevo a la mujer, mayor o menor de edad, la capacidad de decidir sobre su maternidad,  algo tan íntimo e intransferible. El regreso a la ley de 1985 es la vuelta a la minoría de edad de las mujeres, dependientes de decisiones ajenas y obligadas casi por norma a mentir. El 90% de los abortos voluntarios que se practican en España se acogen al tercer supuesto de riesgo de la vida o la salud de la mujer.
Pero la intención del ministro es más expeditiva. Analizar en profundidad los supuestos “de inexistencia de reproche penal” en caso de aborto es una florida expresión que puede desembocar en la persecución penal de las que aborten. El guiño a los movimientos pro-vida utilizando sus mismos argumentos de “derecho a la vida” augura un retroceso histórico. (…)
Estudios recientes demuestran que las leyes más permisivas no generan más abortos. Así ha quedado demostrado también en España. Esos mismos análisis señalan, en cambio, que a mayores restricciones, más intervenciones clandestinas y más riesgos para las gestantes, algo que escapa a las competencias de Ruiz-Gallardón. Que haya sido un ministro de Justicia y no de Sanidad el que ha emprendido esta batalla es ya de por sí todo un símbolo sobre las sensibilidades de este Gobierno y un mal augurio de lo que les espera, otra vez, a las mujeres.››


Encuesta sobre los abortos practicados en las Comunidades Autónomas en 2005, reproducida en el diario conservador "El Imparcial" [http://www.elimparcial.es/contenido/18857.html]. Nótese la violencia de la imagen, que aumenta desproporcionadamente el tamaño y la madurez del feto, para sugerir un homicidio.


Gráfico que muestra la posición ideológica en España a favor del derecho al aborto de la mayoría de la izquierda, y en contra de la mayoría de la derecha, aunque incluso en los extremos de ambos bandos hay partidarios y detractores.

Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, critica en La contrarreforma del aborto, “El País” (6-II-2012), que la reforma anunciada por el ministro de Justicia es ideológica en el peor sentido del término:
‹‹Como regla ineludible, antes de cambiar una sola coma de nuestro ordenamiento, el legislador debe preguntarse, no sobre sus querencias, sino sobre la necesidad social de la modificación. La gaceta oficial no es una tienda de chucherías donde el goloso sacia sus caprichos.
Comprendo que los actuales dirigentes populares no estén conformes con la regulación vigente del aborto. No comprendo tanto que no lo estén por el mero hecho de ser conservadores; conservadora fue Simone Weil, la gran reformadora francesa en la materia; conservadores son la mayoría de Gobiernos de Europa Occidental y Estados Unidos y no han revocado las regulaciones liberalizadoras en materia de aborto que rigen desde el último medio siglo.
Pudiera pensarse que nuestra realidad es diferente; pudiera pensarse que la ley en vigor era, ella sí, capricho de unos sectarios mandarines, que legislaron en contra del sentir social, lo que ha tenido como consecuencia un aumento exponencial de los abortos, pasando a ser, casi, la primera ocupación femenina.
Pues bien, nada de eso es cierto. La Ley de 2010 pone negro sobre blanco, y ese es su gran acierto, pero a los actuales ojos gubernamentales ese es su gran pecado, la sexualidad y la maternidad como derechos de la mujer. Reconocer un derecho nunca es sectario, máxime cuando se reconoce y protege un derecho que ostenta más de la mitad de la población y de cuyo ejercicio nos beneficiamos, y gratamente, todos. No en balde, de forma abrumadora, todas las encuestas dan un altísimo nivel de conformidad con una (des)penalización del aborto respetuosa para con la mujer. Así y todo, cabría argumentar que, aun aceptando este derecho a efectos dialécticos, el aborto se ha enseñoreado de la vida femenina. Nada más lejos de la realidad; los abortos no han aumentado, ni tan siquiera entre las menores.
Si ello es así, es decir, si estamos ante un derecho, un derecho socialmente sentido y un derecho responsable y razonablemente ejercitado, ¿a qué viene la reforma anunciada por el ministro de Justicia en su primera comparecencia parlamentaria, autocalificada de progresista?
No habiendo motivos que avalen una reforma, la razón no puede ser más que puramente ideológica, y en el peor sentido del término. Descartada una imposición por afinidad política, como ha sucedido con la regulación del límite al déficit público, solo una ablación del pluralismo social avala la senda que parece decidida a andar a marchas forzadas la nueva dirigencia.
Digo ablación porque, si se deroga el sistema de plazos, consecuencia de entender el aborto como el ejercicio de un derecho, nos retrotraeremos a un sistema de indicaciones, es decir, de autorizaciones, lo que parte de la punición como norma y no de la libertad como realidad a proteger.
Se dirá —se ha dicho ya— que de lo que se trata es de proteger el derecho a la vida del nasciturus. Sin embargo, pese al alto interés que el concebido representa para la sociedad, quien no es aún persona carece de todo derecho. Si, como parece, se va a rehabilitar la Ley de 1985, no está de más recordar afirmaciones esenciales de la STC 53/1985: por un lado, el nasciturus encarna un valor y ningún derecho posee; por otro, la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer.
De este modo, lo que se enfrenta realmente es el derecho a la vida y la libertad de la mujer y el interés demográfico de la sociedad. O dicho de otro modo: en el drama del aborto no es una liza entre dos derechos a la vida, sino entre los derechos de una persona, la mujer, y relevantes intereses sociales. En este contexto, la solución jurídica, por la estrecha vinculación de la gestante con el nasciturus, no ha de ser muy difícil: ni la mujer ni quien la auxilia, salvo supuestos excepcionales de embarazos ya muy avanzados y fuera de las prescripciones médicas, han de verse, como ahora, impunes.
Anteponer a la mujer —y a quien la auxilia— un inexistente derecho de alguien que no es, por muy fuertes que puedan ser las convicciones, en todo caso minoritarias, se compadece mal con el pluralismo: supone recurrir al Derecho Penal para sancionar a quien actúa conforme a su creencia, creencia, que por lo demás, parece amparada por la ciencia y la ley.
No deja de ser curioso, incluso para quienes dicen defender la vida humana tout court, que ninguna legislación moderna, española u occidental, castigue igual el aborto que el homicidio. Y no deja de ser igualmente llamativo que no existe ningún texto normativo, nacional o internacional, que fije cuándo se inicia la vida humana prenatal.
Así las cosas, alterar la regulación actual en materia de libertad sexual y de interrupción voluntaria del embarazo parece un desafuero. Y, además, con la que está cayendo, es una clara maniobra de distracción.››


Gráfico de la evolución de los abortos en España entre 1985 y 2005. Las cifras se presentan para sustentar que la primera ley del aborto lo favoreció, pero en un ejemplo más del uso espurio de la estadística por los extremistas, apunta que en 1985 sólo hubo 9 abortos en España, con lo que ignora los abortos ilegales en España y el extranjero (Londres y en menor grado Ámsterdam recibían unas 30.000 españolas cada año) antes de 1985, que se estimaban en cerca de 250.000-300.000 en los años 60, y aproximadamente 300.000 a principios de los años 80, con unas 3.000 mujeres fallecidas cada año por las malas prácticas abortivas, casi siempre unas precarias condiciones médicas.





Finalmente, el proyecto del Gobierno del PP, presentado por el ministro Gallardón en abril de 2013, ha conmocionado a gran parte de la opinión pública. El editorial Un retroceso intolerable [“El País” (28-IV-2013)] evidencia y resume el malestar de una gran parte de la población española ante el retroceso en los derechos civiles que el Gobierno de Rajoy propugna:
‹‹Nadie en el Gobierno ni en el partido que le sustenta ha explicado con argumentos sólidos la necesidad de cambiar la ley de plazos sobre el aborto. Porque no los hay. La norma, en vigor desde julio de 2010, reconoció el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad dentro de un límite general que permite interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Se trata de una ley que se ajusta a los estándares legales de los países de nuestro entorno, que se aplica sin problemas sociales, que no ha disparado el número de abortos —en contra de lo que algunos auguraron— y que goza del apoyo de la mayoría de españoles, según las encuestas de opinión. Pocas dudas caben, pues, de que la reforma que promueve el partido conservador responde a razones más inconfesables que las esgrimidas y avanza con firmeza impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica con el cardenal Rouco Varela a la cabeza.
La reforma que ahora se plantea, cuyos perfiles resulta difícil conocer con precisión por las confusas y contradictorias explicaciones que han ofrecido hasta ahora sus promotores, amenaza a los españoles con una norma incluso más restrictiva que la Ley de 1985. Se trata de una decisión que no responde en ningún caso a una demanda social y que no dispone de ningún tipo de soporte jurídico. El Tribunal Constitucional dictaminó sobre la antigua normativa y esta se adaptó a su criterio antes de entrar en vigor. Aún no se ha pronunciado sobre la ahora vigente, por lo que las pomposas disquisiciones sobre derechos o protecciones jurídicas de mujeres y no nacidos no tienen más fundamento que el retorcimiento de la realidad o la indisimulada voluntad de contentar a los obispos y al sector católico más ultra del partido en el poder.
Aunque afirmen que la reforma responde a exigencias de cambio en la norma por parte de los ciudadanos, el Gobierno y el PP saben perfectamente que, en este asunto, están mintiendo. El partido conservador ganó las elecciones con un mandato claro: sacar a España de la crisis, reducir el desempleo y acabar con el desgobierno económico del Gobierno socialista; no fueron elegidos, y lo saben perfectamente, para modificar leyes que solo molestan a la minoría de integristas entre sus filas (muy influyentes, por lo que se ve) y a la jerarquía de la Iglesia católica (incluso aquellos que se declaran creyentes mantienen posiciones mucho más moderadas); leyes (aborto, matrimonio gay) que la mayoría de españoles afirma que se corresponden con el país que desean iniciado el siglo XXI. Para acallar las protestas de esa minoría, la reforma, si finalmente se produce, resultará en una evidente involución que generará una situación de injusticia y desprotección.
Los estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos y, sin embargo, elevan los riesgos para las mujeres al aumentar las intervenciones clandestinas con escaso control sanitario. Tales leyes condenan a una maternidad no deseada a las mujeres con menos recursos, permitiendo a las demás sortearlas viajando a otros países.
La reforma que se plantea, aun sin concretar, supone un grave retroceso. Ignora los dictámenes científicos sobre el embrión temprano —inviable de manera independiente—, rechaza una ley vigente que es más garantista con el feto y aporta mayor seguridad jurídica que la de 1985, y supone un ataque a la autonomía de las mujeres y a la capacidad de decisión sobre su cuerpo. La posibilidad de que la norma suprima o limite severamente el supuesto de malformaciones graves supone una aberración moral, denunciada de forma incansable por médicos cuyas vidas profesionales han sido entregadas a los cuidados de estas enfermedades, y un retroceso inaceptable en una democracia avanzada como pretende ser España.
Conviene recordar que la actual ley del aborto protege la libertad de las mujeres, pero no obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Alegar que responde también a la necesidad de reforzar el derecho a la maternidad supone un sarcasmo que insulta a la inteligencia. Igualmente insultantes resultan las justificaciones de la reforma alegando que se busca defender a las mujeres de la “violencia estructural” de la sociedad que, según estos criterios oscurantistas, las presiona hasta conducirlas al quirófano para poner término a su embarazo. Violencia estructural es la que se producirá de nuevo si este país vuelve a una regulación del aborto que obligue a las mujeres a prácticas propias de la espesa atmósfera del franquismo y que los legisladores quisieron y pudieron resolver en la temprana hora de la democracia en España.››
El editorial Regreso al pasado [“El País” (21-XII-2013)] critica la retrógrada propuesta del Gobierno del PP en diciembre de 2013:
‹‹El proyecto de ley del aborto que ayer presentó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, liquida la ley de plazos aprobada en 2010 y perfila una regulación más restrictiva que la ley de supuestos de 1985. Con esta contrarreforma, que puede prosperar gracias a la mayoría absoluta del PP, las mujeres españolas volverán a una situación de excepción casi sin igual en Europa por la inaceptable sumisión del Gobierno a los sectores más retrógrados de la Iglesia católica. Como ocurre en otros 20 países de la UE, con la actual ley las mujeres pueden abortar libremente hasta las 14 semanas, y en determinados supuestos hasta las 22. El proyecto de ley arrebata a la mujer la capacidad de decidir libremente. Solo se le permitirá interrumpir el embarazo en dos supuestos: violación (hasta las 12 semanas) y grave peligro para la salud física o psíquica de la madre (hasta las 22), algo que en todo caso deberán acreditar dos especialistas ajenos a la clínica donde se practique el aborto.
Tampoco se permitirá interrumpir el embarazo, como ocurre ahora, en caso de grave malformación del feto. A tenor de lo anunciado por el ministro, solo se contempla la posibilidad de abortar cuando el feto sufra una anomalía incompatible con la vida y suponga además un grave riesgo para la salud psíquica de la madre. El derecho a la vida delnasciturus pasa así por delante, no solo de la libertad de la madre, sino de su propia salud mental, pues solo podrá acogerse a la ley en los casos en que el bebé morirá de todos modos. Esta restricción no solo supone una crueldad para la mujer, sino para el propio nasciturus, al que se condena a llevar en muchos casos una vida de penalidad y sufrimiento. Todo ello en aras de una interpretación torticera de la convención de Naciones Unidas sobre discapacidad, que lo único que exige es que no haya diferencias de trato —por ejemplo, plazos de interrupción distintos— entre el feto con anomalías y el feto normal. En ningún caso impide el aborto, si este se permite también para un feto sin malformaciones.
Con este proyecto de ley, España regresa a tiempos que creíamos superados y consagra un modelo de regulación autoritaria que no solo impide a la mujer cualquier derecho a decidir sobre su maternidad, sino que la coloca en posición de minoría de edad, de subordinación a terceras personas que tendrán la potestad de decidir algo que condiciona el resto de su vida. Pero no es solo una cuestión que afecte al derecho a decidir. Afecta también a la libertad de conciencia.
Con esta regulación el Gobierno confunde moral privada y moral pública. Concede al Estado la potestad de decidir en qué casos una mujer puede abortar en función de unas creencias religiosas que pertenecen al dominio de lo privado de una parte de la sociedad, y que ni siquiera son compartidas por la mayoría. En aras de las creencias de esa minoría, el Estado se arroga la potestad de obligar a dar a luz a todas las mujeres que no cumplan los supuestos autorizados, incluidas las que no comparten esas creencias. Con la ley de 2010, ninguna mujer está obligada a abortar. Con la nueva regulación, muchas se verán obligadas a dar a luz. En una sociedad plural, semejante imposición puede equivaler a un atentado a la convivencia. Y aunque la nueva ley no sanciona penalmente a las mujeres que la incumplan, sí se penalizará a los profesionales que intervengan. Se trata, de una reforma innecesaria, hipócrita y socialmente discriminatoria: es evidente que las mujeres que quieran abortar y tengan recursos, incluidas muchas católicas, lo harán en otros países, mientras que las que no tienen esos medios se verán abocadas a un aborto de riesgo, inseguro y clandestino, como en los tiempos más oscuros de la historia de España.››
Fuentes.
Artículos. Orden cronológico.
Mosterín, Jesús. Obispos, aborto y castidad. “El País” (24-III-2009) 31. El filósofo critica la intromisión de la Iglesia en la legislación sobre el aborto.
Cañas, Gabriela. Crisis de embarazos. “El País” (13-X-2009) 30-31.
Martínez Salmeán, Javier. La única vía es la prevención. “El País” (14-XII-2011) 33. Aboga por la prevención y educación sexual para prevenir el aborto.
Sahuquillo, María R. La nueva ley no dispara los abortos. “El País” (14-XII-2011) 32. No aumentan los abortos, pese a la nueva ley española, en vigor desde 5-VII-2010, que concedía el derecho a abortar libremente durante las 14 primeras semanas de embarazo y que permitía a las menores, de 16-17 años, abortar sin la participación de sus padres.
Sahuquillo, María R. Crece un 83% la venta de la píldora del día siguiente. “El País” (14-XII-2011) 33.
Sahuquillo, María R. El aborto como derecho o bajo tutela médica. “El País” (27-I-2012) 30-31.
Sahuquillo, María R. El Gobierno buscará aliados para cambiar la ley del aborto. “El País” (28-I-2012) 33. El PP anuncia una nueva Ley del Aborto que eliminará la norma de plazos.
Sahuquillo, María R. Las mujeres tendrán que volver a dar una justificación para abortar. “El País” (1-II-2012) 33.
Redacción (editorial). La contrarreforma. “El País” (1-II-2012) 26. Los cambios en la ley del aborto auguran un retroceso para la mujer.
Queralt, Joan J. La contrarreforma del aborto. “El País” (6-II-2012) 29. Queralt es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y critica que la reforma anunciada por el ministro de Justicia es ideológica en el peor sentido del término.
Sahuquillo, María R. La modificación de la ley del aborto aleja a España de Europa. “El País” (12-III-2012) 32.
Nogueira, Charo. Lo personal pesa más que lo social para abortar. “El País” (27-III-2012) 30-31.
Sahuquillo, María R. Más ideología que medicina. “El País” (27-III-2012) 31.
Esparza, Javier. Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento. “El País” (25-VII-2012) 13. El neurocirujano infantil Javier Esparza, un eminente especialista, advierte de las graves consecuencias humanas de recortar el derecho de aborto en caso de malformación del feto, como pretende el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón.
Díez, Anabel. Gallardón: ‘Los discapacitados nacidos y por nacer no pueden ser discriminados’. “El País” (25-VII-2012) 13.
Sahuquillo, María R. Entrevista. Gloria Muñoz / Su hija murió con siete meses de atrofia muscular. 'Es inconcebible que Gallardón fuerce a pasar por este dolor'. “El País” (26-VII-2012) 17.
Casquero, Javier; Duva, Jesús. Gallardón traslada a las mujeres que aborten al decisión última. “El País” (29-VII-2012) 14.
Gutiérrez Calvo, Vera. Las dos caras de la ‘ley Gallardón’. “El País” (26-VIII-2012) 13. La reforma del aborto podría resultar en más restricción (se suprimiría el supuesto de malformación o minusvalía del feto) o más permisividad si prima la decisión de la mujer.
Sahuquillo, María R. El aborto sube un 5% en un año de crisis. “El País” (22-XII-2012) 36-37.
García, Jesús. El doctor Morín, absuelto de abortos ilegales: ‘Fui una cabeza de turco’. “El País” (1-II-2013) 36. El caso resume la situación actual de la jurisprudencia sobre el aborto en España.
Bedoya, Juan G. El aborto provoca un cisma entre católicos. “El País” (18-IV-2013) 34-35.
Gutiérrez Calvo, Vera. Ley del aborto: a un paso de la vuelta atrás. “El País” (21-IV-2013) 12-13.
Sánchez-Mellado, Luz. ‘Para escraches, los nuestros’. “El País” (21-IV-2013) 14. La vida cotidiana en la Clínica Dator de Madrid, donde más abortos se practican.
Díez, Anabel. Gallardón invoca el ‘mandato de los ciudadanos’ para cambiar el aborto. “El País” (25-IV-2013) 16.
Redacción (editorial). Un retroceso intolerable. “El País” (28-IV-2013) 1 y 42.
Sahuquillo, María R. Viaje al pasado para abortar. “El País” (5-V-2013) 38.
Sahuquillo, María R. A Londres o a la abortera del barrio. “El País” (5-V-2013) 38-39.
Prats, Jaime. ‘Prefiero llorar un mes que toda la vida’. “El País” (5-V-2013) 39.
Sahuquillo, María R. Las claves de una reforma polémica. “El País” (5-V-2013) 40.
Toharia, José Juan. Los españoles ante el aborto (1976-2013). “El País” (5-V-2013) 40.
Cué, Carlos E. El Gobierno retrasa la ley del aborto ante la división interna que genera. “El País” (11-V-2013) 10-11.
Martínez Ten, Carmen. Un castigo innecesario. “El País” (11-V-2013) 10-11.
Gutiérrez Calvo, Vera. Certezas e incógnitas de un texto. “El País” (11-V-2013) 11.
Reverte, Jorge M. Gallardón y los tullidos. “El País” Domingo (12-V-2013) 13. Un alegato moral contra la muy restrictiva reforma de la ley del aborto que promueve el ministro Gallardón.
Masiá Clavel, Juan. Ley, ciencia y conciencia ante el aborto. “El País” (13-V-2013) 29. Una visión católica y moderada sobre el aborto.
Sahuquillo, María R. Los ultras agitan el aborto eugenésico. “El País” (13-V-2013) 32-33.
Sahuquillo, María R. ‘No quería ver a mi hijo sufrir, eso no tiene que ver con ideologías’. “El País” (13-V-2013) 33.
Mosterín, Jesús. Una cruzada contra la libertad reproductiva. “El País” (21-V-2013) 29.
Lascurain, Juan Antonio. Aborto: ¿Es posible un consenso penal? “El País” (24-V-2013) 31-32.
Gutiérrez Calvo, Vera. Gallardón consuma la vuelta atrás. “El País” (20-XII-2013) 34-35. Lleva al Consejo de Ministros su polémica ley del aborto, para convertirlo en un delito regulado y no un derecho.
Sahuquillo, María R. Las verdades a medias para limitar el supuesto de malformación. “El País” (20-XII-2013) 36.
Serrano, Isabel; Soleto, María Luisa. Diez razones para no cambiar la ley del aborto. “El País” (20-XII-2013) 29.
Gutiérrez Calvo, Vera. La ley del aborto más restrictiva. “El País” (21-XII-2013) 28-29.
Sevillano, E. G. Un proceso lleno de obstáculos. “El País” (21-XII-2013) 30.
Rincón, Reyes. Todos los médicos podrán objetar. “El País” (21-XII-2013) 30.
Sahuquillo, María R. Anomalías gravísimas e incurables pero no mortales, sin amparo. “El País” (21-XII-2013) 31.
Tejedor, Esther. El aborto fuera de la ley será un delito sin sanción para las gestantes. “El País” (21-XII-2013) 31.
Cué, Carlos E. Rajoy tomó la decisión final tras meses de debate interno y tensión en el PP. “El País” (21-XII-2013) 32.
González Harbour, Berna. Víctimas sí, de Gallardón. “El País” (21-XII-2013) 32.
Sosa Troya, M.; Tejedor, E. La oposición y las organizaciones feministas cargan contra la reforma. “El País” (21-XII-2013) 33.
Sahuquillo, María R. Se prohíbe la publicidad de las clínicas que hacen abortos. “El País” (21-XII-2013) 33.
Nogueira, Charo. Soledad Murillo / Socióloga y exresponsable de Igualdad. ‘La ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla’. “El País” (21-XII-2013) 33.
Redacción (editorial). Regreso al pasado. “El País” (21-XII-2013) 22.
Sahuquillo, María R. La ley sitúa a España a la cola de Europa. “El País” (22-XII-2013) 38.
Sahuquillo, María R. Pilar Martínez Ten / Experta en diagnóstico prenatal. ‘Se desprotegen situaciones extremadamente complicadas’. “El País” (22-XII-2013) 39.
Valcárcel, Amelia. Victoria pírrica. “El País” (22-XII-2013) 39.
Gutiérrez Clavo, Vera. La izquierda anuncia movilizaciones y Andalucía estudiará un recurso. “El País” (22-XII-2013) 40.
Sahuquillo, María R. ‘Somos maduras para decidir solas sobre el embarazo’. “El País” (22-XII-2013) 41.
Sahuquillo, María R. Los abortos bajan un 5% en 2012 con la ley que derogará el Gobierno. “El País” (23-XII-2013) 28-29. En 2012 hubo 112.390 abortos, y el 91,3% no tuvo que justificar su decisión.
Sahuquillo, María R. Francia se queja por el ‘retroceso’ en España. “El País” (23-XII-2013) 29. El Gobierno francés protesta ante una ley que retrocede los derechos de las mujeres en Europa, como ocurre también en Polonia, Chipre e Irlanda.
Prats, Jaime. Las barreras al aborto más difícil. “El País” (24-XII-2013) 32-33.
Esparza, Javier. Nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento (II). “El País” (24-XII-2013) 32-33. Un neurocirujano infantil continúa una carta escrita el 25 de julio de 2012 y avisa de las graves consecuencias de la nueva ley, entre ellas que volverá a aumentar el número de niños con graves y dolorosas enfermedades y malformaciones, que habían desaparecido casi totalmente en Europa. ¿Quién pagará los enormes gastos de atender a los niños minusválidos? ¿Y cuándo se hagan mayores? Desde luego, no el Gobierno del PP.
Gutiérrez Clavo, Vera. Las clínicas auguran un aumento de abortos tardíos. “El País” (24-XII-2013).
Redacción. Periódicos europeos destacan el retroceso de la reforma del aborto. “El País” (24-XII-2013) 34.
Gutiérrez Calvo, Vera; Sahuquillo, María R. Dirigentes del PP piden suavizar la ley del aborto en el Congreso. “El País” (27-XII-2013) 38-39.
Prats, Jaime. ‘La mujer que aborta no es una enferma mental’. “El País” (28-XII-2013) 34-35. Los psiquiatras protestan porque la ley presenta como enfermas a las mujeres que quieran abortar.
Sahuquillo, María R. El PP recuerda a los diputados que asumieron la reforma al ir en sus listas. “El País” (28-XII-2013) 35.
Lindo, Elvira. ¿Por qué, Gallardón? “El País” Domingo (29-XII-2013) .
Sahuquillo, María R.; Gutiérrez Clavo, Vera. Un polémico asesor para abortar. “El País” (29-XII-2013) 38-39.
Gutiérrez Calvo, Vera. Un periplo en busca de cuatro certificados. “El País” (29-XII-2013) 38-39.
Sahuquillo, María R. ‘Si no pudiera interrumpir el embarazo en España me iría’. “El País” (29-XII-2013) 39.
Sádaba, Javier. Hechos y deberes. “El País” (30-XII-2013) 27-28. El filósofo desmonta los argumentos mistificadores de los antiaboartistas, centrándose en que el feto se desarrolla en un proceso de múltiples niveles.
Garea, Fernando. Monago eleva la crítica por el aborto. “El País” (31-XII-2013) 33. El presidente de Extremadura critica la ley por recortar la libertad de la mujer.
Gutiérrez Calvo, Vera. El PSOE intenta forzar un debate en enero. “El País” (31-XII-2013) 33.
Sahuquillo, María R. Los expertos en diagnóstico prenatal critican la reforma de Gallardón. “El País” (31-XII-2013) 34.
Oppenheimer, W.; Sahuquillo, María R. Irlanda estrena su ley más permisiva con la interrupción del embarazo. “El País” (31-XII-2013) 34. Comparación entre Irlanda y España.
Díez, Rosa. Ni de izquierdas ni de derechas. “El País” (4-I-2014) 27. La dirigente de UPyD  explica porque rechaza las legislaciones sobre el aborto del PSOE y el PP, argumentando que el derecho a abortar solo puede ser válido si estuviera en la Constitución, y propone simplemente despenalizar su práctica, dando a la mujer un plazo prudencial para decidir o en casos de malformaciones sobrevenidas.
Cué, Carlos E. Rajoy intenta silenciar el debate del aborto en el PP. “El País” (6-I-2014) 14-15.
Cué, Carlos E. Rajoy exige a los barones cerrar ya el debate público sobre el aborto. “El País” (9-I-2014) 12-13.
Cañas, Gabriela. Enredados en el aborto. “El País” (13-I-2014) 32. Duro envite contra Rajoy por su ultraderechismo.
Abellán, Lucía. El aborto español llega a Europa. “El País” (14-I-2014) 37. La Eurocámara debate el proyecto español.
Manetto, F.; Cué, C. E. Monago lleva su rebelión contra la ley del aborto al Parlamento extremeño. “El País” (16-I-2014) 9.
Sanchez Ron, José Manuel. Discursos rotos, miserias compartidas. “El País” (24-I-2014) 29-30. La reforma del aborto propuesta por Ruiz-Gallardón es incoherente con el proyecto europeo y con la modernización de la sociedad española.
Cué, Carlos E. El Gobierno se prepara para dejar dormir la polémica ley del aborto. “El País” (26-I-2014) 23.
Cué, Carlos E. Gallardón se queda solo. “El País” (26-I-2014) 23.
Sahuquillo, María R. Justicia defiende que su ley del aborto beneficiará a la economía. “El País” (28-I-2014) 36.
Sahuquillo, María R. Masiva marcha contra la ley del aborto. “El País” (2-II-2014) 40-41.
Martín Pallín, José Antonio. Para no anclarnos en el pasado. “El País” (11-II-2014) 27-28. Dura crítica al proyecto Gallardón.
Sahuquillo, María R. Los médicos piden a Gallardón que incluya el supuesto de malformación. “El País” (15-II-2014) 32.
Garea, Fernando. Rajoy abre la puerta a recuperar en el aborto el supuesto de malformación. “El País” (20-II-2014) 10.
Sahuquillo, María R. Tantas razones como mujeres. “El País” (12-III-2014) 34. Los expertos avisan de que hay infinidad de motivos para abortar.
Sahuquillo, María R. Los antiabortistas radicalizan su campaña ante el parón de la ley. “El País” (19-V-2014) 33.
Gutiérrez Calvo, Vera. El Consejo Fiscal rechaza que las menores deban ir a juicio para abortar. “El País” (1-VI-2014) 40-41.
Gutiérrez Calvo, V.; Romero, J. M. El Consejo Fiscal pide al Gobierno que permita el aborto en caso de feto inviable. “El País” (11-VI-2014) 18.
Romero, J. M.; Gutiérrez Calvo, V. El Gobierno incluirá la malformación del feto como motivo legal para abortar. “El País” (23-VI-2014) 10-11.
Cué, C. E. Gallardón queda desautorizado al expirar su plazo para aprobar la ley del aborto. “El País” (20-IX-2014) 19.
Gutiérrez Calvo, Vera. Rajoy sacrifica a Gallardón en pos del centro. “El País” (24-IX-2014) 12-13. Rajoy retira el proyecto alegando que no hay consenso.
Editorial. Acertada rectificación. “El País” (24-IX-2014) 34.
Vidales, R. Casi el 90% de las menores que abortan van con sus padres. “El País” (8-XI-2014) 40.
Marín, Maribel. Los abortos caen un 3,3%. “El País” (31-XII-2014) 35. En 2013 hubo 108.690 abortos en España, 3.700 menos que en 2012.

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