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jueves, 2 de enero de 2014

El Tribunal Constitucional español.

El Tribunal Constitucional español.




Índice 
Introducción.
La problemática del TC.
La interpretación de la Constitución y las leyes.
La propuesta de reforma del TC en 2015.

Introduccción.
La función del Tribunal Constitucional (TC) de España es la de ser el intérprete supremo y velar por el cumplimiento de la Constitución; es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.
Le corresponde la última interpretación de los preceptos constitucionales: cuando una ley es aprobada por el Parlamento es el Tribunal Constitucional quien, ante un recurso, fija la validez (la adecuación a la Constitución)  o no de esa ley, si se declara inconstitucional esa ley pierde todo su valor. Le corresponde también el fijar la extensión y límites de los derechos ciudadanos como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

La problemática del TC.
La paralización durante largos años de la renovación del Tribunal Constitucional (TC) demostró la lamentable politización de este organismo esencial para la consolidación de la democracia. El atraso ha disminuido la confianza de los ciudadanos en la neutralidad de las instituciones y en la adecuación de las leyes y las decisiones administrativas a los principios generales de nuestra Constitución democrática, perfectible sin duda, pero homologable a las mejores constituciones europeas.
Urge un gran acuerdo entre los partidos para recuperar el primer espíritu de la Transición, cuando los nombramientos se hacían mayoritariamente en base al prestigio de los jueces y no a la conveniencia ideológica de los dirigentes de los principales partidos. El PP tiene aquí una especial responsabilidad, puesto que los juristas independientes concuerdan en que este partido ha sido el principal y penoso protagonista de esta degradación, como ha demostrado su asombrosa insistencia en el nombramiento del juez Enrique López, reiteradamente rechazado por la oposición debido a su partidismo extremo y su falta de suficiente competencia jurídica.

Un editorial, Blindaje político [“El País” (8-VI-2013)] hace hincapié en estos peligros:
‹‹Los nombramientos realizados ayer para renovar a cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional no solo vuelcan hacia los conservadores la mayoría de este órgano, sino que acentúan la dependencia política de algunos de sus componentes. La particularidad del caso es que el Tribunal tiene que decidir sobre recursos de gran calado, desde la ley del aborto aprobada por el anterior Gobierno socialista hasta el plan soberanista de la Generalitat de Cataluña. También, sobre los recortes del gasto social llevados a cabo por el Gobierno, la amnistía fiscal, el euro por receta, el plan de privatización de la sanidad madrileña y la libertad de Arnaldo Otegi, el secretario general de Sortu. Asuntos todos ellos merecedores de un Tribunal respetado, más que un órgano del que cabe presumir serias carencias en lo que se refiere a la autonomía de sus magistrados.
Destaca sobre todo uno de ellos, Enrique López, jurista clara e inequívocamente alineado con las posiciones ideológicas más duras. El PP llevaba años tratando de situarlo en el Constitucional a través de los cupos que corresponde nombrar al Congreso y al Senado, y al no conseguirlo —principalmente por el veto del PSOE—, el Consejo de Ministros lo ha impuesto utilizando su propio cupo, completado con Pedro González-Trevijano, un profesional con menos aristas partidarias. A su vez, el Consejo del Poder Judicial ha nombrado a otras dos personas, el conservador Santiago Martínez Vares y el progresista Juan Antonio Xiol, con los que se completa esta renovación.
El giro conservador sucede a otros anteriores en sentido contrario. Está claro que la batalla para evitar que el Constitucional sea la continuación de la política por otras vías se perdió hace tiempo, y se constata la distancia entre este resultado y las pretensiones de los constituyentes. La cultura del consenso y de la lealtad institucional han caído bajo el peso de la instrumentalización partidista.
 Súmese a ello los plazos inusitadamente largos para decidir: a título de ejemplo, basta comparar los siete años empleados por el Tribunal español para fallar sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual, con el mes escaso que su homólogo francés tardó en decidir respecto a la normativa francesa en esa materia. Sin olvidar los casi cuatro años utilizados para pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, con la secuela de frustraciones que provocó una decisión tardía cuando ya se había consolidado el statu quo del nuevo marco legal.
A falta de voluntad política de rectificación, los componentes del Constitucional deben hacer un esfuerzo de responsabilidad. Los temas que tienen entre manos son demasiado sensibles como para validar o rechazar secamente los recursos de unos y otros. Deben dar una oportunidad a la tarea constructiva para establecer, si la hay, la lectura correcta entre las posibles, tratando de orillar las disciplinas políticas.››

Al poco tiempo se han evidenciado los graves peligros del error en la confección política del TC, al estallar un escándalo mayúsculo. Su recién elegido presidente, Francisco Pérez de los Cobos, un jurista de reconocido prestigio en su especialidad de derecho laboral, pero muy escorado hacia el PP durante su carrera jurídica, resultó que había escondido al Senado, durante la tramitación de su nombramiento, su condición de afiliado a dicho partido, lo que vulnera las normas del TC y de la Constitución según muchos de los especialistas en Derecho Constitucional. Concretamente se han sobrepasado las normas del artículo 127 de la Constitución que prohíbe la afiliación política a los jueces y les exige ‘total independencia’, refrendado en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin duda todas las personas tienen derecho a tener ideas políticas y a votar por ellas, y nada habría que objetar a que quienquiera fuera simpatizante de un partido, pero en este caso la militancia es inadmisible, porque es fundamental para la democracia la independencia del poder judicial e incluso es más esencial esta independencia en el caso de los miembros del TC, un organismo superior al poder judicial porque tiene como transcendental competencia garantizar la armonía de todos los poderes del Estado, incluido el mismo poder judicial. 


Francisco Pérez de los Cobos. Foto tomada de "El País".

El editorial No vale [“El País” (19-VII-2013)] refleja el malestar de gran parte de la opinión pública ante este nuevo escándalo :
‹‹El descubrimiento de que el Partido Popular colocó a uno de sus militantes, Francisco Pérez de los Cobos, como magistrado del Constitucional en diciembre de 2010 —y presidente del tribunal desde el 19 de junio pasado— agrava la crisis de credibilidad de las instituciones. Varias de ellas se encuentran afectadas por problemas partidistas, pero la sociedad tiene que fiarse, al menos, de la imparcialidad e independencia del intérprete máximo de la Constitución, encargado de resolver asuntos tan controvertidos como el proceso soberanista de Cataluña, la reforma laboral o la legislación del aborto, además de la garantía de los derechos y libertades. Por eso, esta vez se ha llegado demasiado lejos.
La militancia de Pérez de los Cobos fue mantenida en secreto durante dos años y medio: hasta ayer, en que fue revelada por este periódico tras aparecer en un listado del caso Bárcenas. El hoy presidente del Constitucional ocultó su afiliación al PP durante la sesión del Senado dedicada a escuchar a los candidatos al alto tribunal, previa al nombramiento. Presentarse ante los representantes de los ciudadanos como “un modesto profesor universitario”, y omitir su pertenencia a un partido político, suena a laguna mental inexplicable, si no a burla. Los senadores que le examinaron tampoco se ganaron el sueldo: pero el jurista, por serlo, conocía mejor que sus auditores que ese dato no era menor.
Pérez de los Cobos pagó la cuota de afiliado por lo menos hasta 2011. El interesado y sus pares quitan trascendencia a ese hecho, alegando que no está prohibido ser magistrado del Constitucional y militante político. El texto de la Constitución no es tan evidente: el artículo 159,4 dice que la condición de miembro del alto tribunal es incompatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos”, y agrega: “En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial”. Que, según el 127 de la Constitución, tienen prohibida la pertenencia a partidos y sindicatos “mientras se hallen en activo”. En apoyo de la tesis de la compatibilidad, el alto tribunal recuerda la existencia de un auto de 1988 en el que —a propósito de rechazar una recusación—, se mencionaba que la ley del Tribunal Constitucional “no impide que los magistrados de este tribunal puedan pertenecer a partidos políticos”.
Dejemos a los juristas que discutan cómo debe interpretarse el juego de las normas. Lo que necesitan los ciudadanos es confiar, precisamente, en la independencia e imparcialidad de los intérpretes. Eso es lo que ha quedado cuestionado. No se trata de despojar a los magistrados de toda afinidad ideológica, sino de extremar el rigor y ofrecer, en caso de duda, la interpretación más favorable a la imparcialidad. La disciplina partidista está reñida con la magistratura constitucional, mucho más si la duda recae en quien ha obtenido la presidencia del tribunal.
Otras personas con vinculaciones políticas son o han sido magistrados del Constitucional. Por ejemplo, Andrés Ollero, actual magistrado, fue diputado del PP durante 17 años y abandonó el partido antes de ser elegido miembro del Constitucional. Su colega Pérez de los Cobos, por el contrario, ocultó la condición de afiliado. Nadie discute sus méritos profesionales, sino la falta de rigor —para no hablar de la falta de sentido común— manifestada por la omisión de la militancia. Su autoridad para mantenerse al frente del Constitucional queda cuestionada. Él mismo debería ser el primero en extraer las debidas consecuencias.››

El analista Jan Martínez Ahrens, en Usted engañó, señor presidente [“El País” (19-VII-2013)] da un contundente varapalo al presidente del TC y concluye que debe dimitir porque ¿cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?:
‹‹El presidente del Tribunal Constitucional ha dejado de ser una persona fiable. Cuando accedió a la más alta magistratura que pueda ocupar un jurista ocultó que era un militante del Partido Popular que pagaba religiosamente las cuotas. De poco vale argumentar que la ley permite la afiliación de los componentes de este tribunal. Nadie con sentido común puede aceptar que quien está destinado a decidir sobre las más graves cuestiones de un país, esconda a la ciudadanía a la que sirve y a los partidos que le tienen que votar (excepto uno, claro está) que ha cerrado un contrato de militancia con la formación que le ha promocionado. A diferencia del voto o la afinidad ideológica, perfectamente defendibles, la afiliación a un partido entraña la aceptación de unas normas, jerarquías y directrices cosificadas en sus estatutos. Y estos, en el caso del Partido Popular, son meridianos. Cito textualmente el punto 1b, aquel que trata sobre los deberes del militante: “Cumplir los estatutos, reglamentos y demás normas internas del partido, las instrucciones y directrices emanadas de sus órganos de gobierno y grupos institucionales, y ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del Partido Popular”.
Pueden, quienes quieran, defender que la Constitución admite, a través de alambicadas remisiones, que un magistrado sea militante. Incluso cabe alegar que un magistrado del Constitucional no es juez y que, por lo tanto, está liberado de la prohibición de pertenecer a un partido. Pero difícilmente podrán sostener que los padres de la Carta Magna estarían de acuerdo con que el máximo árbitro de los derechos fundamentales de los españoles, milite a escondidas en un partido. La situación creada por Pérez de los Cobos es demencial y amenaza con contaminar el trabajo del tribunal que preside. ¿Cuántos recursos presentados por el PP y sus terminales gubernamentales han pasado por sus manos y le han tenido como ponente o votante sin que nadie en la sala supiese que era un militante de ese mismo partido? ¿Cómo se puede admitir que se aferre al puesto quien ha traicionado la confianza de sus propios compañeros? ¿Cómo dejar que siga como presidente del más alto tribunal quien aceptó cumplir estatutariamente con las directrices del partido que le otorgó luego el puesto?
Nunca hasta ahora, la práctica del Partido Popular (y de otras formaciones) de ocupar los puestos de responsabilidad de organismos arbitrales y teóricamente independientes había llegado tan lejos. Pérez de los Cobos, cuyos méritos técnicos nadie pone en duda, se presentó a sí mismo en el Senado, en el fallido examen para su aprobación como magistrado del Constitucional, como un “modesto profesor universitario”. Ahora se ha descubierto cuál era el secreto de su meteórica carrera. Y también ha quedado al descubierto la hipocresía de sus jefes de partido, que le enviaron como un experto independiente, cuando era su militante. Posiblemente a este espectáculo le acompañe otro peor: el de su permanencia en el puesto, ajeno a la confianza traicionada, a la farsa creada en torno a su figura, al simulacro de una justicia a la que no le quedan ya máscaras con las que ocultar su deterioro ético.››

Javier Pérez Royo, en Contra el sentido común [“El País” (20-VII-2013)] afirma que la situación es insostenible políticamente, porque al ocultar información al Senado, Cobos vició el proceso de formación de la voluntad del órgano que lo designó:
‹‹Estamos en 2013 y no en 1978. Literalmente, la Constitución es la misma salvo en sus artículos 13 y 135, que han sido objeto de reforma. Pero materialmente no es la misma. Los casi 35 años transcurridos desde su entrada en vigor no han pasado en vano. Cosas que eran admisibles constitucionalmente en el momento de la inicial puesta en marcha de la Constitución, no pueden serlo consideradas hoy. (…) La diferencia está en la práctica constitucional democrática, de la que España había carecido antes del proceso constituyente de 1978 y de la que, afortunadamente, hoy disponemos.
Viene a cuento esta introducción del debate que se ha abierto al haberse tenido noticia de que el presidente del Tribunal Constitucional accedió a la condición de magistrado siendo militante del PP. La reacción inicial en la opinión pública ha sido una mezcla de sorpresa e indignación, ya que nadie podía imaginarse esa coincidencia de militancia partidaria y ejercicio de la jurisdicción constitucional.
La presidencia del Constitucional ha convocado inmediatamente a los magistrados, que han dado publicidad a una nota institucional en la que, con base en una interpretación literal de la Constitución, han informado a la ciudadanía de que no existe incompatibilidad, ya que la Constitución únicamente hace incompatible la condición de magistrado constitucional con la de una “función directiva” de un partido.
Que la Constitución dice eso no es discutible. Más aún: la redacción del inciso en que se establece esa incompatibilidad figura en el primer anteproyecto de Constitución (5 de enero de 1978) y se mantuvo incólume a lo largo de todo el iter constituyente. Hay pocas dudas de que es lo que el constituyente dijo.
Pero esa interpretación literal no es la única posible. Con una interpretación sistemática y con una interpretación teleológica de la Constitución se llega al resultado opuesto. No tiene sentido que la Constitución sea menos exigente en la incompatibilidad de magistrados del Tribunal Constitucional que en la de los miembros del Poder Judicial, cuando a los segundos se les somete al imperio de la ley, mientras que a los primeros se les hace jueces de la misma. Los magistrados constitucionales pueden anular la voluntad del legislador exteriorizada en la ley. Los jueces ordinarios, no. La independencia de los partidos es mucho más necesaria en los magistrados constitucionales que en los jueces ordinarios, pues los primeros controlan la interpretación de la Constitución que hacen los distintos partidos al aprobar la ley, mientras que a los segundos les está prohibida.
Entre la voluntad del partido en la aprobación de la ley y el juez ordinario en el ejercicio de la función jurisdiccional no hay ninguna conexión. Entre la voluntad del partido en la aprobación de la ley y el juez constitucional la conexión es inmediata. Piénsese en el aborto o en los decretos leyes de recortes sociales o en el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre desahucios. La más mínima conexión del juez constitucional con un partido afecta de manera esencial a su imparcialidad, que es la razón de ser de su independencia. Pues la independencia no es más que la garantía orgánica del ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Mucho más exigible, por razones obvias, en la jurisdicción constitucional que en la ordinaria.
Tras 35 años de vigencia de la Constitución, esto no lo discute nadie. No hay manera de defender con base en la Constitución de 1978, interpretada en su integridad, la compatibilidad de la militancia partidaria con el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Un inciso de un artículo no puede vaciar de contenido la Constitución.
No se puede justificar de ninguna manera la conducta del presidente del Constitucional. Y menos tras haber ocultado información al Senado y haber viciado con ello el proceso de formación de la voluntad del órgano que lo designó. En 1978-80 tal vez hubiera podido darse por bueno el resultado de esta interpretación literal. En 2013, de ninguna de las maneras.››


Dosier: La propuesta de reforma del TC en 2015.
La propuesta de reforma del TC presentada por el PP en septiembre de 2015, dándole poderes para castigar a los que no cumplan sus mandatos, ha desencadenado enconadas protestas de la mayoría de los otros partidos y de muchos juristas, porque desprestigia una institución que debería quedar fuera de la controversia política.

Artículos.
Garea, Fernando. Giro conservador en el Constitucional. “El País” (7-VI-2013) 12-13.
Cué, C. E.; Fernández, J. A. El PP consolida el control político del Constitucional con magistrados fieles. “El País” (8-VI-2013) 10-11.
Redacción (editorial). Blindaje político. “El País” (8-VI-2013) 30. El PP se asegura un tribunal conservador antes de fallar recursos judiciales muy importantes.
Fabra, María. Cobos, presidente del Constitucional por unanimidad. “El País” (20-VI-2013) 13.
Fabra, María; Mercado, F. Un laboralista afín a la patronal. “El País” (20-VI-2013) 14. Perfil de Cobos.
Fabra, María. El presidente del Constitucional figura en la lista de afiliados del PP. “El País” (18-VII-2013) 10-11.
Fabra, María. Aupado a la cúspide por los populares. “El País” (18-VII-2013) 10.
Fabra, María. El presidente del Constitucional defiende su militancia en el PP. “El País” (19-VII-2013) 12-13.
Ceberio Belaza, Mónica. ‘Pérez de los Cobos dimitiría si pensara en el prestigio del tribunal’. “El País” (19-VII-2013) 13.
Díez, Anabel. Rubalcaba exige la comparecencia de Cobos por ocultar su militancia. “El País” (19-VII-2013) 14.
Cué, Carlos E. Pons defiende la militancia de Cobos. ‘Acabará siendo punible votar al PP’. “El País” (19-VII-2013) 15.
Garea, Fernando. El PP ocupa con sus militantes la dirección de instituciones del Estado. “El País” (19-VII-2013) 16.
Martínez Ahrens, Jan. Usted engañó, señor presidente. “El País” (19-VII-2013) 16. Varapalo al presidente del TC.
Editorial. No vale. “El País” (19-VII-2013) 30.
Cué, Carlos E. El Gobierno apoya la militancia en el PP de Cobos y cree que no le inhabilita. “El País” (20-VII-2013) 10.
Fabra, María. La afiliación de Pérez de los Cobos desata una ola de impugnaciones. “El País” (20-VII-2013) 11.
Pérez Royo, Javier. Contra el sentido común. “El País” (20-VII-2013) 12.
Garea, Fernando. El Constitucional admite la ‘apariencia de parcialidad’ para recusar a sus miembros. “El País” (22-VII-2013) 14.
Fabra, María. Carmela Silva / Ex senadora socialista. ‘Nunca se pregunta por la militancia porque damos por hecho que no la hay’. “El País” (22-VII-2013) 14.
Grijelmo, Álex. El significado de las palabras. “El País” (22-VII-2013) 15.
Fabra, María. Dudas en el Constitucional sobre la idoneidad de Cobos como presidente. “El País” (23-VII-2013) 14.
Redacción. Rajoy defiende el nombramiento: ‘La renovación del tribunal se hizo bien, en tiempo y forma’. “El País” (23-VII-2013) 14.
Piñol, Àngels. Xavier Arbós / Catedrático de Derecho Constitucional. ‘La sospecha de parcialidad de Pérez de los Cobos no se la quita nadie’. “El País” (23-VII-2013) 15.
Noguer, Miquel. La Generalitat da el paso para recusar al presidente del Constitucional. “El País” (24-VII-2013) 10-11.
Garea, Fernando. El PP bloqueará la comparecencia de Pérez de los Cobos en el Congreso. “El País” (24-VII-2013) 11.
Ruiz Robledo, Agustín. El complejo de Clausewitz. “El País” (25-VII-2013) 27. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada advierte contra la manipulación partidista del TC.
Fabra, María. Cobos asesoró al PP desde 1992. “El País” (29-VII-2013) 22-23.
Díez, Anabel. La oposición se revuelve contra el rechazo del PP a que Cobos se explique. “El País” (30-VII-2013) 16.
Noguer, Miquel. La Generalitat pedirá la recusación de Pérez de los Cobos en 24 litigios. “El País” (31-VII-2013) 18.
Fabra, María. Cobos deja el puesto en la OIT que compatibilizaba con el Constitucional. “El País” (29-VIII-2013) 12.
Fabra, María. La independencia de Cobos divide el pleno del Tribunal Constitucional. “El País” (18-IX-2013) 12-13. El TC rechaza las recusaciones de la Generalitat (que tiene pendientes 26 recursos ante el TC) y cambia radicalmente su interpretación de la imparcialidad, muy estricta cuando la aplicó a Pérez Tremps para apartarlo del recurso del Estatuto de Cataluña solo porque había redactado un informe, y muy flexible ahora para favorecer al nuevo presidente, el militante del PP y conservador Pérez de los Cobos. Los expertos constitucionales critican este cambio, que prueba la excesiva politización derechista de los magistrados, incluso de algunos considerados ‘progresistas’.
Fabra, María. Una ‘duda’ sobre su imparcialidad bastó para recusar a Pérez Tremps. “El País” (18-IX-2013) 12-13.
Editorial. Tribunal hipotecado. “El País” (18-IX-2013) 26.
Fabra, María. El Constitucional avala a Cobos pese a su ‘posición ideológica’ sobre Cataluña. “El País” (24-IX-2013) 12.
Fabra, María. Los votos particulares critican el ‘modelo de independencia’ y la falta de transparencia. “El País” (24-IX-2013) 12.
Ramoneda, Josep. Propietarios. “El País” Domingo (22-IX-2013) 13. Pérez de los Cobos demuestra la preocupante deriva partidista del TC y en general del sistema político español, en el que el PP se apodera del TC para ponerlo a su servicio, vulnerando la esencia de la democracia.
Fabra, María. El Tribunal de Estrasburgo analizará la objetividad del presidente del Constitucional. “El País” (26-IX-2013) 12.
Fabra, María. Luis Ortega Álvarez / Magistrado del Tribunal Constitucional. `La tendencia en el Constitucional es mayor a la unidad que a la autonomía’. “El País” (17-III-2014) 20-21.

La interpretación de la Constitución y las leyes.
Fabra, María; Garea, Fernando. La ley del aborto deja en el aire un pronunciamiento del Constitucional. “El País” (2-I-2014) 12-13.
Fabra, María. La oposición recurre a los tribunales para soslayar el rodillo del PP. “El País” (2-I-2014) 13. El TC tiene pendientes varios recursos del PSOE en temas cruciales en política interior, economía o sociedad.
Fabra, María. El Constitucional recuerda que ya evitó otras propuestas independentistas. “El País” (24-I-2014) 10.


La propuesta de reforma del TC en 2015.
Fabra, María. El PP reforma el Constitucional para poder inhabilitar a Mas. “El País” (2-IX-2015) 15. Le facultaría para inhabilitar a las autoridades que no cumplan las sentencias del TC.
Editorial. Un grave error. “El País” (2-IX-2015) 10.
De Carreras, Francesc. Tarde pero bien. “El País” (2-IX-2015) 17. Defiende la propuesta.
Alberola, Miquel. La proposición de reforma del Tribunal Constitucional divide a expertos y jueces. “El País” (2-IX-2015) 16.
Mateo, Juan José. El PSOE impulsa un frente común contra la reforma del Constitucional del PP. “El País” (3-IX-2015) 13.
Guzmán, J. Pascual Sala / Expresidente del TC. ‘El tribunal no puede ser un ejecutor al servicio del Gobierno’. “El País” (3-IX-2015) 13.
Garea, F.; Rincón, R. La reforma del Constitucional le permitiría destituir al jefe del Gobierno. “El País” (23-IX-2015) 21.
García Fernández, Javier. Una proposición inaplicable. “El País” (28-IX-2015) 14.